Conversaciones ilegales....
ARISTIDES CAJAR PÁEZ
INTERCEPTACIÓN.
La ley prevé casos específicos en los que las autoridades pueden
ordenar interceptaciones telefónicas. Pero muchos de estos casos han
tomado matices políticos en los últimos 20 años. LA PRENSA/Archivo
El 12 de noviembre de 2002 llegó a distintos medios de
comunicación la copia de un supuesto memorando en el que se la atribuía a
la entonces ministra de la Presidencia, Ivonne Young, haber ordenado la
interceptación de 117 teléfonos de políticos, funcionarios, empresarios
y periodistas.
El revuelo y la indignación fueron inmediatos.
Las primeras investigaciones apuntaban a que se trataba de una
falsificación. La funcionaria negaba haber ordenado tal actuación.
Pronto se estableció que la comunicación había salido de un local
relacionado con el líder del Frente Nacional contra la Corrupción,
Enrique Chito Montenegro. Él lo negó.
Se ordenó la detención preventiva al empresario Jaime Cucalón, dueño
de una empresa de donde supuestamente provino el fax con la falsa
información. El jefe del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis, también
fue llamado a declarar.
Según el señalamiento del Ministerio Público, Jarvis se había negado a
revelar cómo fue que el Consejo determinó el origen del fax con la
supuestamente falsa información.
Jarvis alegaba que la ley le impedía revelar esta fuente.
Enrique Montenegro dijo a mediados de diciembre de 2002 que todo se
había tratado de un montaje del Consejo de Seguridad para desacreditar a
su movimiento.
A comienzos de 2003, Jarvis insistió en que había méritos suficientes
para formular cargos contra los supuestos responsables de la
falsificación.
Pese a que, según sus declaraciones, Montenegro había admitido haber
recibido el “documento” sobre los pinchazos, y reenviarlo, el Juzgado
Segundo Municipal de Panamá dictó un sobreseimiento provisional el 2 de
octubre de 2003 a su favor. Según el Ministerio Público, había
discrepancias entre las declaraciones de Montenegro y las evidencias
halladas.
El 12 de febrero de 2005, el Juzgado Sexto de Circuito sobreseyó a Jaime Cucalón del delito contra la fe pública.
Nadie fue juzgado por este caso.
ANTECEDENTES
En 1991, el presidente Guillermo Endara acusó a su vicepresidente y
entonces ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, de
espiar sus conversaciones privadas. Arias Calderón siempre rechazó esta
acusación.
En 2003 fue Arias Calderón quien dijo que los servicios de
inteligencia de la presidenta Mireya Moscoso le intervenían su teléfono
privado y le pasaban esta información a un periódico local. El entonces
procurador, José Antonio Sossa, antiguo copartidario de Arias Calderón,
dijo que no investigaría el caso de oficio. Arias Calderón también
desistió de interponer una querella, pues dijo que no confiaba en la
independencia del Órgano Judicial.
El hoy ministro de Seguridad y por entonces excanciller, José Raúl
Mulino, había dicho a mediados de noviembre de 2002 que el expresidente
Guillermo Endara “fue en extremo celoso” en lo concerniente a los
pinchazos telefónicos.
Mulino había dicho que era cierto que las desaparecidas Fuerzas de
Defensa habían dejado un equipo para pinchar teléfonos, pero que al
parecer este estuvo dañado mucho tiempo. Y desconocía su uso en ese
momento.
El secretario del Consejo Nacional de Seguridad durante el mandato de
Endara, Menalco Solís, fue acusado reiteradas veces de espiar las
conversaciones telefónicas sin justificación legal.
El 27 de junio de 2006, el hoy presidente de la República, Ricardo
Martinelli, denunció que el secretario ejecutivo del Consejo de
Seguridad Nacional en ese momento, Eric Espinosa, le tenía pinchados
sus teléfonos.
La situación, según Martinelli, lo llevó a comprar teléfonos
celulares “encriptados”, a prueba de pinchazos. El entonces presidente
de la República, Martín Torrijos, dijo que lo afirmado por Martinelli
era “un disparate”.
Sobre el caso, Menalco Solís había dicho que Espinosa fue reclutado
en 1990 y que recibió una “excelente instrucción en inteligencia”, en
Estados Unidos y en Alemania.
El caso no tuvo mayor repercusión.
EL CASO TRISTÁN
En julio de 1996, el abogado Santander Tristán demandó al procurador,
José Antonio Sossa, porque este último había divulgado una conversación
telefónica entre él y un cliente.
La Corte Suprema de Justicia libró de culpa a Sossa, y en cambio el abogado fue acusado de calumnia e injuria.
El abogado fue absuelto en 2005, pero el fallo fue revocado algún
tiempo después por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que lo
condenó a 75 días de cárcel.
Tras agotar las instancias nacionales, Tristán llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 27 de enero de 2009, finalmente la Corte Interamericana condenó al
Estado panameño y ordenó reparar los derechos de Tristán y dejar sin
efecto la condena penal interpuesta en su contra.
También dispuso que se le pagara al abogado la suma de $30 mil en
concepto de reparación de daño inmaterial y costos del proceso.
CASO CEVILLE
Desde 2008, el procurador de la Administración, Oscar Ceville,
habría tenido conocimiento de una serie de interceptaciones efectuadas a
los teléfonos de algunos funcionarios de esa institución ligados a
Alma Montenegro de Fletcher, quien había ocupado el cargo anteriormente.
Los pinchazos habrían sido realizados por el exjefe de seguridad de
Ceville, Jorge Ábrego. Sin embargo, Ábrego dijo públicamente que fue
Ceville quien le encomendó la tarea de interceptar estas comunicaciones,
y que le entregó una suma de casi mil dólares en efectivo para comprar
los equipos necesarios para realizar este trabajo.
El procurador Ceville negó haber ordenado tal trabajo y denunció a su vez a Ábrego, por supuesta “extorsión”.
La Corte ha investigado a Ceville por “faltas a la ética”, en este caso.
EL CASO GÓMEZ
La Procuraduría de la Administración abrió en 2009 una investigación a
la procuradora, Ana Matilde Gómez, tras admitir una denuncia del
exfiscal Arquimedes Sáez, que en 2005 había sido sorprendido en su
residencia recibiendo una supuesta coima en medio de una operación
encubierta.
Según la denuncia de Sáez, la Corte Suprema había fallado el 17 de
julio de 2007 que eran “inconstitucionales” las escuchas telefónicas
ordenadas por Gómez, como parte de la operación encubierta seguida al
exfiscal.
En enero de 2010, la Procuradora fue separada del cargo.
Y el 11 agosto, la Corte condenó a la Procuradora, en una decisión
dividida, a seis meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas
por cuatro años. La condena, conmutable por 4 mil dólares fue pagada en
dinero.
Es, hasta ahora, la única condena conocida por un caso de pinchazos telefónicos.
CONTROVERSIA POR MARÍA DEL PILAR
Protagonista en su país de uno de los mayores escándalos por
interceptaciones telefónicas, funcionaria fiel al gobierno del entonces
presidente, Álvaro Uribe, acusada de supuestamente usar la institución
a su cargo para espiar a políticos y periodistas, María del Pilar
Hurtado resiste en Panamá, en calidad de asilada, la presión de la
justicia y la opinión pública colombianas.
Uribe negó que se hubiera reunido con Hurtado en su última visita al
país, el pasado 30 de marzo, durante su participación en el World
Business Forum organizado por la Asociación de Industriales Lati
noamericanos, el Sindicato de Industriales de Panamá y otros gremios.
Por su parte, el presidente, Ricardo Martinelli, defendió la decisión
de asilar a Hurtado, en la Cumbre de las Américas de jefes de Estado y
de Gobierno en Cartagena de Indias, Colombia, el pasado 15 de abril.
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