Ejecutivo impulsa retorno de Panamá al Parlacen
Gustavo A. Aparicio O.
Romulo Roux, ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores, Rómulo Roux, presentó ayer a la
Asamblea el proyecto para restablecer la vigencia de la Ley 2 del 16 de
mayo de 1994, que aprueba el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroameriano (Parlacen) y la Ley 4 del 27 de enero de 2005, relativa a
este organismo, derogadas por la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009,
aprobada por la Asamblea a solicitud del mandatario, Ricardo Martinelli.
Durante
su período de campaña política, Martinelli prometió sacar a Panamá del
Parlacen con el argumento de que este organismo era “una cueva de
ladrones”.
Para el diputado opositor Jorge Alberto Rosas, la propuesta busca proteger al mandatario.
“Eso
es parte del zigzagueo de Cambio Democrático, que primero derogó la ley
y ahora quiere restablecerla. No es conveniente para el país formar
parte de un organismo inocuo, que lo único que busca es darle protección
al Presidente de la República cuando salga de su administración”,
afirmó.
Recordó que después de 2014, cuando el Presidente sea un
diputado más del Parlacen –como lo establece la ley– tendría que ser
investigado por la Corte Suprema de Justicia, en donde existe una
mayoría de magistrados nombrados por el gobernante.
En tanto, el
diputado panameñista José Luis Varela precisó que Martinelli está
buscando protección para personas allegadas al gobierno”.
“Ellos
saben que están perdidos y van a abrir en el Parlacen cuatro o cinco
puestos para personas que saben que han cometido actos que no han sido
los mejores”, destacó.
Por su parte, el ministro Roux justificó la
presentación de la iniciativa al explicar que se da en cumplimiento del
fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, que declaró
inconstitucional la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009.
Blindaje
Además
de tener la prerrogativa de no ser investigados por el sistema
ordinario de justicia, los diputados del Parlacen, al igual que los de
la Asamblea Nacional, están blindados con un mecanismo especial en
cualquier proceso de investigación en su contra.
Se trata de la
Ley 55 del 21 de septiembre de 2012, que revive el requisito de la
prueba sumaria por parte del demandante para que se admita un proceso
contra un diputado.
También fija un período de dos meses para que
la Corte Suprema de Justicia pueda concluir las investigaciones contra
un diputado, de lo contrario, se extingue la acción penal.
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