sábado, 28 de enero de 2012

Mulino denuncia campaña; oposición y medios lo niegan

El ministro de Seguridad aseguró que a los ´detractores´ del gobierno no les importa la verdad, sino mantener su vigencia política.
Rafael Luna Noguera 
 
LOS CONTRATOS CON FINMECCANICA PARA LA COMPRA DE $250 MILLONES EN EQUIPOS DE SEGURIDAD
 
 
CONTRADICCIÓN. El ministro José Raúl Mulino afirmó que no hubo pago de comisiones por los contratos, pero la empresa Agafia Corp. aseguró que sí lo hubo. LA PRENSA/Archivo
 
La controversia por el supuesto sobreprecio en la compra de equipos de seguridad al conglomerado italiano Finmeccanica adquirió ayer un tono más fuerte, luego de que el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, acusó a medios de comunicación y opositores al gobierno de desatar una campaña en contra de dicho contrato, y los afectados afirmaron lo contrario.
Mulino difundió ayer un comunicado, en el que denunció que a los detractores de la compra “no les importa la verdad, sino contar con un argumento que les permita la vigencia política, aun a costa de la mentira y la difamación”.

Hizo referencia al informe remitido por Finmeccanica al Gobierno, a través de la embajada italiana en el país, y dijo que este “responde oficialmente a una solicitud formulada por Panamá a Italia. [El informe] se ha hecho llegar al Gobierno panameño por intermedio de su embajada en nuestro país y deja constancia de que ´todo lo actuado en esas negociaciones se desarrolló de manera transparente”, dice el comunicado.

“Pero los detractores no parecen conformes con las respuestas, ni del Gobierno panameño ni del italiano, y ponen en duda el esfuerzo y la palabra de un país hermano, como si un Gobierno y un Estado como el de Italia se fueran a prestar para cubrir supuestas irregularidades”, agrega.

Mulino sostuvo que el Ministerio de Seguridad ha informado al país sobre la negociación de manera transparente y ha reiterado que en esta “no hubo dolo ni comisiones ni entendimientos debajo de la mesa”.
Finalmente, instó a los críticos de la negociación a acudir ante el Ministerio Público.

HABLAN Los medios
Rolando Rodríguez, director asociado de La Prensa, afirmó que no existe ninguna campaña mediática ni política en relación con esta negociación.
Lo que se pretende, dijo, es que se aclare de forma creíble la compra de $250 millones en equipos.

“El ministro dice que no hubo pago de comisiones, pero la propia empresa Agafia Corp. lo reconoció y eso nos lleva a sospechar que en los contratos de los helicópteros y de la cartografía también lo hubo, pero de eso nada sabemos”, señaló.

A su juicio, la carta enviada por Finmeccanica el 19 de enero pasado al Gobierno “es una reacción natural de una empresa que es investigada. Pero lo importante aquí es que el Gobierno panameño debió haber pedido la información al organismo que investiga a esa empresa, la Fiscalía de Nápoles, y no a la propia corporación objeto de la averiguación”.

A su vez, Guido Rodríguez, presidente del Fórum de Periodistas y director de TVN Noticias, advirtió que “el ministro sigue en su papel de no entender el rol que juegan los medios de comunicación social y de meterlos en el mismo churuco que a los políticos de oposición”.

“Si bien nuestra labor es de fiscalización, esta la hacemos sin pretender perjudicar a ninguna administración, sino con el ánimo de poner a la ciudadanía en conocimiento de información de interés público. Si Mulino hubiese dado información sobre los aspectos financieros de esos tres contratos con las filiales de Finmeccanica, no hubiera habido ningún cuestionamiento ni suspicacia, pero ocultar esa información es lo que genera la suspicacia y ha dado pie a los opositores para atacar lo que podría ser un convenio ventajoso”, señaló.

Por otra parte, opinó que quien debe certificar que no hay irregularidades en los contratos no es Finmeccanica ni el Gobierno de Italia, porque el caso ya es investigado por el fiscal de Nápoles y ahora será la justicia la que tendrá la última palabra.

Gerardo Berroa, director del diario La Estrella, agregó que no ha habido ninguna campaña en contra de nadie.

“En este caso hay dudas razonables de un sobrecosto. Mulino y el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino informaron inicialmente que los contratos costarían $333 millones, y si no se desata el escándalo, eso es lo que se hubiese pagado. Luego bajaron a $250 millones”, indicó.

Además, destacó que fueron los representantes de Agafia Corp. los que informaron que habían cobrado una comisión de 10%, cuando el Gobierno había informado que la negociación era de Estado a Estado y que no habría comisiones.
“Fue Mulino quien dijo que el precio era alto, porque incluía la instalación de los radares, pero luego se descubrió que no es así, que es el Estado el que tiene que cubrir esa instalación”, agregó.

Políticos opositores
Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), opinó que Mulino lo que está haciendo es lo que se conoce popularmente como “pataleo de ahogado”, pues este caso no se basa en una estrategia política para hacer daño alguien, “sino de una negociación con una empresa que está en serios problemas en Italia, que es investigada por corrupción y que tuvo relaciones con Valter Lavítola, que es perseguido por la justicia italiana y fue un personaje con una alta incidencia en Panamá, con amistades y reuniones que incluyeron al ministro”.

“Si Finmeccanica y Lavítola tienen esos problemas, lógicamente que eso despertó la curiosidad de personas en el país que, tras investigar, descubrieron que el precio al que se nos vendió era mayor que el dado a otros países, y que se pagó una comisión de $33 millones que nadie ha explicado todavía”, dijo.

A su juicio, lo que se busca “es luchar contra la corrupción, contra la falta de honestidad y transparencia, contra la mentira que campea en este gobierno”.

“Pedirnos que presentemos las pruebas en el Ministerio Público (MP) es un juego, pues todos sabemos que el MP no investiga nada si se trata del gobierno. Y prueba de ello es la denuncia que puse hace dos años sobre la interceptación de mi teléfono, que fue cerrada porque yo no presenté las pruebas”, acotó.
Por su parte, el diputado panameñista Jorge Rosas dijo que el problema es que aún persisten las dudas.

“El 15 de noviembre de 2011 Finmeccanica trató de aclarar las dudas sobre los sobrecostos a través de una nota que el mismo Mulino enseñó, pero no lo hizo. Luego, el 16 de diciembre de 2011, Mulino pidió al Gobierno italiano que aclarara las dudas y el Gobierno italiano lo que hizo fue solicitar a la empresa que contestara. Las mismas respuestas que dio en noviembre, las dio el 19 de enero; por tanto, las dudas siguen”, detalló.

Dijo esperar que Mulino aclare de una vez por todas por qué un radar Lyra-50 le cuesta a Turquía $30 millones y a Panamá se le vende en $125 millones.

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