Un reglamento a la medida
La actual junta directiva de Tocumen, S.A., designada por el presidente, Ricardo Martinelli, derogó la Resolución de 2007 que le daba carácter excepcional a la contratación directa y que, en consecuencia, obligaba a realizar licitaciones públicas para las concesiones que no requiriesen de especialización aeronáutica. Hoy, sus directivos avalan contratos directos por invitación sin la obligación de divulgar el proceso.
Lina Vega Abad y Santiago Cumbrera
Contratación directa por invitación y sin obligación de hacer público el proceso. Así se hacen las cosas en Tocumen, S.A. desde la llegada de Ricardo Martinelli a la Presidencia de la República.
El singular método de contratación fue aprobado el 7 de julio de 2010 por la junta directiva de Tocumen, S.A., mediante la Resolución No. 021-A-JD-10 que establece los “procedimientos, requisitos y demás mecanismos de contratación con terceros de las concesiones de servicios aeronáuticos, aeroportuarios y servicios no aeronáuticos”.
Con esta decisión, la nueva junta directiva de Tocumen, S.A., presidida por el hoy ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, derogó el procedimiento original (establecido en la Resolución No. 005-JD-07 del 15 de octubre de 2007) que le daba carácter excepcional a la contratación directa y que, en consecuencia, obligaba a realizar licitaciones públicas para las concesiones que no requieran de especialización aeronáutica, con el expreso objetivo de obtener la mejor oferta económica posible.
En consecuencia, las nuevas autoridades de Tocumen no tienen obligación alguna de hacer licitaciones, ya que ese procedimiento se equiparó a las dos modalidades de contratación directa.
“Las concesiones aeronáuticas o no aeronáuticas serán otorgadas a través de licitaciones públicas, por contratación directa por invitación y por contratación directa...”, fue la novedad establecida en el artículo 8 de la Resolución aprobada en julio de 2010.
Y en caso de contrataciones directas por invitación, el artículo 9 de la citada Resolución añade un punto más al particular procedimiento: “...la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen podrá ordenar, mas no es una obligación, comunicar al público en general...”.
Con estas reformas aprobadas por la junta directiva de Tocumen, S.A., nombrada por el presidente Martinelli (ver recuadro), se eliminaron los principios de equidad, transparencia y libre competencia que deben regir las contrataciones del Estado, según establece la Constitución, la Ley de Contrataciones Públicas e, incluso y paradójicamente, la propia resolución aludida.
Si bien es cierto que Tocumen, S.A. es una sociedad anónima, al ser el Estado dueño del 100% de sus acciones, debe regirse por la ley de contrataciones públicas.
LOS PREPARATIVOS
Para hacer estas peculiares modificaciones en el procedimiento de contratación del principal aeropuerto del país, el Gobierno hizo un cambio clave en la Ley 23 de 2003 que dictó el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos.
Según el artículo 5 de dicha ley, la junta directiva del aeropuerto en cuestión tendría siete miembros designados por el Ejecutivo con períodos diferentes (tres, seis y nueve años).
Los nuevos directores que se nombrasen, tendrían períodos de siete años iniciados en distintos momentos, como fórmula que garantizaría su independencia al ser designados por varios gobiernos. Pero, al parecer, el recién electo presidente, Ricardo Martinelli, tenía sus propios planes.
El 21 de julio de 2009, el novato consejo de Gabinete de la Alianza por el Cambio aprobó unas reformas a la Ley 23 que llegaron a la Asamblea Nacional el 29 de julio de la mano del entonces ministro de Gobierno, José Raúl Mulino.
La Ley 71 de 9 de noviembre de 2009, que aprobó estas reformas, puso fin al método original de escogencia de las directivas de los aeropuertos, eliminándose los períodos fijos y otorgándole al Ejecutivo la facultad de nombrarlos y removerlos todos cuando quisiera.
El objetivo era, según la exposición de motivos del proyecto, “...crear una estructura funcional que permita que las directivas en el tema de aeronáutica sobre aeropuertos y aeródromos lleven los criterios y la visión del Gobierno...”.
El hoy diputado de oposición y en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, comentó a este diario que “originalmente el principio era que los miembros de la junta directiva fueran nombrados de forma concurrente por los gobiernos de turno”.
“Nos equivocamos, parece que el fondo real era el de tener mayor control de la junta directiva”, sostuvo el diputado panameñista.
logros y negocios
Con estas reglas del juego hechas a la medida, desde julio de 2010, cerca de 20 empresas de reciente constitución, han obtenido concesiones directas para explotar comercialmente locales en la zona libre de impuestos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
En la lista figuran compañías que ofrecen desde masajes de relajación y juegos de azar, hasta venta de pizzas y bebidas alcohólicas. Varias de las sociedades favorecidas son representadas por empleados de conocidos empresarios y con influyentes vínculos entre miembros de la actual administración.
Por ejemplo, en tres sociedades que corrieron con la suerte de ser seleccionadas sin concurso alguno por la directiva de Tocumen, S.A., figuran personas que gestionaron la inscripción del terreno de Paitilla que el año pasado cedió gratuitamente la exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte, y que luego fue traspasado a la sociedad Segura Ventures Inc.
Estas mismas personas, una vez conocido el traspaso gratuito del terreno público, se desvincularon de las sociedades que obtuvieron contratos con Tocumen, S.A.
Consultado sobre la modalidad de “contratación directa por invitación sin obligación de hacerlas públicas” y los contratos concedidos utilizando esta fórmula, el ministro Frank De Lima se limitó a negar que se esté favoreciendo a allegados del gobierno. Y sobre las empresas recién creadas, De Lima indicó que “seguramente esas sociedades tienen la representación de marcas de reconocimiento mundial...”.
En los próximos 10 años, Tocumen, S.A. prevé recaudar cerca de $20 millones en canon de arrendamiento, según consta en los contratos que reposan en la Contraloría General. Los locales pagan una renta que va desde $100 hasta $150 el metro cuadrado, más un porcentaje sobre la venta bruta.
Anualmente, Tocumen, S.A. factura de la parte comercial $65 millones. Aunque parece una cifra considerable, fuentes consultadas por este diario comentaron que los réditos para el Estado pudieran ser mayores, si Tocumen, S.A. hubiese realizado concursos públicos que garantizaran mejores precios.
De esto último es consciente Juan Carlos Pino, gerente de Tocumen, S.A. Sin embargo, agregó, “en Tocumen respetan la iniciativa y la creatividad... Si alguien propone un negocio, no es justo que se abra a licitación para que otro se lo quite”.
Las declaraciones del gerente de Tocumen, S.A. riñen no solo con principios generales sobre contrataciones públicas, sino con la propia regulación aprobada por la junta directiva vigente, que establece que tienen bajo su responsabilidad, “Fomentar la libre competencia en la prestación de todos los servicios, impulsando la existencia de dos o más proveedores por cada ´rubro”.
Al respecto, el abogado Ernesto Cedeño, especialista en contrataciones públicas, dijo que “ese término [contrataciones directas por invitación y sin publicidad] no aparece en ninguna norma general...”.
Mientras, el presidente saliente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Félix Cuevas, enfatizó que la decisión tomada por Tocumen, S.A. viola los principios democráticos de la libre empresa.
“Para los ejecutivos de empresa es de vital importancia la conservación de los principios de la libre empresa, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que de ninguna manera podemos considerar que estos principios son respetados cuando la libre contratación desplaza a los procesos de licitación que brinda oportunidad”, advirtió Cuevas.
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