Ministra de Trabajo, trabaja amenazando..........!!!

MINISTRA DE TRABAJO, TRABAJA AMENAZANDO.......!!!!

¿Capacitaciones o negocio?

La Universidad Marítima denunció la elección de una empresa relacionada con la construcción, para dictar un curso de operador de lanchas.

Santiago Cumbrera
unidad de investigación
scumbrera@prensa.com

 

Alma Cortés, ministra de Trabajo y una de las más aguerridas dirigentes del oficialista partido Cambio Democrático, reaccionó rápido y fuerte a la investigación hecha por este diario sobre el millonario programa de capacitación juvenil llamado “Mi primer empleo”.

Amenazas directas, acusaciones sobre robo de equipo, utilización de información privada por parte de La Prensa, vinculaciones con comercios que se dedican a la venta de muebles de oficina o acusaciones a empresas de capacitación no identificadas, fueron los alegatos utilizados el lunes 20 y martes 21 por la ministra durante su participación en noticieros radiales y programas de debates televisivos.

Cortés respondía así a los hallazgos de este diario (ver Un negocio llamado ‘Mi primer empleo’ y Formación con sabor a clientelismo oficial, publicados el sábado 18 y domingo 19 de junio pasado), que pusieron en evidencia la contratación de sociedades recientemente creadas y sin experiencia en capacitación; vínculos familiares o profesionales entre algunas empresas contratadas y la ministra; nombres repetidos en sus juntas directivas; oficinas ubicadas en residencias personales o repetición de direcciones, así como el poco impacto del programa que, según datos del propio Ministerio de Trabajo, ha colocado en el mercado laboral a 5 mil jóvenes de los 27 mil capacitados entre 2010 y los meses transcurridos de 2011, tras invertir 21 millones de dólares.

Sin hábitos o actitudes

Uno de los argumentos utilizados por la ministra para defender la contratación de empresas sin experiencia, es la supuesta falta de interés de entidades especializadas. Sin embargo, lo sucedido en una licitación en la que participó la estatal Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), contradice ese argumento.

El 8 de abril de 2011, una empresa dedicada a la construcción de caminos y alquiler de equipo pesado –D&P Ingenieros– obtuvo un contrato por 114 mil dólares para dictar un curso de “Operador de lanchas para embarcaciones menores”, dirigido a 120 jóvenes.

Esta decisión fue impugnada el 19 de abril por la UMIP ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.

La propuesta de la UMIP, por 72 mil dólares, estuvo 42 mil dólares por debajo de la presentada por su competidora. Además, la comisión evaluadora (formada solo por funcionarios del Ministerio de Trabajo) ignoró el hecho de que la UMIP cuenta con instalaciones y capacitadores certificados.

¿Cómo puede una empresa constructora dictar un curso marítimo?, se preguntaba en su impugnación la UMIP, cuyo rector es Luis Ramón Fábrega (ver facsímil).

El pliego de cargos de este acto establecía que las empresas participantes debían ejercer sus actividades en el área marítima, ser idóneas y contar con las aprobaciones, acreditaciones y certificaciones del caso.

La queja de la UMIP deja constancia de que la comisión evaluadora escogió a D&P Ingenieros, a pesar de que ninguno de sus facilitadores acreditó experiencia en la actividad requerida.

“Tampoco se evidencia que estas personas trabajen para esta empresa”, argumentaron los representantes de la universidad, al tiempo que enfatizaban que “nuestros facilitadores están académicamente calificados y todos son docentes de diversas materias del mundo marítimo”.

Como justificación a su escogencia, el Ministerio de Trabajo alegó ante el Tribunal de Contrataciones Públicas que “Mi primer empleo va dirigido a jóvenes con bajo índice de escolaridad, sin experiencia laboral ni hábitos ni actitudes requeridos para un empleo digno, siendo así nuestro principal objetivo el contratar servicios de capacitaciones básicas a corto plazo...”.

La UMIP también se quejó de la puntuación obtenida en objetivos y contenido temático, que fue inferior a la otorgada por la propuesta de D&P Ingenieros. “En nuestra propuesta detallamos los módulos, objetivos específicos y contenido temático con los resultados y beneficios cuantificables esperados cuando se dicta un determinado módulo, lo cual no hicieron otros ofertantes ni el ganador, que recibió en este renglón más puntos”.

“No existe ninguna explicación por parte de la Comisión que no aplicó los criterios de legalidad, objetividad e igualdad de trato de los oferentes”, se añade.

Además de presentar un paz y salvo de la Caja de Seguro Social expirado, la empresa D&P Ingenieros, como un buen número de las contratadas para el programa “Mi primer empleo” es de reciente creación: fue inscrita en el Registro Público el 11 de marzo de 2009.

Cuestionada al respecto, la ministra Cortés se limitó a decir que las empresas que se sientan afectadas, pueden acudir al Tribunal de Contrataciones Públicas.

Misteriosos criterios

Al respecto, otras empresas con experiencia en docencia que pidieron el anonimato por temor a represalias, explicaron a este diario que los criterios que utiliza la comisión evaluadora del Ministerio de Trabajo son un misterio.

“Hemos solicitado que se realicen reuniones de homologación para que todas las empresas participantes tengan claro cuáles son las reglas del juego, pero no ha sido posible”, se quejaron.

“Resulta que la comisión hace su calificación en forma arbitraria, y pone a ganar y saca del juego a quienes le da la gana. Utilizando el resto de los concursantes como justificación de la transparencia del sistema”, agregó otro participante.

Una revisión de las contrataciones del programa “Mi primer empleo” en el portal PanamáCompra, permitió el hallazgo de otra entidad dedicada a la educación que fue rechazada por la comisión evaluadora.

Es el caso del Instituto de Enseñanza Superior Oteima, dedicado a la formación, con instalaciones propias, laboratorio y personal idóneo.

El citado instituto presentó un reclamo luego que el Ministerio de Trabajo adjudicara un contrato por 261 mil dólares a la Fundación de Desarrollo Empresarial y Laboral (Fundel), para dictar un curso de administración de fincas agropecuarias dirigido a 300 jóvenes.

Uno de los fundadores de Fundel es Jeremías Aguilar, socio de David Virzi Jiménez, cuñado del presidente, Ricardo Martinelli.

El centro educativo denunció que Fundel presentó una propuesta que no cumplía con el 10% de la fianza, requisito mínimo obligatorio y, además, no subsanable. La queja fue admitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas que ordenó al Ministerio de Trabajo anular el informe de la comisión y realizar una nueva evaluación técnica a las propuestas.

Tras la decisión de Contrataciones Públicas, la comisión se instaló para revisar las propuestas. Sin embargo, el nuevo análisis no produjo cambio alguno y Fundel mantuvo el contrato.

Rendir cuentas

Tras acusar a La Prensa de haber utilizado la información contenida en un supuesto equipo que había sido hurtado al médico Rubén Moreno –dueño de dos empresas contratadas por el programa “Mi primer emPleo”–, la ministra Cortés hizo dos importantes afirmaciones durante su participación en el noticiero matutino de Telemetro: que le pediría a la Contraloría que hiciera una auditoría del programa, y que estaba haciendo un informe para el presidente Martinelli.

Sobre el informe al mandatario, Cortés aseguró que si comprobaba que había irregularidades, las denunciaría. Un poco antes, sin embargo, le restó importancia al hecho de que su hermana estuviera vinculada a dos de estas empresas.

Al respecto, Angélica Maytín, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, comentó que la ministra Cortés “tiene la obligación de rendir cuentas... Que la hermana de la ministra sea agente residente de dos empresas a las que les adjudicaron contratos, es un evidente conflicto de interés, aunque ella no lo acepte... Le pido a la señora Alma Cortés y a su equipo, en especial a la comisión evaluadora, que desempolve el Código de Ética Uniforme de los Servidores Públicos...” .

La denuncia anónima que dio inicio a la investigación de este diario sobre los contratos de “Mi primer empleo” llegó, justamente, a las oficinas de Transparencia Internacional.

Palabras de la ministra de Trabajo, Alma Cortés

“A Cumbrera le digo, que yo solo le temo a Dios. Que respeto a quienes me respetan, y él no está en esa lista”.

“Me dicen que a este periodista de ‘La Prensa’ lo ven con mucha frecuencia visitando unas empresas en Fursy....y me dije: ‘bueno, aquí no hay nada más que sumar y restar...”.

“Aquí los pobres no se pueden organizar, hacer sus pequeñas empresas y ganarse cursos, porque van contra el statu quo...”.

“La falta de ética de ese diario que está accesando [sic] una información privilegiada por una correspondencia personal custodiada por la ‘Constitución...”, en alusión a un equipo informático que, según la ministra, fue hurtado y llevado a ‘La Prensa’.

“Le pides que te saquen de agente residente [de las empresas contratadas por ‘Mi primer empleo’], porque no quiero problemas con el Presidente y mucho menos que la gente piense que hay suspicacias o conflictos de intereses...”. Esta fue parte de una instrucción que le dio la ministra a su hermana, Sara.

“El presidente [Martinelli] me pidió un informe de este programa, y si estas empresas han mentido al momento de hacer sus declaraciones generales, vamos a denunciarlas en el Ministerio Público”.

“Cumbrera ten cuidado conmigo, mi reputación no tiene precio”.