Piden a Anam otra consulta

La Federación de Áreas Revertidas teme que el promotor vuelva a someter su proyecto inmobiliario sin la participación pública ciudadana.

Mary Triny Zea

mzea@prensa.com

 

Los moradores de las áreas revertidas han quedado en alerta tras la presentación del proyecto residencial que se pretende construir en la calzada de Amador. Por lo tanto, han solicitado ser considerados –invocando un foro público– amparado en la Ley 6 de Transparencia.

Así lo indicó la Federación de Comunidades de Áreas Revertidas, que presentó una carta a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en días pasados pidiendo los consideren como afectados.

Esta institución no admitió –el pasado 28 de enero– un estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa Maritime City, S.A. del proyecto Amador Ciudad Marina. La Anam alegó que la categoría del EIA no era la apropiada por sus impactos negativos en esa zona.

De ingresar nuevamente el estudio, sería categoría III y la ley de Anam establece que en proyectos de esta categoría deben realizarse foros públicos.

Amador Ciudad Marina consiste en un relleno marino de 36.8 hectáreas en la calzada de Amador que se construiría entre el museo de Gehry y la isla Naos.

Ahí se levantarían, al menos, 19 rascacielos, así como residencias de lujo con marina privada, lo cual riñe con los parámetros de turismo del área y el Plan maestro de desarrollo de Amador.

“Intentan obviar la consulta ciudadana. Queremos ser consultados porque estamos en la zona de influencia, aunque afecta toda la ciudad”, dijo Aida Torres, de la Federación de Comunidades de Áreas Revertidas.

Las encuestas presentadas por el EIA de Maritime City, S.A. carecen de datos demográficos que permitan saber si los entrevistados son residentes del área de impacto del proyecto.

Plan maestro olvidado

Aunque la Anam no admitió el EIA por incumplimiento de requisitos técnicos y de forma, el promotor puede presentar otro estudio con las correcciones, porque el contenido no se rechazó.

Esta sería la tercera vez que Rafael Boli Bárcenas, empresario y amigo del presidente, Ricardo Martinelli, intenta obtener el aval para este proyecto inmobiliario, a través de su hijo Mario Bárcenas, representante legal de Maritime City, S.A.

El residencial de lujo rompe con el uso turístico de la zona, que prohíbe rascacielos; contraviene la Constitución Política, que establece que el fondo de mar es inadjudicable, y además violaría el Plan maestro de desarrollo en Amador.

Este plan “buscaba [...] convertir la calzada de Amador o vía costera en un gran espacio público donde el pueblo panameño pudiese pasear, caminar, disfrutar, observar y contemplar, tanto el paisaje de la ciudad de Panamá como el paisaje de la entrada del Canal. Ese era el gran objetivo y lo sigue siendo, lo dice el estudio”, indicó Gerónimo Espitia, arquitecto que participó en la confección de la norma del uso de suelos de Amador.

Con, al menos, 19 rascacielos sobre el relleno, se bloquearía la vista a la ciudad y el residencial privatizaría el lugar de acceso público mediante garitas de seguridad.

Luego que consultores desarrollaron el plan para el desarrollo turístico de Amador solicitado por la extinta Autoridad de la Región Interocéanica (ARI) –por más de 2 millones de dólares–, se trabajó el uso del suelo.

El plan de Amador “buscaba rescatar los recursos culturales y naturales para convertirlo en un atractivo turístico”, agregó Espitia.

¿Qué decía el plan?

El objetivo “fundamental” era “aprovechar al máximo el sitio existente, en lugar de construir uno nuevo”, indica el documento, al que tuvo acceso este diario.

Para respetar la filosofía del diseño se recomendó:

–“Evitar la construcción de parcelas costosas de bienes raíces en la bahía”.

–“Evitar el uso intensivo de las islas para minimizar el tránsito automovilístico a lo largo de la calzada”.

–“Evitar edificios altos”, proveyendo un diseño orientado a la movilización peatonal y “mantener el acceso público”.

–Para conservar el bosque tropical, se decidió “no efectuar ningún tipo de desarrollo en las laderas de las islas porque podría destruir los elementos naturales más atractivos del sitio”.

–“Proveer un ambiente para las oportunidades educacionales y de esparcimiento” y “hacer de fuerte Amador el centro turístico de Panamá”, decía la estrategia, entregada en 1997.

El proyecto Ciudad Marina plantea crear costosas parcelas en la bahía, y Amador no se pensó para realizar inversiones inmobiliarias, sino para el turismo, y por eso el plan maestro definió las actividades económicas y el tipo de infraestructuras requeridas, indicó Espitia.

También precisó que el proyecto viola la arquitectura del plan, que indicaba que debía ser similar a la del Casco Antiguo, con arcos y grandes ventanales abiertos.

Aunque varios proyectos en Amador existentes violan esta normativa, es el de Bárcenas el que crearía mayor conflicto con el plan de desarrollo de Amador.

La razón de ello es que altera el fin turístico de la calzada e incrementa en “exceso” la población, señala Nicolás Ardito Barletta, exadministrador de la ARI.

Urbanistas, como Álvaro Uribe, y representantes de la sociedad civil consideran que el residencial privatizaría uno de los pocos y más pintorescos lugares de recreo de los panameños.

El Plan de Amador fue modificado en 2012, bajo la actual administración. Un cambio notable es permitir rellenos para áreas verdes que concesionaría el Estado.

Además, se permitirían edificaciones de hasta 12 pisos –si el Ministerio de Vivienda autoriza el cambio de zonificación–, y ampliar la calzada a cuatro carriles.

“Nosotros no hemos sido informados sobre modificaciones, mucho menos consultados, y todos los que hemos invertido en Amador somos afectados”, dijo Guillermo Quijano, vicepresidente de la Unión Nacional de Empresas, que se quejó de que Maritime City, S.A. tampoco los encuestó.

A este grupo pertenece la cadena Fridays y el hotel Country Inns & Suites, establecidos en Amador.

Dijo que el plan original en su contrato fue violado por varias administraciones de la ARI, que permitieron apartamentos en las islas.

La Unidad de Bienes Revertidos (UABR), que reemplazó a la ARI, ha negado en varias ocasiones a este diario que estos cambios sean para abrir la puerta a proyectos como el de Bárcenas.

Se les solicitaron a la entidad –basados en la Ley de Transparencia– los cambios al plan de Amador, pero no han sido entregados.

Calzada no aguanta

Una de las inquietudes del arquitecto Espitia es que, tras esbozar el Plan maestro, se desarrolló la infraestructura, a fin de concretar el mencionado plan.

La infraestructura le costó a la ARI 45 millones de dólares, definió el tipo de vías a realizar, llevó el sistema de agua potable, construyó una planta de aguas residuales, y sistemas de telecomunicación y electricidad.

“El punto más importante es la infraestructura en Amador, que fue diseñada para el plan original; ahí está el problema”, dijo Quijano.

La infraestructura para dar acceso al agua, manejo de desechos, electricidad y telefonía en Amador no es la adecuada para el proyecto, subrayó Espitia.

Amador depende de la producción de agua de la planta de Miraflores, que es de 45 millones de galones diarios, y no tiene capacidad para aumentar su producción.

El proyecto de Bárcenas, con sus 19 rascacielos, las residencias, hotel y comercios, incrementaría el consumo de agua en la zona.

Además, la planta de tratamiento de aguas residuales en Amador creada con el plan ya está al límite, y sumarle este proyecto sería perjudicial, indicó la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos.

El exadministrador de la ARI Alfredo Arias, (2001- 2004) comentó que en esa época se presentó otro proyecto de ciudad marina en un relleno de cuatro hectáreas, y un desarrollo urbanístico que se rechazaron porque afectarían el paisaje.

Actualmente “hay muy poco control del paisaje” y se “desvirtuó” el concepto de la calzada, argumentó.

El proyecto Maritime City, S.A. fue presentado por primera vez en 2011 a la entonces administradora de la UABR, Liriola Pittí, pero fue rechazado por violar el concepto turístico y por la altura de los edificios propuestos.

El exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino argumentó que el uso de fondo marino solicitado a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) violaba la Constitución. Pero Roberto Linares, administrador de la AMP, opinó que era “una belleza de proyecto”.