En Panamá Iglesias confirman la falta de derechos constitucionales y aplicación de tácticas militares contra indígenas
CARLOS ANEL CORDERO
Recomiendan la conformación de
comisión de seguimiento penal para tratar de garantizar la transparencia
e independencia de las investigaciones que realizan las autoridades
judiciales
 |
| REPRESIÓN. Enviados de las iglesias y organismos de derechos humanos visitaron el área para recabar pruebas y testimonios. Foto: Archivo | La Estrella |
PANAMÁ. Las principales iglesias del país, así como las organizaciones
de derechos humanos, confirmaron a través de un informe de más de
treinta páginas que durante las protestas indígenas en Chiriquí y la
comarca Ngäbe-Buglé hubo violación a por lo menos quince derechos
humanos de los manifestantes, entre otros abusos.
Denunciaron además que existen indicios de que el Estado para reprimir las protestas utilizó ‘tácticas militares, armas letales y armas no letales en forma letal’.
Las conclusiones de estas organizaciones, se fundamentan en investigaciones de campo realizadas entre el 10 y 13 de febrero, periodo durante el cual recolectaron testimonios con las personas que fueron afectadas, fotografías, vídeos y copias de documentos.
Además del aval de las iglesias, el informe está firmado por representantes de la Comisión de Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana por Justicia, Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Centro de Incidencia Ambiental.
Durante la visita a las áreas del conflicto, los organismos concluyeron que no existen indicios de que los manifestantes hayan utilizado armas letales. ‘Sólo usaron piedras y palos’.
Se menciona que las personas detenidas -un alto porcentaje mujeres y menores de edad- fueron trasladados en autobuses del Ministerio de Educación en los cuales se les mantuvo por más de 24 horas privados de su libertad, sin agua, alimentos, ni hacer uso de baños para sus necesidades.
RECLAMAN COMISIÓN PENAL
Tras confirmar las violaciones a los derechos de los manifestantes, ‘demandaron justicia, una investigación transparente y la reparación del daño causado a las víctimas’.
Reclaman la constitución de una comisión penal para dar seguimiento a los expedientes y garantizar la transparencia de las investigaciones, así como la seguridad de las víctimas.
Esta investigación confirmó además la denuncia hecha por La Estrella sobre la violación sexual de por lo menos dos mujeres indígenas, una de las cuales fue presuntamente en perjuicio una menor de edad.
Magalay Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia confirmó que el informe es avalado por la mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos en Panamá, el Comité Ecuménico -que reune las iglesias cristianas en Panamá- y la Iglesia Católica a través de la Comisión de Justicia y Paz.
RECLAMOS INTERNACIONALES
La Comisión recomendó constituir una comisión internacional, la cual solicitaría medidas urgentes a los órganos del control y corroborar si se cometieron delitos contra la humanidad y los derechos indígenas de las población indígena,
Además sugieren tomar el caso de las represión contra los indígenas como ‘emblemático’ para llamar la atención de sobre la crisis de la institucionalidad que se vive en la democracia panameña y el tema de los derechos humanos .
Denunciaron además que existen indicios de que el Estado para reprimir las protestas utilizó ‘tácticas militares, armas letales y armas no letales en forma letal’.
Las conclusiones de estas organizaciones, se fundamentan en investigaciones de campo realizadas entre el 10 y 13 de febrero, periodo durante el cual recolectaron testimonios con las personas que fueron afectadas, fotografías, vídeos y copias de documentos.
Además del aval de las iglesias, el informe está firmado por representantes de la Comisión de Justicia y Paz, la Alianza Ciudadana por Justicia, Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Centro de Incidencia Ambiental.
Durante la visita a las áreas del conflicto, los organismos concluyeron que no existen indicios de que los manifestantes hayan utilizado armas letales. ‘Sólo usaron piedras y palos’.
Se menciona que las personas detenidas -un alto porcentaje mujeres y menores de edad- fueron trasladados en autobuses del Ministerio de Educación en los cuales se les mantuvo por más de 24 horas privados de su libertad, sin agua, alimentos, ni hacer uso de baños para sus necesidades.
RECLAMAN COMISIÓN PENAL
Tras confirmar las violaciones a los derechos de los manifestantes, ‘demandaron justicia, una investigación transparente y la reparación del daño causado a las víctimas’.
Reclaman la constitución de una comisión penal para dar seguimiento a los expedientes y garantizar la transparencia de las investigaciones, así como la seguridad de las víctimas.
Esta investigación confirmó además la denuncia hecha por La Estrella sobre la violación sexual de por lo menos dos mujeres indígenas, una de las cuales fue presuntamente en perjuicio una menor de edad.
Magalay Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia confirmó que el informe es avalado por la mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos en Panamá, el Comité Ecuménico -que reune las iglesias cristianas en Panamá- y la Iglesia Católica a través de la Comisión de Justicia y Paz.
RECLAMOS INTERNACIONALES
La Comisión recomendó constituir una comisión internacional, la cual solicitaría medidas urgentes a los órganos del control y corroborar si se cometieron delitos contra la humanidad y los derechos indígenas de las población indígena,
Además sugieren tomar el caso de las represión contra los indígenas como ‘emblemático’ para llamar la atención de sobre la crisis de la institucionalidad que se vive en la democracia panameña y el tema de los derechos humanos .
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