martes, 13 de marzo de 2012


Las claras huellas de Anabelle Villamonte en Juan Hombrón

La Contraloría General de la República ordenó el año pasado una auditoría a los expedientes de la Anati sobre la titulación de tierras en Juan Hombrón, en la provincia de Coclé. Los funcionarios concluyeron que hay una lesión contra el Estado panameño de alrededor de 1.7 millón de dólares. Hasta el momento existen cerca de 50 personas vinculadas a esta investigación.
LINA VEGA ABAD EDUARDO MENDOZA
 
TITULACIONES. Anabelle Villamonte enfrentará al Tribunal de Cuentas por los títulos cedidos gratuitamente
El 15 de noviembre de 2011, Anabelle Villamonte Murgas, la hoy exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), fue citada por la Contraloría General para que explicara su papel en el proceso de titulación de 54 hectáreas con frente de mar en la comunidad coclesana de Juan Hombrón.

Los funcionarios de la entidad fiscalizadora querían saber por qué había titulado, adjudicado y adquirido “terrenos que no cumplían con los trámites y requisitos de la Ley 80 de 2009”. No fue posible; Villamonte ignoró la citación.

Pero el silencio de la principal protagonista de lo sucedido en Juan Hombrón, no impidió que los auditores pudieran seguir los rastros de Villamonte, así como de un grupo de personas que participó en el rápido y singular proceso de titulación de tierras, ratificando en informes que ya están en manos del Tribunal de Cuentas, lo publicado por este diario en octubre pasado.

Los hallazgos
La principal conclusión a la que llegaron los funcionarios de la Contraloría es que las tierras tituladas por Villamonte eran “inadjudicables” por ley al ser áreas protegidas, produciéndose, además, un “posible perjuicio económico por el uso inapropiado de tierras nacionales”, por un millón 787 mil 362 dólares.
Sin embargo, la lista de sociedades anónimas y personas naturales citadas en el informe de Contraloría no incluye a la sociedad Complete Properties, Inc., que también obtuvo gratuitamente tierras en Juan Hombrón. En consecuencia, el perjuicio económico para la Nación es mayor.

Las adjudicaciones se hicieron, además, sin la intervención de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que es la institución competente en materia de áreas protegidas. Por el contrario, sí cuentan con el sello de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), que no objetó ninguno de los procesos de titulación.

Incluso, los funcionarios involucrados en la expedición de certificados de derechos posesorios y su posterior titulación en el área de Juan Hombrón ignoraron una petición de la Anam que advirtió que se trataba de zona de manglar y, en consecuencia, área protegida.

¿Cómo fue esto posible? Los auditores de Contraloría hacen hincapié en la inexistencia de manuales de procedimiento para la adjudicación de tierras nacionales; y agregan, “esta situación es ocasionada por la falta de gestión por parte del administrador general de Anati” que, al momento de los hechos, era Alejandro Castillero.

La ausencia de manuales de procedimiento citada por los auditores queda también en evidencia con la participación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en el proceso de titulación.
A pesar de que se trata de un paso obligatorio, los auditores de Contraloría encontraron de todo: expedientes en los que consta la opinión del Miviot exigiendo la aprobación de Anam o ARAP, y expedientes sin este trámite.

Sin planos
Otra sorpresa aguardaba a los funcionarios de Contraloría en su investigación: los planos de las fincas adjudicadas no están en los expedientes de la Anati, lo que dificultó hacer las verificaciones en campo relacionadas con el tamaño de los lotes y sus colindantes.

En consecuencia, los auditores solicitaron a la Administración Regional de Coclé de la Anati copia de los planos correspondientes a las 14 fincas que fueron cedidas gratuitamente en Juan Hombrón. Algunos fueron entregados, mientras que otros aún son buscados por personal de la Anati, según detalla el informe de Contraloría.

Los pocos planos encontrados presentaban deficiencias técnicas, diferencias de metraje que provocan traslapes o inconsistencias en la determinación de la línea de alta marea.

Estos problemas en los planos no fueron detectados por los funcionarios de la Anati al hacer las obligatorias inspecciones en el área.

Por el contrario, las inspecciones hechas por los auditores de Contraloría evidenciaron que parte del área finalmente adjudicada de algunas de las fincas se inunda con la crecida de la marea, formando parte del estero existente en el área.

Igualmente, citan los auditores, restos de huevos de tortuga y plantones de mangle avanzando hacia el mar.
En realidad, según constataron los auditores, el manejo de estos expedientes en la Anati fue inadecuado en más de una forma (hojas foliadas en blanco, falta de documentación, diferencias entre unos y otros, ausencia de orden lógico, etc.).

Incluso, hasta hoy un expediente sigue sin aparecer: el relativo a un terreno en el área de Juan Hombrón titulado a nombre de Anabelle Villamonte. “Hemos girado instrucción para que se ubique e investigue el estatus de dicho expediente”, le respondió el actual director de la anati, Franklin Oduber a los auditores de Contraloría.

Finalmente, el informe deja plasmado las complicidades de los involucrados en el proceso, al identificar que unas “mismas personas son cedentes de terrenos y accionistas en diferentes sociedades anónimas...”.
Igualmente se destaca el proceso de fraccionamiento de las fincas que permitió justificar las titulaciones gratuitas. Y en esta violación al artículo 9 de la Ley 80 de 2009, los auditores apuntan el dedo acusador hacia la ex directora de Titulación de la Anati.

En ese mismo sentido, uno de los testimonios recogidos por los auditores de Contraloría entre los funcionarios que participaron en el proceso de titulación, da luces sobre lo sucedido: “...esos planos [de Juan Hombrón] eran un caso especial que llegó de la regional de Coclé, que les dieron la orden de aprobarlos rápido...”.

Nombres y hechos
Como se contó en su momento, Villamonte no solo fue la funcionaria que aprobó las adjudicaciones gratuitas en Juan Hombrón; también fue la abogada que presentó las solicitudes de esas titulaciones antes de su nombramiento como directora de Catastro primero y Titulación de la Anati después.

Este hecho es destacado en el informe de Contraloría, así como la vinculación de varios otros funcionarios.
Es el caso de los topógrafos de la Dirección de Regulación y Titulación de la Anati, Eric Rovira, Erasmo Martínez, Rafael Valderrama, Lidalia Ortega, José De Bello, Jairo Rodríguez, Alcides De León; el jefe del Departamento de Cartografía de Coclé de la Anati, ldsy Aparicio; el jefe regional de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, Ezequiel Jaén; el alcalde de Coclé, Jorge Cáceres; los exfuncionarios de la Anati y Arap en Coclé, Calazán Pérez, Marysabel Brennan y Jaime Diez. (Ver cuadro).
El informe también hace señalamientos sobre la “falta de supervisión” por parte de la Dirección Nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica de la Anati, sin mencionar el nombre del funcionario a cargo.

Sin embargo, el documento cita repetidamente a Eric Lamboglia, como jefe del Departamento Jurídico.

Igualmente se señala a un número plural de personas que participaron en el proceso de cesión y venta de los derechos posesorios.

Los auditores también dejaron constancia en su informe de los rápidos traspasos de las fincas obtenidas gratuitamente a otras sociedades anónimas, hasta completar el círculo que, como declaró el abogado Luis Fonseca, puso en manos de los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, las 54 hectáreas de Juan Hombrón.
(Con información de Ereida Prieto).

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