Opositores piden investigación y cabeza de ministros Shamah y Cortés

Redacción La Estrella Online

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Salomón Shamah participe de varios vídeos en contra de la oposición

El exviceministro de Gobierno y Trabajo, Luis Ernesto Carles, solicitó este miércoles 11 de julio al procurador general de la Nación, José Ayú Prado, que abra una investigación "de inmediato" por el uso de imágenes grabadas con equipo de Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en una cuña para atacar al vicepresidente Juan Carlos Varela.

La solicitud surge luego que la exdirectora de Trabajo del MITRADEL, Ada Romero, acusara a funcionarios de la entidad de manipular unas imágenes de una inspección a la empresa Varela Hermanos, S.A. para fines políticos y mencionó al ministro de Turismo, Salomón "Salo" Shamah.

La cuña, que es firmada por "Independientes por el Cambio", aliado a Martinelli y dirigdia por Shamah, está en los medios televisivos desde el viernes 6 de julio y saca la fachada de la hacienda licorera y empleados entrevistados hablando que no le pagan el salario mínimo, pero con siluetas en los rostros.

Según el panameñista Carles, con el escándalo del MITRADEL se pone a prueba el sistema de justicia en Panamá.

"Señor Procurador es delicado que usen equipo de video de MITRADEL en cuñas, ordene la separación de los cargos de esos funcionarios", solicitó por Twitter.

Agregó al ministro de Turismo que ante lo denunciado por la exdirectora de Trabajo del MITRADEL los ciudadanos esperan una explicación, de lo contrario renuncie.

"Creo que el ministro de Turismo debe de dar la cara de inmediato y explicar por qué editó un video con imágenes grabadas con equipo del MITRADEL", dijo el exviceministro.

En tanto, el diputado José Isabel Blandón manifestó que después de la entrevista de la exdirectora Romero, lo que procede es que las autoridades competentes separen a Alma Cortés del cargo e investiguen la cuña.

A su juicio, si el video que sale en la cuña fue grabado por funcionarios de MITRADEL, hay un delito.

El diputado Adolfo "Beby" Valderrama acotó que hay gente que le salió mal la jugada "por defender al ministro de Juan Hombrón" haciendo referencia a Jimmy Papadimitriu.

Igualmente, Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del PRD, pidió al presidente Martinelli que destituya al ministro Shamah.

"Otra vez Salo detrás de propaganda negativa ahora en MITRADEL. Por eso es que exonerar a Ricardo Martinelli de su responsabilidad es muy cómodo. Que lo bote", dijo el perredista.

Concesiones en Tocumen para amigos del poder

El empresario gabriel btesh y sus negocios en tocumen

En tres sociedades que fueron seleccionadas sin concurso alguno por Tocumen, S.A. para establecer negocios en la terminal aérea, figuran personas que gestionaron la inscripción del terreno de Paitilla que el año pasado cedió gratuitamente la hoy exdirectora de Titulación de Anati Anabelle Villamonte.

SANTIAGO CUMBRERA unidad de investigación

scumbrera@prensa.com Gabriel (Gaby) Btesh                                                            Riccardo Francolini “En mi vida lo he visto... Entra por esta puerta y no sé quién es; para que vean cómo son las cosas que le achacan y critican a uno”. Son palabras del presidente, Ricardo Martinelli, cuando el 23 de noviembre de 2010 La Prensa le preguntó por el empresario Gabriel (Gaby) Btesh, luego de conocerse de su vinculación con el Golden Lion Casino, ubicado en el área de El Dorado, en la capital, y que en ese entonces obtenía de manera expedita los permisos para su apertura. Han transcurrido 18 meses desde aquellas declaraciones y, contrario a lo expresado por el mandatario, Btesh se ha convertido en uno de los empresarios mejor conectados con la actual administración, aunque su nombre no suele aparecer en los contratos y concesiones pactados con el Estado. Solo mediante una minuciosa investigación, como ocurrió con el caso del terreno de Paitilla, adjudicado gratuitamente por la abogada y exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anabelle Villamonte, es posible relacionar a Btesh con jugosos negocios. Lo mismo sucede en Tocumen, S.A., la empresa estatal que administra las operaciones de la terminal aérea. Tan solo en los dos últimos años, la junta directiva del principal aeropuerto del país ha favorecido con concesiones directas a varias compañías cuyos miembros están vinculados con Btesh. Las huellas El 27 de febrero de 2011, la contralora general, Gioconda de Bianchini, refrendó un contrato de concesión otorgado de forma directa por la directiva de Tocumen, S.A. a la sociedad Oasis Global Group S.A. Se trata de una concesión por 10 años prorrogables para la explotación comercial de tiendas de conveniencia para la venta de periódicos, revistas, libros, souvenirs, chocolates, etc. en un área por definir. En esos 10 años, la empresa pagará a Tocumen S.A. un millón 140 mil dólares en concepto de arrendamiento. La sociedad Oasis Global Group fue creada en abril de 2008 y actualmente es presidida por Matilde Valeria De León, quien comparte la directiva de más de 20 empresas con Ailedsabel González, la abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi que hizo la inscripción del famoso relleno de Paitilla ante el Registro Público. Es más, González fue presidenta de la sociedad Oasis Global Group S.A., pero renunció a esta, justamente un mes después de que estalló el escándalo de la titulación expedita del lote de Paitilla (agosto de 2011). Tanto De León como González trabajan para la inmobiliaria Btesh & Virzi, donde este diario les dejó mensajes en tres ocasiones para conocer su versión, pero no hubo respuesta. Tampoco devolvió las llamadas ni respondió los correos electrónicos de este medio el empresario Gabriel Btesh. Interrogado sobre la concurrencia de los mismos personajes de concesiones en Tocumen y el terreno de Paitilla, el ministro de Economía y Finanzas, y presidente de la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Frank De Lima, dijo que “no tenía idea de que aparecieran estas personas [empleados de la empresa Btesh & Virzi] en las sociedades”. De Lima comentó que en el caso de Gabriel Btesh, pudiese haber una confusión porque su padre –Jack Btesh– tiene más de 40 años con comercios en el aeropuerto. “No he escuchado el nombre del señor Gabriel Btesh en ningún momento que se nos ha presentado una solicitud de concesión en la junta directiva”, añadió. Lo que no dijo el ministro es que el empresario Jack Btesh –representante de los comerciantes de la terminal aérea– es padre de Gabriel Btesh y que también forma parte de la actual directiva de Tocumen, S.A. En realidad, la presencia de Jack Btesh en esta directiva se remonta a la pasada administración, aunque fue temporalmente removido del cargo al iniciarse el mandato de Ricardo Martinelli. ¿Por qué fue removido y vuelto a nombrar meses después? Fue imposible aclarar este misterio, debido al silencio sobre el tema del ministro De Lima. Por su parte, Juan Carlos Pino, gerente de Tocumen, S.A., aseguró que desconocía la vinculación de dignatarios de las empresas seleccionadas con Gabriel Btesh, ya que “...no es de mi competencia investigar estos detalles. Si nos llega una solicitud de concesión, la evaluamos, y si está respaldada por una marca importante, hacemos el negocio”, informó. MÁS CONTRATOS La sociedad Grand Bell International es otra de las beneficiadas por Tocumen, S.A. con vinculaciones que apuntan hacia Btesh. Esta sociedad recibió una concesión directa de 20 años de Tocumen, S.A., a cambio de construir galeras destinadas a ser subarrendadas a personas o empresas interesadas en explotar el negocio de duty free, actividad que hasta ahora había sido exclusiva del Estado. Grand Bell fue creada en abril de 2008 y tiene como suscriptora a la ya mencionada abogada Ailedsabel González. El contrato fue refrendado por la Contralora el 20 de octubre de 2011, y en esos 20 años de concesión la sociedad se comprometió a pagar $3.3 millones. Actualmente está en la fase de planos. El gerente de Tocumen, S.A. justificó esta contratación directa, alegando que la terminal de pasajeros se había convertido en una terminal de carga. “Teníamos una tremenda limitación de espacio... no teníamos suficientes galeras”, explicó. Según Pino, Grand Bell recibió de Tocumen, S.A. un terreno para hacer una inversión importante, solucionando lo que llamó “un problema actual”. En 20 años, agregó, las obras pasarán a ser propiedad de Tocumen, S.A. El funcionario también dijo desconocer que esta sociedad tuviera nexos con empleados de Btesh. Otra empresa que tiene una concesión directa en la terminal aérea es FKK Electronics S.A., también de reciente constitución. Tocumen, S.A. le entregó un local para la venta al detal de equipos de telefonía celular, con servicio roaming, prepago y pospago. El contrato aún no ha sido refrendado por la Contralora. Entre los dignatarios de la sociedad aparece Jorge Ramírez Arias, cuya esposa labora como gerente de Recursos Humanos y asesora legal de la gerencia de Ben Btesh International (Grupo Ben Betesh). Este diario dejó varios mensajes a Ramírez Arias en sus oficinas, pero no devolvió las llamadas. Otras concesiones que mantienen desde hace años parientes de Gabriel Btesh en el aeropuerto de Tocumen son Inversiones Gabyn S.A. y Tequendama S.A., por mencionar solo algunas que se dedican a vender ropa en la terminal aérea. A las dos empresas este gobierno les renovó las concesiones. Por ambas pagarán en 10 años un canon de arrendamiento de unos 8 millones de dólares. INTERESES EN CONFLICTO El Código de Conducta Ética Empresarial de Tocumen, S.A. cita como impedimentos y conflictos de intereses, el “Mantener relaciones o participar en situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y labores a su cargo. Asesorar, patrocinar, representar directamente o por persona interpuesta, a ciudadanos o entidades, en cualquier materia o asunto que estos tengan o puedan tener, ante cualquier unidad gestora de este aeropuerto”. La norma es relevante porque Gabriel Btesh es el mismo personaje que, junto a Riccardo Francolini (vicepresidente de Tocumen, S.A.), acompañó al presidente Martinelli en el misterioso viaje que hizo en agosto de 2011 a la isla italiana de Cerdeña, gracias a una invitación de Valter Lavítola, investigado en su país por supuestamente sobornar a funcionarios locales, entre ellos, al mandatario panameño, en relación a la compra de equipo al conglomerado Finmeccanica. El viaje se dio nueve meses después de que el mandatario negara categóricamente alguna relación con Betsh, y coincidió con la cesión gratuita del terreno de Paitilla. El empresario Btesh no aceptó una entrevista con este medio ni respondió a los reiterados correos electrónicos que se le enviaron. Tampoco fue posible hablar con Riccardo Francolini ni con la abogada Ailedsabel González. A ambos se les llamó a sus oficinas y se les enviaron mensajes por correo electrónico. Nunca respondieron. 

Un reglamento a la medida

La actual junta directiva de Tocumen, S.A., designada por el presidente, Ricardo Martinelli, derogó la Resolución de 2007 que le daba carácter excepcional a la contratación directa y que, en consecuencia, obligaba a realizar licitaciones públicas para las concesiones que no requiriesen de especialización aeronáutica. Hoy, sus directivos avalan contratos directos por invitación sin la obligación de divulgar el proceso.                                                                                                           

Lina Vega Abad y Santiago Cumbrera        

investigacion@prensa.com En enero pasado se recibió el proyecto de ampliación del Muelle Norte, que dispone de 17 espacios que están siendo convertidos en tiendas. Contratación directa por invitación y sin obligación de hacer público el proceso. Así se hacen las cosas en Tocumen, S.A. desde la llegada de Ricardo Martinelli a la Presidencia de la República. El singular método de contratación fue aprobado el 7 de julio de 2010 por la junta directiva de Tocumen, S.A., mediante la Resolución No. 021-A-JD-10 que establece los “procedimientos, requisitos y demás mecanismos de contratación con terceros de las concesiones de servicios aeronáuticos, aeroportuarios y servicios no aeronáuticos”. Con esta decisión, la nueva junta directiva de Tocumen, S.A., presidida por el hoy ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, derogó el procedimiento original (establecido en la Resolución No. 005-JD-07 del 15 de octubre de 2007) que le daba carácter excepcional a la contratación directa y que, en consecuencia, obligaba a realizar licitaciones públicas para las concesiones que no requieran de especialización aeronáutica, con el expreso objetivo de obtener la mejor oferta económica posible. En consecuencia, las nuevas autoridades de Tocumen no tienen obligación alguna de hacer licitaciones, ya que ese procedimiento se equiparó a las dos modalidades de contratación directa. “Las concesiones aeronáuticas o no aeronáuticas serán otorgadas a través de licitaciones públicas, por contratación directa por invitación y por contratación directa...”, fue la novedad establecida en el artículo 8 de la Resolución aprobada en julio de 2010. Y en caso de contrataciones directas por invitación, el artículo 9 de la citada Resolución añade un punto más al particular procedimiento: “...la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen podrá ordenar, mas no es una obligación, comunicar al público en general...”. Con estas reformas aprobadas por la junta directiva de Tocumen, S.A., nombrada por el presidente Martinelli (ver recuadro), se eliminaron los principios de equidad, transparencia y libre competencia que deben regir las contrataciones del Estado, según establece la Constitución, la Ley de Contrataciones Públicas e, incluso y paradójicamente, la propia resolución aludida. Si bien es cierto que Tocumen, S.A. es una sociedad anónima, al ser el Estado dueño del 100% de sus acciones, debe regirse por la ley de contrataciones públicas. LOS PREPARATIVOS Para hacer estas peculiares modificaciones en el procedimiento de contratación del principal aeropuerto del país, el Gobierno hizo un cambio clave en la Ley 23 de 2003 que dictó el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos. Según el artículo 5 de dicha ley, la junta directiva del aeropuerto en cuestión tendría siete miembros designados por el Ejecutivo con períodos diferentes (tres, seis y nueve años). Los nuevos directores que se nombrasen, tendrían períodos de siete años iniciados en distintos momentos, como fórmula que garantizaría su independencia al ser designados por varios gobiernos. Pero, al parecer, el recién electo presidente, Ricardo Martinelli, tenía sus propios planes. El 21 de julio de 2009, el novato consejo de Gabinete de la Alianza por el Cambio aprobó unas reformas a la Ley 23 que llegaron a la Asamblea Nacional el 29 de julio de la mano del entonces ministro de Gobierno, José Raúl Mulino. La Ley 71 de 9 de noviembre de 2009, que aprobó estas reformas, puso fin al método original de escogencia de las directivas de los aeropuertos, eliminándose los períodos fijos y otorgándole al Ejecutivo la facultad de nombrarlos y removerlos todos cuando quisiera. El objetivo era, según la exposición de motivos del proyecto, “...crear una estructura funcional que permita que las directivas en el tema de aeronáutica sobre aeropuertos y aeródromos lleven los criterios y la visión del Gobierno...”. El hoy diputado de oposición y en ese entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, comentó a este diario que “originalmente el principio era que los miembros de la junta directiva fueran nombrados de forma concurrente por los gobiernos de turno”. “Nos equivocamos, parece que el fondo real era el de tener mayor control de la junta directiva”, sostuvo el diputado panameñista. logros y negocios Con estas reglas del juego hechas a la medida, desde julio de 2010, cerca de 20 empresas de reciente constitución, han obtenido concesiones directas para explotar comercialmente locales en la zona libre de impuestos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. En la lista figuran compañías que ofrecen desde masajes de relajación y juegos de azar, hasta venta de pizzas y bebidas alcohólicas. Varias de las sociedades favorecidas son representadas por empleados de conocidos empresarios y con influyentes vínculos entre miembros de la actual administración. Por ejemplo, en tres sociedades que corrieron con la suerte de ser seleccionadas sin concurso alguno por la directiva de Tocumen, S.A., figuran personas que gestionaron la inscripción del terreno de Paitilla que el año pasado cedió gratuitamente la exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte, y que luego fue traspasado a la sociedad Segura Ventures Inc. Estas mismas personas, una vez conocido el traspaso gratuito del terreno público, se desvincularon de las sociedades que obtuvieron contratos con Tocumen, S.A. Consultado sobre la modalidad de “contratación directa por invitación sin obligación de hacerlas públicas” y los contratos concedidos utilizando esta fórmula, el ministro Frank De Lima se limitó a negar que se esté favoreciendo a allegados del gobierno. Y sobre las empresas recién creadas, De Lima indicó que “seguramente esas sociedades tienen la representación de marcas de reconocimiento mundial...”. En los próximos 10 años, Tocumen, S.A. prevé recaudar cerca de $20 millones en canon de arrendamiento, según consta en los contratos que reposan en la Contraloría General. Los locales pagan una renta que va desde $100 hasta $150 el metro cuadrado, más un porcentaje sobre la venta bruta. Anualmente, Tocumen, S.A. factura de la parte comercial $65 millones. Aunque parece una cifra considerable, fuentes consultadas por este diario comentaron que los réditos para el Estado pudieran ser mayores, si Tocumen, S.A. hubiese realizado concursos públicos que garantizaran mejores precios. De esto último es consciente Juan Carlos Pino, gerente de Tocumen, S.A. Sin embargo, agregó, “en Tocumen respetan la iniciativa y la creatividad... Si alguien propone un negocio, no es justo que se abra a licitación para que otro se lo quite”. Las declaraciones del gerente de Tocumen, S.A. riñen no solo con principios generales sobre contrataciones públicas, sino con la propia regulación aprobada por la junta directiva vigente, que establece que tienen bajo su responsabilidad, “Fomentar la libre competencia en la prestación de todos los servicios, impulsando la existencia de dos o más proveedores por cada ´rubro”. Al respecto, el abogado Ernesto Cedeño, especialista en contrataciones públicas, dijo que “ese término [contrataciones directas por invitación y sin publicidad] no aparece en ninguna norma general...”. Mientras, el presidente saliente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Félix Cuevas, enfatizó que la decisión tomada por Tocumen, S.A. viola los principios democráticos de la libre empresa. “Para los ejecutivos de empresa es de vital importancia la conservación de los principios de la libre empresa, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que de ninguna manera podemos considerar que estos principios son respetados cuando la libre contratación desplaza a los procesos de licitación que brinda oportunidad”, advirtió Cuevas.

PARECE LLOVER SOBRE MOJADO

PARECE LLOVER SOBRE MOJADO

Parece como llover sobre mojado, cada pieza que se desarticula del espinado contrato del gobierno panameño con Finmeccanica, lo que sale a flote es una zarta de mentiras que tratan de justificar todos los involucrados en la compra de los equipos por el cual se firmaba el contrato con la compañía italiana Finmeccanica.

 

Aparentemente los involucrados con el contrato son las únicas personas que no se han percatado que estan involucrando al Estado panameño en un negociado tramado en pleno conocimiento de los beneficios que podrían recibír por parte de las comisiones que serían repartidas. El mismo gobierno puso al descubierto los chantajes en insinuaciones que ofrecía la compañía para firmar contratos jugosos, y paradojicamente para esa fecha el presidente Martinelli improvisó un viaje a Italia para reunirse con su homólogo Silvio Berlusconi.

 

El 15 de septiembre de este año, la ex reina de belleza de Colombia, Debbie Castañeda casada con el abogado italiano Marco Squatrit ,  se encuentra involucrada en Italia por escándalo de comisiones ilegales que investiga la fiscalía de Nápoles, indicaron este jueves fuentes de prensa italiana, también figura Alejandro Agag, el yerno del exjefe de gobierno español José María Aznar. Según los diarios italianos Il Corriere della Sera y Il Fatto Quotidiano, la bella colombiana trabajaba desde el 2009 como intermediaria de Finmeccanica, lo que indica que pudiera estar pasando un caso similar con la representante de Agfia.

 

La comparación de costos de los mismos equipos (radares) con otros países como Turquía quien había pagado por 24 radares 33 millones (Promedio de $1.4 Millones por radar), reflejaban cifras superinfladas $125 millones, que el vice-ministro de Seguridad Rafael Garuz y el promio ministro José Mulino han querido  justificar de muchas maneras con el "truquito" de que dicho contrato era llave en mano " y comisión en tierra " (comentario). Primeramente nadie conocía el papel jugado por la compañía Agfia que se formó inmediatamente tras los tramites del acuerdo con Finmeccanica, quien cobraría comisión por el cierre de contrato de 10%, unos 33 millones. Pero la presidente de Afgia se le vé acompañada en fotografías por Valter Lavitola, que era la figura que tramitaba todo en representación de Finmeccanica en Panamá, sin embargo este personaje prófugo y buscado por la justicia Italiana.

A todo este escándalo, sorprende que el gobierno panameño quiere insistir en la aprobación y cierre del contrato con Finmeccanica, a pesar de todos los escándalos que se están dando, lo que hace sospechar a los panameños el grave y escandaloso involucramiento que pudieran estar patrocinando los dudosos representantes del Estado Panameño.

 

CONTRATO CON FINMECCANICA

Radares: más incongruencias

CARLOS ANEL CORDERO

ccordero@laestrella.com.pa

Estado panameño sufragará costo de obras civiles para ubicar los radares

 

Hace 19 h 58 min PANAMÁ. La compra de radares para vigilancia costera a la empresa Selex, filial del consorcio italiano Finmeccanica, en lugar de aclararse se torna más turbia.

La develación de los contratos dejó al descubierto que el Estado panameño tendría que sufragar todos los gastos de obras civiles y acceso a los lugares donde se instalarían los radares.

Además corre por cuenta del Estado los costos que se generen para dotar de energía eléctrica a las instalaciones igualmente la vigilancia de las estructuras.

Son estos detalles, precisamente, los mismos que se utilizaron para justificar una diferencia de 90 millones de dólares en esta compra en comparación con la que otros países realizaron a la firma italiana.

El vice ministro de Seguridad Alejandro Garuz dijo a La Estrella el 8 de noviembre que el contrato panameño era más caro porque Selex tenía entre sus ‘responsabilidades las obras civiles’ .

Viaje a Italia sin agenda oficial

El viaje a Italia ´sin agenda oficial´

santiago cumbrera

scumbrera@prensa.com

Un viaje a Italia, sin agenda, sin informaciones y con muchas dudas de parte del gobierno Italiano y de los panameños. 

El sorpresivo viaje a Italia que hizo el presidente, Ricardo Martinelli, en agosto pasado –en el que no hubo una agenda oficial– es objeto de investigación de la prensa italiana, por el escándalo de corrupción que envuelve al grupo Finmeccanica, el cual vendió equipos de seguridad a Panamá valorados en más de $300 millones.
El diario italiano II Fatto Quotidiano informó que en ese viaje Martinelli se reunió con el ex primer ministro Silvio Berlusconi en su mansión de Cerdeña y con el exconsultor de Finmeccanica y prófugo de la justicia italiana Valter Lavítola, que ese mismo día reservó boletos aéreos para Karen De Gracia, presidenta de Agafia Corp. (empresa que recibirá una comisión por el contrato con Finmeccanica) para viajar a Barcelona.
Ayer, el excanciller Juan Carlos Varela pidió la suspensión de los contratos con Finmeccanica.

EL MANDATARIO PANAMEÑO SE REUNIÓ CON LAVÍTOLA EN una visita SORPRESA

El misterioso viaje a Italia

Casi nada se sabe de una inesperada visita del presidente, Ricardo Martinelli, a la isla de Cerdeña; allí tuvo reuniones con el ex primer ministro Silvio Berlusconi.

SANTIAGO CUMBRERA

scumbrera@prensa.com

¿Por qué la Presidencia de la República no informó de un viaje sorpresa del presidente, Ricardo Martinelli, a Italia? ¿Qué fue hacer el mandatario a Italia el 21 de agosto pasado, cuando su destino final era Alemania? ¿Viajó en el avión presidencial Martinelli? ¿Quiénes estuvieron en ese viaje?
La mayoría de estas preguntas no tiene una respuesta clara. Principalmente porque el mandatario y su secretario privado, Adolfo De Obarrio, prefirieron no hablar ante los medios –locales e italianos– sobre las razones de esa visita.
Martinelli partió el 18 de agosto hacia Alemania para recibir las tuneladoras que trabajarían en la construcción del Metro. Sin embargo, hizo escala en Italia y allí visitó al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en la suntuosa mansión vacacional de este en la isla de Cerdeña, pero por tratarse de un viaje no oficial se desconoce lo que hablaron o pactaron.
Este viaje fue confirmado por la Secretaría de Comunicación del Estado el 20 de agosto, un día después de que este diario divulgara –citando fuentes oficiales– que el mandatario había viajado con los empresarios Gabriel Btesh, Ricardo Francolini y el ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, aunque Martinelli negó que sus acompañantes fueran los citados empresarios.
Tres meses después, el diario italiano II Fatto Quotidiano reveló que, además de reunirse con Berlusconi en ese viaje, Martinelli se encontró con el hoy exconsultor de Finmeccanica Valter Lavítola, ahora prófugo de la justicia italiana y vinculado con la empresa panameña Agafia Corp., sociedad supuestamente propiedad del argentino Gustavo Franchella.
Esta sociedad recibiría el 10% de los contratos que firmó Panamá con empresas del grupo Finmeccanica, según reportes periodísticos.
El viaje de Martinelli se hizo justo cuando se conoció en Italia que Lavítola estaba en líos por una supuesta extorsión a Berlusconi. Para ese entonces la justicia italiana había interceptado conversaciones telefónicas de Lavítola, que después terminarían en el escándalo de acusaciones del pago de comisiones ilegales y los consecuentes arrestos de altos ejecutivos del grupo Finmeccanica.
El mismo día del encuentro con Martinelli –destaca el citado diario–, Lavítola reservó un vuelo a Barcelona para la joven chorrerana Karen De Gracia Castro, presidenta de la sociedad Agafia Corp., quien “se hacía pasar por la sobrina del presidente Martinelli”, según declaró a los fiscales de Nápoles una empresaria detenida bajo arresto domiciliario.
Este diario consultó ayer al presidente Martinelli sobre estos hallazgos y respondió que, “tal como los mismos periódicos italianos dijeron falsamente que la joven Karen De Gracia es sobrina mía, tengo que decir que nada de esto guarda relación conmigo”.
Al ser inquirido sobre si en ese viaje se alcanzó algún acuerdo con Italia, Martinelli respondió lacónicamente: “Nada de nada”.
II Fatto Quotidiano informó que este viaje se caracterizó por “la discreción y el misterio”, y lo que se pudo confirmar fue que se firmó un acuerdo para modernizar los Correos y Telégrafos de Panamá.
LAVÍTOLA HABLÓ DE PAGO
Según consta en el expediente de la Fiscalía de Nápoles que contiene la transcripción de 39 conversaciones telefónicas interceptadas por esta instancia a Lavítola –desde Panamá y Argentina–, este habló de pagos.
En una de las transcripciones de las escuchas a la que tuvo acceso este diario, Lavítola le dijo a Paolo Possezzere –en ese momento director comercial de Finmeccanica– que: “la cuenta en Bulgaria no es buena, y que debido a las restricciones de Finmeccanica el cheque tendría que ser pagado en Italia o Panamá”.
La llamada se hizo desde Panamá el 15 de julio de 2011 y duró 15 minutos.
Días después de la llamada, Lavítola viajó a Argentina para negociar con Telespazio. Precisamente esta compañía selló un contrato con el Gobierno panameño para proporcionar, instalar y dar mantenimiento a un sistema de cartografía digital para el país por un monto de 22 millones de dólares.
Estando en Argentina, Lavítola le solicitó –vía telefónica– a su colaborador Fabio Sansivieri, que enviara “urgentemente” a Karen De Gracia una carta con la solicitud del contrato de los equipos de seguridad para su respectiva firma, según las interceptaciones. También le pidió que enviara el documento a Pozzessere, quien un mes después renunciaría por el escándalo.
GARÚZ EVITA HABLAR
El viceministro de Seguridad, Alejandro Garúz, dijo a este diario la semana pasada que Agafia “supuestamente” representó a Selex en las negociaciones con Panamá. Añadió el funcionario que no conoce a De Gracia y que la persona que negoció con ellos fue Gustavo Franchella. Este empresario, por su lado, dijo conocer a Garúz, pero negó categóricamente ser representante de Selex, que solo actuó como “agente comercial”.
Ante estas contradicciones este diario consultó vía correo electrónico a Garúz pidiendo una aclaración, pero no respondió.
Según las investigaciones que se adelantan en Italia, Agafia pudo haber cobrado el 10% de comisión de los contratos entre las empresas de Finmeccanica y el Gobierno de Panamá para el suministro de equipos de seguridad valorados en 333.3 millones de dólares.
Tras esas escuchas telefónicas, la fiscalía determinó que algunos de los ejecutivos del grupo Finmeccanica están involucrados en “negocios turbios”, reportó el diario británico The Guardian en septiembre pasado.
Los fiscales de Nápoles también indagan sobre cómo se movió dinero entre cuentas bancarias en Suiza y por qué se utilizaron nombres en clave, ya que hubo “un fuerte vínculo entre Lavítola y algunos ejecutivos de Finmeccanica, principalmente en el extranjero, en empresas que pertenecen al grupo, como Augusta, Selex y Telespazio.
El escándalo en Italia ha provocado las renuncias de altos ejecutivos de este grupo. Uno de ellos es Salvatore Metrangolo, presidente de una filial del grupo, mientras que el otro es Paolo Pozzessere.
Hoy se definirá si el presidente de Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, continúa en su puesto. Aunque el empresario ha dicho que si el primer ministro, Mario Monti, se lo pide, renunciará, pero que esperará el resultado del Consejo de la Administración.
Lavítola y las cárceles
El acuerdo de cooperación en materia de seguridad Panamá-Italia también incluía poner en ejecución celdas modulares para el sistema penitenciario de Panamá.
Esta sería una operación de más de 100 millones de euros ($112 millones) –que estarían también bajo la supervisión de Lavítola–, pero no prosperó. En agosto de este año, Martinelli llamó a Giancarlo Curcio, embajador de Italia en Panamá, para hablarle del tema.
II Fatto Quotidiano reprodujo el pasado 18 de octubre –citando un correo electrónico que envió a su gobierno Curcio– que se trató de una llamada “inesperada y áspera” en la que Martinelli le dijo que “las cárceles modulares no las hará nunca porque son muy caras y no le interesan”.
Martinelli confirmó a este diario que hizo esa llamada y se ratificó en lo expresado en ese momento. Agregó que para ese entonces ya se había licitado la megacárcel y que lo ofrecido por Italia era para uso temporal debido al hacinamiento.
“El acuerdo con el Gobierno italiano lo hizo Cancillería. Las negociaciones de compras las hacen los distintos ministerios. No conozco las cifras exactas de esos acuerdos, que nunca se materializaron o hicieron”, añadió el Presidente.
Pero en su momento el proyecto tomó forma, pues en enero pasado la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, recorrió la provincia de Chiriquí para inspeccionar terrenos en los que podría estar ubicado el nuevo centro penitenciario de esta provincia. Méndez visitó el lugar junto con Mauro Velocci, presidente de la compañía italiana Svemark, que posteriormente vería truncado el proyecto para construir estas nuevas instalaciones.
El hospital
Si bien Martinelli renunció a construir el sistema modular de cárceles, no lo hizo con el prometido hospital pediátrico que le prometió Berlusconi.
II Fatto Quotidiano acotó en su nota que Martinelli pidió a los italianos que mantuvieran su promesa de construir el hospital, valorado en $25 millones. De hecho, cuando Martinelli viajó en agosto pasado a Italia, la Secretaría de Comunicación del Estado divulgó un comunicado que señalaba que el mandatario se reuniría con Berlusconi para discutir la “oferta de $25 millones” que costaría construir el nuevo hospital.
Consultado Martinelli sobre este centro hospitalario, dijo que este fue ofrecido en el viaje a Italia en 2009 como una donación del Gobierno italiano, “pero después creo [que] esto se cambió a una donación personal de Silvio Berlusconi. En su viaje a Panamá él habló de eso en el hospital Santo Tomás y se mostró una maqueta”.
¿Hubo coimas?
Al margen del tema de los hospitales y las cárceles, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, se refirió a los pagos que recibiría Agafia en su papel de intermediario.
“Si se pagó en Italia una coima, es un problema de Italia...”, afirmó. Si hubo “trampa” en el contrato –añadió– estarían involucrados la Contraloría, el Consejo de Gabinete y Crédito Público del Ministerio de Economía, que revisaron el acuerdo con Italia.
“Que me digan quién coimeó, que digan quién se llevó el sobreprecio de los radares... y si a alguien de la entidad a mi cargo, desde mí para abajo, se le demuestra que coimeó, lo boto y después renuncio”, dijo Mulino.
Aunque la coima –si la hubo– se pagara en Italia, Mulino no explicó de dónde provendría ese dinero. Pero, ¿acaso no saldría de un sobrecosto de los equipos que está adquiriendo Panamá?

Varela pide suspender millonarios contratos

Después de la polémica surgida por el pago de una “comisión” a una sociedad anónima que actuó como intermediaria en el millonario contrato que firmó Panamá con el grupo Finmeccanica, el excanciller Juan Carlos Varela pidió ayer la suspensión de la compra de los equipos de seguridad, valorados en 333.3 millones de dólares.
Varela emplazó a la Contraloría General y al Ministerio Público a abrir una investigación con el propósito de determinar si existió una lesión patrimonial.
“Con las informaciones provenientes de Italia cobra fuerza la tesis de la existencia de sobreprecios, lo que hace evidente que las personas que negociaron dichos contratos en nombre de la Nación no salvaguardaron los intereses de los panameños”, sostuvo Varela, tras indicar que su participación en este acuerdo fue protocolar.
Igualmente, explicó que dichos contratos son basados en un acuerdo entre dos países, y que por tanto “no se justifica que existan comisiones, ya que no debe haber intermediarios en dicha operación”.
El excanciller también le solicitó al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que revele los contratos de suministros de estos equipos (19 radares, 6 helicópteros y un mapa digital de Panamá), al igual que el contrato de financiamiento con el Citibank de Londres.
El ministro Mulino se ha negado a revelar detalles de los contratos, alegando motivos de seguridad nacional.
SANTIAGO CUMBRERA