Los correos, las propuestas y las cifras de un contrato (la secuela del convenio con Finmeccanica)
La figura del administrador del Canal parecía interesarle a Valter Lavítola, pieza clave en la negociación con Finmeccanica.
SANTIAGO CUMBRERA
EREIDA PRIETO-BARREIRO
“Parece que ahora divulgar correos privados no riñe contra la ley. Ahora sí se podrán saber muchas interioridades antes desconocidas”.
En uno de los correos citados por Herrera, Lavítola identifica al presidente Martinelli como “capo”.
“Eso no es un tema de cariño ni de respeto, en Panamá esa palabra tiene otra connotación” sostuvo Herrera, al tiempo que pidió la suspensión del contrato con el grupo Finmeccanica, con el que el Gobierno panameño contrató la compra de 19 radares, 6 helicópteros y una cartografía.
Este comentario de la dirigente opositora provocó el segundo mensaje del Presidente en la mañana de ayer: “capo en italiano significa jefe o presidente”, que produjo múltiples críticas de sus seguidores en Twitter.
No sería el último mensaje que colgara ayer en la popular red social el mandatario, quien se encuentra en México participando de la décimo segunda Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en Mérida.
EL CANAL, EN LA MIRA
Herrera, que declaró que tuvo acceso a los correos electrónicos por una persona a quien no identificó, también hizo público el contenido de otras comunicaciones entre Lavítola y Adolfo De Obarrio, secretario privado del presidente Martinelli.
En una de ellas, con fecha del 2 de junio de 2011, Lavítola le dice a De Obarrio que “Tra un agno tiene Che facer el nuevo administrador del Canal. Saria bueno empensar a piensar chi poderia esser un buen candidato e quale al capo le gustaría mas”.
Es decir: “En un año debe haber un nuevo administrador del Canal. Sería bueno empezar a pensar quién podría ser un buen candidato que le gustase al capo”.
Al respecto del mensaje de Lavítola sobre el relevo del administrador del Canal, se destaca una coincidencia. En agosto pasado –dos meses después de la comunicación de Lavítola– el presidente Martinelli hizo público su deseo de modificar la ley que rige la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para cambiar las reglas relacionadas con el período de su administrador.
¿Guarda relación la anunciada intención del presidente de modificar las reglas de la ACP con el mensaje de Lavítola?
Este diario intentó obtener una respuesta del mandatario, a quien se le envió un cuestionario, y que al cierre de esta edición no había respondido.
Por el contrario, sí hubo reacción a lo sucedido hoy por parte de la secretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, Ana Belfon, quien presentó ante el Ministerio Público una denuncia de “hechos que presumiblemente se constituyen en hechos delictivos... en razón de la divulgación de información presumiblemente contenida en el correo oficial y/o personal del Presidente de la República; información cuyos orígenes, contenido, procedencia o autenticidad se desconoce”.
En su denuncia, Belfon argumenta que se pudo violar el Título II del Código Penal que guarda relación con los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. “Al constituirse tales correos como una prueba ilícita, no existe ninguna certeza sobre la autenticidad del contenido de los mismos...”, argumentó la funcionaria.
CONTRATO y CIFRAS
Balbina Herrera también mostró ayer lo que ha sido hasta ahora información clasificada como confidencial por el Gobierno: el contrato con Finmeccanica que fue enviado al Citibank de Londres para conseguir el financiamiento requerido.
“Este es el contrato que el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y el Gobierno se han negado a revelar al pueblo panameño... no se puede sobrepasar los 185 millones de euros, es decir, 250 millones de dólares, cuando el Gobierno panameño mencionaba que era de más de 300 millones de dólares”, afirmó Herrera.
Lo cierto es que hasta ayer la información sobre los montos de los contratos firmados por el Gobierno de Panamá y las empresas italianas AugustaWestland, Selex, así como la argentina Telespazio pertenecientes al grupo Finmeccanica, era confusa.
En medio de esa incertidumbre, el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que aseguró que la cifra es de 252 millones 792 mil 517 dólares. Es decir, $67.2 millones por debajo de los $320 millones, que fue el dato proporcionado por el ministro Mulino durante una entrevista con el diario La Estrella de Panamá el 8 de noviembre pasado.
“....en total son 200 millones de euros. Más el financiamiento y los otros gastos, alrededor de 320 millones de dólares”, fue el dato proporcionado por Mulino en la citada entrevista.
Sin embargo, el 14 de septiembre, cuando Mulino acudió a la Asamblea a responder las inquietudes de los diputados en materia de seguridad, dijo que “el tope son 250 millones de dólares....”.
También ayer Mulino hablo de cifras y aseguró que el monto de los contratos es de $242 millones (ver nota relacionada).
Finalmente, el ministro De Lima afirmó que el financiamiento fue un tema manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que habría que “preguntar a los ministros de Seguridad y de Obras Públicas [Federico Suárez] si se les informó que si estas empresas iban a estar pagando comisión, tengo entendido que no (sic)”.
“El Gobierno Nacional acordó con empresas italianas, donde el Gobierno italiano es accionista, un contrato donde se pactó un precio por la adquisición de estos equipos. Lo que haga la empresa italiana, si paga comisiones, es asunto de ellos allá”, agregó De Lima, en abierta alusión a las noticias provenientes de Italia sobre un supuesto pago de comisiones a una sociedad panameña.
Al ser abordado sobre la ubicación y divulgación de los contratos, De Lima se distanció del tema al indicar que cada uno se encuentra en los ministerios que hicieron las negociaciones y que tenía entendido que el ministro de Seguridad no los revelaría por ser de carácter confidencial.
Los pagos están programados para 2013 y 2014 de acuerdo con el funcionario, quien resaltó que por tratarse de un proyecto denominado “llave en mano”, su pago está presupuestado.
>>> Mulino, relajado y golpeando
Ayer, y tras culminar una gira oficial por Estados Unidos, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, invitó a varios medios de comunicación a un “conversatorio”.
Relajado y haciendo gala de buen humor, Mulino –acompañado de sus asesores y del secretario general del Ministerio, Ventura Vega– se refirió de manera despectiva a varios políticos de oposición, como Balbina Herrera o Pedro Miguel González, que han cuestionado públicamente los contratos con el conglomerado italiano Finmeccanica.
El ministro reiteró lo que ha afirmado en más de una ocasión: que si existen pruebas de corrupción, que se presente la denuncia ante el Ministerio Público, a donde él comparecería “con gusto a presentar toda la documentación a las autoridades competentes”.
No obstante, las especificaciones técnicas de los radares no las hará públicas por tratarse de un tema de seguridad nacional.
Y como sustento a su argumento, volvió a relatar que al solicitar a la empresa Selex las especificaciones de los radares vendidos a Yemen y Turquía para saber si eran iguales a los comprados por Panamá, le informaron que se trataba de información confidencial.
Sin embargo, los comunicados de Selex identifican los radares vendidos a Yemen, Turquía y Panamá de la misma forma: Lyra 50. Este hecho, y el precio mayor pactado por Panamá, provocaron el cuestionamiento público que aún no termina, y que comenzó el diputado Jorge Alberto Rosas.
En relación al monto de los contratos, tema sobre el que ha habido contradicciones y diferencias entre diferentes voceros del Gobierno, Mulino explicó que la autorización dada al Ministerio de Seguridad fue de hasta 200 millones de euros, “pero que no se utilizó la totalidad”.
Ayer, la cifra citada por Mulino para los contratos “llave en mano” fue de 177 millones de euros ($242 millones); monto que aún no ha empezado a pagarse porque todavía los radares no están instalados.
Mulino, además, negó que se hubiese pagado alguna comisión relacionada con estos contratos.
Finalmente, el ministro comentó que los contratos fueron refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, institución que hace una auditoría.
En relación con la información relativa a la asignación de personal del Servicio de Protección Institucional al italiano Valter Lavítola, Mulino se limitó a decir que “no era un hecho punible”, y que la petición de asignarle una escolta se hizo como “representante especial” del Gobierno italiano en función oficial. “Lo que hizo Lavítola después en Italia no es problema nuestro, es de las autoridades de ese país”, agregó.
Al respecto, este diario informó en septiembre pasado que Finmeccanica anunció, a través de un comunicado, que Lavítola había finalizado su contrato como consultor para América Latina en junio de 2011. Ese mes precisamente se firmaba en Panamá, con la presencia de Lavítola, el convenio entre Italia y Panamá que sustenta los millonarios y cuestionados contratos de equipos de seguridad.
Juan Manuel Díaz C.Ereida Prieto-Barreiro
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