Yariela de De Sactics, exacesora del Ministerio de Seguridad, aclara su salida de esa institución.

La exfuncionaria dijo desconocer por qué el empresario italiano Mauro Velocci la mencionó en el caso de las cárceles modulares.

José Otero

jotero@prensa.com   Yariela de De Sanctis afirmó que su gestión en el Gobierno siempre fue por un tiempo determinado. LA PRENSA/Archivo La exasesora del Ministerio de Seguridad Yariela de De Sanctis afirmó ayer que renunció a esa institución por razones personales y no por el escándalo de los supuestos pagos de sobornos en la negociación fallida para la construcción de cárceles modulares en el país, entre el consorcio italiano Svemark y el Gobierno.   De De Sanctis detalló que desde el momento en que comenzó a trabajar en el Gobierno lo hizo con la convicción de que solo sería por un tiempo. Por tal motivo, presentó su renuncia en enero pasado y esta se hizo efectiva en abril.   Agregó que desconoce los motivos por los que el empresario italiano Mauro Velocci declaró ante la Fiscalía de Nápoles (que investiga el supuesto pago de los sobornos a funcionarios panameños) que ella fue “pieza clave” en la negociación fallida de las cárceles, según reportó esta semana La Estrella de Panamá   Explicó que solo sirvió de orientadora para que el empresario italiano Claudio Fagiano, representante en el país de la empresa Ital Tecno, lograra una cita con el entonces ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino y sustentara ante este el proyecto de las cárceles modulares y luego se reuniera con las autoridades del Sistema Penitenciario.   De De Sanctis aceptó que conoció a Velocci durante las negociaciones oficiales, pero aseguró que nunca hubo un trato especial ni acuerdo previo sobre el tema.   Dijo que en la discusión del proyecto también participaron funcionarios de la Secretaría de Metas de la Presidencia, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sistema Penitenciario, los que, según afirmó, pueden dar fe de la trasparencia de las gestiones.   Informó que luego de una serie de reuniones con los representantes de Ital Tecno, en junio de 2010, Mulino les informó que la propuesta para tratar de solucionar el hacinamiento carcelario sería incluida en un acuerdo de cooperación que firmarían los gobiernos de Panamá e Italia, debido a que no había el presupuesto.   La exfuncionaria afirmó estar dispuesta a presentarse ante los tribunales italianos para aclarar su participación en estas negociaciones.   “Nunca me enteré cuando entró la empresa Svemark en este tema”, sostuvo.   Por su parte, el empresario Gili Ovadia informó que a finales de 2009 sostuvo una reunión en su casa con Fagiano y Velocci, quienes le informaron sobre su intención de presentarle el proyecto al Gobierno.   Aclaró que solo conocía a Fagiano, mas no a Velocci, y que debido a que era vecino de De Sanctis la contactó para analizar las posibilidades de obtener una cita con Mulino y colaborar con su amigo Fagiano.   Agregó que ni él ni de De Santics tenían algún interés económico en la propuesta y que solo fueron intermediarios.   Se llamó por teléfono a Fagiano, pero informó que en ese momento estaba en una reunión. Mulino corrobora la versión de su exasesora El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, aseguró ayer que la exasesora de esa entidad Yariela de De Sanctis actuó con transparencia en las negociaciones oficiales con la empresa Ital Tecno para la construcción de cárceles modulares en el país, proyecto que no se concretó, según él, por falta de presupuesto.   “Es una señora que merece todo el respeto de la institución”, señaló ayer Mulino en un comunicado de prensa oficial.   Explicó que tiene como política no reunirse con proveedores del Estado y que para esas funciones existe un departamento que estaba a cargo de De Sanctis, “el cual dirigió hasta marzo de este año de manera eficiente y transparente”.   Agrega el comunicado que la idea de las cárceles modulares era poder reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios de La Joya, La Joyita, Colón y La Chorrera y que así se explicó a los empresarios italianos en su momento (2009-2010) a través de la Embajada de Italia en Panamá. “No fueron conversaciones de café ni privadas; fueron oficiales”, destacó.   Añadió que el proyecto presentado por la empresa Ital Tecno se desechó porque no se contaba con el presupuesto de $58 millones para la inversión en los módulos carcelarios.   También informó que lo mismo ocurrió durante la administración de la exministra de Gobierno Roxana Méndez.   “Nunca se construyó en Panamá ningún tipo de instalación con la empresa Svemark”, reiteró. José Otero