Policía reprime a campesinos
Maria Fajardo / Nicanor Alovarado
Falló el diálogo entre el gobierno
y agricultores de Cañazas, por el proyecto Las Cruces, y la fuerza
pública intervino. Dos heridos
Los campesinos trancaron la vía de acceso al distrito de Cañazas por una hora.
CAÑAZAS. En menos de 24 horas, la Policía Nacional tocó dos veces sus
reservas de gas pimienta y bombas lacrimógenas, y activó a su servicio
antidisturbios, para reprimir en las calles.
Primero fue el martes, en La Chorrera, con mujeres, y ayer, en Cañazas, con campesinos.
Las féminas exigían al gobierno la reparación de una carretera en Puerto Caimito; y los agricultores, la suspensión del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, por su impacto en las zonas de cultivo. Estos bloquearon la vía de acceso a Cañazas. La Policía intervino. El resultado: dos mujeres heridas, una de ellas recluida en el hospital santiagueño Luis ‘Chico Fábrega’. Hasta el cierre de esta edición, los enfrentamientos continuaban.
El conflicto, relataron los campesinos, persiste desde diciembre pasado. Las autoridades, dijeron, no les han respondido sobre la solicitud de cancelación de la obra.
EL DERECHO DE PROTESTA
‘En Panamá se alienta una política de represión policial y cero conversación’, asegura la secretaria Ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.
Según la dirigente civil, el gobierno debe propiciar una cultura de diálogo para evitar que se repitan escenarios como la protesta de 2010 en Changuinola, las de 2011 y 2012 en San Félix y Colón, que terminaron en muertos a mano de la Policía.
‘Hay que abrir los canales de comunicación, tener mediadores, porque la gente pide ser escuchada’, insistió Castillo.
El activista por los derechos humanos y presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Roberto Troncoso, insistió, por su parte, en que el derecho de protesta es inalienable, siempre que no afecte el derecho de terceros.
Primero fue el martes, en La Chorrera, con mujeres, y ayer, en Cañazas, con campesinos.
Las féminas exigían al gobierno la reparación de una carretera en Puerto Caimito; y los agricultores, la suspensión del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, por su impacto en las zonas de cultivo. Estos bloquearon la vía de acceso a Cañazas. La Policía intervino. El resultado: dos mujeres heridas, una de ellas recluida en el hospital santiagueño Luis ‘Chico Fábrega’. Hasta el cierre de esta edición, los enfrentamientos continuaban.
El conflicto, relataron los campesinos, persiste desde diciembre pasado. Las autoridades, dijeron, no les han respondido sobre la solicitud de cancelación de la obra.
EL DERECHO DE PROTESTA
‘En Panamá se alienta una política de represión policial y cero conversación’, asegura la secretaria Ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.
Según la dirigente civil, el gobierno debe propiciar una cultura de diálogo para evitar que se repitan escenarios como la protesta de 2010 en Changuinola, las de 2011 y 2012 en San Félix y Colón, que terminaron en muertos a mano de la Policía.
‘Hay que abrir los canales de comunicación, tener mediadores, porque la gente pide ser escuchada’, insistió Castillo.
El activista por los derechos humanos y presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Roberto Troncoso, insistió, por su parte, en que el derecho de protesta es inalienable, siempre que no afecte el derecho de terceros.
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