Acomodan a último momento millonaria licitación

Yolanda Sandoval

ysandoval@prensa.com

¿ESTRATEGIA?. Ninguno de los tres funcionarios encargados de la política energética del país quiso hablar de la licitación que promete cambiar la matriz energética de Panamá. Fernando Marciscano, de Etesa; Zelmar Rodríguez, de la Asep; y Vicente Prescott, de la Secretaría de Energía, guardaron silencio.

Cambiaron las reglas, limitaron la participación de empresas y por ende redujeron la competencia en una millonaria contratación estatal.

Con este telón de fondo el Gobierno recibe hoy las propuestas de las empresas interesadas en suministrar energía a base de gas natural por 20 años en el país.

La estatal Empresa de Transmisión de Energía, S.A. (Etesa) convocó a una licitación pública cuyo pliego de condiciones estuvo disponible a partir del pasado 1 de febrero y desde ese momento hubo grandes expectativas.

Se trata de uno de los negocios más grandes en la industria energética en Panamá: un contrato que conllevaría la construcción de una planta que podría requerir una inversión por arriba de los mil millones de dólares, y a través de la cual se proveería energía en el periodo que va de marzo de 2017 a febrero de 2036.

La propuesta es que la empresa que resulte ganadora construya una terminal o adapte instalaciones ya existentes para proveer energía a base de gas natural a las empresas distribuidoras del país.

Con las cartas sobre la mesa, las empresas interesadas evaluaban cómo se pintaba el potencial negocio. Firmas de abogados, equipos de financistas, asesores externos y estrategas internos calculaban los pros y contras.

Una vez dadas las condiciones del juego, Etesa convocó a una reunión el 26 de febrero a las 9:30 de la mañana. El objetivo era aclarar cualquier duda en torno al proceso.

Los funcionarios a cargo del encuentro explicaron a los interesados las consideraciones que debían tener en cuenta al momento de participar en el acto y las fórmulas de precio de la oferta.

Allí estuvieron representantes de SK Engineering & Construction, Enel Fortuna, Alternegy S.A., GS Energía INC., Decal Panamá, Térmica del Caribe, Promisol, Wood Group GTS y Constructora OAS.

También acudieron por parte de Bahía Las Minas Corp., Generadora del Atlántico S.A., EISA, Kotra, Empresa de Generación Eléctrica, GP Power, Aes Panamá, IDC S.A., Galindo Arias & López, y Anzola, Robles y Asociados.

De acuerdo con el acta de ese encuentro, las preguntas fueron pocas. Todo lucía bastante claro, aunque sí hubo un comentario que llamó la atención de los asistentes, según explican fuentes que prefieren ma1ntener la reserva de su nombre.

Uno de los funcionarios de Etesa les comentó que estudiaban la posibilidad de hacer cambios al pliego de condiciones, con el supuesto objetivo de habilitar la participación de dos tipos de empresas, las que tuviesen planes de construir una nueva planta y las que ya tuvieran infraestructura y mostraran un programa de reconversión para generar energía a base de gas.

Lejos estaba por pensarse en ese momento que las adendas que se tejían a lo interno de Etesa, por el contrario, controlarían la participación de las empresas, además de establecer nuevos parámetros de generación de energía con lo cual se trastocarían los modelos financieros que sustentaban la viabilidad del proyecto. Así se llegó a este punto.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), entidad que da luz verde a las condiciones sobre la cual se hacen las licitaciones energéticas, aprobó el 3 de abril de 2013 y 12 de abril de 2013, las modificaciones propuestas por Etesa.

La primera adenda, publicada el 10 de abril, y la segunda, con fecha de 17 de abril, dictan requisitos que hacen casi imposible la participación de la mayoría de las empresas que fueron a la reunión aclaratoria de Etesa y las que finalmente adquirieron el pliego de condiciones.

De acuerdo con el pliego de condiciones original, específicamente en el punto 19.3, se invitaba a participar a cualquier empresa o consorcio que tuviera, al momento de la licitación, una licencia definitiva, provisional o evidencia de haber presentado ante la Asep la documentación para obtener la licencia de generación de energía eléctrica a base de gas natural.

Luego de la alteración hecha al pliego, se establece que solamente pueden presentar propuestas aquellas empresas que tenían licencia definitiva o licencia provisional. Es decir, compañías que previamente habían mostrado interés en generar energía a base de gas natural.

Así las cosas, quedaron fuera de la puja por el contrato multinacionales que no tengan operaciones en Panamá o cualquier consorcio local que no mantenga asociación con empresas locales que previamente hayan gestionado la licencia.

El inicio de operaciones de la generación de gas natural se proyecta para marzo de 2017, por lo que en teoría no debería existir premura para que la empresa tenga la licencia vigente en este momento.

Sobre este importante cambio, el pasado 23 de abril este diario envió un cuestionario vía correo electrónico a Etesa, pero evitaron hacer comentarios.

Esa fue la vía de comunicación que sugirió la propia empresa, pero a través del despacho de prensa de Etesa se informó que las personas encargadas de responder las preguntas se encontraban en una gira fuera de las oficinas centrales.

A cambio invitaron a este medio a participar en el acto de recepción de ofertas previsto para hoy a las 9:00 a.m. en el Hard Rock Hotel de la ciudad capital.

Curiosamente, de este tema tampoco se habló con las empresas interesadas en participar en la licitación.

El periodo de consultas concluyó el 10 de abril, fecha en la que se hizo la primera de las dos adendas que fueron notificadas posteriormente.

Es decir, que quienes le seguían la pista a la licitación jamás pudieron hacer descargos o dejar plasmada su posición frente a este tema, de acuerdo con lo que advirtieron varias fuentes que prefirieron mantener sus nombres en reserva.

Los privilegiados

Las reformas propuestas por Etesa y aprobadas por Asep en este caso dejarían en manos de pocas compañías el negocio de generación a gas.

Según el registro de la ASEP solo hay tres empresas con licencia para la generación de gas, ya sea provisional o permanente. Termo Energía, Panama NG Power y Grupo Energético del Caribe estarían entre las elegidas (ver: Los cables, nada sueltos, detrás de un contrato).

Hasta hace dos semanas se creía que Panama NG Power no tendría oportunidad de participar de la licitación, pues el 17 de abril la Asep le canceló la licencia provisional con la que gestiona la operación de una planta de Telfers, Colón.

Sin embargo, a través de una resolución con fecha del 22 de abril, Zelmar Rodríguez, administradora de la Asep, reconsideró la decisión. Dejó sin efecto la cancelación y fijó el 1 de abril de 2014 como nueva fecha límite para acreditar los documentos que le hagan merecedora de su licencia definitiva para su central de generación eléctrica denominada Telfers, a ubicarse en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón (ver resolución 6098).

Panama NG Power le comunicó a la Asep, entre otras cosas, que era “urgente” contar con la licencia para competir en la licitación convocada para hoy por Etesa. Además, reveló que ya cuenta con acuerdos celebrados con una multinacional para la provisión de gas natural por 20 años y tienen un pacto para financiar su planta.

Modificaciones generan ´ruido´

La licitación tiene al mercado energético echando chispas. Y aunque pocos se atreven a hablar abiertamente del asunto, este ha sido el tema de la última semana en ese mundillo empresarial. De allí que este diario conociera los detalles de la millonaria contratación.

Para abogados que analizan el tema y empresarios interesados en el negocio, las contraindicaciones dadas a última hora por Etesa y avaladas por Asep son una aberración.

Parte de la inconformidad es que también se modificaron los requisitos de potencia solicitada, que iniciaban en 250 megavatios en 2017. Fueron elevados a 400 megavatios para llegar a 550 en el quinto año de operaciones.

Esto generaría una alteración del plan de negocios y complicaría los acuerdos de financiamiento y las fianzas, vitales para hacerse con la licitación.

Además, Etesa permitió, a través de las adendas, que se utilicen dos índices de referencia para medir el precio de venta de la energía.

De esta forma los cálculos se pueden hacer con base en el Henry Hub Spot Index o el UK NBP Heren Index.

El Henry Hub es el índice de precios de gas natural en el golfo de México y el UK Heren en Londres.

El índice natural para Panamá sería el del golfo de México, pero al dejar la puerta abierta para que se utilice el UK Heren se podrían ofertar precios hasta tres veces mayores que los que se podrían proponer con el Henry Hub.

Esto se traducirá en energía más cara para los clientes finales, pero ingresos tres veces mayores para el concesionario que podrá adquirir su gas en el golfo de México.

A juicio de Fernando Aramburú Porras, ministro de Planificación en el pasado proceso de privatización de las empresas eléctricas, en términos generales las licitaciones para compras de energía y potencia a largo plazo, de acuerdo con la Ley 6 de 1997 del sector eléctrico, deben ser de libre concurrencia, anunciadas con la debida antelación para que participe la mayor cantidad de empresas posible, de tal forma que se garanticen las mejores condiciones para los usuarios.

“El comprador, en este caso Etesa, debe garantizar que las mismas sean transparentes y no favorecer, en los pliegos, a ningún grupo o empresa en particular porque a fin de cuentas están comprando por cuenta de todos los consumidores de electricidad del país y no por cuenta propia”, precisó.

Aramburú precisó que este tipo de adendas lo único que hace es causar suspicacias y crear ruido en el proceso con el subsecuente ausentismo de las empresas serias que solo participan en las licitaciones que perciben transparentes y sin sesgos hacia ninguna compañía o grupo en particular.

“Debemos recordar que la demanda de energía en Panamá está creciendo a un ritmo de 6% y 7% anual y se requiere hacer inversiones del orden de $500 millones anuales como promedio en los próximos años solo para mantener la capacidad adecuada”.

Con estas acciones, continúa Aramburú, el Gobierno no solo pone en peligro el suministro oportuno de energía sino la posibilidad de conseguir mejores precios.

La Asep, entidad que regula el mercado eléctrico y se encarga de aprobar las condiciones de las licitaciones, tampoco contestó las preguntas gestionadas a través de su departamento de prensa.

Extraoficialmente se conoció que esta entidad, a cargo de Zelmar Rodríguez, prefiere mantener bajo perfil en este caso, pues en la institución se cree que quienes deben hablar son los funcionarios de Etesa, liderados por Fernando Marciscano.

Desde el miércoles 24 de abril se le notificó a la Secretaría de Energía, encabezada por Vicente Prescott, sobre las inquietudes que se habían generado en este proceso.

Como rectores de las políticas energéticas se les consultó si creían que las reglas de contratación eran lo suficientemente claras para promover la mayor participación de empresas en la licitación, pero al cierre de la presente edición, esta, así como otras preguntas, no fue aclarada.

Se indicó que las interrogantes serían resueltas hoy, justo cuando se reciban las propuestas de la licitación que implicaría una inversión por arriba de los mil millones de dólares.

Antes de que este diario conociera cómo ha sido manejada la licitación, en un encuentro solicitado por la propia Secretaria de Energía, Prescott precisó la importancia del proyecto, que viene desde 2008, al mando de la administración presidencial de Martín Torrijos.

El funcionario indicó que lo que se quiere es que el gas vaya al transporte público, a la industria y si es posible a las residencias. Así de grande se percibe el crecimiento de este mercado en el gobierno de Ricardo Martinelli.

Hoy, cuando se reciban las propuestas de la licitación a las 9:00 a.m., se conocerá el primer efecto de los cambios abanderados por Etesa y la Asep.

Los cables, nada sueltos, detrás de un contrato

Panama NG Power, Grupo Energético del Caribe y Termo Energía, las tres empresas habilitadas para participar en la licitación, son poco conocidas, al menos para los panameños de a pie.

Aunque resulta que al unir los lazos de su estirpe empresarial, se descubre que se trata de compañías que están vinculadas con influyentes hombres en el mundo de los negocios regionales y con contratos millonarios en el país.

José Dapelo Benites es el representante legal de Panama NG Power.

Dapelo fue quien a nombre de la LNG Group Panama S.A., logró de forma directa -en enero de 2010- un contrato de arrendamiento con opción de comprar 48 hectáreas en el área de Telfers, Colón, para el desarrollo de un proyecto de comercialización de gas natural.

Tras la deferencia del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, el diputado panameñista José Isabel Blandón denunció las conexiones de Dapelo con el Gobierno.

Dijo que el empresario ecuatoriano, ampliamente vinculado a la industria petrolera en su país, era el cuñado de Mario Elgarresta, quien fuera asesor del presidente Martinelli durante su campaña hacia la silla presidencial e incluso durante esta gestión de su gobierno.

Se afirma que Dapelo también está conectado con grupos locales relacionados al sector inmobiliario y el comercio al por menor desde hace más de una década.

En el caso de Grupo Energético del Caribe y Termo Energía, el entramado es mucho más complejo, pero con varios denominadores en común.

En la directiva de Grupo Energético del Caribe, según información del Registro Público, figura Johana Jaramillo Severino.

Jaramillo, a su vez, preside Generadora del Atlántico S.A., empresa con operaciones en Panamá y parte del emporio colombiano Odinsa que construyó el muelle norte del aeropuerto de Tocumen y cuyo fundador es William Vélez.

El empresario, considerado en Colombia el rey de las concesiones y zar de la basura, es investigado actualmente en su país natal por posibles nexos con los paramilitares.

Así lo confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía General de Colombia la semana pasada.

En los testimonios, según han reportado medios colombianos, se señala que un grupo de empresas logró contratos millonarios gracias a la injerencia de grupos ilegales.

En 2012, la revista Semana y RCN revelaron los detalles de cómo Vélez habría tejido vínculos con grupos paramilitares, a los que habría prometido entregarles el manejo de los rellenos sanitarios en las ciudades del Caribe colombiano donde este tuviera concesiones de aseo (http://www.semana.com/nacion/articulo/revelan-audios-salpican-william-velez-paramilitares).

Entre esas empresas se menciona a Interaseo, que adquirió en Panamá los derechos de la concesión del vertedero capitalino de cerro Patacón por 13.5 millones de dólares en 2011.

Vélez es uno de los industriales más ricos de Colombia.

De acuerdo con El País de Colombia, hace dos años Vélez habría participado en una sociedad junto a la empresa Energía Integral Andina, a cargo de William Bolívar Melo, para formar un consorcio que se encargaría de la recaudación de los pasajes del transporte público.

William Bolívar Melo, según las fichas del Registro Público, figura como presidente de Termo Energía S.A., la tercera de las empresas con probabilidades de participar en la licitación para generar energía a base de gas.

Yolanda Sandoval