Nicanor Alvarado/ Zelideth Cortez
Partidos políticos y de la sociedad civil advierten que la decisión del oficialismo traerá consecuencias. Llaman a protestas
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El PRD presentó ante el Ministerio Público la queja por la golpiza que recibió Peart (centro). Foto: Eliézer Oses | La Estrella
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Las reformas al Código Electoral que impulsó el oficialista Cambio Democrático (CD) se convirtieron anoche en Ley de la República.
El presidente, Ricardo Martinelli, sancionó el proyecto 508 aprobado por la Asamblea Nacional el viernes. Ahora es la Ley 54. El mandatario dio así la espalda a las solicitudes presentadas por el Tribunal Electoral (TE), la Cámara de Comercio, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, el Frente por la Democracia, los partidos de oposición y la sociedad civil organizada, de rechazar la modificación.
El frente, tras pedir ayer, en una carta a Martinelli el veto, dijo que es ‘inconveniente’ y el Tribunal Electoral (TE), por su lado, apuntó una serie de visos inconstitucionalidad que contiene la nueva norma.
Esos sectores ahora advierten que la decisión del mandatario es un golpe a la institucionalidad. ‘Es el inicio del intento del Presidente Martinelli de manipular el resultado de las elecciones del 2014’, dijo el vicepresidente Juan Carlos Varela.
‘Es una provocación y el prólogo del fraude de CD’, advirtió, por su lado, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.
El activista Aurelio Barría insistió en que ‘el presidente ha puesto oídos sordos’. Eso —sostiene— traerá consecuencias en estos días y en las próximas elecciones’.
A la vicepresidenta del Partido Popular, Teresita de Arias, no le cabe duda que ‘con esta nueva imposición del presidente Martinelli, le está abriendo el camino a la confrontación’.
ACCIONES EN LOS PARTIDOS
La sanción, anunció el Frente pro Democracia, motivará además de protestas, denuncias ante la Corte Suprema, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) adelantó que el viernes irán a las calles.
El partido Panameñista anunció que prepara una demanda por las violaciones del oficialismo al Reglamento Interno de la Asamblea durante el debate de las modificaciones.
Los diputados de gobierno prohibieron la lectura de anteproyectos de ley, lo que —según los opositores— violentó el Reglamento legislativo (que es Ley de la República).
Jorge Barakat, abogado del panameñismo, sostuvo que la queja podría ser presentada esta semana. Aún recaban pruebas para los recursos a presentar.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) planea por su lado un recurso legal similar, contra el diputado presidente, Sergio Gálvez.
DEMANDAS Y CONTRADEMANDAS
La aprobación de la reforma electoral generó desde ayer un cruce de amenazas demandas y contrademandas de su colectivo y de los partidos de la oposición.
El primer golpe vino de los detractores del gobierno. El PRD presentó ante el Ministerio Público una querella criminal contra activistas de CD por la golpiza que recibió Ricardo Peart, uno de los integrantes de la facción juvenil perredista el viernes pasado, cuando fue aprobada la modificación electoral.
‘Que paguen por este intento de homicidio’, reclamó Juan Carlos Navarro, secretario del PRD.
Pero el oficialismo no se quedó de brazos cruzados. Aunque su artilugio legal no se enfocará en el PRD, la subsecretaria general de CD y ministra de Trabajo, Alma Cortés, anunció que el colectivo demandará por ‘extralimitación de funciones y abuso de autoridad’ al saliente magistrado electoral Gerardo Solís.
LA PRESIÓN DE CD
Cortés, apoyada por parte del Gabinete y el presidente del Legislativo, planteó que Solís ‘ha dejado de ser juez para convertirse en parte y se ha parcializado hacia la política de oposición’.
La titular catalogó como un ‘ataque’ ‘una persecución’ en contra de la institucionalidad del partido las últimas acciones del magistrado presidente del TE.
Ayer, en conferencia de prensa, el ‘Frente independiente por el Cambio’ calificó como ‘improcedente y inoportuna’ la nota emitida por el TE, en la cual pedía al presidente de la República objetar la reforma.
Previo a la conferencia, el sector jurídico de CD, presentó al mandatario una nota donde esbozan que la petición del TE es ‘inobjetable desde cualquier enfoque constitucional’.
El presidente, Ricardo Martinelli, sancionó el proyecto 508 aprobado por la Asamblea Nacional el viernes. Ahora es la Ley 54. El mandatario dio así la espalda a las solicitudes presentadas por el Tribunal Electoral (TE), la Cámara de Comercio, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, el Frente por la Democracia, los partidos de oposición y la sociedad civil organizada, de rechazar la modificación.
El frente, tras pedir ayer, en una carta a Martinelli el veto, dijo que es ‘inconveniente’ y el Tribunal Electoral (TE), por su lado, apuntó una serie de visos inconstitucionalidad que contiene la nueva norma.
Esos sectores ahora advierten que la decisión del mandatario es un golpe a la institucionalidad. ‘Es el inicio del intento del Presidente Martinelli de manipular el resultado de las elecciones del 2014’, dijo el vicepresidente Juan Carlos Varela.
‘Es una provocación y el prólogo del fraude de CD’, advirtió, por su lado, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.
El activista Aurelio Barría insistió en que ‘el presidente ha puesto oídos sordos’. Eso —sostiene— traerá consecuencias en estos días y en las próximas elecciones’.
A la vicepresidenta del Partido Popular, Teresita de Arias, no le cabe duda que ‘con esta nueva imposición del presidente Martinelli, le está abriendo el camino a la confrontación’.
ACCIONES EN LOS PARTIDOS
La sanción, anunció el Frente pro Democracia, motivará además de protestas, denuncias ante la Corte Suprema, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) adelantó que el viernes irán a las calles.
El partido Panameñista anunció que prepara una demanda por las violaciones del oficialismo al Reglamento Interno de la Asamblea durante el debate de las modificaciones.
Los diputados de gobierno prohibieron la lectura de anteproyectos de ley, lo que —según los opositores— violentó el Reglamento legislativo (que es Ley de la República).
Jorge Barakat, abogado del panameñismo, sostuvo que la queja podría ser presentada esta semana. Aún recaban pruebas para los recursos a presentar.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) planea por su lado un recurso legal similar, contra el diputado presidente, Sergio Gálvez.
DEMANDAS Y CONTRADEMANDAS
La aprobación de la reforma electoral generó desde ayer un cruce de amenazas demandas y contrademandas de su colectivo y de los partidos de la oposición.
El primer golpe vino de los detractores del gobierno. El PRD presentó ante el Ministerio Público una querella criminal contra activistas de CD por la golpiza que recibió Ricardo Peart, uno de los integrantes de la facción juvenil perredista el viernes pasado, cuando fue aprobada la modificación electoral.
‘Que paguen por este intento de homicidio’, reclamó Juan Carlos Navarro, secretario del PRD.
Pero el oficialismo no se quedó de brazos cruzados. Aunque su artilugio legal no se enfocará en el PRD, la subsecretaria general de CD y ministra de Trabajo, Alma Cortés, anunció que el colectivo demandará por ‘extralimitación de funciones y abuso de autoridad’ al saliente magistrado electoral Gerardo Solís.
LA PRESIÓN DE CD
Cortés, apoyada por parte del Gabinete y el presidente del Legislativo, planteó que Solís ‘ha dejado de ser juez para convertirse en parte y se ha parcializado hacia la política de oposición’.
La titular catalogó como un ‘ataque’ ‘una persecución’ en contra de la institucionalidad del partido las últimas acciones del magistrado presidente del TE.
Ayer, en conferencia de prensa, el ‘Frente independiente por el Cambio’ calificó como ‘improcedente y inoportuna’ la nota emitida por el TE, en la cual pedía al presidente de la República objetar la reforma.
Previo a la conferencia, el sector jurídico de CD, presentó al mandatario una nota donde esbozan que la petición del TE es ‘inobjetable desde cualquier enfoque constitucional’.
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