Compran tierras en centavos para venderlas en millones
2 mil 100 hectáreas de tierras de la comarca
Ngäbe Buglé fueron vendidas a precios irrisorios en veloces procesos de
prescripción adquisitiva de dominio.
En el distrito de Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé (al norte de la
provincia de Chiriquí), las playas son de fina arena blanca y sus aguas
son de color turquesa. La vegetación es exuberante y su paisaje sigue
siendo aún silvestre en gran parte de las costas y ríos.
La belleza del lugar no ha pasado inadvertida. Allí habitan indígenas
de las etnias ngäbe y buglé, quienes después de vivir durante décadas
en este apartado y paradisiaco rincón del Caribe panameño, ahora se
sienten amenazados porque algunos de ellos deberán desalojar las tierras
que los vieron crecer. Otros temen terminar eventualmente con la misma
suerte.
Inversionistas extranjeros han adquirido tierras que –como en el caso
de las costas de Juan Hombrón– colindan con las tranquilas aguas de sus
playas.
Es el caso de al menos 2 mil 100 hectáreas de costas, riberas de
ríos, manglares y tierras, que han cambiado de dueño a inusual velocidad
tras igualmente rápidos procesos de prescripción adquisitiva de
dominio.
Los nuevos dueños ahora cuentan con parte de las tierras del quinto
humedal de importancia internacional de Panamá (Damani-Guariviara), en
la comarca Ngäbe Buglé (ver mapa).
En 2004, este sitio fue declarado área protegida nacional por su
elevado valor biológico, ya que cuenta con una rica diversidad de flora y
es sitio de anidación de tortugas, como la carey, en peligro crítico de
extinción.
También es santuario para el manatí, el mono aullador y el águila
harpía, el ave nacional panameña, en peligro de desaparecer por la
creciente falta de hábitat.
Tras los procesos de prescripción adquisitiva, los nuevos dueños no
perdieron el tiempo: vendieron la tierra a sociedades anónimas por una
insignificante fracción de su valor de mercado: a un promedio de hasta 3
centavos el metro cuadrado.
A su vez, los compradores se convirtieron rápidamente en vendedores
de la misma tierra, solo que ellos lograron sacarle millones de dólares a
sus nuevos propietarios, que la compraron y que hoy pretenden
desarrollar un proyecto turístico de más de 40 millones de dólares en
costas que los indígenas reclaman como suyas.
Los procesos
A diferencia del caso de Juan Hombrón –en el que la Autoridad
Nacional de Administración de Tierras reconoció derechos posesorios que
luego fueron vendidos a sociedades anónimas–, en Kusapín se usó la
figura jurídica denominada prescripción adquisitiva de dominio.
Este recurso es invocado por personas que han ocupado de manera
“pacífica e ininterrumpida” tierras privadas –es decir, tituladas– por
períodos de 10, 15 o más años, y solicitan a un juzgado la propiedad a
su nombre, jurando desconocer el paradero de su verdadero dueño.
En este caso, los procesos de prescripción adquisitiva fueron
instaurados y promovidos por abogados a nombre de terceros: indígenas,
que, según aseguran los que serían sus vecinos, no viven ni trabajan en
esas tierras.
¿Quiénes son esos abogados? Se trata de una pareja, que, además de
estar unida por lazos profesionales, son esposos: Evisilda Martínez y
Francisco Antonio Castillo. Y con ellos, Nisla Janeth Ortega. Juntos
lograron traspasar las 11 fincas a 8 sociedades anónimas, previamente
inscritas por ellos en procesos igualmente acelerados.
La primera venta fue la de 4 de las 11 fincas a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.
Esta sociedad cuenta entre sus accionistas a un ciudadano de Costa
Rica: Antonio Álvarez Desanti, político, excandidato presidencial de su
país y aspirante a diputado por el partido oficialista Liberación
Nacional, cuya figura más notoria ahora es la presidenta del vecino
país, Laura Chichilla.
Álvarez Desanti es, además, jefe de campaña del favorito en las
encuestas por la carrera presidencial del país tico: Johnny Araya.
Negocio redondo
Uno de los procesos de prescripción adquisitiva fue interpuesto por
Feliciano Baker, que reclamó dos fincas de 180.6 y 18 hectáreas ubicadas
frente al mar. Baker dijo haber ocupado ambas fincas por unos 20 años.
Su proceso fue interpuesto el 1 de marzo de 2010 y concluyó el 29 de
junio de ese mismo año. Esto es relevante, pues procesos como estos son
engorrosos y prolongados, al punto de que muchos renuncian a él.
Pero en este caso el fallo tardó menos de cuatro meses, y así Baker
se hizo de los terrenos en un proceso contra Federico Filter, que las
poseía desde 1920.
La entonces jueza adjunta del Primer Circuito de Bocas del Toro,
Vilma Bryan, suscribió el fallo, aunque este caso había sido manejado
previamente por el hoy exjuez Manuel García, cuyo nombre se repite una y
otra vez en los otros procesos, igualmente vertiginosos.
En el expediente de Baker –que negó conocer el paradero de dueño de
la tierra– se observa que uno de los testigos que aportó, aseguró que
conoció al anciano dueño de la tierra siete años antes de empezar el
proceso. Pero ello pasó inadvertido para el juzgado y para el abogado
defensor de oficio, que pudiéndolo hacer, no preguntó dónde estaba
Filter.
El 7 de julio de 2010 –una semana después del primer fallo–, Baker
recibió otras 18 hectáreas, cuyo dueño original era Ralph Haines.
Ambas fincas –colindantes al norte con el Caribe– se vendieron en 60 mil y 12 mil dólares, respectivamente.
A su vez, esas y otras 485 hectáreas –estas últimas aglutinadas en
dos fincas más– fueron vendidas el 30 de julio de 2010 a Desarrollo
Ecoturístico Cañaveral.
Las 485 hectáreas se vendieron en 2 y 3 centavos el metro cuadrado, en promedio (ver tabla).
Y aunque las cuatro fincas fueron vendidas a Desarrollo Ecoturístico
Cañaveral a los pocos días de emitidos los fallos en los procesos de
prescripción adquisitiva, la “negociación [para su venta] fue
prolongada”, dijo su comprador Álvarez Desanti.
En efecto, fue larga la negociación, porque estas no empezaron tras
los fallos de prescripción, sino mucho antes: en julio de 2009.
En otras palabras, la operación de compra-venta comenzó un año antes
de que se hubiese presentado ante los tribunales un solo proceso de
prescripción.
Y la negociación no fue con las personas favorecidas con los fallos,
sino con abogados de la firma que instauró los procesos de prescripción
adquisitiva, entre ellos Evisilda Martínez.
Un socio de Álvarez Desanti –el costarricense Alonso Arroyo– lo
confirmó: “Para julio de 2009 ya habíamos empezado a hablar [de la
compra de la tierra]”.
UN HOMBRE CLAVE
Tres días después de haber sido inscrita en el Registro Público la
sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, Álvarez Desanti asumió su
presidencia –el 29 de julio de 2010– acompañado por su esposa, Nuria
Marín, Cornelis Van Noordenne, así como Arroyo.
Pero esta sociedad originalmente nació con Evisilda Martínez como
presidenta; con Arroyo (secretario) y con Jason Meyers Harris como
tesorero. (Ni Martínez ni Harris accedieron a ser entrevistados por este
diario).
Harris –ciudadano estadounidense– desarrolló un papel clave en este
entramado. Su nombre aparecía en 27 sociedades, en algunas de ellas
junto al de Evisilda Martínez; presentó renuncia a todas en mayo de
2011.
Pero no es todo. También aparece en sociedades y comparte oficinas en
la empresa de bienes raíces Pan American Real Estate Group con Carlos
Morales Murgas [un primo de Anabelle Villamonte, exdirectora de
Titulación de Tierras] y otras personas vinculadas al escándalo de Juan
Hombrón (ver nota adjunta).
Harris sirvió de puente entre Álvarez Desanti y Evisilda Martínez
para la operación de compra-venta de las tierras. Ello, a pesar de que
Martínez para cuando las ofreció en venta no era dueña de las tierras ni
tampoco lo eran los clientes de su firma, quienes, ocho meses después
del inicio de la negociación, promoverían los procesos de prescripción.
DOCUMENTO REVELADOR
Fruto de las primeras negociaciones iniciadas en julio de 2009 es un
contrato de promesa de compraventa, firmado por Álvarez Desanti y
Evisilda Martínez.
Este medio obtuvo el contrato de manos del propio Álvarez Desanti,
que borró en la copia entregada a este diario la cláusula en la que se
pactó el precio de las fincas que le vendería Martínez.
Lo primero que llama la atención de este contrato es que fue suscrito
por las partes antes de que comenzaran los procesos de prescripción
adquisitiva de dominio.
El primero de los cuatro procesos de prescripción para obtener las
fincas que se le venderían a Álvarez Desanti fue presentado en los
tribunales el 1 de marzo de 2010, y el resto, dos días después.
No obstante, el contrato está firmado en Panamá el 30 de enero de
2010, y en Costa Rica, el 1 de febrero de ese año. Es decir, Evisilda
Martínez dio como un hecho que podía vender fincas que no poseía aún, y
sin conocer los fallos de procesos por tierras que irían a pleito.
En la cláusula primera del contrato de promesa de compraventa, ella
afirma “que es ponderante del propietario único y exclusivo...” de las
fincas que serían vendidas a Álvarez Desanti.
¿Cómo podía representar al “propietario único y exclusivo” cuando
esas tierras irían a pleito? ¿Cómo podía saber de antemano los fallos de
los procesos que, a la firma de la promesa de compraventa, ni siquiera
habían sido instaurados?
Álvarez Desanti reveló a este diario que la firma Patton Moreno &
Asvat fue contratada por él para hacer la diligencia debida (due
diligence) de la operación.
Para cuando se firmó el contrato de promesa de compraventa, este
proceso, según su texto, ya había sido “aprobado satisfactoriamente” y,
de hecho, se había adelantado una suma de dinero a Evisilda Martínez.
La cláusula segunda del contrato dice que Martínez se obligaba a vender las fincas libre de litigios. Y así fue.
LA VENTA
Como se dijo, los procesos comenzaron en marzo de 2010 y para
principios de julio de ese año –solo cuatro meses después– salieron los
fallos, todos a favor de los demandantes, quienes de inmediato
traspasaron las fincas –a cambio de la suma de 197 mil dólares– a la
sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral que para entonces presidía
Evisilda Martínez.
Martínez, a su vez, las vendió a Álvarez Desanti, por varios millones
de dólares (La Prensa no fue autorizada para revelar el monto exacto de
la transacción).
Martínez recibió su pago el 28 de julio de 2010, y al día siguiente
el empresario tico tomó posesión de la sociedad en calidad de
presidente, y con ello, de las cuatro fincas.
Un día después de recibir el dinero –el 30 de julio–, Evisilda Martínez pagó a quienes previamente le habían vendido las fincas.
CONEXIONES
Francisco Martinelli Patton, un primo del presidente, Ricardo
Martinelli, fue el abogado que se encargó de refrendar el pacto social y
de los estatutos, así como del cambio de dignatarios en la sociedad
Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.
Martinelli Patton fue hasta hace pocos meses socio en la firma
Patton, Moreno & Asvat, firma que suscribió la sociedad y que
permanece como su agente residente.
Consultado sobre su relación con esta sociedad, Martinelli Patton se
limitó a responder que “todo fue manejado” por los abogados y socios de
Patton Moreno & Asvat, “que estuvieron al tanto de este asunto
dentro de la misma, entre los cuales no estuve yo involucrado [sic]”.
Pero luego se contradijo al indicar que participó como “abogado
suscriptor” de la sociedad. Martinelli Patton evitó en todo momento
referirse a Evisilda Martínez y a Álvarez Desanti.
Pero el político dijo a este medio que conoce a Martinelli Patton
desde hace “muchos años”, al menos desde 2008, un año antes de empezar a
negociar las tierras. Pese a que conocía a Martinelli Patton desde
2008, Álvarez Desanti dijo que en la compra de la tierra fue “asesorado”
por otros abogados de la firma.
´Nos engañaron´
Samuel Tugrí, morador de Kusapín, está indignado. “Nos dijeron que se
haría un programa para ayudar a la gente, pero en realidad querían
nuestras firmas para vender [los terrenos]. Nos mintieron y ahora nos
hemos dado cuenta”, se queja.
Pero Álvarez Desanti desmiente las denuncias: “Todo el proceso de
consulta comunitaria está debidamente documentada por las autoridades
comarcales”.
“Nosotros somos los dueños [de las fincas], le dimos la primera opción a la comarca y no compró”, afirmó el empresario tico.
Esta afirmación coloca a Álvarez Desanti como propietario de la
tierra antes de que pasaran a sus manos, puesto que la primera opción de
compra debió haberla hecho el beneficiario del fallo en los procesos de
prescripción adquisitiva y no él. En todo caso, él sería el segundo al
que le ofrecieron la tierra, pero no fue así, como se verá.
Hubo un ofrecimiento a la comarca de uno de los beneficiados de los
fallos de prescripción adquisitiva –Feliciano Baker– en abril de 2010.
Solo que para entonces, Baker aún no era dueño la tierra que había
ofrecido a la comarca.
En nota fechada el 30 de julio de 2010, el alcalde de Kusapín, Andino
Archibold, respondió a Baker que “la comarca no cuenta con fondos, o
sea no tenemos dinero para comprar la finca 949”.
Baker pedía a la comarca 65 mil dólares, precio superior al que luego
la vendió. Pero lo que no dijo Baker es que su finca estaba ya
comprometida. Formaba parte de un contrato de compraventa firmado a
principios de 2010 por Evisilda Martínez y Álvarez Desanti.
El político costarricense asegura que “el proyecto no necesita
recoger firmas de los indígenas diciendo que están a favor, porque la
aprobación para continuar [con su proyecto en la zona] radica en el
Congreso General y es ahí donde estamos negociando”.
LA INVESTIGACIÓN
Esta operación la investiga el Ministerio Público. Y hasta ahora son
tres las personas involucradas por supuestos delitos contra la
administración y la fe pública.
El 16 de septiembre de 2011, la hoy directora de la Autoridad de
Transparencia, Abigaíl Benzadón, denunció penalmente a Feliciano Baker,
al alcalde de Kusapín, Andino Archibold, y a la jueza Vilma Bryan por
los delitos mencionados, y pidió una marginal en las fincas vendidas,
pero sin éxito.
El pasado 28 de diciembre, el expediente, que se hallaba en la
Fiscalía Segunda de Bocas del Toro fue remitido al Juzgado Primero
Penal, ya que se interpuso una solicitud de “prórroga”.
Abogada recibió millones por la venta de tierras
“Nosotros pagamos varios millones de dólares” a Evisilda Martínez
para adquirir la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, que posee
685.89 hectáreas de terrenos, aseguró el candidato oficialista a
diputado en Costa Rica Antonio Álvarez Desanti.
El político tomó distancia de Martínez, al indicar que ella adquirió
las tierras “directamente y en negociaciones con los dueños”, en
procesos en los que asegura no haber participado.
“En esa parte del proceso nosotros no tuvimos ninguna participación
ni conocemos los términos de la misma”, comentó. En el Registro Público
de Panamá se observa que la sociedad fue suscrita por dos abogados de
Patton, Moreno & Asvat, firma contratada por Álvarez Desanti, y que
por los terrenos se pagaron 197 mil dólares, a un promedio de tres
centavos el metro cuadrado. Ahí aparece que Evisilda Martínez y Alonso
Arroyo [socio de Álvarez Desanti] fueron los “primeros” directivos de la
sociedad. Martínez, junto con su esposo, Francisco Castillo, aparecen
como directores en siete sociedades más que poseen otras mil 404
hectáreas en el humedal Damani-Guariviara. Este diario intentó
entrevistar a estos abogados en varias ocasiones, pero no accedieron. En
una visita a su oficina, este medio fue atendido por la abogada Maribel
González –quien participó en los procesos de prescripción adquisitiva–
que, con evidente nerviosismo, dijo que tenía “restringido” hablar de
las negociaciones en las zonas indígena.
Ereida Prieto-Barreiro
Similitudes: Juan Hombrón y Paitilla
Justo cuando se tramitaban los procesos de prescripción adquisitiva
en Bocas Toro, otras 54.3 hectáreas frente a las playas de Juan Hombrón,
en Coclé, eran entregadas a supuestos poseedores que velozmente las
vendieron a 12 sociedades anónimas de la familia del entonces ministro
de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, entre 2010 y 2011.
El proceso
fue muy similar al de la comarca Ngäbe Buglé, ya que en ambos casos los
poseedores solo tuvieron que presentar testimonios de personas que daban
fe de su ocupación, a pesar de que la Ley 80 establece varios
requisitos más para comprobar la posesión de la tierra. Otra
coincidencia en ambos casos es que las mismas personas que decían ser
dueñas de tierras en Kusapín, a su vez fueron testigos de paisanos que
alegaban la posesión de los lotes colindantes.
Las rápidas ventas de los
terrenos en Juan Hombrón se daban alegando que sus poseedores habían
ocupado las tierras por más de cinco años, con ánimo de dueño, de manera
“pacífica e ininterrumpida”. En todos los casos se ignoró la existencia
de abundante mangle y de restricciones municipales sobre estos
terrenos.
En Juan Hombrón, las tierras también fueron entregadas
gratuitamente a supuestos pescadores que alegaban tener derechos
posesorios de la tierra. La rapidez para otorgar los títulos de
propiedad en Juan Hombrón se debió en gran medida al hecho de que la hoy
exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de
Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, fue la abogada que comenzó los
trámites de titulación, y su primo Carlos Morales Murgas los continuó.
Villamonte también fue la que entregó gratuitamente al florista César
Segura un relleno de mar en Paitilla, cuyo valor fue estimado en 11
millones de dólares.
Este relleno retornó al Estado panameño y en él actualmente se
construye un parque, pero, como en el caso anterior, para ninguno de los
implicados hubo consecuencias penales por los irregulares procesos de
adquisición y venta de los terrenos.
Ereida Prieto-Barreiro
