Otro contrato millonario para socio de Martinelli

La obra costará 6.9 millones de dólares y para desarrollarla se deben derribar 34 árboles, lo que provocó el repudio de los moradores de Ancón.

Santiago CumbreraJuan Manuel Díaz C.

panorama@prensa.com

 

Un grupo de residentes protestó ayer contra el proyecto que convertirá terrenos que son parte de las faldas del cerro Ancón, en un edificio de estacionamientos para el Órgano Judicial. LA PRENSA/Luis García

Una nueva polémica se cierne sobre el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, luego de que en abril pasado adjudicara una licitación por 6.9 millones de dólares para construir un edificio de estacionamientos de cinco niveles para el Órgano Judicial.

El proyecto, rechazado por ambientalistas y moradores del corregimiento de Ancón porque se derribarán más de 34 árboles, será desarrollado por la Constructora Corcione & Asociados S.A., vinculada al empresario Nicolás Corcione, socio del presidente, Ricardo Martinelli.

Corcione, además, es miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal y de la Empresa Nacional de Autopistas.

Uno de los suscriptores de Constructora Corcione & Asociados S.A. es Ricardo Chanis, presidente de Editora Panamá América y representante de la sociedad Traffic Safety de Panamá, S.A. que firmó un contrato en abril pasado con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para ofrecer el servicio de cámaras de vigilancia para la seguridad vial, que establece que, por cada infracción, cobrará el 65% de la multa y el Estado recibirá el 35% restante.

Chanis y Corcione aparecen en la sociedad Casamar, que desarrolla un exclusivo proyecto inmobiliario playero, propiedad de Ricardo Martinelli Linares, hijo del Presidente de la República.

JUSTIFICACIÓN

En marzo, Moncada Luna convocó a la licitación con un precio de referencia de 7.4 millones de dólares, y justificó la contratación alegando “la existencia de miles de quejas, conflictos y sinsabores que representa lograr encontrar un estacionamiento” en el Órgano Judicial, según aparece en el portal de PanamáCompra.

Al acto se presentaron ocho empresas, siendo favorecida Constructora Corcione & Asociados S.A., a pesar de que su propuesta (de 6.9 millones de dólares) fue superior a la de otros dos competidores.

Constructora Corcione & Asociados S.A. fue seleccionada por una comisión evaluadora que tuvo entre sus miembros a Arelys de Caballini, jefa de servicios generales del Órgano Judicial y hermana de Ana Bouche, asistente personal de Moncada Luna.

En el desglose de precios preliminares, Constructora Corcione & Asociados S.A., cuyo representante legal es el abogado José María Carrillo, detalla que una de las actividades que desarrollará será la tala de 34 árboles.

Por cada árbol derribado, la empresa cobrará mil dólares, lo que representa 34 mil dólares.

Ya en el año 2008, cuando el magistrado Harley Mitchell fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia , se adjudicó un contrato a la compañía F.G. Guardia y Asociados S.A. por un monto de 227 mil 62 dólares para el estudio, anteproyecto y desarrollo de planos, especificaciones técnicas para un edificio de estacionamientos de tres niveles.

PROTESTA

La decisión de la tala y destrucción del hábitat de la fauna que vive en las faldas del cerro Ancón no ha sido bien acogida por los residentes del área.

Ayer, un grupo de moradores protestó para exigir al magistrado Moncada Luna que desista del proyecto, o en su defecto fuese ubicado en un área donde no ocasionará un impacto ambiental negativo

Durante la actividad, los residentes bloquearon los estacionamientos usados por los funcionarios judiciales y particulares que acuden al Órgano Judicial.

Posterior a la protesta, cinco de los residentes fueron atendidos por el magistrado Moncada Luna y sus asesores.

Ceferino Sánchez, vocero de los residentes, aseguró que en la reunión le explicaron al magistrado presidente de la Corte Suprema que la construcción de los estacionamientos afectará la vida silvestre en el área y ocasionará la destrucción de más de 30 árboles.

Manifestó que los residentes rechazan la obra y que le han propuesto otras alternativas al Órgano Judicial, como edificar los estacionamientos en los terrenos del antiguo Tribunal Marítimo, en el área donde se encuentra el Registro Único de Entrada o el Ministerio de Salud.

Recordó que durante la presidencia del magistrado Mitchell se dio un encuentro con los moradores y este comprendió su posición, pero que ahora se insiste en construir el proyecto en el mismo lugar.

Sandra Tapia, otra de las residentes, afirmó que el edificio de estacionamientos no solucionará la demanda de los usuarios y solo ocasionará daños al medio ambiente. El pasado sábado, los vecinos impidieron el derribo de los árboles, colocando sus autos como barrera.

En tanto, la coordinadora de la presidencia del Órgano Judicial, Ana Bouche, que aseguró que para esta construcción se ha cumplido con la ley, expresó que se tiene el estudio de impacto ambiental en el que se establece que solo se talarán 34 árboles y que no habrá mayores daños al medio ambiente.

“Esta es una obra que es un clamor de los usuarios del Órgano Judicial y de los propios residentes, que se ven afectados por la gran cantidad de vehículos estacionados en las aceras frente a sus casas”, destacó.

La funcionaria detalló que el proyecto que será construido tendrá capacidad para 400 vehículos y solo será para los usuarios.

Explicó que se edificará un estacionamiento para los funcionarios de la institución, que se ubicará en el antiguo Tribunal Marítimo.

Además, se habilitará un servicio de transporte para trasladarlos hasta la sede del Órgano Judicial, en horarios de 7:30 a.m., 12:00 de mediodía y 5:00 p.m.