Juez afirma tener suficientes pruebas

Adolfo Mejía llamó a juicio a María Cristina González y a otras cuatro personas acusadas por supuestos ilícitos en el otorgamiento de visas.

Rubén Polanco

ruben.polanco@prensa.com

ALEGATO. María Cristina González sostuvo su inocencia durante la audiencia preliminar del caso, el pasado 20 de julio, en el Palacio de Justicia. LA PRENSA/Archivo

En la supuesta comprobación de que los imputados obtuvieron beneficios económicos basó el juez tercero penal, Adolfo Mejía, su decisión de llamar a juicio a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM) María Cristina González y a otras cuatro personas acusadas de cometer los delitos de corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias y falsificación en el otorgamiento de visas a ciudadanos bangladesíes, chinos y cubanos.

“El delito de corrupción de servidores públicos se consumó, puesto que es un delito plurisubjetivo, en el que al menos dos personas se conciertan para realizar el ilícito”, dijo Mejía en el auto de llamamiento a juicio, fechado el 27 de julio pasado y al que este diario tuvo acceso.

Además de González, el juez llamó a juicio al exjefe de visas autorizadas del SNM Edy Sáez; a la exfuncionaria de Informática de esa entidad Walkiria Gallardo; y a los abogados Hildebrando Vallester y Julissa Carrizo.

Al mismo tiempo, sobreseyó definitivamente a los exfuncionarios de Informática del SNM David Concepción, Janeth Rodríguez, Ángel Paz y Juan Carlos Miranda, ya que, según aseguró, no estaban en la sede de la entidad, en avenida Cuba, el 3 de enero de 2011 cuando supuestamente se tramitaron las ocho visas falsas.

Pruebas

Según Mejía, en la investigación de la Fiscalía Segunda Anticorrupción se reunieron piezas probatorias suficientes para encausar criminalmente a los acusados, entre estas un informe del Departamento de Asuntos Internos del SNM y el resultado de una inspección ocular practicada en el Departamento de Informática de la entidad, según los cuales en dicha diligencia se comprobó la creación de un usuario ficticio en la plataforma del sistema de cómputo del SNM, “para registrar los pasaportes y visas falsas”.

Asimismo, figuran los testimonios de dos funcionarias del SNM que afirmaron haber recibido órdenes para tramitar de forma expedita las solicitudes de visas de algunas firmas de abogados cuyos integrantes eran amigos de González.

En el expediente también se incluyó la declaración de Manuel Rodríguez, un funcionario del SNM destituido por González, según el cual esta le dio $43 mil para devolverlos a Anwar Rahman, familiar de los ciudadanos bangladesíes relacionados con el caso, luego de que fuera descubierta la falsedad de las cuatro visas expedidas.

Estos documentos fueron retenidos en la Aduana de Miami, Estados Unidos, lo que destapó el caso.

Mientras tanto, Iván Chong, familiar de los tres ciudadanos chinos señalados en el expediente, declaró que se dio cuenta de la ilegalidad de las visas expedidas a sus parientes estando él en Panamá, aunque aquellos no vinieron al país.

En los casos de las visas de los bangladesíes y chinos no había expedientes físicos en los archivos del SNM, destacó Mejía en su llamamiento a juicio.

En el de la ciudadana cubana Isis Rodríguez, en cambio, se descubrió un registro de entrada al país el 3 de enero de 2011 (día en que se creó el usuario ficticio), pero ella misma aclaró haber llegado a Panamá el 15 de febrero de ese mismo año, como consta en su movimiento migratorio.

Descargos

Este diario llamó varias veces al celular y a la oficina de la abogada de González, María Eduarda Córdoba, pero no respondió.

En la audiencia preliminar del caso, practicada el 20 de julio pasado, Córdoba rechazó los cargos contra su clienta, en especial el de tráfico de influencias. Explicó que se trata de un hecho punible ejercido por una persona de igual o menor jerarquía y ella era la máxima autoridad del SNM.

Además, argumentó que no se hizo un peritaje para probar que los sellos de los pasaportes fueran falsos.

Hildebran

do Vallester es acusado por el trámite de las visas de los chinos. Aduce que solo continuó con el proceso iniciado por otro abogado y que no falsificó nada.

Carrizo, en tanto, es señalada por ser la que empezó los trámites de visa para los bangladesíes. Ella sostiene que desistió del proceso y devolvió el dinero.

Incidentes

En el mismo auto de llamamiento a juicio, el juez Mejía negó los tres incidentes de nulidad del proceso presentados en la audiencia preliminar por tres de los abogados defensores.

Dichos recursos pretendieron la nulidad de las sumarias por el supuesto uso de una traductora no idónea, la acumulación de tres casos en un solo expediente, y la supuesta comisión de los delitos en otro país (Bangladesh).