Lavítola: plenipotenciario en Panamá, detenido en Italia
El italiano Valter Lavítola ha negado
haber pagado sobornos al presidente, Ricardo Martinelli, o a miembros de
su Gobierno. Sin embargo, ha dicho que entregó 600 mil dólares a
funcionarios panameños para ‘operaciones lícitas’. Hasta el momento no
ha explicado a qué ‘operaciones lícitas’ se refiere.
Los fiscales
italianos detectaron la existencia de la sociedad anónima panameña
Agafia Corp., cuya presidenta es Karen De Gracia, pareja de Valter
Lavítola en Panamá. La empresa Selex Sistemi Integrati, del grupo
Finmeccanica, que vendió 19 radares a Panamá, canceló un contrato de
‘promoción de ventas’ con Agafia.
LINA VEGA ABAD
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
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ANTECEDENTE.
El 28 de mayo de 2010, Valter Lavítola (Izq. de lado) participó junto
al entonces canciller italiano, Franco Frattini, y el presidente,
Ricardo Martinelli, de un almuerzo en el Palacio de las Garzas.
Presidencia
¿En
qué se relaciona una investigación por supuesta extorsión al ex primer
ministro de Italia Silvio Berlusconi, con los contratos entre Panamá y
el conglomerado italiano Finmeccanica?
¿Por qué los hallazgos en
el caso de extorsión provocaron que fiscales de Nápoles (Italia)
iniciaran paralelamente otra investigación por corrupción internacional
de empresas italianas en Panamá?
La respuesta en ambos casos es ya
sabida: se trata del italiano Valter Lavítola y de la sociedad anónima
panameña Agafia Corp., cuyos vínculos con Lavítola son conocidos.
El
hoy prisionero de la cárcel de Poggioreale, en Nápoles, supuestamente
llegó a Panamá el 29 de junio de 2010 junto al entonces primer ministro
italiano, Silvio Berlusconi, quien participaría en la reunión del
Sistema de Integración Centroamericana.
Un día después, el 30 de
junio, Berlusconi y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli,
firmaron el convenio de cooperación que sustentó los contratos con las
empresas AgustaWestland, Selex y Telespazio –todas del grupo
Finmeccanica– para la compra de 6 helicópteros, 19 radares y un mapa
digital, respectivamente, por unos 250 millones de dólares.
El
proceso de contratación fue muy rápido. Un mes después de la firma del
convenio –el 3 de agosto de 2010–, el Consejo de Gabinete autorizó a los
ministros de Seguridad (radares y helicópteros) y de Obras Públicas
(mapa digital) a firmar los contratos con las empresas italianas.
Los documentos se firmaron entre el 6 y el 9 de agosto, obteniendo el aval de Contraloría en octubre de 2010.
Teniendo
en cuenta la rapidez del trámite, surge la pregunta sobre el papel
jugado por el italiano Valter Lavítola y las razones que motivaron que
echara raíces en Panamá.
El escándalo
“Si
para los italianos el actuar de [Valter] Lavítola podría crear
repulsión, en el contexto panameño encontraba la condición ideal”.
La
anterior cita es parte de la orden de arresto contra Lavítola, emitida
por los fiscales napolitanos que investigan a este peculiar personaje
que, entre agosto de 2010 y diciembre de 2011, se movió a sus anchas por
Panamá, con transporte y escolta presidencial incluido.
Pero
justo cuando Lavítola daba instrucciones a funcionarios panameños sobre
un contrato pendiente –las cárceles modulares–; intercambiaba mensajes
con el secretario privado del mandatario, Adolfo De Obarrio, sobre el
futuro administrador del Canal; intentaba ser nombrado cónsul o invitaba
al presidente Martinelli y a una singular comitiva a la isla de Cerdeña
(Italia), empezaron sus problemas judiciales en Italia.
En julio
de 2011, la Fiscalía de Nápoles empezó las interceptaciones telefónicas a
Lavítola, descubriendo la existencia de la sociedad anónima panameña
Agafia Corp. que, supuestamente, sería la receptora del 10% en
comisiones de los contratos con las empresas del grupo Finmeccanica en
Panamá.
A partir de ese momento, las investigaciones de los
fiscales de Nápoles se ampliaron, vinculando a Lavítola con el pago de
comisiones ilegales por parte de directivos de Finmeccanica.
El
escándalo Finmeccanica solo empezaba en Italia. Lo siguiente fue el
hallazgo de un “fondo negro”, alimentado con sobrecostos que eran
utilizados pora sobornar a funcionarios extranjeros. Este descubrimiento
provocó la salida de los principales directivos del conglomerado
empresarial italiano de sus cargos, algunos de ellos, rumbo a la cárcel.
LA Conexión Panamá
Con
las graves noticias venidas de Italia, los millonarios contratos
pactados por el Gobierno panameño con Finmeccanica empezaron a ser
fuertemente cuestionados por la oposición política, que denunció
sobrecostos y el pago de comisiones.
El 7 de diciembre de 2011,
cuando arreciaban las críticas y las peticiones de rendición de cuentas,
la Secretaría de Comunicación del Estado dio a conocer una carta de
Selex (la empresa del grupo Finmeccanica que vendió 19 radares a
Panamá), en la que anunciaba la terminación del contrato de “Promoción
de venta” con la sociedad Agafia Corp.
Con este anuncio, el
Gobierno daba por zanjados los cuestionamientos surgidos en relación a
la existencia de la sociedad panameña detectada por los fiscales
italianos.
Sin embargo, la carta –sin un nombre que identificara la firma ilegible– provocó nuevas interrogantes.
¿Por
qué Selex contrataría para “promover las ventas” a una sociedad
panameña, si los contratos fueron el resultado directo del convenio de
cooperación entre Italia y Panamá? ¿Qué papel jugó Agafia Corp. en estas
contrataciones? ¿Quiénes eran los dueños de Agafia Corp.?
El
primer funcionario panameño que aceptó la existencia de esta sociedad
anónima en relación a los contratos con Finmeccanica fue el viceministro
de Seguridad, Alejandro Garúz, identificándola como “representante de
Selex”. El titular de la cartera y firmante de los contratos, José Raúl
Mulino, aseguró a este diario, no saber nada al respecto.
Pero si
Selex tenía un convenio de “promoción de ventas” con Agafia Corp. ¿qué
implicaba el pago de comisiones? ¿Significaba esto que había un
sobreprecio en los radares? ¿La terminación del contrato entre Selex y
Agafia produciría una reducción en el precio que pagaría Panamá por los
radares? ¿Agafia Corp. firmó contratos similares con AgustaWestland y
Telespazio? Ninguna de estas interrogantes ha sido aclarada por el
Gobierno panameño hasta el momento.
De Karen a Lavítola
Con
el hallazgo de Agafia Corp. surgió el nombre del argentino Gustavo
Franchella, que aseguró ser el único dueño de la citada sociedad. Sin
embargo, como presidenta de la junta directiva de esta sociedad aparecía
–y aún aparece– la panameña Karen De Gracia, a quien los investigadores
italianos identificaron como pareja de Lavítola en Panamá.
Hoy,
no solo hay evidencias de viajes juntos o intercambio de llamadas entre
ellos relacionadas con el viaje del presidente Martinelli a la isla de
Cerdeña en agosto pasado, sino también testimonios de entrega de dinero
enviado por Lavítola a través del empresario estadounidense Rogelio
Oruña, para la supuesta compra de equipo de cocina para un restaurante
de De Gracia en Gorgona.
También, por boca del presidente Martinelli, se confirmó recientemente la relación de pareja de De Gracia y Valter Lavítola.
Frente
a todos estos hechos, la conclusión a la que han llegado los fiscales
italianos es que el verdadero dueño de Agafia Corp. es Valter Lavítola.
Otros
datos apuntalan la tesis. Agafia Corp. fue constituida en Panamá el 17
de junio de 2010. Es decir, antes de la firma del convenio de
cooperación entre Italia y Panamá.
Justamente el 30 de junio de
2010, cuando se firma el citado acuerdo, se produjo un cambio en la
titularidad de las acciones de Agafia, pasando supuestamente a manos de
Gustavo Franchella.
¿Fue ese cambio un intento de Lavítola de
ocultar su vinculación con la sociedad anónima que recibiría comisiones
de los contratos entre Panamá y el grupo Finmeccanica? ¿Estaba Valter
Lavítola en Panamá en gestiones comerciales antes de ser designado, sin
formalidad alguna, como agente plenipotenciario en las gestiones entre
la Italia de Berlusconi y el gobierno de Martinelli? ¿Funcionarios
panameños eran parte del reparto de las comisiones?
Por lo pronto,
los detalles de un contrato fallido para la construcción de cárceles
modulares con la empresa Svemark –sustentado también en el convenio de
cooperación entre Italia y Panamá– son los que han provocado la acción
de los fiscales italianos, las revelaciones de los protagonistas, y que
Panamá y su Presidente sean noticia por corrupción internacional.
Las contradicciones del presidente Martinelli
“Yo
pagué mi cuenta, vi a Lavítola coincidentemente (sic) [en Cerdeña], no
habíamos planificado ningún viaje... Iba para Alemania a recibir la
tuneladora del Metro y paré en Italia...”. Ricardo Martinelli respondió
de esta manera al ser interrogado el pasado 23 de abril en Telemetro,
sobre el viaje sin anunciar que hizo en agosto de 2011 a Cerdeña, donde
el hoy ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi tiene su famosa
villa Certosa, escenario de sus célebres fiestas.
Pero, contrario a
lo declarado por el Presidente panameño, la Fiscalía de Nápoles
transcribió varias llamadas interceptadas a Lavítola que confirman que
ese viaje fue planificado por este, 10 días antes de la visita de
Martinelli. El documento añade que el mandatario viajó acompañado de dos
ministros y un magistrado de la Corte Suprema, todos con sus esposas o
acompañantes.
Según las citadas transcripciones, Lavítola asumió
los gastos de los invitados, lo que incluyó el pago del hotel –2 mil
euros la noche [unos $2,600] para un total de 36 mil euros [unos
$47,200]– y el alquiler de un yate por dos días en 7 mil euros [unos
$9,200].
“Esto es una telenovela barata... las grabaciones no
dicen nada... Cuando fui a pagar la cuenta, ya estaba cobrada y mi
asistente no pudo hacer nada. Cuando ese señor [Lavítola] vino a Panamá,
yo le pagué su plata, unos 7 mil dólares... No recibí un penique
partido por la mitad”, fue la explicación que dio Martinelli en Radio Panamá.
Las
grabaciones que posee la Fiscalía de Nápoles revelan, empero, que
Lavítola insistió hasta el final en que él asumiría los gastos.
También
se sabe, por estas llamadas, que Martinelli no pudo reunirse con
Berlusconi –como anunció la Secretaría de Comunicación del Estado
después de que este diario informara del viaje a Cerdeña– porque el ex
primer ministro de Italia sufría quebrantos de salud.
Pero, de
acuerdo con las llamadas interceptadas y transcritas en el expediente de
Nápoles, el mandatario –aconsejado por Lavítola– se sacó fotos en la
villa de Berlusconi para usar como prueba de su visita a Italia, donde
obtendría la donación de un hospital para Veraguas a un costo de unos
$25 millones.
“Tómate una foto, hermano. Escucha, tómate una foto
allí donde... (incomprensible)... para poder mandar a tu periódico... o
para subirla a tu sitio”, le dijo Lavítola a Martinelli. “Eso lo estamos
haciendo”, respondió Martinelli, según la grabación en poder de la
Fiscalía de Nápoles.
Igualmente, la donación por parte de Italia
de paneles solares –valorados en $10 millones– es un nuevo elemento de
defensa que usa el presidente Martinelli para justificar los contratos
millonarios con Finmeccanica. “Los paneles solares están en Panamá”,
dijo.
Sus declaraciones fueron secundadas por el administrador de
la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, quien aseguró que ya
están instalados.
“¿Dónde está el daño aquí?”, preguntaba Shamah, en una entrevista en TVN el pasado 23 de abril.
Sin
embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, informó a
este diario que no es hasta mediados o finales del próximo mes que deben
comenzar el proceso de instalación de esos equipos.
“Se espera
que estén instalados para el 30 de septiembre... Han llegado al país 15
contenedores de 25 en total”, aclaró De Lima, en contradicción con lo
aseverado por Martinelli y Shamah.
El ministro explicaba, además,
que la donación la hizo Italia a través de Enel, socia de la empresa
mixta Enel Fortuna en la que el Estado panameño tiene el 49% de
participación.
Un dato, sin embargo, quedó sin aclarar. Si se
trataba de una donación de Italia a Panamá, ¿por qué Lavítola gestionaba
con la abogada Marleni Paolo la creación de una sociedad mixta que
manejaría el citado proyecto y que estaría ubicado en el desierto de
Sarigua, provincia de Herrera?
Según documentos que reposan en la
Fiscalía de Nápoles, esta sociedad estaría representada por Karen De
Gracia, pareja de Lavítola en Panamá, y por funcionarios de la Empresa
de Generación Eléctrica, dirigida por Belisario Tejada.
La
sociedad se llamaría Energía Renovable de Panamá, S.A., pero no pudo ser
inscrita en el Registro Público porque ya había otra empresa con ese
nombre. El proyecto tendrá un valor de unos $10 millones y aportará al
plantel energético 2.4 megavatios. El financiamiento será asumido por
Enel Green Power.
SANTIAGO CUMBRERA
Roxana Méndez y el proyecto fallido de cárceles modulares
“Eran
muy caras”. Así justifican la exministra de Gobierno Roxana Méndez y el
presidente, Ricardo Martinelli, que no concluyera el acuerdo con la
empresa italiana Svemark para la instalación de cuatro cárceles
modulares por $176 millones.
Mauro Velocci, representante de
Svemark, empezó hablando con el entonces ministro de Gobierno y
Justicia, José Raúl Mulino, pero con la división del ministerio le tocó a
Roxana Méndez seguir la negociación con Velocci, a la que se sumaría
Valter Lavítola.
Justo cuando empezaban los problemas de Lavítola
en Italia (julio de 2011), Méndez envió una carta a Svemark informando
de la suspensión “por ahora” del proyecto por razones de “prioridad”.
En
esa carta, Méndez califica la propuesta como “muy valiosa”, añadiendo
que “se ajusta a lo que se desea implementar en el Sistema Penitenciario
panameño en un futuro”. De supuestos problemas por el alto precio, nada
se dice.
Este diario tuvo acceso a varias misivas enviadas a
Svemark por el director de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno,
Raúl Andrade, en julio de 2011. Se trata de intercambios relacionados
con el contrato de las cárceles, en los que se establecía que el precio
sería de $176 millones. Al respecto también se pronunció recientemente
el administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah, quien
aseguró que Méndez envió una nota a la Contraloría preguntando sobre la
viabilidad del precio.
Este medio pidió, sin éxito, copia de la
citada carta a la Contraloría, a Méndez, a Shamah y al ministro de
Economía, Frank De Lima.
Méndez es mencionada, junto con el
presidente Martinelli, en la orden de detención de Lavítola,
vinculándola con supuestas “utilidades y a un maletín con dinero en
efectivo”.
El documento también cita el supuesto pago destinado a
Méndez, “también por instrucción de Lavítola”, de $16 mil en enero de
2011, mediante una transferencia a la cuenta de Devor Diagnostic,
empresa de Rogelio Oruña, representante de IBT.
Notas de prensa
del Ministerio de Gobierno dan cuenta de que, justamente en esa fecha,
Méndez y Velocci hicieron una gira por Chiriquí para inspeccionar un
terreno destinado a la instalación de las cárceles.
Al respecto,
la hoy alcaldesa de Panamá ha negado categóricamente haber recibido
dinero alguno en relación al proyecto de las cárceles modulares.
Las
investigaciones italianas también citan la entrega de $530 mil euros
(unos 700 mil dólares), supuestamente al presidente Martinelli y a sus
allegados en el gobierno.
La cifra es similar a los $600 mil que
Lavítola declaró haber entregado a funcionarios panameños para
“operaciones lícitas” que no describió.
Hasta ahora, ningún
funcionario ha dado explicaciones de estas operaciones ni tampoco ha
negado haber recibido la cifra indicada por Lavítola.
Ereida Prieto-Barreiro
Lavítola, Rica Martinelli y el misterioso helicóptero
Mauro
Velocci –pieza clave en las investigaciones de la Fiscalía de Nápoles–
fue el primero en mencionar que parte de un supuesto soborno que
recibiría el presidente, Ricardo Martinelli, por los contratos de las
cárceles, sería un helicóptero con interiores de piel Hermès, valorado
en $8 millones.
Velocci aportó a la Fiscalía de Nápoles
intercambios de correos entre Lavítola y Ricardo Rica Martinelli
Linares, hijo del mandatario, en los que tratan el tema.
Uno de
ellos es del 12 de febrero de 2011. “Cuando vengas la próxima semana,
cerramos todos los temas que hablé con Mauro hoy (1. Heli 2. Modulares).
No hay apuro con el Heli”, fue el mensaje de Rica a Lavítola.
Justamente
las preguntas sobre la supuesta participación de su hijo en las
negociaciones con las empresas italianas, provocaron que el Presidente
se alterara durante una rueda de prensa del 19 de abril pasado. “¿De qué
vinculación hablan?... Mi hijo no es funcionario, por favor, sea más
responsable. Respete”, fue su reacción.
Sin embargo, la Fiscalía
de Nápoles incorporó a la investigación por corrupción internacional
contra Lavítola, la transcripción de una conversación telefónica del 21
de agosto de 2011 entre este y el exdirector comercial del conglomerado
italiano Finmeccanica Paolo Pozzessere, en la que hablan de entregar un
helicóptero al presidente Martinelli, “como anticipo del pago de 30
millones de dólares que se le había prometido”.
En su primer
interrogatorio tras ser detenido en Italia, Lavítola aceptó haber hecho
una petición muy singular a Angelo Capriotti, directivo de Finmeccanica:
un helicóptero para el Presidente.
“Se había acordado la entrega
de una nave que se demoraba. La de asientos de piel humana, bromeó el
fiscal; sí la de piel humana y cabello rubio, contestó también en broma
Lavítola. Era para el Estado, no para Martinelli, él ya tiene dos
personales, dijo Lavítola a los fiscales”.
La siguiente pregunta a
Lavítola fue sobre la participación de Rica Martinelli. “¿Rica? no
tiene nada que ver, tanto es así que me mandó a la mierda. Perdón por la
palabra, pero me dijo que le importaba un diablo el helicóptero”.
Pero
en el folio 203 del expediente se señala que Rica sostuvo un encuentro
con Velocci relacionado con el helicóptero. Los fiscales destacan que el
encuentro fue el 12 de febrero de 2011, en las oficinas de “la empresa
de propiedad de la familia Martinelli (Súper 99)”, donde se habló de
adquirir el helicóptero, supuestamente para el mandatario de Panamá, así
como de detalles del proyecto de las prisiones.
Tras este
intercambio, relató Velocci, el hijo del Presidente llamó a Lavítola
para pedirle explicaciones, lo que provocó que este le recordara que
había hablado del tema con su padre en “su presencia”.
Lo cierto
es que en su última declaración ante los fiscales italianos, Lavítola
dijo que el hijo del mandatario Martinelli no aceptó el ofrecimiento de
un helicóptero para el jefe del Ejecutivo panameño.
Tras esa
declaración de Lavítola en Italia, el presidente Martinelli hizo uno de
sus habituales anuncios: “vienen unos acontecimientos mayores que
demostrarán que todo es una farsa”.
SANTIAGO CUMBRERA |
| PROTAGONISTAS. Roxana Méndez y José Raúl Mulino negociaron el fallido contrato de cárceles con Velocci y Lavítola. LA PRENSA |
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