Lío por nuevas fincas ‘saca presos’
Los vinculados al caso de la ‘narcoavioneta’ usaron como garantía dos fincas que no han sido ubicadas por Catastro.
SANTIAGO CUMBRERAUNIDAD DE INVESTIGACIÓN
scumbrera@prensa.com
Un poco más de un año después de que se conociera la utilización de una finca –cuyo valor fue fraudulentamente alterado– para garantizar la excarcelación de los exministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez, del exingeniero municipal Jaime Salas y otras 10 personas, la historia se repite.
Los protagonistas de este nuevo episodio son la exfiscal de Drogas de Los Santos y Herrera Milagros Valdés, el abogado Alcibiades Ballesteros y la exjefa de Recursos Humanos del Ministerio Público Eva Lorentz, todos vinculados al caso de la llamada “narcoavioneta”.
Los tres presentaron una fianza de $100 mil cada uno, utilizando dos terrenos supuestamente ubicados en la provincia de Coclé que, tras las pesquisas hechas por este diario, están siendo investigados por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales.
Valdés y Ballesteros pusieron como garantía para salir de la cárcel una finca cuyo valor aumentó de $5 mil a $477 mil, solo dos meses antes del trámite judicial, gracias a un avalúo de una empresa que refrendó Catastro. La finca ha sido usada por otras 19 personas para salir de la cárcel.
LOS BENEFICIADOS ESTÁN VINCULADOS AL ESCÁNDALO DE LA ‘NARCOAVIONETA’
Otras fincas ‘saca presos’
La falta de controles en Catastro y en el Registro Público mantiene vigente la posibilidad de alterar el valor de fincas.
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Unidad de Investigación
scumbrera@prensa.com
Justo cuando Silverio Rodríguez, juez cuarto penal, ordenó el archivo de las investigaciones en el caso de una finca sobrevalorada y utilizada como garantía para las fianzas de excarcelación de dos exministros de Educación –Belgis Castro y Salvador Rodríguez–, el ex ingeniero municipal del distrito de Panamá Jaime Salas y otras 10 personas, la historia se repite con nuevos y singulares actores.
Esta vez, los protagonistas están implicados en la denunciada penetración del narcotráfico en el Ministerio Público (MP) que provocó la renuncia del entonces procurador encargado, Giuseppe Bonissi.
Se trata de la exfiscal de Drogas de Herrera y Los Santos Milagros Valdés, el abogado Alcibiades Ballesteros y la exjefa de Recursos Humanos del MP Eva Lorentz, todos vinculados al caso conocido como la “narcoavioneta” (Ver nota relacionada).
Valdés y Ballesteros recuperaron la libertad al presentar una fianza hipotecaria de $100 mil cada uno, utilizando la finca 319525, ubicada en La Pacora, distrito de Antón, provincia de Coclé.
Esta finca, cuyo propietario es el costarricense Marcial Molina Arrieta, tiene mil 735 metros cuadrados y un valor catastral de $477 mil 356, según la escritura pública 1433, inscrita el 21 de enero de 2011, según consta en el sistema de información del Registro Público.
Este terreno ha garantizado, entre el 9 de febrero y el 28 de abril de 2011, 21 fianzas de excarcelación por un total de $435 mil 700, lo que significa que ha excedido su capacidad de servir de garantía, ya que el artículo 2162 del Código Judicial señala que la propiedad debe tener el doble del valor de la fianza consignada. (Ver tabla).
Traspasos y avalúos
El 11 de noviembre de 2010, Molina Arrieta compró la finca a la sociedad Mastranto Oil Corporation S.A., representada por Marco Aurelio Romero.
La transacción fue por $5 mil y, curiosamente, se realizó en una notaría de Changuinola, Bocas del Toro, según documentos que reposan en el Registro Público.
Dos semanas antes –el 25 de octubre de 2010– la sociedad Mastranto Oil Corporation S.A. compró por el mismo valor la finca al español Miguel Amat Torras, quien coincidentemente es el propietario del terreno que utilizó Eva Lorentz para evadir la prisión.
En menos de tres meses, la finca pasó de costar $5 mil a $477 mil 356, luego de que el Departamento de Avalúos de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales –que pertenece a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras–, a cargo de Anabelle Villamonte, refrendó una declaración jurada de Molina Arrieta, del 20 de enero de 2011.
Es decir, el nuevo valor fue registrado solo dos meses antes de que Valdés y Ballesteros fueran beneficiados con una fianza de excarcelación utilizando la citada finca.
El Registro Público inscribió el nuevo valor como mejoras al terreno, a pesar de que en el avalúo de la finca que hizo Avalúos e Inspecciones, S.A. (AISA), señala que no hubo tales mejoras.
Consultada por La Prensa, la representante de la empresa, Leisa Martínez, explicó que el hecho de que la finca sea o no utilizada para garantizar fianzas de excarcelación es irrelevante para su trabajo.
El único detalle importante del proceso, agregó, es saber si el avalúo se utilizará o no en una transacción bancaria.
AISA está en la lista de empresas que la Dirección de Catastro certifica como idóneas para establecer el valor de fincas en la República de Panamá.
La idoneidad, según el portal electrónico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se obtiene aportando una corta lista de documentos.
Una finca, dos valores
AISA hizo dos avalúos a la finca utilizada por Valdés y Ballesteros para salir de la cárcel. Ambos cálculos fueron presentados ante Catastro el 8 de enero de 2011, y únicamente varían en el valor comercial.
Uno es por $564 mil 140 y el otro por $477 mil 356; es decir, una diferencia de casi $100 mil que no se explica en la documentación que reposa en el expediente.
La directora de Catastro asegura que el avalúo más alto fue rechazado, porque “no se ajusta a los parámetros” de la institución.
Los documentos son firmados por la ya citada Leisa Martínez, gerente de avalúos de AISA, y no hay indicación de que entre uno y otro se realizara alguna diligencia adicional sobre las condiciones de la finca que justifique la diferencia. “Es un asunto de criterio”, explicó la representante de la empresa avaladora.
Según el avalúo reconocido por Catastro, el terreno está cercado con postes de tubos de acero galvanizado y siete hiladas de alambres de púa. Además, se dice que el sector cuenta con agua, luz y teléfono y que el terreno es rectangular, con una “topografía regular de semiplana a ondulada”.
El documento agrega que en los lotes aledaños hay viviendas de alto costo, y que a 200 metros está el proyecto turístico Bijao, lo que ubica la finca en un sector de “gran valor turístico”.
La Prensa acudió la semana pasada al lugar conocido como La Pacora, un área ubicada entre Río Hato y San Carlos (frente a Las Guías de Oriente), para constatar las condiciones de la finca.
En el lugar habitan pocas familias y nadie pudo identificar el terreno buscado. El nombre del propietario “no les era familiar”, dijeron.
Los predios y veredas de La Pacora están llenos de malezas. La calle principal tiene unos 100 metros de asfalto y el resto es de tosca.
Al área también acudió personal de Catastro, al no poder responder las preguntas hechas por este diario sobre la cotizada finca.
En la inspección identificaron un terreno con características similares a las descritas en el avalúo, pero en Catastro siguen sin tener certeza de que se trata de la finca buscada, debido a que en el avalúo no se aportó el plano del terreno.
“La finca existe, al menos, en papel”, fue el escueto comentario de la directora de Catastro.
Por su parte, Leticia Brea, directora de la Reforma Agraria, asegura que el número de plano que aparece en el Registro Público no corresponde con la información que tiene su Departamento de Mensura.
Sin cambios
Un poco más de un año después de los sucesos relacionados con la llamada “finca saca presos”, casi nada ha cambiado en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales.
Tampoco han variado los procedimientos y fiscalizaciones relacionados con este tema en el Registro Público o el Órgano Judicial.
A pesar de ello, el portal del MEF sigue anunciando una reforma a la legislación “con el propósito de frenar la utilización ilegal de fianzas de excarcelación con garantías en fincas”.
Se trata de la reacción a lo sucedido que tuvo el anterior director de Catastro Publio Cortés, quien propuso la modificación del artículo 2162 del Código Judicial y la adición de un numeral al artículo 31 de la Ley 63 de 1973, para establecer controles en un proceso que había posibilitado el fraude en el caso de los exfuncionarios.
El proyecto llegó al despacho del entonces procurador Giuseppe Bonissi, pero nunca fue llevado a la Asamblea Nacional.
El 6 de abril de 2010, el MEF aprobó la Resolución 58-A que introdujo algunos controles en el proceso de certificación del valor catastral cuando se trata de fincas que serán usadas para garantizar fianzas de excarcelación. Sin embargo, permite los llamados avalúos voluntarios que dejan abierta la puerta a los fraudes.
Por los lados del Órgano Judicial nada se supo de una investigación que anunciara en marzo de 2010 el presidente de la Corte, Aníbal Salas.
La única investigación realizada fue cerrada la semana pasada por el juez cuarto penal, Silverio Rodríguez, al considerar que no se había producido el delito de falsedad, porque las fianzas de excarcelación se otorgaron “en base en la documentación emitida por el Registro Público y el Ministerio de Economía y Finanzas”.
La falsedad en la descripción de la finca que produjo el valor espúreo, no fue objeto de análisis por parte del juez Rodríguez quien, curiosamente, es el mismo juez que aceptó las fianzas en esta nueva historia.
Y justamente es allí –en los avalúos de las fincas y sus procesos de inscripción– donde se inicia lo que se ha constituido en un lucrativo negocio para algunos, y un evidente fraude al sistema de justicia.
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