´Gálvez es un dictador´
Gustavo A. Aparicio
Los diputados estuvieron a punto de irse a las manos cuando las bancadas oficialistas (Cambio Democrático y Molirena) aprobaron una resolución para impedir que la oposición continuara con las “tácticas dilatorias” durante el segundo debate del proyecto 508 de reformas electorales.
“Solo se concederá la palabra a los diputados y diputadas pendientes de intervenir, y no podrán hablar de un tema diferente al que se discute”, señalaba la resolución presentada por los diputados de CD Marcos González y Aris De Icaza.
La resolución impedía a los diputados presentar anteproyectos de ley o mociones distintas al tema en discusión: el proyecto de reformas electorales.
Los oficialistas basaron la resolución en el argumento de que la cuestión de orden no estaba regulada en el reglamento interno de la Asamblea, por lo que invocaron el artículo 246 de dicho reglamento: Lo no previsto en este reglamento podrá ser regulado por la Asamblea Nacional mediante proposición aprobada por la mayoría.
La medida se llevó a las 4:45 p.m. al pleno legislativo luego de que se reanudara el debate del proyecto, que se había suspendido el sábado pasado para llevarlo a una mesa de diálogo entre las bancadas de los partidos políticos, con el fin de lograr un consenso.
En dos días, el diálogo no tuvo mayores avances y el oficialismo cumplió su amenaza de acabar con las tácticas dilatorias de la oposición, que había presentado 25 anteproyectos durante los 5 días de la discusión de la iniciativa.
airada protesta
La resolución fue sometida de inmediato a votación por el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez , a pesar de que el diputado panameñista José Blandón se levantó para pedir la palabra.
Fue en ese momento cuando los diputados opositores, en especial los panameñistas, se abalanzaron sobre la mesa de la junta directiva de la Asamblea diciéndole a Gálvez que estaba actuando ilegalmente y violando reglamento interno. Los miembros de la bancada del PRD siguieron a los panameñistas en su reclamo, pero después se replegaron, poco a poco.
“Respeten el área de la presidencia señores; respeten el área de la presidencia”, les dijo Gálvez a los diputados opositores con tono fuerte de voz y el puño de su maño derecha en alto.
Los diputados oficialistas Osman Gómez, Rubén Frías y José Muñoz se colocaron detrás de Gálvez para impedir el avance de los miembros de la oposición, los que tomaron distancia y finalmente dieron marcha atrás.
El reclamo se trasladó a la mesa del secretario general, Wigberto Quintero, a la que algunos miembros de la oposición le arrebataron los micrófonos. Quintero, con dificultad, pudo contar y dar el resultado de la votación.
La resolución fue aprobada por 40 votos a favor y 0 en contra, informó el secretario. En la confusión, los opositores optaron por no votar.
Cuando Gálvez ordenó al secretario general continuar con el debate, no tenía micrófono.
Gálvez le gritó fuertemente al diputado panameñista Adolfo Valderrama que lo devolviera.
“Diputado Valderrama, ¿dónde están los micrófonos? Siete micrófonos ha dañado la bancada panameñista y los van a pagar; esto es propiedad del Estado y lo van a pagar”, advirtió Gálvez.
Gálvez, dictador
Al normalizarse la situación en el recinto, el diputado Leandro Ávila, del PRD, dijo que no había condiciones para un debate.
La bancada del PRD se retiró del recinto; luego regresaron con una cinta adhesiva en la boca, en señal de que se les había coartado la libertad de intervenir en el debate sobre proyecto de reformas electorales.
“Sergio Gálvez es un dictador”, expresó Ávila en el pleno.
Ávila respondió que el oficialismo “está abusando del poder” sometiendo a la oposición a discutir un proyecto, “coartando” las intervenciones.
Por su parte, el panameñista José I. Blandón denunció que Gálvez se había convertido en el nuevo “dictador”. “Presidente, usted es el presidente de la Asamblea, no el dictador de la Asamblea”, dijo.
Gálvez dijo que actuaba por decisión de la mayoría del pleno legislativo.
Blandón señaló que los diputados que aprobaron la resolución “ilegal” habían cometido un delito y afirmó el artículo 183, en su numeral 8, faculta a los diputados a pedir cuestión de orden para presentar proyectos o anteproyectos de ley en nombre propio o en nombre de las comisiones permanentes.
“Entiéndanlo bien, porque cada uno de los diputados principales y suplentes que votaron a favor de esta propuesta violaron la ley y cometieron un delito y deberán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó Blandón.
“Señor presidente: usted no puede pasar por encima de lo que establece nuestro reglamento interno... usted en esta resolución ilegal aplicó el artículo 246 de nuestro reglamento que habla de suplir vacíos reglamentarios. El uso de la cuestión de orden está previsto en el artículo 183”, reiteró el diputado opositor.
Protestas siguieron
Opositores al proyecto de reformas llevaron a cabo una vigilia afuera de la Asamblea, cuyas entradas eran custodiadas por unidades antimotines de la Policía.
También grupos a favor de las reformas llegaron al Palacio Legislativo. Al cierre de la edición no se habían reportado enfrentamientos.
Aceleran aprobación
La resolución del oficialismo surtió efecto y el debate avanzó hasta agotar la lista de oradores en la primera vuelta.
Al cierre de esta edición (00:00) faltaban seis oradores anotados para la segunda vuelta.
Además, la secretaría daba lectura a más de 200 artículos de modificación presentados por la bancada panameñista al proyecto 508.
Los panameñistas echaban mano de los últimos recursos a su alcance para retrasar la aprobación del proyecto.
El diputado Blandón presentó cuatro solicitudes cortesía de sala para personas que, a su juicio, deberían estar en el debate: el exministro Luis Ernesto Carles, los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y el dirigente de la juventud panameñista Carlos González.
Todas fueron rechazadas.
(Con información de Isidro Rodríguez)
´Caldo para un fraude está servido y calientito´
El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, denunció ayer que el “caldo para un fraude está servido y calientito”, ante la campaña para desacreditar a esa corporación electoral y la aprobación de reformas electorales “dudosas”, que luego pueden ser demandadas ante la Corte Suprema de Justicia.
Con respecto a la campaña de descrédito hacia el TE por parte de sectores oficialistas, Solís respondió que “obviamente a un jugador no le gusta cuando el árbitro le toca el silbato o cuando le llama la atención por golpe bajo”.
“El árbitro siempre tiene que ser imparcial y objetivo y eso es lo que ha hecho el Tribunal Electora”, dijo Solís.
“Pero si vamos a un proceso electoral donde el árbitro está desacreditado y se aprueban reglas dudosas, que luego pueden ser demandadas ante la Corte, para ver luego a posteriori cuál me conviene más, puede originar una repartición de curules por vía de la Corte. Eso crea desosiego e incertidumbre y es un caldo de cultivo para el fraude”, dijo.
Solís anunció que el TE va a reglamentar las candidaturas independientes por vía de decreto.
Agregó que la Corte abrió las puertas a esa reglamentación mediante un fallo del 21 de julio de 2009, bajo la ponencia del magistrado Alberto Cigarruista, que permite las candidaturas presidenciales independientes. “El Tribunal Electoral va a reglamentar la posibilidad real de que los independientes puedan participar en condiciones de igualdad y proporcionalidad con los partidos políticos”, precisó Solís.
“Lo justo es permitirle a los candidatos independientes que quieran participar en las elecciones de 2014, que puedan empezar a recoger sus firmas lo más pronto posible”, advirtió Solís.
Manifestó que la reglamentación que busca Cambio Democrático en el proyecto de reformas, es innecesaria. No obstante, aclaró que si el proyecto se convierte en ley, “tumbaría” el decreto del TE. En tanto, Roberto Troncoso, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, hizo una invitación a la cordura y que se analice concienzudamente el proyecto de reformas electorales.
Troncoso planteó que de no lograrse el consenso, este proyecto debe ser archivado.
Isidro Rodríguez y María Cristina Ramírez
Denuncia penal contra Sergio Gálvez
Abogados del sector jurídico del Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentaron ayer en la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, a quien acusaron por la supuesta comisión de delitos contra la libertad y contra la administración pública, luego de que supuestamente impidiera su ingreso al Palacio Legislativo y prohibiera manifestaciones.
Los abogados alegaron que el debate en la Asamblea fue una cuestión privada, cuando por mandato de la Constitución deben ser públicos. Zulay Rodríguez, abogada del sector jurídico del PRD, dijo que Gálvez no ha respondido a dos cuestionarios que le enviaron, en los que le pidieron explicar las razones por las que no se les permitió el ingreso a la Asamblea los días 4, 5, 6, 8 y 10 de septiembre.
Por su parte, al ser interrogado sobre la denuncia, Gálvez soltó una carcajada y exclamó: “¡Qué miedo me dan esos abogados!”. Aseguró que no cometió ninguna irregularidad y que otras administraciones de la Asamblea Nacional han celebrado sesiones a puerta cerrada.
R. Polanco/I. Rodriguez
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario