Mulino confirmó coacción y retrocede como el cangrejo.

De acuerdo con el funcionario, el subdirector de la PN le dijo que si no retiraba el proyecto, las tropas podían cerrar filas contra él.

Elio Núñez

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HACIA ATRÁS. Aunque hace pocos días consideró su actuación como ilegal e inconstitucional, Mulino calificó ayer a Gustavo Pérez como su amigo y le tendió la mano. LA PRENSA/Ana Rentería

 

Al confirmar ayer que se queda en el Gabinete, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo que el subdirector de la Policía Nacional (PN), comisionado Eduardo Serracín, y una funcionaria de dicha entidad intentaron coaccionarlo para que echara para atrás el proyecto de ley que crea una oficina única de asuntos internos para la fuerza pública, so pena de que la tropa “cerrara filas” en su contra.

En efecto, Mulino confirmó ayer que Serracín y la jefa de la Dirección de Responsabilidad Profesional, Kauris Amador, lo visitaron en su despacho la semana pasada, pero no detalló qué día.

Precisó que ambos funcionarios le advirtieron que si seguía adelante con el referido proyecto de ley, las tropas podrían “cerrar filas”, a lo que él reaccionó airado.

“Quiero entender que no quiso decir lo que me dijo, pero tampoco se lo iba a tolerar a ella ni a Serracín”, expresó.

Mulino señaló, pese a la gravedad del hecho, que no ejercerá ninguna acción contra los funcionarios, pues ello compete al nuevo director de la PN, Julio Moltó.

De acuerdo con el artículo 57 del Decreto Ejecutivo 204 del 3 de septiembre de 1997, que reglamenta la Ley Orgánica de la PN, las sanciones contra el subdirector recaen en el Presidente de la República, el ministro de Gobierno y Justicia, el director de la institución, [y] las juntas disciplinarias.

“Repito, yo nunca me he metido en el día a día de la PN ni en quién ponen ni quitan”, agregó.

Informó que hoy espera reunirse con Moltó, a quien calificó como “una persona con entereza, que tiene capacidad y honestidad”, así como con los otros jefes de los estamentos de seguridad, para coordinar la nueva etapa de trabajo.

De vuelta

En tanto, justificó la decisión de reconsiderar su renuncia en el impacto que, a su juicio, causó la carta entregada al presidente, Ricardo Martinelli, por lo cual dijo sentirse satisfecho.

En dicha misiva, Mulino precisaba que la actuación del director de la PN, Gustavo Pérez, el jueves 8 de marzo pasado fue “sencillamente inaceptable, ilegal e inconstitucional”, y advirtió del peligro para la democracia si se le permitía seguir actuando de esa forma.

Ayer, sin embargo, se refirió a Pérez como a un “amigo” y aclaró que las diferencias con este fueron institucionales, por lo que le ofreció su “mano amiga como persona”.

Y al preguntársele sobre el trato que en lo profesional deberá tener con Pérez, designado como nuevo secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, el ministro precisó que esta entidad no está bajo el éjida de la cartera que él dirige.

Descartó la posibilidad de que tenga otro percance con Pérez. “No tiene porque haberlo. Él maneja un organismo de inteligencia muy pequeño y limitado, alejado de mi ministerio”, dijo.

Reconoció lo polémica que ha sido su gestión, pero se justificó al señalar que sabía que combatir la delincuencia asociada al narcotráfico le daría problemas. “Eso venía con el cargo y nunca dudé en hacerlo bien, con el apoyo de la fuerza pública”, dijo.

Aclaró, además, que cuando dijo que no era hombre de renuncias lo hizo en “un clima de perversidad por parte de políticos que emitieron comentarios relativos al tema de los radares”.

Reacciones

La exministra de Gobierno y Justicia Olga Gólcher consideró que la decisión de Mulino de quedarse en el cargo es denigrante para la profesión de abogado y para un cargo público como ese. “Es algo sorprendente, porque incluso en su carta mencionó que Pérez había faltado a la institucionalidad y mencionó cargos”, opinó.

También consideró que Pérez fue premiado al ser nombrado jefe del Consejo de Seguridad.

Por su parte, el exjefe de esa entidad Pablo Quintero dijo respetar la decisión de Mulino, pero aclaró que no le sorprende, porque el gobierno “siempre dice una cosa y se sale con otra”.

Mediante un comunicado, la Asamblea Ciudadana criticó a Mulino y consideró que este le debe una explicación al país, que creyó en sus denuncias, en el sentido de la ilegalidad de la actuación de Gustavo Pérez.

“Con su postura, se convierte en cómplice de la conducta delictiva de Pérez, que él mismo denunció”, dijo.

Apede pide al gobierno respetar la ´Constitución´

Al tocar el tema sobre la insubordinación del director de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, frente al proyecto de ley impulsado por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, para la creación de una oficina única de asuntos internos, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió al gobierno respetar la Constitución y preservar los principios de la institucionalidad y la gobernabilidad.

A través de un comunicado, la Apede indicó que la Carta Magna es muy clara al señalar que “los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva”.

La organización precisó, además, que el Consejo de Gabinete es una instancia respaldada por la Constitución y la ley para adelantar iniciativas como la presentada por Mulino, por lo que la forma como se le contravino “no es la formal en un estado de derecho”.