lunes, 17 de septiembre de 2012

Millonario ilícito en el BNP

Una auditoría interna del Banco Nacional de Panamá reveló que las irregularidades causaron una lesión patrimonial superior a $1 millón.
Elio Núñez
 
Las anomalías fueron cometidas desde la sucursal del BNP situada en La Exposición, avenida Perú, entre julio de 2009 y febrero de 2011. LA PRENSA/Luis García
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción formuló cargos por peculado, estafa y falsificación, y ordenó indagar a 115 personas, entre ellas a 4 funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP), a las que se acusa por anomalías relacionadas con la tramitación y aprobación de préstamos hipotecarios y otros créditos bancarios que causaron una lesión patrimonial de algo más de $1 millón.
 
Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron a este diario que los ilícitos fueron denunciados ante esa instancia durante el pasado mes de marzo por la representante legal del BNP, Marian Quiroz, con base en una auditoría interna correspondiente al período julio 2009-febrero de 2011.
 
De acuerdo con la resolución de indagatoria, fechada el 10 de julio pasado y a la que este diario tuvo acceso, los imputados son investigados por la supuesta comisión de anomalías en 96 préstamos hipotecarios, algunos aprobados y desembolsados, otros aprobados pero no pagados, y unos más en trámite.
 
Todos los préstamos eran para la adquisición de viviendas en un proyecto de casas conocido como PH Vista Bella Village, ubicado en el distrito de Arraiján, cuya promotora era la empresa La Tache, S.A.
 
En el expediente del caso consta que los préstamos fueron tramitados a partir de 2009, aunque la barriada está inconclusa. De hecho, solo fueron construidas 25 casas y quienes viven actualmente allí son, en su mayoría, inquilinos.
 
Detalles
 
La Dirección Nacional de Informática de la Caja de Seguro Social (CSS) certificó al MP que en varios de los préstamos tramitados las fichas de comprobación de salarios y derechos correspondientes a los prestatarios tenían alteraciones en el salario, número patronal y número del seguro social.
 
Además, en unos casos el patrono no existía y en otros el prestatario no tenía cuotas registradas en el sistema de la CSS.
 
“También se encontró que los años de nacimiento no coincidían; empresas que no operan en las direcciones que detallan las cartas de trabajo presentadas por los clientes; abonos a préstamos de clientes realizados por la empresa sin que exista evidencia de la relación de los clientes con esta”, indican las sumarias.
 
Otra irregularidad detectada tiene que ver con el hecho de que los clientes hacían pagos en efectivo y por ventanilla, a pesar de existir órdenes de descuentos aprobadas por las empresas que emitían las cartas de trabajo; y clientes que presentaron dos o más cartas de trabajo durante el trámite.
 
IMPUTADOS
 
Según las fuentes de la fiscalía consultadas para esta nota, los funcionarios acusados son la gerente y tres oficiales de cuentas de la sucursal del BNP situada en La Exposición, en avenida Perú, desde donde se cometieron las irregularidades.
 
La gerente, cuya identidad no fue revelada, es señalada porque supuestamente hizo la verificación de los datos de los préstamos, lo que dio lugar a la aprobación de estos a personas que no calificaban bajo las políticas de crédito del BNP, “y el consiguiente desembolso indebido de fondos en perjuicio del patrimonio de la institución”.
 
También se le acusa por supuestamente utilizar de manera indebida las claves de acceso de las oficiales de cuenta bajo su mando, “incumpliendo con las medidas de seguridad y protección de dichas claves, con lo que introdujo al sistema información falsa que permitió la aprobación de los préstamos”.
 
Mientras, a las tres oficiales de cuentas se les señala por facilitar sus claves de acceso, lo que, a criterio de la fiscalía, permitió que se capturaran en el sistema propuestas de préstamos a personas que no calificaban.
 
Asimismo, son imputadas por supuestamente avalar como correcta documentación falsa y alterada, utilizada para justificar el otorgamiento de los préstamos.
 
Un quinto imputado en el proceso es Edwin Mendoza Trejos, representante de la promotora.
Y es que los investigadores descubrieron que el valor de apreciación de los inmuebles era de $35 mil, pero la empresa las vendía entre $62 mil y $79 mil.
 
De igual modo, los avaluadores del banco corroboraron que la urbanización no tiene portón ni garita de seguridad, ni planta de tratamiento de aguas residuales ni parque infantil, como se ofrecía a los clientes.
 
La toma de declaraciones indagatorias a estas personas se inició el 26 de julio pasado y no ha concluido, por lo que la fiscalía no ha formulado medidas cautelares. De hecho, aún se espera el informe de la auditoría a cargo de la Contraloría General de la República.
 
 
Consultadas sobre el caso, las autoridades del BNP informaron a través de la oficina de prensa que no emitirían opiniones por ahora.
 
“De manera responsable, esta administración presentó la denuncia del caso ante las autoridades y las seguirá apoyando en sus investigaciones”, señaló el banco a través de un comunicado remitido a este diario.

Cliente descubrió las irregularidades

Las autoridades del Banco Nacional de Panamá se enteraron de las irregularidades relacionadas con los préstamos hipotecarios gracias a una clienta que quería tramitar un crédito y al notar que la información plasmada en sus documentos no correspondía con la realidad, se asustó y lo denunció.
 
La mujer, en efecto, pretendía adquirir una vivienda y para ello llenó un formulario en el banco a principios de 2011.
 
Como no tenía trabajo fijo, describió su ocupación en la economía informal, que le daba un ingreso de unos $300 al mes.
 
En esa misma fecha, una tía suya le habló del proyecto PH Vista Bella Village en Arraiján y la puso en contacto con Edwin Mendoza, representante de la empresa La Tache, S.A., promotora de la obra.
En su declaración ante la fiscalía, en julio pasado, la clienta detalló que Mendoza se encargó de llevarla a realizar diligencias de notaría y además envió a un amigo para que la trasladara al BNP, en la casa matriz de vía España, para firmar un documento.
 
Advirtió de que este amigo le entregó un papel enviado por Mendoza, en el que le daba instrucciones para llenar el documento con información según la cual trabajaba desde hace 20 años en una empresa en Mañanitas y que ganaba $2 mil al mes.
 
La mujer afirmó que fue entonces cuando supo que estaba tramitando un préstamo hipotecario, lo cual le dio temor y lo consultó con su esposo y con un pastor de su iglesia que es abogado.
 
El pastor le recomendó que enviara una carta al banco, mediante la cual desistía del préstamo que le ofrecían.
 
Después de hacer eso, su tía la llamó molesta y la cuestionó, lo que le resultó extraño pues hasta ese momento los únicos que conocían sobre su desestimiento eran los empleados del banco.
 
Después se enteró de que su tía había aplicado para un préstamo hipotecario en el mismo proyecto en Arraiján sin que estuviese trabajando y a pesar de ello el banco se lo había aprobado, aunque luego la desalojó por incumplir con el pago mensual de las cuotas.
 
Otro caso que despertó la sospecha del banco fue el de una funcionaria del Ministerio Público, que descubrió que en sus papeles la habían puesto como trabajadora fija, a pesar de ser eventual y de que así lo informó en los papeles que entregara al banco.
Elio Núñez

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