En Juan Díaz, a un costado del corredor Sur, se levanta un proyecto que consiste en construír un parque industrial.
Ohiggins Arcia Jaramillo
oarcia@prensa.com
Muy cerca de las 3:00 p.m. del domingo 3 de febrero de este año, se
acercó un grupo de policías a la casa de Cristino Duarte, en el área de
Juan Díaz.
Este hombre vive desde hace 25 años, junto con otras
familias, entre los manglares a un costado del corredor Sur, y todo este
tiempo se ha dedicado a la captura de cangrejos, concha negra,
camarones, pesca y agricultura.
Pero aquel día el miedo se apoderó
de él. “Llegó la Policía Nacional con un corregidor y yo estaba
dormido. Ellos patearon mi puerta, me sacaron a la fuerza, y lo único
que pude sacar fue mis alimentos. Luego le rociaron gasolina y la
quemaron”, cuenta Duarte, quien señala que todo pasó en 15 minutos.
Mientras
eso sucedía, el hombre le pedía una orden de desalojo a las
autoridades, pero nunca se la proporcionaron. “Solo me dijeron que era
una orden del presidente de la República, Ricardo Martinelli”, indica.
La versión de este hombre la corroboran vecinos que presenciaron el hecho. Ellos fueron Jorge Pineda y Ángel Montilla.
Pineda,
otro pescador, señala que a él también intentaron intimidarlo: “Le
metieron un mazazo a la puerta de mi casa y se fueron, pero antes de
irse dijeron que vendrían después a quemar todo. Para suerte nuestra, no
fue así”.
A la fecha, estas personas no salen del asombro por la
situación que atravesaron, y ahora entre todos tratan de levantar una
nueva vivienda hecha con tablas viejas a Duarte. Pero hay más.
Un
día antes de que la casa fuera incendiada (sábado 2 de febrero) estos
tres hombres afirman que vieron muy cerca por esa zona al presidente
Martinelli.
Tanto Duarte como Pineda y Montilla coinciden en que Martinelli visitó el proyecto Parque Industrial Zona Sur.
“Estamos
seguros de que era el Presidente, ya que lo vimos de cerca, pero los
escoltas no nos dejaron saludarlo. Ahora lo que pienso es que el
Presidente tiene negocios con este terreno”, denuncia Duarte, quien teme
que se adopten represalias contra su persona o familia.
DIGNATARIOS
Las empresas responsables de este proyecto son las sociedades Biadel Management, S.A. e Inversión y Desarrollo del Sur, S.A.
En
la primera aparecen como dignatarios Erasmo Medina, Zuleika Carrera e
Inés Yee de Carrera. Pero los nombres de la segunda sociedad son los que
llaman la atención.
En Inversión y Desarrollo del Sur, S.A.,
creada en 2011, aparecen como dignatarios Saúl Faskha, Katia Sánchez y
Henri Moisés Mizrachi. Este último es una persona bastante conocida por
el Presidente de la República.
El nombre de Henri Moisés Mizrachi
saltó a la luz pública en diciembre de 2010, cuando se anunció la venta
de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) a un grupo de empresarios, entre
los que figuraba él. Poco después Martinelli reveló que tenía acciones
en Epasa.
Pero la figura de Mizrachi adquirió mayor prominencia
este año cuando fue nombrado miembro de la junta directiva de la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por nueve años.
ANOMALÍAS
Por otra parte, dentro del mismo proyecto resaltan varias irregularidades.
En
ese sentido, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) le aprobó en
2007 un estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II a estos
promotores, solo para remover tierra en una finca de 12 hectáreas a un
costado de la quebrada La Gallinaza, en Juan Díaz. Eso implicaba que
solo tenían autorización para nivelar y hacer relleno.
“El
promotor no pretende desarrollar ningún proyecto, sino ofrecer el
terreno al mercado de bienes raíces”, detalla el EIA de 2007.
Pero
el relleno que se construyó no está sobre la finca de 12 hectáreas que
se había incluido en el estudio, sino unos metros más adelante (ver
gráfico).
CAMBIO DE PLANES
Como
el EIA de 2007 no les permitía hacer construcciones, el año pasado
estos promotores presentaron un nuevo estudio con los planos de la obra.
Este
proyecto buscaba la intervención de 40 hectáreas propiedad de Biadel
Management, S.A. e Inversión y Desarrollo del Sur, S.A. para hacer un
parque industrial que almacenará mercancía seca. La inversión sería por
$40 millones.
Hasta la fecha ese documento no ha sido aprobado por
la Anam, pero las obras no cesan en el lugar. Incluso utilizan como
sustento el EIA avalado en 2007.
Todo esto queda demostrado en un recorrido que hizo la Anam y la Autoridad de Recursos Acuáticos y Pesqueros (ARAP) al proyecto.
En
una nota del 11 de junio de 2012, la Anam le reclama a los promotores,
porque tras una inspección encuentran que ya están ejecutando trabajos
en el área.
Por tal razón, esa entidad le solicitó a la empresa
que responda a qué EIA pertenece la actividad que realiza en el área, ya
que hasta el momento no ha sido aprobado.
Luego, el 25 de julio
del año pasado, los representantes de la empresa le respondieron a la
Anam que las obras que se están ejecutando se enmarcan dentro del EIA de
2007. En otras palabras, usan un estudio viejo para sustentar un
proyecto nuevo y que hasta la fecha no cuenta con el aval de la Anam.
Alida
Spadafora, directora de la Asociación para la Conservación de la
Naturaleza; Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon de Panamá, y
Zuleika Pinzón, directora de la Fundación MarViva están al tanto de la
deforestación que esta obra está generando.
Según el diseño que se
presentó en el segundo EIA, la mitad del proyecto está dentro del sitio
Ramsar conocido como humedal bahía de Panamá. “Es triste que intereses
económicos estén por encima de las leyes”, denuncia Miró.
ADMITEN DESALOJOS
La
vocera de la Policía Nacional, Mara Rivera, confirmó que la entidad
hizo un desalojo en esa área el 3 de febrero por orden del corregidor de
turno. “El corregidor es el que define si se tumba o quema una casa
cuando se trata de precaristas”, dijo, aunque no dio más detalles.
Por
su parte, el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo
Camacho, indicó que el Presidente “no tiene nada que ver ni nada que
decir sobre ese proyecto”. “La Presidencia no tiene nada que decir sobre
ese tema”, añadió el funcionario.
Se solicitó durante tres días
una cita con representantes de Biadel Management, S.A. e Inversión y
Desarrollo del Sur, S.A., pero su secretaria aseguró que no podían
atender a este medio porque estaban de viaje.
También se acudió a
las oficinas de estas sociedades, ubicadas en la torre Global Bank, en
calle 50, pero nuevamente se indicó que los representantes de ambas
empresas no podían atender a este medio. No suministraron sus correos ni
teléfonos.
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