Llegada de lanchas, incierta
Este mes se cumplen dos años desde que se habló
por primera vez de las embarcaciones y aún no hay una fecha precisa de
su llegada al país.
Elio Núñez
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Martinelli mostró, en abril pasado, fotos de las patrulleras
bautizadas con los nombres de los expresidentes Endara, Pérez B.,
Moscoso y Torrijos. Tomado de la página web de la Presidencia
Pese a que el presidente, Ricardo Martinelli, anunció el 19
de abril pasado que en “unos 30 días” llegarían al país cuatro de las
seis patrulleras donadas por Italia como parte de los contratos firmados
por Panamá con el conglomerado de ese país Finmeccanica, y aunque ya
transcurrieron dos años desde que se informó al país sobre esa donación,
todavía ayer no había una fecha precisa de la llegada de los equipos al
territorio nacional.
Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que la única
información que se tiene es que las lanchas llegarían a Panamá a finales
de este mes.
El primero que habló de estos equipos fue el canciller Juan Carlos
Varela, al confirmar en mayo de 2010 la agenda de la visita al país del
entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el 30 de junio de
ese año.
Luego, en julio de 2010, el presidente Martinelli confirmó la
donación en un acto en la Policía Nacional; el ministro de Seguridad,
José Raúl Mulino, hizo lo propio en septiembre, y en octubre, el
mandatario volvió a hablar del tema al defender la compra de seis
helicópteros a la empresa Agusta Westland, filial de Finmeccanica.
En abril pasado, Martinelli insistió en que las patrulleras valen más
de 150 millones de euros (191 millones de dólares), pero el empresario
italiano Valter Lavítola declaró el 25 de abril pasado a la Fiscalía de
Nápoles, que lo investiga por corrupción internacional tras el supuesto
pago de sobornos a funcionarios panameños, que las lanchas son “barcas
viejas”, es decir, equipos usados por la Guardia Costera italiana, que
ya estaban en desuso y que tras la firma de los contratos con
Finmeccanica fueron sometidas a un retoque valorado en unos 18 millones
de dólares.
Lavítola fue clave en la firma de los contratos con Finmeccanica.
Según Martinelli, cuatro de las patrulleras llevarán los nombres de
los expresidentes Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya
Moscoso y Martín Torrijos.
Al respecto, Moscoso dijo ayer desconocer que su nombre sería usado
en una de las lanchas, que nadie le había dicho nada, y que no opinaría
sobre el tema. Supuso que el Gobierno le informará en cualquier momento
de la utilización de su nombre.
Luis Carlos Cabezas, abogado de Pérez Balladares, admitió que este ya
sabe del uso de su nombre en una de las patrulleras, pero no dio
detalles sobre lo que opina al respecto su cliente. Quedó en aportar más
detalles, pero al cierre de esta edición no lo había hecho.
Por su parte, Javier Yap, nieto del finado expresidente Endara, dijo
que su familia no ve con buenos ojos el uso del nombre de este en una de
las embarcaciones; y Torrijos no contestó.
El vocero del Ejecutivo, Luis Eduardo Camacho, anunció que la próxima
semana el Gobierno dará detalles respecto a todo lo relacionado con
estos equipos.
Presidente de Svemark confirma sobornos
El presidente de la empresa Svemark en Italia, Antonio Puchica,
confirmó a la radio y televisión de ese país (RAI) que el conglomerado
Finmeccanica los obligaba a pagar coimas para firmar contratos.
Según Puchica, citado ayer por el corresponsal de Radio Panamá en
Italia, Joan Solés, las coimas eran por unos 2.2 millones de euros (2.8
millones de dólares) y se ponían a disposición de Finmeccanica a través
de sociedades en Suiza.
En Panamá, Svemark fue constituida en febrero de 2011 en la Notaría
Cuarta de Panamá, según la escritura 3791, con los siguientes socios:
Mauro Velocci, Sara Gracci y Pablo Pasalacua, este último detenido en
Nápoles en el mismo proceso por corrupción internacional por el cual
está preso Valter Lavítola.
Lavítola fue clave en la negociación entre Panamá y Finmeccanica por
250 millones de dólares, y se le acusa de haber pagado coimas a
funcionarios panameños dentro de una negociación para la construcción de
cárceles modulares en Panamá, que se gestionó con Svemark, pero no se
concretó. Velocci, testigo clave de la Fiscalía de Nápoles, ha dicho que
sí se pagaron sobornos para el negocio de las cárceles en Panamá, pero
las autoridades panameñas lo niegan.
Según Solés, la investigación contra Lavítola por corrupción
internacional casi terminó y por ello la fiscalía autorizó su traslado a
Bari, donde se le acusa por proveer prostitutas para fiestas del ex
primer ministro Silvio Berlusconi. Y también tiene pendiente un proceso
en Roma por el desvío de unos 30 millones de dólares de fondos públicos
hacia el diario Avanti.
Entre las últimas diligencias del caso, la fiscalía napolitana allanó
las oficinas de Svemark en Milán y decomisó documentos y computadoras.
Rafael Luna Noguera
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