Sigilosamente, los diputados oficialistas metieron una reforma al Código Procesal Penal en una ley sobre extradición de extranjeros.
Gustavo A. Aparicio O.
gustavo.aparicio@prensa.com 
De manera sorpresiva, sigilosa y sin discusión, diputados de las
bancadas oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento
Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) aprobaron una modificación
al Código Procesal Penal para reducir los plazos de prescripción de los
delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos
patrimoniales contra cualquier entidad pública.
La modificación
del numeral 3 del artículo 116 del Código Procesal Penal fue introducida
ayer durante la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley 523,
que establece el procedimiento aplicable para la extradición de
extranjeros solicitados por la justicia en otros países.
LOS AUTORES
Los
diputados Abraham Martínez, Sergio Gálvez y Carlos Afú, de CD; y
Francisco Alemán, del Molirena, avalaron con su firma el nuevo artículo,
sin sustentarlo en el pleno.
La propuesta tampoco fue entregada a
los diputados de la oposición, sino hasta después de que el proyecto
fue aprobado en segundo debate.
Plazos se reducirán
De
aprobarse hoy en tercer debate esta propuesta legislativa y de
convertirse en ley de la República, la prescripción de la acción penal
se dará en un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la
ley para estos delitos.
Es decir, que los plazos de caducidad para los delitos señalados se reducirían prácticamente a la mitad.
Por
ejemplo, en el caso del delito de peculado, que actualmente tiene penas
máximas de 10 a 15 años (peculado agravado) cuando la cuantía de lo
apropiado supera la suma de 100 mil dólares, el plazo de vencimiento de
la acción penal no sería el doble (20 o 30 años), sino igual al máximo
de la pena actual, es decir 10 o 15 años.
La norma vigente indica
que la prescripción de la acción penal se da: “al vencimiento del plazo
igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de
peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra
cualquier entidad pública”.
En el caso de los delitos de
enriquecimiento injustificado, cuyo plazo de prescripción es de 12 años,
según Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia, el plazo se
reducirá a 6 años.
Buscan protección
Para
el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal esta decisión lo
que busca es “institucionalizar la impunidad” para aquellos integrantes
del gobierno que pudiesen encontrarse culpables de delitos como el
peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales.
“Esta norma favorece a la corriente delictiva que ha tomado cuerpo en un sinnúmero de funcionarios de los órganos del Estado”.
En
tanto, el exsecretario general del Ministerio Público Rigoberto
González cuestionó que se hayan reducido los plazos para que prescriba
la acción penal en delitos contra la administración pública, en un
proyecto donde se discutía el tema de la extradición. “No existe una
justificación del porqué se hace esta reforma”.
Bajo la lupa
Este
medio publicó, recientemente, que el diputado Abraham Martínez, uno de
los que propuso esta reforma al Código Procesal Penal, compró cuatro
apartamentos del proyecto Condado Country Club, S.A., valorados en 712
mil 250 dólares, en uno de los cuales canceló su abono mediante un
cheque de 138 mil dólares (equivalente a unas 20 veces su salario al
mes).
Otros diputados oficialistas han sido denunciados por
supuestos manejos irregulares de partidas circuitales que le fueron
asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Uno de
ellos es el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, que fue denunciado
ante la Corte Suprema de Justicia por el uso de fondos públicos para la
compra de 30 mil jamones por un valor de 675 mil dólares y que fueron
distribuidos entre los residentes de su circuito electoral [8-7]. La
Corte rechazó la querella por no llenar los requisitos de admisibilidad.
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