Entrega de datos a terceros genera dudas constitucionales

El manejo de información confidencial por empresas privadas podría atentar contra los derechos consignados en la ´Constitución´.

ALFONSO ACOSTA p.

alfonso.acosta@prensa.com   Varios juristas expresan dudas sobre la constitucionalidad del contrato celebrado por Luis Cucalón, director general de Ingresos, con la empresa Cobranzas del Istmo, ya que delega funciones propias del Estado. La Dirección General de Ingresos (DGI) pactó con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. la recuperación de la cartera morosa de impuestos, mediante un contrato que varios juristas consideran contrario a las disposiciones constitucionales. Para abogados como Alvin Weeden se ha excedido la norma constitucional al ceder a terceros facultades que son propias del Órgano Ejecutivo. “Yo soy de la opinión de que esos contratos son inconstitucionales. Devienen de una ley que delega facultades que el Gobierno no podía ceder”, dijo Weeden. Contradicciones de una ley En la última reforma a la ley que reorganiza la Dirección de Ingresos, queda establecido que esta oficina está “facultada para solicitar y recabar toda clase de información necesaria e inherente a la determinación de las obligaciones tributarias, sus montos, fuentes de ingresos, remesas, retenciones, costos, reservas, gastos, así como información de los responsables de tales obligaciones o de los titulares de derechos de exenciones tributarias”. Termina agregando que “en todos los casos, esta información reviste carácter confidencial, secreto y de uso exclusivo o privativo de la DGI y, por ninguna circunstancia, podrá hacerla trascender”. No obstante, la reforma continúa diciendo, en supuesta contradicción, que la DGI podrá contratar gestores de cobro, los cuales podrán recibir esta información. El modelo de las comisiones Weeden también expreso su descontento sobre la cesión de comisiones a la empresa de cobranza en base a su ejecución, las cuales oscilan entre 15% y 30% dependiendo de la antigüedad de la cuenta por cobrar. “Me parece vicioso dar semejantes porcentajes para realizar actividades propias del Estado”. Básicamente, el Gobierno habría contratado con terceros para que estos gestionen el cobro de impuesto con individuos que estén morosos, y luego los compensa con parte de los fondos recolectados. Es decir, según el contrato, de un 15% a 30% de los fondos que originalmente estarían destinados al erario público en obras o el pago de la deuda externa, serían utilizados para pagar los servicios de una compañía privada. Para Ebrahim Asvat, este es un fenómeno visto ya varias veces y mencionó como ejemplo el uso de las cámaras de vigilancia de velocidad de la empresa Traffic Safety de Panamá, S.A., que recibía 65% del valor de cada multa cobrada y también disponía de información privilegiada. El abogado comentó que estas personas a las cuales se les ha delegado la función de cobrar no son “agentes con autoridad”, por lo cual no pueden compeler a ciudadanos a que realicen acciones que estos no desean hacer. Ya varios contribuyentes han expresado que han recibido llamadas que rayan en el hostigamiento para hacer efectivo el pago de cuentas morosas ante entidades públicas. De hecho, el artículo 16 de la norma que reorganiza la DGI establece que “el Director General de Ingresos y los funcionarios en quien este delegue, están investidos de jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos exigibles a favor del Tesoro Nacional”. La norma hace referencia únicamente a “funcionarios” y no menciona que terceros o compañías privadas puedan hacer cobros coactivos.