Proyectos hidroeléctricos deben ir a consulta popular
Se acordó suspender temporalmente el proyecto
hidroeléctrico de Barro Blanco, que desarrolla en los límites de la
comarca la empresa Genisa.
isidro Rodríguez flor bocharel
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DIÁLOGO.
Indígenas y Gobierno, con la mediación de la Iglesia católica
representada por el sacerdote Eusebio Muñoz, avanzaron en acuerdos en la
mesa que discute la redacción del artículo 5 del proyecto de ley 415.
LA PRENSA/Jorge Fernández
El diálogo entre indígenas y el Gobierno logró avanzar con
acuerdos en varios temas críticos con respecto a los proyectos
hidroeléctricos y mineros en la comarca Ngäbe Buglé.
Tras el tercer día de sesiones en la sede de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), en la Ciudad del Saber, las partes acordaron
avances en la mesa que redacta el artículo 5 del proyecto de ley 415,
que establece la cancelación de todas las concesiones otorgadas a
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la
exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca Ngäbe
Buglé y áreas anexas.
En este tema se acordó que todas las solicitudes de proyectos
hidroeléctricos ubicados total o parcialmente dentro de la comarca Ngäbe
Buglé y áreas anexas, deberán contar con la aprobación del pleno del
congreso general, regional o local, y posteriormente deben ser sometidos
a un referendo en la respectiva circunscripción comarcal, regional o
local.
También se acordó en la sesión (que se extendió por cuatro horas)
reconocer el derecho de la comarca con relación al manejo y
aprovechamiento tradicional sostenible de los recursos naturales
renovables, ubicados dentro de esa región. Estos recursos deberán
utilizarse de acuerdo con los fines de protección y conservación del
ambiente, establecidos en la Constitución y demás leyes nacionales.
La cacica general y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos
Naturales deben realizar las consultas para precisar los beneficios que
recibirán las comunidades una vez aprobados los proyectos, indicó el
obispo José Luis Lacunza, después de dar lectura a un comunicado
conjunto sobre los acuerdos alcanzados.
Lo relativo al ambiente y a los recursos naturales existentes en la
comarca y las áreas anexas será coordinado entre la Autoridad Nacional
del Ambiente (Anam) y las autoridades tradicionales del pueblo Ngäbe
Buglé, señala el acuerdo.
cancelan concesiones
Los indígenas y el Gobierno reiteraron su acuerdo de suspender todas
las concesiones otorgadas y vigentes para la exploración y explotación
de los recursos minerales en la comarca Ngäbe Buglé y áreas anexas.
Suspenden Barro Blanco temporalmente
La mesa que discute sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco
acordó suspender temporalmente los trabajos de la obra, mientras se
realice un peritaje independiente.
El proyecto es llevado a cabo por la empresa Genisa, cerca de los
límites de la comarca Ngäbe Buglé. La inversión del proyecto es de 120
millones de dólares.
El peritaje independiente se hará posterior a la revisión técnica del estudio de impacto ambiental (EIA).
La revisión del EIA incluye el análisis detallado de la información
recogida en el EIA, invitación al equipo de consultores que realizó el
EIA para una presentación técnica a la mesa y revisión del plan de
manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Ambiente del diálogo
El diálogo transcurrió con el cumplimiento de las reglas acordadas.
No hubo pronunciamiento por las partes y tampoco acceso de los medios a
las reuniones. Solo para fotografías.
Receso de una semana
El diálogo se reaunudará el lunes 12 de marzo próximo a las 10:00
a.m., según lo acordado. La dirigencia indígena pidió el receso porque
asistirá al Congreso General, que se efectuará del 5 al 7 de marzo y que
reunirá a más de 8 mil indígenas en Llano Tugrí, para conmemorar el
décimo quinto aniversario de la promulgación de la ley que creó la
comarca Ngäbe Buglé.
Protestas en San Félix
Un grupo de indígenas liderado por la cacica suplente Mijita Andrade
cerró en la tarde de ayer un paño de la vía Interamericana a la altura
de San Félix, Chiriquí, para manifestar su oposición al receso en el
diálogo entre indígenas y el Gobierno, acordado en la capital.
Según la cacica suplente no hay ambiente para celebrar el aniversario
de la comarca. En un comunicado, la cacica suplente manifestó su
repudio al receso acordado, “ya que la población tiene más de un mes
apostada, día y noche a orillas de la vía Interamericana, en diferentes
puntos del país en espera de una respuesta en la mesa del diálogo
referente al artículo 5 de la ley 415”.
“La población perteneciente a la base cero (San Félix) solicita que
se continúe con la mesa del diálogo, sin ningún tipo de receso, de lo
contrario activaremos, mediante cierres y piquetes, diferentes medidas
de presión”, expresa el comunicado.
Francisco Miranda, cacique local de Nole Duima, y dirigente de la
base de San Félix, dijo que la acción de la cacica suplente carecía de
validez y que no obedece a un mandato de la cacica general Silvia
Carrera.
Denunció que la acción busca dividir el movimiento indígena.
Congreso del 5 al 7
Desde ayer empezaron a viajar hacia Llano Tugrí la dirigencia
indígena y la población para el Congreso General. La cacica general
Silvia Carrera confirmó su participación en el evento.
Trascendió que uno de los polémicos temas a tratar en el Congreso
General será el de los resultados del diálogo, además de que analizarán
posibles sanciones contra el presidente del congreso general, Edilberto
Sánchez, que negoció a finales de enero pasado con representantes del
Gobierno sin tener el aval de la cacica general.
Padre Eusebio muñoz (mediador)
Perfil.
41 años de edad. Sociólogo de profesión, tres años de ser sacerdote.
Párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en
Torrijos-Carter. Director de evangelización y vocero de la Arquidiócesis
de Panamá. Se estrenó como mediador en la mesa del diálogo por la
polémica ley 30. Antes de ser sacerdote, Muñoz fue candidato a diputado
por el circuito 8-9 por el Partido Solidaridad.
Piden investigar violaciones contra indígenas
Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos del
país solicitaron ayer al Ministerio Público que investigue la
utilización de armas letales, uso de buses del Estado y violaciones
sexuales, entre otras irregularidades supuestamente cometidas por
miembros de la Policía Nacional contra indígenas ngäbe buglé en las
manifestaciones de febrero pasado en Chiriquí y Veraguas.
Los denunciantes enumeran, al menos, 15 distintas violaciones de los
derechos humanos, como la aplicación de tácticas militares y armas
letales por parte del Estado, así como la utilización de buses del
Ministerio de Educación para trasladar a indígenas detenidos. También se
hace referencia a los crímenes de Jerónimo Rodríguez y un menor de
edad, al igual que a actos de violencia sexual contra mujeres indígenas,
y arrestos en hospitales. Arsenio Valiente, vocero de esta comisión que
aglutina a Alianza Ciudadana, Justicia y Paz, entre otras, también
solicitó se forme una comisión de alto nivel para analizar estos hechos.
En tanto, la Fiscalía Delegada de San Felipe empezó las
investigaciones de lo sucedido el pasado 1 de marzo en la Asamblea,
donde cuatro indígenas resultaron heridos de perdigones.
El hecho es investigado de oficio por el delito de lesiones
personales; ya declararon los cuatro heridos y se pidió el video de
seguridad a la Asamblea.
Elio Núñez
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