Anati tituló un banco de arena
Ereida Prieto-Barreiro
“Lo único que otorgué fue una certificación de que él [José Calderón Rivera] vivía en Punta Chame porque sé que tiene una casa en la comunidad, pero no en la playa”, reveló Markela Loina, corregidora en Punta Chame, al saber que el certificado que expidió es parte del expediente que sustenta la decisión de la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte de titular gratuitamente un lote de playa que pasó a manos de la sociedad Puntabeach Interprises.
Sorprendida, Loina comentó que la “simple certificación de residencia” que entregó a Calderón Rivera –de 65 años– no era para confirmar que tenía más de cinco años de vivir en el terreno de más de 9 mil metros cuadrados solicitados a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), ubicado en la costa del Pacífico. “Solo firmé que el peticionario residía en Punta Chame, pero no daba una ubicación exacta de su residencia”, explicó.
Efectivamente, en el expediente de titulación al que tuvo acceso este diario consta la certificación de residencia de Calderón Rivera en Punta Chame entregado por la corregidora, pero sin mencionar el lugar exacto de su residencia.
“Consideré que era un trámite normal que él me pidió como cualquiera que va [al despacho] y me pide que certifique que ha vivido más de cinco años en el lugar”, reiteró.
Contradicciones
En clara contradicción con informes de los departamentos de Cartografía, Geodesia y Avalúo de la Anati, la Resolución No. 329, firmada por Villamonte, que adjudica el lote a la sociedad Puntabeach –cuyos derechos posesorios habían sido vendidos previamente por su supuesto dueño–, menciona que el peticionario “cumplió” con los requisitos del artículo 3 de la Ley 80 de 2009 que regula la titulación de costas e islas, “acreditándose la posesión a través del dominio material por más de cinco años” del terreno.
Un recorrido de este medio por la zona, despeja cualquier duda. No hay casa o estructura alguna en las más de 12 parcelas ubicadas en una sólida formación de arena y que fueron divididas con postes de madera palpablemente recién cortados y una cerca de púas.
Hierba y pequeñas ramas con espinas quemadas, así como estacas con cintillos amarillos de precaución es lo que dejaron a su paso los que instalaron la cerca que se extiende por las parcelas en la que fue dividida la finca.
Este diario comprobó que las nuevas parcelas están entre el mar y fincas claramente demarcadas.
Los dueños de estas fincas y moradores del área nunca fueron consultados por la Anati en el proceso de adjudicación gratuita, tal como lo exige la ley vigente, aunque, en contraste, la resolución de adjudicación que firmó Villamonte a favor de Puntabeach, afirma que no hubo oposición de los colindantes.
El artículo 3 de la Ley 80 indica que la posesión se reconocerá a la persona que demuestre haber ocupado de “manera material, pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño” por cinco años o más el terreno “con la aceptación de dicha posesión por los colindantes o de la comunidad y lo que resulte del informe de inspección ocular preparado por la Dirección de Catastro [ahora Anati] del Ministerio de Economía”.
Calderón Rivera, el supuesto vendedor de los derechos posesorios por $8 mil a Puntabeach, dice haber ocupado de manera “pacífica e ininterrumpida” el terreno desde 1981, versión que no pueden verificar los técnicos de la Anati tras diversas inspecciones oculares al área.
Puntabeach fue inscrita el 23 de junio de 2011 en el Registro Público. Ese mismo día fue notariado el pago de los $8 mil a Calderón por sus supuestos derechos posesorios sobre el lote, y cuatro meses más tarde –el 7 de octubre de 2011– la recién creada sociedad recibió la titulación gratuita del terreno.
Dos semanas después de la titulación –y justo cuando se iniciaban las publicaciones del caso Juan Hombrón–, el abogado Marcelino Ramos Madrid, suscriptor de Puntabeach y tramitador de la titulación, renunció a sus cargos de director y tesorero de la sociedad. Su reemplazo fue José Calderón Rivera.
Ramos Madrid es el abogado que asumió la representación legal de las sociedades vinculadas a los padres del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu para la titulación de las 54 hectáreas en la costa de Juan Hombrón, en sustitución de Villamonte.
Sin registros
“¿Qué testigos?”, preguntó extrañada la corregidora de Punta Chame cuando se le preguntó sobre la certificación que entregó a Darío Ortega, Pedro Mosquera y Flavio Muñoz Calderón, que también –en declaración jurada ante la Notaría Segunda del Circuito de Panamá– aseguraron conocer del tiempo de ocupación de Calderón Rivera y luego de Puntabeach en el terreno como poseedora derivada.
“Se presentó solamente el señor [Calderón Rivera] a la corregiduría a pedir su certificación; no sé nada de ningún testigo”, reiteró Loina al tiempo que aclaró que no se realiza verificación alguna sobre la vivienda ni de dónde dice el solicitante residir.
En la resolución firmada por Villamonte se menciona que los tres testigos acreditaron el tiempo de ocupación de Puntabeach como poseedora derivada en el terreno, a través de certificaciones expedidas por la corregiduría de Punta Chame.
Como en el caso de Juan Hombrón, en Punta Chame también se observó la colocación de números de cédula que no correspondían a los testigos. Este es el caso de Flavio Muñoz Calderón, a quien se identificó con el número de cédula de una mujer originaria de Veraguas.
Muñoz Calderón es pariente de Calderón Rivera, el supuesto poseedor de los derechos posesorios de los más de 9 mil metros cuadrados.
Investigación
Franklin Oduber, administrador de la Anati, confirmó a este diario que este caso es el único que concluyó, pero que hay otras 12 solicitudes de titulación gratuita en terrenos colindantes con playas de Punta Chame.
Estos procesos, según Oduber, están bajo investigación, pero no reveló los nombres de los solicitantes.
De encontrarse “suficientes elementos”, dijo Oduber, enviará el expediente al Ministerio Público para que empiece una investigación.
En el caso de la titulación de Puntabeach –cuyos propietarios se desconocen–, la investigación avanza en el Ministerio Público desde el pasado 3 de agosto.
La resolución de titulación la firmó Villamonte 21 días después de su renuncia, pero como su reemplazo no había sido nombrado, ejercía funciones y seguía titulando tierras de forma gratuita, como en este caso.
El abogado Donaldo Sousa, representante de la Asociación de Amigos de Punta Chame y de propietarios del área, presentó el 30 de agosto pasado una denuncia ante la Anati para que se investigue a los funcionarios vinculados a esta titulación.
Sousa denunció posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, falso testimonio y violaciones a las normas de tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial, en los que pudieron haber incurrido Villamonte y otros funcionarios de la entidad.
“De forma dolosa y cometiendo otras violaciones a las normas se ha violentado el debido proceso administrativo para la concesión de esta resolución ilícita y arbitraria, que permite que se adjudique un globo de terreno de la Nación, que es inadjudicable, porque se trata de bancos de arena de la playa”, subraya la denuncia.
Consideró que la rapidez en la expedición del título de propiedad se debe investigar, pues la inscripción de la solicitud se efectuó el 10 de febrero de 2011 y al día siguiente ya se estaba realizando la inspección del lote. Además, que los colindantes no fueron consultados.
Sousa anunció que también interpondrá un recurso de nulidad contra la Resolución No. 327 que entregó el terreno en titulación gratuita hace 11 meses.
Se intentó obtener la versión de Villamonte, pero no se logró su ubicación, a pesar de los intentos efectuados a través de su abogada.
Por lo pronto, el terreno, con un valor catastral de $56 mil, se vende en internet por $1.5 millón, según el director del portal de internet Panamá Guide, Don Winner, quien indicó que el lote entregado había sido adquirido en 2004 por otra persona que se sorprendió al ver que una cerca eliminaba su frente de mar.
Juan hombrón
Pasado un año de la salida de Villamonte de la Anati, esa entidad no ha logrado “encontrar” el expediente en el que se le acreditaba, a su nombre, la solicitud de un terreno de más de dos hectáreas en Juan Hombrón.
Así lo confirmó Oduber, quien reiteró que el expediente “sigue desaparecido” y que no han logrado determinar la ubicación del terreno solicitado por Villamonte porque “hay mucho manglar” en la zona.
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