Sara Morales Gallego
La sociedad civil está indignada por los
escándalos por contrataciones irregulares de la Defensoría del Pueblo.
Exigen la renuncia inmediata de la funcionaria. La Asamblea se suma a
las críticas
PANAMÁ. Los días como defensora del Pueblo parecen estar contados para Patria Portugal.
Y es que de la Asamblea Nacional y del pueblo que en teoría debe defender, piden que rinda cuentas por los escándalos económicos en los que se ha visto involucrada.
Miles de dólares en contratos e incluso la intención de que el Estado panameño pague por sus facturas de medicina privada han sido motivo para que la defensora del Pueblo sea criticada hasta tal punto, que ya más que una explicación, la petición que prevalece entre grupos organizados y la sociedad civil es que se prescinda de su cargo.
El 2 de julio se reunieron 25 organizaciones defensoras de los derechos humanos y de diversa índole no gubernamentales para exigir la actuación de la Contraloría General de la República en el caso y expresar su ‘indig nación por la forma como se despilfarra recursos del Estado’.
Las redes sociales están llenas de referencias al caso de Portugal y cientos de usuarios pidiendo que ‘renuncie’.
La directora del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, Angélica Maitín, se refirió a Portugal como ‘la peor defensora del Pueblo que hemos tenido’ y, ayer, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia, Abigail Benzadón, criticó la solicitud de reembolso por gastos médicos que Portugal hizo en junio a la Cancillería.
Además, Benzadón es la autora de una de las denuncias que tiene la defensora del Pueblo en el Ministerio Público por malos manejos en contratación.
Sin embargo, Portugal se resiste a su dimisión y se defiende insistiendo en que no tiene ‘nada que temer’, y llegó a decir que le ‘parece hasta barato’ el desembolso de miles de dólares en con tratos que por irregulares, podrían estar violando la Ley de Contrataciones Públicas.
El 14 de marzo de 2012, la Defensoría del Pueblo otorgó un contrato directo a la compañía Imaginarium Studio de $249 mil 845 dólares por servicios de rediseño de su página web y el logo de la institución.
Dicha compañía fue inscrita en el Registro Público el 24 de noviembre de 2011, y cuatro meses después, el 14 de marzo de 2012, se le adjudicó a través del portal PanamáCompras el contrato para realizar servicios de diseño gráfico, que juzgando por los resultados, expertos concluyen que no debieron costar más de $1,000.
Según el desarrollador de páginas web y aplicaciones móviles Demóstenes García, ‘el sitio fue hecho utilizando Joomla, un gestor de manejo de contenidos gratuito y de código abierto’ y el diseño, con una herramienta llamada Artisteer, que es utilizada en este tipo de plataformas para crear con ‘un par de clicks’.
Es por ello que García concluye que ‘el trabajo que hizo la empresa fantasma no está valorado ni en $1,000’.
Pero la historia de contrataciones sospechosas no termina allí.
En agosto de 2012, la Defensoría del Pueblo se comprometió de forma directa con la empresa En Avant, S. A. por $200 mil dólares en concepto de consultoría para capacitar a su personal en la atención al cliente.
La directora ejecutiva de la Alianza pro Justicia, Magaly Castillo, cuestionó la labor de Portugal: ‘No entendemos por qué se despilfarra medio millón de dólares para contratar a empresas que ayuden a mejorar la imagen y mejorar el trato al cliente, si lo que la institución tiene que hacer es defender los derechos humanos’.
La junta directiva de esta compañía está integrada por la madre del dueño de Imaginarium Studio, Jazmine Ramírez, jefa de Compras de la Caja de Seguro Social, y según lo publicado por el diario La Prensa, subcontrató los servicios que debía prestarle a la Defensoría por el 3% de lo pactado: 6 mil dólares.
En medio del escándalo, Portugal decidió, a título personal, exigirle al Estado el reembolso de $1654 por gastos médicos en clínicas privadas.
Portugal aduce que sus males de salud habían sido producto de lo ventilado en el caso ‘Heliodoro Portugal vs Panamá’, juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008.
La Cancillería rechazó su petición, pero la indignación por la noticia continúa haciendo eco en la opinión de los que debiesen ser defendidos por ella, y que hoy exigen su renuncia inmediata.
Y es que de la Asamblea Nacional y del pueblo que en teoría debe defender, piden que rinda cuentas por los escándalos económicos en los que se ha visto involucrada.
Miles de dólares en contratos e incluso la intención de que el Estado panameño pague por sus facturas de medicina privada han sido motivo para que la defensora del Pueblo sea criticada hasta tal punto, que ya más que una explicación, la petición que prevalece entre grupos organizados y la sociedad civil es que se prescinda de su cargo.
El 2 de julio se reunieron 25 organizaciones defensoras de los derechos humanos y de diversa índole no gubernamentales para exigir la actuación de la Contraloría General de la República en el caso y expresar su ‘indig nación por la forma como se despilfarra recursos del Estado’.
Las redes sociales están llenas de referencias al caso de Portugal y cientos de usuarios pidiendo que ‘renuncie’.
La directora del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, Angélica Maitín, se refirió a Portugal como ‘la peor defensora del Pueblo que hemos tenido’ y, ayer, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia, Abigail Benzadón, criticó la solicitud de reembolso por gastos médicos que Portugal hizo en junio a la Cancillería.
Además, Benzadón es la autora de una de las denuncias que tiene la defensora del Pueblo en el Ministerio Público por malos manejos en contratación.
Sin embargo, Portugal se resiste a su dimisión y se defiende insistiendo en que no tiene ‘nada que temer’, y llegó a decir que le ‘parece hasta barato’ el desembolso de miles de dólares en con tratos que por irregulares, podrían estar violando la Ley de Contrataciones Públicas.
El 14 de marzo de 2012, la Defensoría del Pueblo otorgó un contrato directo a la compañía Imaginarium Studio de $249 mil 845 dólares por servicios de rediseño de su página web y el logo de la institución.
Dicha compañía fue inscrita en el Registro Público el 24 de noviembre de 2011, y cuatro meses después, el 14 de marzo de 2012, se le adjudicó a través del portal PanamáCompras el contrato para realizar servicios de diseño gráfico, que juzgando por los resultados, expertos concluyen que no debieron costar más de $1,000.
Según el desarrollador de páginas web y aplicaciones móviles Demóstenes García, ‘el sitio fue hecho utilizando Joomla, un gestor de manejo de contenidos gratuito y de código abierto’ y el diseño, con una herramienta llamada Artisteer, que es utilizada en este tipo de plataformas para crear con ‘un par de clicks’.
Es por ello que García concluye que ‘el trabajo que hizo la empresa fantasma no está valorado ni en $1,000’.
Pero la historia de contrataciones sospechosas no termina allí.
En agosto de 2012, la Defensoría del Pueblo se comprometió de forma directa con la empresa En Avant, S. A. por $200 mil dólares en concepto de consultoría para capacitar a su personal en la atención al cliente.
La directora ejecutiva de la Alianza pro Justicia, Magaly Castillo, cuestionó la labor de Portugal: ‘No entendemos por qué se despilfarra medio millón de dólares para contratar a empresas que ayuden a mejorar la imagen y mejorar el trato al cliente, si lo que la institución tiene que hacer es defender los derechos humanos’.
La junta directiva de esta compañía está integrada por la madre del dueño de Imaginarium Studio, Jazmine Ramírez, jefa de Compras de la Caja de Seguro Social, y según lo publicado por el diario La Prensa, subcontrató los servicios que debía prestarle a la Defensoría por el 3% de lo pactado: 6 mil dólares.
En medio del escándalo, Portugal decidió, a título personal, exigirle al Estado el reembolso de $1654 por gastos médicos en clínicas privadas.
Portugal aduce que sus males de salud habían sido producto de lo ventilado en el caso ‘Heliodoro Portugal vs Panamá’, juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008.
La Cancillería rechazó su petición, pero la indignación por la noticia continúa haciendo eco en la opinión de los que debiesen ser defendidos por ella, y que hoy exigen su renuncia inmediata.
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