Sin medios ni especialización suficientes contra la corrupción
El País
Mónica Ceberio Belaza /
Jesús Sérvulo González
Madrid
9 FEB 2013
El extesorero del PP Luis Bárcenas llega a la sede de la Fiscalía
Anticorrupción para declarar sobre la supuesta contabilidad B del PP / EMILIO NARANJO (EFE)
En un país que se desangra con casi seis millones de parados, los
continuos casos de corrupción, aparte de indignar a la ciudadanía, han
provocado que los políticos y la corrupción se hayan convertido en el
tercer y cuarto problema que más preocupa a los españoles, según el
último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La opinión pública exige una ley de transparencia que sirva realmente
para controlar al poder y, por otro lado, un funcionamiento de la
justicia que no deje impunes los casos de corrupción política. Pero,
¿están preparadas las estructuras económicas, policiales y judiciales
para luchar contra este tipo de delitos? Durante décadas, los esfuerzos
para combatir la criminalidad se han centrado en el terrorismo. Ahora,
con una ETA que no mata y en un país ante una crisis económica y
política brutal, jueces y fiscales piden otros medios: peritos
contables, más policías con formación específica dedicados en exclusiva a
la investigación de la corrupción... Estos son los principales medios,
que se revelan insuficientes, con los que cuenta el Estado para hacer
frente a esta lacra.
Tribunal de Cuentas. “Es muy difícil que el Tribunal de Cuentas
detecte cualquier tipo de fraude en la actividad que realiza. Su
prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el
presupuesto que se aprueba tiene su destino”, señala uno de los 12
consejeros del Tribunal de Cuentas, el organismo autónomo que tiene como
función la actividad fiscalizadora de la actividad económica del sector
público. Esta institución revisa las cuentas de los partidos políticos y
los procesos electorales. Podría servir como un cortafuegos contra la
corrupción, pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco
práctico. “La institución no está preparada para luchar contra la
corrupción”, reconocen.
Es un órgano colegiado cuyos integrantes son designados en el
parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios,
lo que entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801
empleados públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros.
Desde el Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en
realizar una auditoría de carácter financiero. “Se ven las grandes
partidas presupuestarias pero no se llega al detalle”, precisan fuentes
de la institución que destacan que carecen de acceso a los bancos de
datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de
España. Admiten la dificultad para detectar las irregularidades que
cometen los partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a
menudo los gastos en publicidad y los pagos son difíciles de justificar.
El Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.
Fiscales anticorrupción: medios para grandes casos y precariedad en los demás.
Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía Especial contra la Corrupción y
la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos
delitos. En la sede madrileña de esta fiscalía especial, embarcada en
casos espectaculares como la Operación Emperador o de tanta trascendencia como la investigación sobre las cuentas secretas de Luis Bárcenas, los representantes del ministerio público gozan de unos medios envidiables.
En la planta de arriba de la institución, cuatro inspectores de la
Agencia Tributaria conforman una unidad que trabaja codo con codo con
los investigadores. Anticorrupción también cuenta con tres inspectores
de la Intervención General del Estado que fiscalizan los contratos
públicos de los casos que recaen en esta fiscalía. Este equipo
especializado se completa con dos unidades de policía judicial
dependientes específicamente del organismo y conformados por nueve
agentes del Cuerpo Nacional de Policía y otros tantos guardias civiles.
Además, cuentan con otros 15 fiscales delegados anticorrupción que se
reparten por otros territorios —principalmente a lo largo de la costa
mediterránea, archipiélagos balear y canario—, según la memoria de la
fiscalía de 2011.
Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de
los delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos,
según fuentes fiscales. Llevan los casos de corrupción que recaen en la
Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con algún
político aforado o los especialmente complejos, siempre que el fiscal
general del Estado así lo ordene en un decreto. Si no lo hace, y en la
inmensa mayoría de los asuntos de corrupción es así, la investigación
recae sobre las fiscalías ordinarias provinciales que trabajan en
condiciones mucho más precarias en cuanto a medios. Estas son las que
llevan en torno al 80% de estos casos.
Por otro lado, cada fiscalía provincial tiene una sección de delitos
económicos, pero no todas tienen adscrito a un fiscal en régimen de
exclusividad por la escasa disponibilidad de las plantillas, según la
última memoria de la fiscalía. Los fiscales jefes, para estos casos,
piden equipos técnicos especialistas en contabilidad, fiscalidad y
funcionamiento empresarial, así como funcionarios de los cuerpos y
fuerzas de seguridad expertos en este tipo de delitos.
Los jueces piden refuerzos y peritos. Dependiendo de
si en el caso hay algún político aforado o no, los casos de corrupción
pueden ir a un juzgado de instrucción, a un Tribunal Superior de
Justicia o al Tribunal Supremo. En algunos casos pueden ser competencia
de la Audiencia Nacional. Tanto los jueces decanos de toda España como
los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han pedido esta
semana más medios para investigar los delitos económicos y de
corrupción. Los jueces de la Audiencia piden más medios personales y
materiales “así como que se refuercen las unidades de auxilio a la
instrucción judicial, como son los peritos de Hacienda Pública, de la
Intervención General del Estado o instituciones análogas”. Los jueces
decanos piden también más “funcionarios, policías y peritos
especializados”. Solicitan, en concreto, peritos contables con
dedicación exclusiva y la adscripción de grupos de auténtica policía
judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez. Se trata de
delitos con un alto nivel de especialización contable que requiere de
nuevas herramientas y que exige que se generalicen ciertos usos.
Guardia Civil y Policía Nacional. Dentro de la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento
de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de delitos
económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la Fiscalía
Anticorrupción. También hay un grupo especializado dentro del Servicio
de Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a
este tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía
judicial. En total estamos hablando de unos 700 agentes, de los cuales
200 se dedican en exclusiva a corrupción. El resto se ocupan de asuntos
conexos como blanqueo o narcotráfico.
Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo
Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas, incluido el
personal administrativo. Cualquier agente de la plantilla de policía
judicial (11.500 en toda España) podría investigar, hipotéticamente,
casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter de
exclusividad —según datos de la Dirección General de la Policía—, que es
precisamente lo que piden los jueces decanos y los fiscales: más
agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados. El partido
UPyD ha denunciado esta semana que la UDEF está colapsada y que es
urgente que el Gobierno la dote de más medios.
ONIF: delitos a punto de prescribir. La Oficina
Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF), creada en 1998, es
uno de los departamentos más relevantes de la Agencia Tributaria. Cuenta
con 129 profesionales altamente especializados, con experiencia y un
alto nivel de preparación. Son una especie de unidad de élite dentro de
Hacienda que se agrupan en equipos territoriales en cada comunidad
autónoma. Su centro de operaciones está en la plaza de Cuzco de Madrid.
No persigue la corrupción como tal, sino los posibles fraudes derivados
de esta.
Las investigaciones de la ONIF han desembocado en importantes
operaciones como el caso Afinsa. En la actualidad investigan casos como
el Gürtel, el Emperador… Pero fuentes de la Agencia Tributaria admiten
que en ocasiones la información a partir de la cual se inicia una
inspección se obtiene cuando está a punto de prescribir —el límite son
cuatro años para fraude fiscal, y cinco si hay delito, que es cuando el
fraude supera los 120.000 euros—.
Sepblac: sesenta personas contra el blanqueo de capitales.
El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales depende de
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, un departamento del Tesoro, y funciona como “unidad de
inteligencia financiera española”. Este cuerpo recibe información de las
entidades de crédito sobre operaciones sospechosas. Por ejemplo, Bankia
informó hace unos días a la Audiencia Nacional sobre una cuenta
sospechosa que tenía importantes movimientos de otros países y resultó
ser del testaferro de Luis Bárcenas.
Esta unidad también vigila e investiga los posibles movimientos de
capitales de tramas criminales. El cuerpo especializado está integrado
por 60 personas. Son empleados del Banco de España, policías, guardias
civiles y una unidad de la Agencia Tributaria que colaboran con “los
órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los
órganos administrativos competentes”. Tienen un presupuesto de 9,9
millones de euros.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario