Dificultades a la vista en la compra del Corredor Norte
Una carta enviada al ministro de Economía y
Finanzas indica que las sociedades panameñas no cuentan con suficiente
autorización para vender.
ALFONSO ACOSTA P.
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La falta de autorización por parte de los accionistas de Grupo Pycsa
S.A. de C.V. podría generar dificultades en el proceso de compraventa
del Corredor Norte. LA PRENSA/David Mesa
Nuevas complicaciones relacionadas con la compra del
Corredor Norte por parte de la Empresa Nacional de Autopistas S.A. (ENA)
han salido a flote.
La transacción podría adolecer de una falta
de “eficacia jurídica”, según se indica en la copia de una carta
obtenida por La Prensa y que fue dirigida al Ministerio de Economía y
Finanzas por parte de los señores Juan, Jorge y Javier Melgarejo Haddad.
De
hecho, en los documentos corporativos de Pycsa Panamá S.A. aparece un
señor Juan Melgarejo Haddad como previo secretario y director de la
sociedad.
Los Haddad, que se denominan accionistas de la empresa
Grupo Pycsa S.A. de C.V., identifican a las empresas Pycsa International
Ltd., Pycsa Panamá S.A. y Autovías S.A. como subsidiarias de la
compañía mexicana madre, la cual, según ellos, no ha “legítimamente
autorizado la realización de esta transacción”.
Según la carta,
las tres sociedades previamente mencionadas “no detentan la libre
disposición para transmitir por cualquier medio sus activos y/o acciones
al Estado panameño”.
Por lo cual, los supuestos accionistas han
establecido “sendos procesos ante los tribunales de justicia de Estados
Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Panamá”.
La compraventa de los corredores Norte y Sur fue anunciada hace más de dos años por el gobierno de Ricardo Martinelli.
La
primera fase del proyecto de compra, la adquisición del Corredor Sur a
la empresa mexicana ICA, se completó el año pasado por un monto de 420
millones de dólares.
La compra por parte del Gobierno del Corredor
Norte, que completaría lo dispuesto por el Presidente, está
estructurada, en parte, mediante una emisión de bonos de ENA, la cual
aportaría a recaudar los 650 millones de dólares pactados con Pycsa como
precio de compra.
Este tramo de la transacción se ha visto
obstaculizado varias veces por diferencias entre el Gobierno y los
representantes de Pycsa. Y ahora la carta introduciría complicaciones
adicionales en las negociaciones entre el Gobierno y la familia Haddad,
quien sería propietaria de las empresas Pycsa y de la que el
exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino ha comentado que “no
son personas muy fáciles con las cuales tratar”.
En la carta se
indica que el hecho de que Máximo Haddad Abed pretenda “llevar a cabo
la transacción” sin informar al Gobierno panameño de esta situación,
supondría un “engaño”.
Igualmente, se establece que de no llegar a
un acuerdo con el señor Haddad Abed antes del road show o gira de
ventas de la emisión de bonos para financiar la transacción, los señores
Melgarejo Haddad seguirán adoptando las medidas legales necesarias para
“hacer respetar [sus] derechos”.
El titular de Economía y
Finanzas, Frank De Lima, dijo a La Prensa que la situación “es un tema
de los accionistas de la sociedad mexicana”.
Indica que al no
haberse finiquitado la operación, Pycsa tiene pendiente remitir toda la
documentación relativa a las autorizaciones para llevar adecuadamente
el cierre de la transacción.
Igualmente, comentó que debido al
alto nivel de participación de bancos, abogados e inversionistas
internacionales, es dudoso que se proceda sin que todas las partes estén
“cómodas de que se actuó acorde al debido proceso”.
Un abogado
consultado sobre este tema, y que prefirió mantener su nombre en
reserva, indica que la presentación de autorizaciones corporativas por
ambas partes de una transacción es un requisito imprescindible en la
realización de una compraventa efectiva.
También indica que es
necesario que el Gobierno resuelva todas estas dudas durante el proceso
de debida diligencia para evitar cualquier problema litigioso en un
futuro que podría afectar las finanzas públicas.
DATOS FINANCIEROS
Precio de compra del Corredor Sur: $420 millones
Precio pactado por la compra del Corredor Norte: $650 millones
Diferencia entre ambos precios: $230 millones
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