El enigma del asfalto

El contrato establece el compromiso del MOP de comprar el 80% de la producción de asfalto. De no hacerlo, la empresa deberá ser indemnizada.

Ereida Prieto-Barreiro

eprieto@prensa.com   La una vez activa planta de asfalto del MOP, ubicada en Las Garzas de Pacora, está cerrada, y su abandonada maquinaria acumula óxido. Estas instalaciones son utilizadas como depósito de desechos, a pesar de que fue entregada en concesión a IBT Group en 2010. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez El 26 de julio de 2010 y tras un proceso de licitación por mejor valor que comenzó en abril de 2010, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó al consorcio IBT Group y su filial Constructor, Consulting & Engineering (CCE), el contrato para operar cuatro plantas estatales de producción de asfalto. Este contrato de IBT fue el primero de la larga lista de proyectos públicos que el grupo dominicano/español ejecuta en Panamá –especialmente hospitales–, y que alcanzan la cifra de $425 millones. El plan, según lo esbozó el MOP en el pliego de condiciones de la licitación, era que un asfalto de especial calidad identificado como “superpave”, sustituyese el concreto como material predominante en la construcción de carreteras en el país, debido a “la mejor relación calidad/precio y el menor impacto medioambiental”. Igualmente, se pretendía certificar la producción y la aplicación de asfalto para los proyectos “en consonancia con las mejores prácticas internacionales”, con el fin de “conseguir carreteras con características físicas homogéneas a lo largo y ancho del país, y reducir drásticamente los recursos dedicados a mantenimiento”. Dos años después de la adjudicación, y con millones de dólares en contratos de reparación y ampliación de la red vial, mucho asfalto de por medio y reiteradas quejas sobre la calidad del material que se utiliza, las máquinas de las cuatro plantas estatales de producción de ese material ubicadas en Pacora y vía Centenario en la provincia de Panamá; El Roble de Aguadulce, en Coclé, y Los Algarrobos, en Chiriquí, siguen apagadas. Misterio “Hasta el momento, nosotros no hemos realizado ningún despacho de asfalto... a pesar de que nuestras plantas están listas para su proceso...”, afirmó en julio pasado a este diario el presidente de IBT Group, José Ramón Brea, sin explicar por qué. Por su parte, el ministro Federico Suárez, así como su equipo de trabajo, han mantenido un absoluto silencio sobre el tema, dejando sin respuesta los cuestionamientos que de forma reiterada le ha hecho este diario. El primer mensaje enviado al ministro Suárez sobre este tema fue en agosto de 2011; el último, la semana pasada. Lo que sí está claro es que la falta de producción de las plantas estatales ha hecho que el MOP siga comprando asfalto a un precio que, en términos generales, es superior a los $110 por tonelada métrica que permitió al Grupo IBT ganar la licitación del manejo de las plantas asfalteras. La otra empresa concursante en la licitación fue, Transcaribe Trading, que ofreció la venta de asfalto a $114 la tonelada métrica. Este medio encontró, incluso, órdenes de compra de asfalto sin procesar a Chevron, supuestamente para las plantas estatales que, como se ha dicho, no están en funcionamiento. Un recorrido de este diario por las citadas plantas fue revelador: instalaciones desiertas y utilizadas como depósito de material desechado, maquinarias apagadas, equipos oxidados y hierba crecida, a pesar de que los parámetros de la licitación establecían un término de cuatro meses para el inicio de la operaciones (ver fotos). Como justificación para poner en manos privadas las cuatro plantas de asfalto del Estado, el MOP argumentó que carecía de instalaciones para recibir y almacenar adecuadamente la materia prima, para la preparación y el control de mezclas, así como para el pesaje y etiquetado del producto terminado. Igualmente, se destacó la ausencia de laboratorios para el control de calidad y para las inspecciones de certificación, así como falta de personal con la preparación técnica requerida. Y es que, según se explicaba en el pliego de la licitación, “la utilización de ´superpave´ en los proyectos del MOP a partir de 2010, cambiará la estructura de la industria de la construcción”. Por ello, agregaba el documento, “las plantas de asfalto del MOP empezarán a producir asfalto certificado dentro del segundo cuatrimestre de 2010”. Este plazo fatal para alcanzar el “conjunto de estándares de especificación, metodología de pruebas prácticas, guías, clasificación y terminología desarrollados y homologados por ASTM International (originalmente American Society for Testing and Materials)...”, tendría una drástica consecuencia: no se admitirían contratistas no certificados en los proyectos del MOP. El silencio del ministro Suárez impide saber si esta meta se cumplió, teniendo en cuenta que las plantas estatales no están trabajando. ¿INDEMNIZACIÓN? Mientras se mantiene el misterio de las plantas de asfalto del Estado en manos de IBT Group, el MOP avanza sin pausa en su millonario programa de inversión, que tiene al asfalto como su materia prima estrella. Desde el abarcador programa “Asfaltando tu ciudad”, que alcanza una cifra de $134 millones en contratos a diferentes empresas, pasando por la rehabilitación y ampliación de carreteras, avenidas y vías rápidas por todo el país ($3,400 millones según datos oficiales), los requerimientos de asfalto son monumentales. Una investigación de este diario identificó una serie de compras hechas en fechas cercanas –incluso el mismo día– y por cantidades similares a diversas empresas locales. Las citadas compras –que no constituyen la totalidad del asfalto adquirido por el MOP– cubren un período que va desde abril de 2011 hasta la fecha, y alcanza una cifra superior a los $10 millones. ¿Cómo se explican estos procesos reiterados de compra de asfalto, si el representante de IBT Group asegura que las plantas del Estado están listas para producir? ¿Qué mantiene detenidas las plantas concesionadas a IBT Group? ¿Por qué el silencio del MOP? Por lo pronto, un dato hace saltar las alarmas: según los pliegos de la licitación, el Estado deberá pagar una “indemnización del 50% de la demanda garantizada” si, “por culpa del Estado, se origina un atraso en el programa de obra”. Y es que el contrato entre el MOP y el Grupo IBT, que tiene un término de cinco años, garantiza a la empresa encargada de la operación de las cuatro plantas de asfalto del Estado, la compra del 80% de su producción. Al respecto, el representante de IBT Group asegura que “ha invertido más de $20 millones en la adquisición y puesta en funcionamiento de dos nuevas plantas de asfalto, y en la reparación y puesta en marcha de dos del MOP, incluyendo también la puesta en marcha del laboratorio para el control de calidad para superpave y la contratación de consultores...”. En cuanto a las dos nuevas plantas mencionadas por Brea, el empresario agregó que estas se hallan en Vacamonte y Alanje, pero tampoco funcionan. “Yo no he producido una tonelada de asfalto... yo tengo más de $20 millones invertidos en el proyecto, o sea que no es negocio para mí hacer la inversión y estar en suspenso...”, agregó Brea. A la extraña y misteriosa situación de las plantas de asfalto estatales se suma el silencio oficial. ¿Cuál es la realidad de las plantas de producción de asfalto del Estado en manos de IBT Group? ¿Quién es responsable de que no estén produciendo asfalto? ¿Se está frente a otra millonaria indemnización que deberá pagar el Estado a una empresa, por acciones inexplicables de funcionarios? ¿Por qué el MOP calla? Por el momento, en este, como en tantos otros temas de su cartera, el ministro Federico Suárez evade su obligación de rendir cuentas, mira para otro lado y guarda silencio.