MILLONARIAS LESIONES PATRIMONIALES

El Tribunal de Cuentas adelanta procesos por posible malversación de fondos en los consulados de Nueva Orleans, Santo Domingo y Los Ángeles.

HERMES SUCRE SERRANO

hsucre@prensa.com

 

El Tribunal está integrado por tres magistrados: Álvaro Visuetti (presidente), Oscar Vargas Velarde (vicepresidente) e Ileana Turner (vocal). CORTESÍA/Tribunal de Cuentas

 

El Tribunal de Cuentas le pisa los talones a dos casos de alto perfil: la supuesta lesión patrimonial por 18 millones 450 mil dólares de Ports Engineering and Consultant Corp. (PECC) y el urticante caso de la fibra de vidrio por casi 3 millones de dólares, que implica al Ministerio de Educación (Meduca).

Respecto a PECC, Álvaro Visuetti, magistrado presidente del Tribunal, indicó que el proceso está pendiente de una demanda contencioso administrativa interpuesta por los involucrados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En el proceso se busca determinar si hubo pago de sobornos por parte de PECC en concepto de señalización y ayuda a la navegación en los puertos de Balboa, Cristóbal, Rodman y bahía Las Minas.

Charles Jumet, expresidente de PECC, admitió haber pagado (de febrero de 1997 a mayo de 2003) sobornos a exfuncionarios panameños de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Entonces era presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares; Hugo Torrijos (hoy difunto) dirigía la AMP, y Rubén Reyna era subadministrador.

Recuerda el magistrado que las deudas por lesiones patrimoniales no prescriben con la muerte del involucrado, por lo tanto, los herederos tienen que asumir la responsabilidad del pago.

POLÉMICA FIBRA

Por otro lado, el Tribunal le sigue los pasos a una supuesta lesión patrimonial por 3 millones de dólares en el Ministerio de Educación, en especial, por los dudosos gastos en que se incurrió para el reemplazo de techos de fibra de vidrio en escuelas del país.

Por este caso se investiga a los exministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez. La Fiscalía Anticorrupción trabaja en la fase de indagatorias para el posterior llamado a juicio.

Las sumas más altas por contratos para remover la fibra de vidrio se dieron en las escuelas ubicadas en las provincias de Darién, con 720 mil 751 dólares; Bocas del Toro, 316 mil 212 dólares; Panamá oeste, 302 mil 633 dólares; 288 mil, 18 en Veraguas; 249 mil 496 dólares en Chiriquí; 171 mil 684, en Coclé y 161 mil 820, en Panamá centro.

CORRUPCIÓN EXTERNA

Visuetti informó que uno de los procesos más sonados este año es el llamamiento a juicio del alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, y del extesorero de ese distrito Fernando Hernández, por una posible lesión patrimonial de 250 mil 231 dólares.

También se adelanta un proceso contra el representante de Calidonia, Ramón Ashby Chial, por supuestos malos manejos por una cantidad de 505 mil 335 dólares de la junta comunal del corregimiento.

En el extranjero, los principales procesos tocan al Consulado de Panamá en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos, por 243 mil 232 dólares (2009); 18 mil 986 dólares del Consulado en Santo Domingo, República Dominicana (2009) y 15 mil 503 dólares en el Consulado de Panamá en Los Ángeles, Estados Unidos.

El magistrado aclaró que por ahora no puede dar los nombres de los implicados por respeto a la presunción de inocencia.

JUSTICIA, CON LAS UÑAS

“Uno de los principales obstáculos que confronta actualmente el Tribunal es el escaso presupuesto, que apenas llega a 3 millones de dólares”, expresó.

La falta de recursos, agregó, impide la creación de nuevos juzgados y el nombramiento de personal para cumplir con la tarea de recuperar el dinero del Estado. “Tenemos un espacio físico limitado, lo que nos ha obligado a arrendar un lugar para albergar las oficinas administrativas”, anotó.

El bajo presupuesto dificulta las tareas de notificación y entrega de oficios en el territorio nacional, lo que retrasa la ejecución de las cautelaciones a los involucrados en procesos patrimoniales.

Se requiere, insistió el magistrado, más difusión de las tareas del Tribunal porque la gente desconoce las funciones de una institución llamada a recuperar el dinero de los contribuyentes.