Oduber confirma interés de inversionistas en playas

El borrador del anteproyecto planea la extensión del cargo del administrador por un período de hasta siete años.

Yolanda Sandoval

ysadoval@prensa.com   Con la posible venta de terrenos frente al mar, el Estado busca allegar más ingresos. LA PRENSA/Archivo Franklin Oduber “habla de tapar huecos” cuando se le pregunta sobre las reformas a la ley de titulación de tierras y derechos posesorios. “Hay muchos vacíos y hemos decidido hacer las cosas”, enfatiza.   En octubre de 2011 tomó las riendas de la desprestigiada Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y desde entonces fragua complejas modificaciones a los mecanismos para titular un terreno en el país.   Los cambios deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Tierras, cuyos miembros ya tienen en su poder el borrador del documento que pronto se convertiría en ley de la República.   Oduber tiene el aval del Presidente y la mayoría segura del gobernante Cambio Democrático en la Asamblea Nacional, por lo que se espera que su propuesta tenga paso expedito una vez el mandatario, Ricardo Martinelli, confirme que todo lo hablado está en tinta sobre papel.   Uno de los cambios más transcendentales es que el Estado podría vender, a través de un acto público, los lotes sobre los cuales no existe una posesión, incluyendo zonas costeras y territorios insulares. Así, proponen modificar el procedimiento vigente sobre la tenencia material que ahora debe estar demostrada con mejoras específicas al lote. También eliminarán la titulación gratuita en islas y costas.   Y cuando una persona no pueda comprobar la tenencia material del terreno, se convocaría a un acto público usando como precio de referencia una tabla que fijaría el Estado o un avalúo particular, lo que sea mayor.   Además, con la propuesta se busca que el administrador permanezca en el cargo por siete años. Solo será reemplazado por renuncia, incapacidad o muerte.   ¿Estos cambios a cuenta de qué vienen?   Tratan de rectificar lo que la administración actual percibe como fallas técnicas de la Ley 80 y la Ley 59.   ¿Taparán huecos creando un nuevo esquema para vender tierras del Estado por oficio? La venta de oficio lo que busca es que el Estado tenga posibilidad y un canal establecido para comerciar sus bienes.   Ahora, no vamos a arrancar a vender todo. La ley tiene que hacerse con luces largas y tengo que pensar que en el mediano plazo habrá gente interesada en tierras que nadie conoce. El norte de Veraguas, por ejemplo, es un área que tendrá gran interés y allí hay muchas playas en las que no existen derechos posesorios.   Yo no tengo ahora mismo la estructura para salir a vender con un brochure, pero si se me presentan ofertas para comprar, entonces con los cambios a la ley podría atender esos casos. ¿Se han acercado inversionistas interesados en estas tierras?   Sí, pero eso no es lo que ha promovido los cambios, que se vienen estudiando desde que yo entré aquí, porque veíamos el tema de la titulación gratuita de costas como un vacío.   ¿Si el Estado podrá vender zonas costeras por oficio, debemos entender que poco a poco todas las playas del país serán privadas?   Ninguna playa es privada. Funcionaría igual que en estos momentos. La gente que tiene una casa frente al mar no puede impedirle a nadie que se bañe en la playa.   ¿Usted está seguro de que eso es así? Cada vez que se desarrolla un complejo, se deja servidumbre disponible, pero es un lío para que la gente llegue a esas playas.   No se pueden vender ni las playas ni los fondos de mar. Nosotros, en las reformas, no tocamos ni cambiamos los límites o las orillas de playa.   ¿Tiene un inventario de las tierras baldías con potencial de venta?   No. Y además le reitero que estamos viendo esto con luces largas. Esta no es una ley para mí, sino para que funcione en el tiempo.   Hablando de cambios a la medida, ¿por qué deciden extender el período del administrador por siete años? ¿Usted mismo propone extender su período?   Buscamos que la persona que esté en el puesto tenga independencia política y el nombramiento por siete años garantiza eso.   ¿Esto se puede interpretar como un blindaje en el puesto para controlar el tema de titulación en otros gobiernos?   Esto empezará a regir a partir de la promulgación de la ley de la Anati en 2010. Es decir, que cuando se acabe la administración de Martinelli faltarían cuatro años más para que el director complete su período. La idea es que el cargo no se convierta en una piñata política y nos permita terminar con nuestro plan de titulación masiva.   ¿Está consciente del poder que tendrá como administrador de la Anati?   Sí, pero le puedo decir por mi parte que estoy en este puesto para hacer las cosas bien. Soy un hombre ético y creo que los cambios, incluyendo la eliminación de la titulación gratuita en las costas, acaba con el relajo y la especulación.   ¿El presidente Martinelli está al tanto de las modificaciones a la ley?   Sí. El Presidente está anuente, pero no creo que conozca el detalle de la propuesta. Desde que llegué al cargo le dije que había cosas que teníamos que hacer para mejorar los procesos. Y me dijo que los hiciera.   Los CAMBIOS DE LA GESTIÓN MARTINELLI   Ley 80 La norma fue aprobada en diciembre de 2009, seis meses después de que Ricardo Martinelli tomara posesión como Presidente.   Ley 59 Otra, de 2010, fue adoptada por el actual gobierno para crear la Anati y quitarle al MEF injerencia en el tema de tierras.   2012 El administrador de la Anati espera contar con una nueva ley, que reforme este año artículos de las dos anteriores.