viernes, 24 de mayo de 2013

Ordenan arresto para el alcalde de Chame,
 
Zelideth Cortez / Erika Garrido
 
El sueño de un Político acusado de corrupto termina con su conducción a prisión hoy. José P. Solís, su vicealcalde, asumirá la jefatura de la comuna de Chame


El sueño del alcalde de Chame, Euclides Mayorga, de repetir nuevamente en el próximo periodo electoral quedó sepultado ayer, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera no admitir el recurso de casación interpuesto por él ante la sentencia de tres años de prisión proferida en su contra por corrupción.

Le correspondería hoy a María de Lourdes Ortiz, juez Segunda del Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, ordenar la detención de Mayorga y su traslado a prisión.

Fuentes judiciales informaron que Mayorga fue notificado en la mañana de ayer de la decisión de la Corte a través de un notificador del Juzgado II de La Chorrera.

REVUELO EN EL PALACIO MUNICIPAL

Pasadas las 11:00 a. m. de ayer, el alcalde de Chame, cabizbajo y pensativo se retiró del Palacio Municipal. Aunque La Estrella se comunicó con él vía telefónica en horas de la tarde, tajantemente negó haber recibido algún tipo de notificación: ‘no sé nada de lo que me hablas, llámame mañana, estoy manejando’, fue la respuesta que brindó.

Y así, mientras Mayorga se sumerge en un nuevo laberinto legal, al Palacio Municipal llegaron funcionarios de la Gobernación de Panamá para notificarles del fallo de la Corte.

Pero la visita de los representantes no quedó en un simple trámite de notificación. Los comisionados de la máxima autoridad de la provincia capital tenían que cumplir otra tarea: asegurar que José Pastor Solís, tomara posesión ayer mismo como nuevo alcalde de Chame. Y así fue. El hasta entonces vicealcalde, sin mediar palabra ni hacer preguntas, firmaba el acta que formalizaba su cargo.

La rápida acción de los funcionarios de la Gobernación fue justificada por Roberto Tejeira, secretario general de esta instancia: ‘se realizó la convocatoria (a José Pastor Solís) para que tomara posesión del puesto alcaldicio y que no quedara en acefalía ya que Mayorga fue condenado e inhabilitado para ejercer funciones públicas’.

LA HOJA DE RUTA DE SOLÍS

El fugaz acto se desarrolló después de las 4:00 p. m. , por lo que Solís no pudo entrar al despacho alcaldicio, aunque sí reveló la hoja de ruta que pondrá en práctica. Como prioridad dijo que ordenará auditorías y prometió trabajar en mejor coordinación con la Tesorería.

Sobre posibles despidos, el nuevo alcalde se limitó a decir que los funcionarios (de la Alcaldía) deberán aprender a trabajar con él y que las puertas están ‘abiertas’ para aquel que no quiera.

‘CONTINUARÁN LAS INVESTIGACIONES’

Mientras tanto, las investigaciones administrativas no se detendrán. Así lo aseguró Jorge Puga, asesor legal del Concejo: ‘continuaremos con las investigaciones, ya se recibió la visita de las Fiscalías realizándose auditorías, por lo cual se podrían estar haciendo llamamientos a Mayorga para que rinda declaración indagatoria y explique qué ha pasado con los fondos alcaldicios que no aparecen’.

EL FUTURO DE MAYORGA

Lo que es innegable es que el rechazo del recurso de casación pone a Mayorga entre la espada y la pared. A este sombrío panorama se añade la renuncia de Miguel Batista, quien hasta hace poco fungió como su representante legal, por lo que la Corte le nombró una defensora de oficio, que este medio pudo conocer ya fue notificada sobre la decisión judicial.

Ahora le corresponderá a los tribunales proceder con la ejecución del fallo que dicta la pena de tres años de prisión más e igual cantidad de años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

jueves, 23 de mayo de 2013

Abogados activan nueva alarma
 
Zelideth Cortez
 
Juristas expresan su preocupación por casos de tres funcionarios que han salido de los tribunales en circunstancias no esclarecidas


Desde la repentina salida del juez Cuarto del Circuito Penal de Panamá, Silverio Rodríguez, a principios de este mes, una lluvia de interrogantes ha despertado un mar de dudas.

Nadie en el Órgano Judicial pudo aclarar si el juez fue destituido o presentó la renuncia al cargo.

Lo que es innegable ocultar es que la salida de Rodríguez ocurrió días después de que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte solicitara investigarlo por haber otorgado permiso de salida del país a Stephen Jones, imputado en el caso Cemis; y a Ricardo Traad, exdirector del antiguo Servicio Marítimo Nacional.

En esta lista de suspicaces decisiones al más alto nivel, se añade el caso de la magistrada del Tribunal Superior de Las Tablas, Karem Benítez, que aún se desconoce si volverá o no a ocupar su puesto ya que —después de un confuso incidente— se le impidió entrar a su despacho.

Mientras tanto, ayer una fuente aseguraba que el Juez Primero de Circuito Penal, Rolando Quezada Vallespino, había sido despedido. Horas después, de la oficina de Relaciones Públicas de la Corte aseguraban que el funcionario se mantenía en su puesto.

¿SECRETAS INTENCIONES?

Aunque los tres casos no guardan una relación común, sí tienen un hilo conductor que, según una cercana fuente al Palacio Gil Ponce, tiene que ver con la necesidad de dejar abiertas unas algunas vacantes que serían ocupadas —antes de que finalice este año— por abogados afines al partido Cambio Democrático.

Supuestamente la iniciativa tiene cortes políticos, aunque el presidente Ricardo Martinelli y sus voceros han recalcado que ‘no existe ningún interés del Ejecutivo de penetrar en el funcionamiento del Órgano Judicial’.

TESIS DE LA EXPROCURADORA

Pero si se pone en perspectiva la posición del Gobierno ante el panorama actual en las instancias judiciales, para la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez esto tiene una connotación en la que se combinan dos necesidades: una en la que se debe tener mucho cuidado en la forma como se depura el sistema frente a una serie de figuras desgastadas y cuestionadas públicamente; y en la otra vertiente, no descarta que ‘por el momento político en el que nos encontramos, Cambio Democrático esté buscando nuevos espacios políticos en el Órgano Judicial’.

Este confuso panorama ‘despierta cuanto antes la alarma’ para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, quien hace especial énfasis en la necesidad de ‘promover y materializar la carrera judicial para alejarla de cortes políticos’.

‘DE CARA AL SOL’

En esta misma línea, el también exprocurador de la Nación Rogelio Cruz está convencido de que ‘la ley de Carrera Judicial es un imperativo indispensable’, a pesar de que se ha pospuesto injustificadamente.

El jurista reconoce que si bien en el Órgano Judicial ‘hay manzanas podridas’ que sí deben ser excluidas del sistema, este ejercicio debe realizarse ‘de cara al sol’, para que las llamadas ‘renuncias’ no dejen abiertas interrogantes, tanto sobre quién lo hizo como del mismo sistema que no brinda explicaciones.

Por ahora, habrá que esperar a ver si las renuncias y despidos seguirán alguna constante en los meses venideros, mientras los funcionarios de este Órgano del Estado están a la espera de que el Legislativo saque del congelador la propuesta de ley de Carrera Judicial, que se convertiría en una barrera que aseguraría que la política se mantenga alejada del sistema judicial.

Familiares y amigos del presidente desvinculan de sociedades

Después que el presidente Martinelli recibiera un cuestionario de ´La Prensa´ sobre las hidroeléctricas, se produjeron las renuncias.
 
Santiago Cumbrera
scumbrera@prensa.com

El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, criticó ayer la nota titulada: “Hidroeléctricas, un negocio de poder” que publicó este diario el pasado lunes, en la que se reveló que empleados del súper 99, parientes y allegados al presidente, Ricardo Martinelli, figuran en sociedades que desarrollan hidroeléctricas en su natal provincia de Veraguas.

Henríquez dijo en Telemetro que la citada nota contiene “tal cantidad de inexactitudes”, como –según dijo– que “la mayoría de los nombres que aparecen en el reportaje como miembros o dignatarios de esas directivas [sociedades] no son dignatarios hoy día [sic]”.

Documentos que reposan en el Registro Público revelan que el pasado 15 y 17 de mayo se inscribieron ante esa instancia dos actas de reunión de accionistas de las empresas Reforestadora Cañazas, S.A. e Hidro Occidente, S.A., respectivamente, notificando las renuncias de seis de sus dignatarios (ver facsímiles).

La dimisión se registró menos de una semana después de que este diario le enviara al presidente Martinelli, vía correo electrónico, un cuestionario –que no fue respondido– para conocer su relación con los directores y las empresas que desarrollan hidroeléctricas en Veraguas.

El trámite de las renuncias fue expedito, puesto que pagaron 250 dólares por adelantar su turno en el Registro Público.

Renunciaron a esas dos sociedades: Leonel Zapata (cercano amigo de los hijos del Presidente: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares); Ulises Dioger González, jefe de seguridad del súper 99, y Tomás Martinelli, primo del mandatario y miembro del Comité Político del oficialista partido Cambio Democrático (CD).

También renunció Rolando Cuevas Silva –hijo de Rolando Cuevas La Vera–, que fue nombrado por el presidente Martinelli en la junta directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), a pesar de que ambos están vinculados con el desarrollo de hidroeléctricas en Veraguas.

Otro que dimitió fue Navin Bhakta, designado por Martinelli en el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores y uno de los principales proveedores de electrodomésticos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Por otro lado, se le revocó un poder general de administración de la sociedad Reforestadora Cañazas, S.A. a Mario Martinelli Berrocal, hermano del mandatario, y presidente de la Junta Nacional de Escrutinio de Cambio Democrático.

La dirección que aportó Reforestadora Cañazas, S.A. ante la Autoridad de los Servicios Públicos, S.A. es la misma que la empresa Ricamar, S.A., razón social de los súper 99.

De Reforestadora Cañazas también renunció Iván Alexis Gaitán, que, además, aparece en varias sociedades con Ulises Dioger González, Tomás Martinelli y Mario Martinelli Berrocal.

Las actas en las que constan las renuncias de estos directores fueron refrendadas por la abogada Tania Chen Guillén, notaria segunda del circuito de Panamá, el 13 de mayo de 2013, a las 10:00 de la mañana, e inscritas oficialmente pocos días después.

CAMBIOS

Hidro Occidente, S.A. y Reforestadora Cañazas, S.A. representan los proyectos hidroeléctricos El Remance (en el río Gatú) con capacidad instalada de 9.0 megavatios (MW) y La Laguna (río San Pablo) con capacidad instalada de 13.9 MW, respectivamente.

En ambas sociedades fue designado como presidente el mexicano José Luis Barredez, que también ha estado vinculado con el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el país.

miércoles, 22 de mayo de 2013

Sin aval de la bosa

Hay muchas preguntas sin respuesta en el caso de Financial Pacific. La empresa encontró un comprador cuyas credenciales se desconocen. 

Yolanda Sandoval
ysandoval@prensa.com


El depósito de $12.2 millones en las cuentas de los clientes para tapar un fraude orquestado a lo interno de Financial Pacific (FP) y la posterior venta de la empresa, no son elementos que automáticamente le permitan a la compañía operar bajo el paraguas de la Bolsa de Valores de Panamá.

Después de cumplir con estos pasos, entre otros requisitos, FP consiguió que la Superintendencia del Mercado de Valores levantara la suspensión de la licencia, tras un año de investigaciones, e incluso una denuncia por supuesto lavado de dinero y falsedad de documentos.

Según la Superintendencia, con la venta de FP al grupo brasileño Mendo Sampaio se hicieron los correctivos necesarios para que la licencia le fuera reanudada a la casa de valores.

Sin embargo, tal como explicó ayer Felipe Chapman, presidente de la junta directiva de la Bolsa de Valores, “todavía hay muchas preguntas sin respuesta”, ante este organismo.

“Cómo se cubrió la pérdida, cuáles fueron los términos de la venta, quiénes son los compradores y cuál es su interés en el negocio”, precisó Chapman.

Las dudas en el mercado financiero son válidas luego de que la Superintendencia suspendió la licencia el 7 de noviembre de 2012, entre otras cosas, por la falta de fiscalización de los empleados que, supuestamente, sustrajeron cifras millonarias, e irregularidades administrativas que incluían el ofrecimiento de productos financieros fuera de su alcance operativo. Posteriormente, y de forma sorpresiva, aparece el grupo industrial Mendo Sampaio interesado en una empresa que ni siquiera tenía licencia para operar.

El pasado viernes 17 de mayo la Superintendencia envió una nota a la Bolsa de Valores para solicitar que se le eliminaran todas las restricciones que tenía FP para que operara su puesto.

La Bolsa de Valores, a través de una nota firmada por Roberto Brenes, gerente de la entidad, comunicó el lunes 20 de mayo que la empresa debía presentar una serie de documentos legales para lograr la elegibilidad luego de haberse dado su cambio accionario.

Pero más allá de las copias de la escritura pública que dé fe de los cambios en la directiva en FP, los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2012 y los interinos a marzo de 2013, la Bolsa de Valores tomará en consideración la situación integral de la empresa para que pueda reanudar su puesto.

“Se aprecia la situación en todo su conjunto. Suficiencia de capital, pericia financiera y bursátil por parte de los nuevos accionistas y el personal que han contratado”, dijo Chapman.

El directivo indicó que es muy importante mostrar confiabilidad y convencer a la junta directiva que se trata de un agente económico serio y responsable. “Si esto no queda claro, no se puede aprobar que operen el puesto de bolsa”.

Mientras que FP no obtenga el visto bueno, la empresa no puede hacer negocios en el mercado organizado a través de la Bolsa de Valores de Panamá.

Un ahorro a costo del Estado

Varios empresarios no tendrán que invertir millones de dólares gracias a que se usará dinero del Estado para construir una subestación eléctrica
Santiago Cumbrera
scumbrera@prensa.com

Eduardo Vallarino admite que la subestación eléctrica de San Bartolo beneficiará obras hidroeléctricas. Algunas son de amigos y empleados de Ricardo Martinelli
El terreno donde el Gobierno construirá la subestación eléctrica de San Bartolo, en la provincia de Veraguas, por más de 13 millones de dólares fue “donado” por un grupo de empresarios vinculados con el desarrollo de hidroeléctricas en esta región.

Los empresarios, entre ellos el excandidato presidencial Eduardo Vallarino, crearon la sociedad Recursos Hidroeléctricos, S.A. para reunir un capital a fin de comprar la finca, hacer las adecuaciones y traspasarla a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

Recursos Hidroeléctricos, S.A. es presidida por Ulises Dioger González, jefe de Seguridad del súper 99, propiedad del mandatario. En esta sociedad también figuran Rolando Cuevas y Carlos Manuel Quintero, ambos designados por el presidente Martinelli en la junta directiva de Etesa.

Vallarino –que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Los Estrechos, S.A. en el río Cobre (Cañazas)– confirmó a este diario que el aporte total estimado de los empresarios –a quienes no identificó– fue de 1.5 millón de dólares y que, en su caso particular, dio la suma de 150 mil dólares.

El empresario, que habló a título personal, reconoce que si no se construye la subestación eléctrica –con fondos del Estado– su proyecto (Los Estrechos) tendría que conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a unos 20 kilómetros de San Bartolo, y eso le hubiese representado a él una inversión adicional de 1.4 millón de dólares.

“Lo único que sabemos es que somos accionistas de una empresa [Recursos Hidroeléctricos] que va a donar un terreno para que se ponga una subestación eléctrica que será de beneficio para el país y de los desarrolladores de proyectos hidroeléctricos”, dijo Vallarino.

Con la subestación de San Bartolo, además de la hidroeléctrica Los Estrechos, se beneficiarán otras nueve centrales hidroeléctricas, de las cuales, en ocho aparecen desde empleados del súper 99 hasta allegados al presidente, Ricardo Martinelli.

Esos proyectos son: Las Cruces, San Bartolo, El Remance, La Laguna, Cerro Mina, Cerro Viejo, Santa María y Cañazas. En tres de esos proyectos, aparece Leonel Zapata García, un cercano amigo de los hijos del Presidente: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

La construcción de la subestación eléctrica fue adjudicada por Etesa a la empresa Celmec, S.A. cuyo contacto en PanamáCompra es Ernesto Richa Viu, socio de Quintero, Cuevas y Vallarino en la sociedad que donará el terreno a Etesa para construir la subestación.

DEFENSA

Vallarino justificó la construcción de la subestación eléctrica en San Bartolo arguyendo que en esa área se desarrollarán varios proyectos hidroeléctricos y que a medida que se construyan otros se podrán conectar al SIN.

“Empezamos con tres desarrolladores de hidroeléctricas y a medida que pasa el tiempo aumenta la cantidad y esos nos beneficia a todos, porque la inversión que haremos será menor”, contó Vallarino.
El Plan de Expansión de Etesa 2012 –avalado por Cuevas y Quintero– establece que la subestación eléctrica de San Bartolo debe empezar operaciones el 31 de enero de 2015. Justo en esa fecha deben ingresar al SIN varios de los proyectos ya mencionados.

Con relación a su proyecto hidroeléctrico Los Estrechos, Vallarino dijo que cumple con todas las normativas nacionales y que tiene la aceptación de las comunidades aledañas, con excepción de una dirigente que –según dijo– ha intentado “sabotear” las consultas públicas.

En el pasado, miembros del Movimiento Campesino por la Defensa del río Cobre (Mocamderco) han protagonizado enfrentamientos con la Policía Nacional, pues se oponen al establecimiento del proyecto hidroeléctrico Los Estrechos.

Según información de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), la hidroeléctrica Los Estrechos tendrá una capacidad instalada de 9.5 megavatios, y está en la fase de diseño final.

Por no superar los 10 megavatios, este proyecto se beneficiará de la Ley 45 del 4 de agosto de 2004, que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación hídrica y otras fuentes renovables.

Por ejemplo, no pagará ningún cargo de distribución ni transmisión por los primeros 10 megavatios durante los primeros 10 años de operación.

Vallarino igualmente representa el proyecto hidroeléctrico Ojo de Agua, ubicado en Coclé, con una capacidad instalada de 6.5 megavatios, que también está en el diseño final, de acuerdo con informes de la Asep.

martes, 21 de mayo de 2013

El poder y las hidroeléctricas

El Estado invertirá en una subestación el électrica en Veraguas que favorecerá a una red de empresas hidroeléctricas vinculadas entre sí. 

Santiago Cumbrera
 


El 25 de febrero de 2013, durante tres horas, hubo un gran apagón en todo el país. El suministro de energía quedó interrumpido debido a un daño en dos líneas de transmisión de energía, en Llano Sánchez, Aguadulce, provincia de Coclé, causado –según las autoridades– por la quema de cañaverales realizada en el ingenio Santa Rosa (Aguadulce).

Al día siguiente, el Consejo de Gabinete aprobó un acuerdo de “cooperación” entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) para construir una subestación eléctrica en San Bartolo, Veraguas. El proyecto tendrá una capacidad máxima de 80 MVA (megavoltiamperio) y permitirá la interconexión con la subestación de Llano Sánchez (Aguadulce).

“Esto fue mera casualidad, porque desde el año pasado [2010] se venía hablando de la subestación eléctrica de San Bartolo”, aseguró a este medio el secretario de Energía, Vicente Prescott (ver nota relacionada).

La decisión del Gabinete pasó inadvertida para casi todos los panameños, pues el tema –en corrillos y medios– era el apagón nacional.

Entre los pocos que reaccionaron a la decisión del Gabinete estuvo el abogado Ebrahim Asvat, quien preguntó en su cuenta de Twiter: “¿A quién beneficia la construcción de la subestación eléctrica de San Bartolo?”. La ambientalista Raisa Banfield le respondió: “Esa es la pregunta de fondo, lo demás son justificaciones”.

Y algo parecido a una justificación llegó en un comunicado oficial: “...[el proyecto] es considerado en la política energética como estratégico y prioritario para promover los proyectos de generación de energía eléctrica”.

Nadie del Gobierno habló de las “bondades” del convenio –que incluye ampliar la subestación Boquerón III, en Chiriquí– ni se mencionó qué proyectos hidroeléctricos aprovecharán la nueva infraestructura, que les permitirá integrarse sin mayor costo al Sistema Interconectado Nacional, gracias a una cuantiosa inversión del Estado.

Solo dos días después de aprobada la construcción de esta subestación, Etesa recibió ofertas de cuatro empresas interesadas en ejecutar esta obra, valorada en más de 13 millones de dólares.

En otras palabras, Etesa había convocado una licitación antes de que el Consejo de Gabinete aprobara el acuerdo y, curiosamente, coincidió con aquel apagón que dejó sin energía eléctrica todo el país.

Esta era la segunda licitación (la primera se declaró desierta) para desarrollar la millonaria obra, contemplada en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 2011.

“Esta nueva subestación permitirá la conexión de nuevas plantas hidroeléctricas, lo que redundará en beneficio de todo el país, dado que garantizaría una mayor generación de energía y de esta forma cubrir la demanda...”, justificó Fernando Marciscano, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), en un informe divulgado en el portal PanamáCompra en febrero pasado.

Esas líneas han sido las únicas palabras que ha emitido Marciscano sobre este asunto, puesto que no aceptó una entrevista con este diario. Fuentes de la institución –que prefirieron el anonimato por temor a represalias– informaron que “la línea es no referirse al tema”.

LA PREGUNTA DE FONDO

¿Qué empresas se beneficiarán con la subestación eléctrica de Veraguas? En documentos de Etesa se mencionan 10 desarrollos hidroeléctricos: Las Cruces, Santa Rosa, San Bartolo, Santa María, Cañazas, Cerro Mina, El Remance, Cerro Viejo, La Laguna y Los Estrechos, con un aporte en conjunto de unos 60 megavatios.

De esos 10 proyectos, en ocho aparecen personas allegadas a altos funcionarios del Gobierno, incluyendo empleados de los supermercados 99, propiedad del presidente, Ricardo Martinelli (ver infografía).

Por ejemplo, en tres de esos proyectos (El Remance, Cerro Viejo y Cerro Mina) figura Leonel Zapata, un cercano amigo de los hijos del gobernante: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares (ver foto).
Zapata participa en viajes y fiestas con el empresario Rogelio Oruña, representante de IBT Group, al que en los últimos tres años el Gobierno le ha otorgado contratos valorados en más de 420 millones de dólares.

Zapata también aparece –o ha aparecido– como dignatario en numerosas sociedades anónimas vinculadas al presidente Martinelli. La madre de Zapata, Sabrina García, fue designada por Martinelli como embajadora de Panamá en Paraguay.

MÁS BENEFICIOS

Puesto que hay proyectos que no superan los 10 megavatios, sus promotores serían subvencionados gracias a la Ley 45 del 4 de agosto de 2004, que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación hídrica y otras fuentes renovables.

Por ejemplo, no pagarán ningún cargo de distribución ni transmisión por los primeros 10 megavatios durante los primeros 10 años de operación.

El proyecto de la subestación se elaboró luego que Martinelli designó en la directiva de Etesa a Rolando Cuevas y a Carlos Quintero, este último empleado de los súper 99.

Justamente, los hijos de Cuevas –Rolando Cuevas Jr. y Luis Cuevas– son promotores de los proyectos hidroeléctricos Las Cruces y San Bartolo, representados por la empresa Corporación Nacional de Energía del Istmo Ltd.

El Código de ética y conducta empresarial de Etesa regula el conflicto de interés (ver tabla). Cuevas y Quintero prefirieron guardar silencio, pese a que se les envió en varias ocasiones un cuestionario para conocer sus versiones.

El que sí defendió su concesión fue Moisés Barraza, de la empresa Mifta Power Inc., que representa al proyecto hidroeléctrico Santa María, vinculado a la familia Virzi-Martinelli.

Barraza explicó que el derecho de concesión lo obtuvieron mediante un acto público de concurrencia que propuso la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) en 2008, en el que compitieron con la generadora Fortuna.

VIENTO EN POPA

Dado que se trata de un proyecto que se “requiere en el menor tiempo posible”, la construcción de la subestación eléctrica de San Bartolo ya fue adjudicada por Etesa.

El pasado 18 de marzo, el gerente de Etesa otorgó el contrato a la empresa Celmec, S.A. por la suma de 13.7 millones de dólares, 40 mil dólares por encima del precio de referencia.

La persona que aparece como contacto de Celmec, S.A. ante PanamáCompra es Ernesto Richa Viu, que casualmente representa a la empresa Natural Power and Resources, S.A., responsable del proyecto hidroeléctrico Cañazas, en Veraguas, que pretende aportar al sistema 5.94 Megavatios. A Richa Viu se le dejaron dos mensajes con su secretaria, pero no devolvió las llamadas.

El proyecto Cañazas también sacará provecho de la inversión estatal en la subestación de San Bartolo.

Además, Richa Viu, junto con los ya mencionados Ulises González, Rolando Cuevas y Carlos Manuel Quintero aparecen en la junta directiva de la empresa Recursos Hidroeléctricos, S.A., que se constituyó con el fin de “diseñar y construir sistemas de acopio y distribución eléctrica, incluyendo líneas y subestaciones eléctricas”.

Según Etesa, varios de los proyectos hidroeléctricos que se integrarán al Sistema Interconectado Nacional tienen un atraso de hasta un año, por objeciones de las comunidades aledañas.
Se tiene previsto que estos proyectos empiecen operaciones entre 2015 y 2016.

Prescott apuesta por más hidroeléctricas

El secretario de Energía, Vicente Prescott, afirmó que el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional, que prevé la construcción de la subestación de San Bartolo, en Veraguas, es “viejo”.

Según Prescott, este proyecto no se ha ejecutado probablemente por la falta de presupuesto. “Nos toca apurarnos con las infraestructuras de transmisión”, indicó el funcionario, quien es partidario de que en el país se deben construir más hidroeléctricas.

“Nuestro gran potencial es el agua. Hay plantas hídricas que tienen una eficiencia arriba del 60%... Iniciaremos una planificación para que en un futuro se construya una planta más grande que Fortuna”, reveló Prescott. Agregó que en la región de Azuero hay cerca de 10 ríos que están secos y que no tienen hidroeléctricas.

El secretario de Energía destacó que el proyecto Chan II ya tiene un estudio de impacto ambiental aprobado por la Anam, y que está en un período de consultas.

“He participado en casi todas las reuniones con el consejo de comunidades de Changuinola y no veo ninguna oposición por parte de las comunidades...”, destacó.

lunes, 20 de mayo de 2013

Hidroeléctricas, comercio en tiempo de crisis

Empleados del súper 99, parientes y allegados al mandatario, Ricardo Martinelli, figuran en sociedades que gestionan concesiones hidroeléctricas.
 
Santiago Cumbrera
scumbrera@prensa.com


“Lastimosamente, aprendemos con los golpes... debemos permitir la construcción de más hidroeléctricas...”.

Ese fue el mensaje de la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (Asep), Zelmar Rodríguez, al terminar una entrevista concedida el pasado 8 de mayo a Telemetro, donde –al igual que otros funcionarios– habló de endurecer las medidas para racionar el consumo energético en el sector público y privado.

Y es que con la crisis energética, nuevamente cobró vigencia el tema de construir más hidroeléctricas en el país, principalmente en territorios de la comarca Ngäbe Buglé y áreas adyacentes.

El Gobierno –con apoyo de gremios empresariales– no ceja ante el rechazo de los ngäbes, que se oponen a la construcción de hidros en sus tierras o límites, alegando que estas estructuras afectan sus fuentes de agua, terrenos y estilo de vida.

También cobra importancia la propuesta que lanzó en Twitter el presidente, Ricardo Martinelli, el 12 de febrero de 2012, de hacer un referendo para decidir si las “hidros se pueden hacer en áreas anexas o aledañas a la comarca o si es solo [en la] comarca”.

A la par, Panamá América divulgó el 15 de febrero de 2012 los proyectos hidroeléctricos y concesiones en trámite en la Asep, entre ellos, el proyecto La Laguna, que tramita la sociedad Reforestadora Cañazas, S.A. que, según admite el citado diario oficialista, está “ligada al actual presidente, Ricardo Martinelli”.

Redes y negocios

“Si no invertimos en hídricas, vamos a seguir teniendo un mercado ocasional, y vamos a sufrir alzas constantes de la luz”, afirmó la ministra de Trabajo, Alma Cortés, un día después de los violentos enfrentamientos ocurridos en el oriente chiricano entre la Policía y los indígenas el año pasado.

¿Son las declaraciones de la ministra una preocupación basada en el bienestar colectivo... o en el privado?

Su interés en las hidros data de tiempo atrás. Cortés representó ante la Asep a la sociedad Reforestadora Cañazas, S.A. que pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico La Laguna, en el río San Pablo, en Cañazas, provincia de Veraguas. También ha sido su apoderada en procesos judiciales.
La dirección que aportó Reforestadora Cañazas, S.A. ante la Asep es la misma que Ricamar, S.A., razón social de los súpermercados 99, propiedad del presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Reforestadora Cañazas, S.A. presentó una solicitud de concesión hídrica el 26 de abril de 2007, y desde entonces, ha pedido, al menos, tres prórrogas alegando, entre otras cosas, “inconvenientes” fuera de su control, como obtener autorización para entrar a fincas privadas a fin de hacer estudios topográficos, geológicos y geotécnicos para la elaboración del estudio de factibilidad”.

El 5 de enero de 2009, la sociedad fue autorizada para solicitar a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) de su proyecto, así como el respectivo contrato de concesión para utilizar las aguas del río San Pablo que, al igual que el río Tabasará (usado por el proyecto Tabasará II, de los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Virzi), nace en la comarca Ngäbe Buglé (ver mapa).

El 12 de febrero de 2012, la Anam remitió a la Asep el EIA que presentó Reforestadora Cañazas, S.A. “Actualmente, la Asep se encuentra evaluando dicho estudio... a la fecha no se ha dado inicio a los trámites requeridos para el contrato de concesión de usos del agua”, informó la Autoridad en un correo electrónico.

Reforestadora Cañazas, S.A. se constituyó el 20 de septiembre de 2006, a fin de “producir y comercializar productos agropecuarios, plantas ornamentales...”.

Además de la hoy ministra Cortés, la sociedad tiene como promotor del proyecto hidroeléctrico a otra persona muy ligada a Martinelli: Ulises González, quien ostenta dos cargos en los súper 99: asistente de Gerencia y coordinador de Seguridad.

Además, él es dignatario de una decena de sociedades anónimas en las que figuran Ricardo Martinelli y miembros de su círculo familiar más cercano.

Ulises González (padre de la hoy exdirectora de Migración María Cristina González) también preside la sociedad CD, S.A., la misma que recibió 380 mil dólares que Enrique Ho –hoy titular de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario– solicitó a Ernesto Chong Coronado –exasesor del colombiano David Murcia– para financiar la campaña presidencial de Martinelli en 2009.

González es, además, suscriptor de la sociedad Hidroeléctrica Arkansas, S.A., constituida el 8 de enero de 2010, cuyo propósito es “desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica y de cualquier otra forma de energía...”, según información que reposa en el Registro Público.

Al igual que Reforestadora Cañazas, S.A., Hidroeléctrica Arkansas comparte la dirección de Ricamar. La Asep informó que esta sociedad no tiene –a la fecha– trámite de concesión.

El presidente de Hidroeléctrica Arkansas es Mario Martinelli Berrocal, hermano del mandatario, y presidente de la Junta Nacional de Escrutinio de Cambio Democrático (CD). En tanto, el agente residente es Tomás Martinelli, fiscal de disciplina del mismo partido.

Este diario intentó conversar con Ulises González, pero fue imposible. Al ser consultada el año pasado su hija –María Cristina González– sobre si su padre trabajó o trabaja para las empresas del Presidente y si se dedica a desarrollar proyectos hidroeléctricos, dijo: “Mi papá siempre ha sido ganadero en la provincia de Los Santos, lo demás, no lo sé”.

Este medio llamó a las oficinas centrales de los supermercados 99 y preguntó por Ulises González, pero una de las secretarias informó que no estaba en su puesto.

A estas personas se suma otra vinculada a sociedades que, casualmente, tienen interés en el mismo negocio: Luis Quiroz, que fue el que gestionó en el Registro Público la inscripción de Reforestadora Cañazas, S.A., Hidroeléctrica Arkansas, y Recursos Hidroeléctricos, S.A.

Quiroz también tramitó la inscripción de la sociedad Hidro Occidente, S.A., que desarrolla la hidroeléctrica El Remance, en el río Gatú (Veraguas), con capacidad instalada de 9.0 megavatios (MW).

En esta sociedad aparece otro personaje ligado a la familia Martinelli: Leonel Zapata, un cercano amigo de los hijos del Presidente: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Zapata, además de participar en viajes y fiestas con los hijos del mandatario y con altos ejecutivos de IBT Group –empresa esta que en menos de tres años el Gobierno le ha otorgado contratos valorados en más de 425 millones de dólares– es o ha sido dignatario de una pluralidad de sociedades anónimas vinculadas al gobernante.

SE CIERRA EL CÍRCULO

El 14 de julio de 2009 –13 días después de llegar al poder–, Martinelli hizo dos nombramientos clave en la junta directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), a través de un decreto ejecutivo.

Eran los de Carlos Quintero Fernández y Rolando Cuevas. Quintero fue por años representante de los supermercados 99 –en calidad de “gran cliente”– en los procesos de toma de decisión de Etesa. También es suplente de Ulises González en la sociedad Recursos Hidroeléctricos, S.A., creada para “desarrollar proyectos de generación de energía hidroeléctrica...”.

Cuevas, por su lado, preside el grupo ISC Panamá, S.A., empresa que hizo el estudio de prefactibilidad y el EIA del proyecto La Laguna. También es director de Recursos Hidroeléctricos, S.A.

Luego, Cuevas y Quintero fueron ratificados por Martinelli en sus cargos de directores de Etesa el 23 de diciembre de 2011, mediante decreto ejecutivo. (El período de ambos vence a finales de este año).
Como directivos de Etesa, Quintero y Cuevas –junto con los demás directores– deciden los planes, acciones y proyectos de transmisión de energía eléctrica en el país.

El resto de la directiva de Etesa lo integran personas también nombradas por Martinelli: el ministro de Economía, Frank De Lima; Vicente Prescott, secretario de Energía, y Luciano De Gracia, representante de los trabajadores de las empresas eléctricas.

¿Conflicto de interés?

Nacida en 1998, a partir de la Ley 6 de 1997, que estableció el marco regulatorio para la prestación del servicio público de energía, Etesa cuenta con un Código de ética y conducta empresarial que, entre otras cosas, regula el tema de los conflictos de interés.

La normativa señala que “...los colaboradores de Etesa no deben participar ni influir –directa o indirectamente– en los requerimientos, negociaciones y procesos de decisión con clientes o proveedores con quienes tenga una relación familiar o algún otro interés distinto a los de Etesa, por el que pueda obtener beneficios personales”.

Este diario intentó obtener una reacción de Cuevas y de Quintero sobre el posible conflicto de interés por sus actividades empresariales y sus funciones como miembros de la directiva de Etesa, y ambos solicitaron las preguntas por correo electrónico, pero no respondieron.

MÁS Coincidencias

San Bartolo es un corregimiento del distrito de La Mesa, en la provincia de Veraguas. También es el nombre de un proyecto hidroeléctrico que desde 2005 obtuvo autorización para presentar su EIA y gestionar los permisos para el uso de las aguas del río San Pablo.

La Central Hidroeléctrica San Bartolo pertenece a la Corporación de Energía del Istmo Ltda., S.A., que hasta agosto de 2009 tuvo como director a Eduardo Jaén, que fue nombrado por el presidente Martinelli como administrador de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental.

Esta sociedad también tiene como suscriptores a Luis Alberto y Rolando Cuevas Silva –hijos de Rolando Cuevas–, promotores de seis proyectos que realizan trámites de concesiones hidroeléctricas ante la Asep.

Los proyectos son: Caña Blanca (7.85 MW), en el río Gualaca; El Recodo (9.94 MW), en el río Fonseca; Bugaba 1 (2.0 MW) y Bugaba 2 (3.0 MW), en el río Escárrea, todos en Chiriquí; y San Bartolo (15 MW) y Las Cruces (9.38 MW), ambos en río San Pablo, en Veraguas.

Actualmente, Corporación de Energía del Istmo Ltda., S.A. tiene como secretario a Navin Bhakta, que comercializa productos electromésticos de la marca Parker. Bhakta fue designado por Martinelli, miembro del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores y también es uno de los principales proveedores de electrodomésticos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que luego son regalados por diputados y candidatos oficialistas que pretenden la reelección o buscan cargos de elección popular.

Bhakta además es dignatario de la sociedad Vera Gold Corporation, que presentó en el Ministerio de Comercio e Industrias un EIA para reactivar la mina de oro Santa Rosa, ubicada en Veraguas, que quebró en 1999.

BENEFICIOS

En San Bartolo estará ubicada una nueva subestación de transmisión de energía que constituye uno de los proyectos de la Gerencia Comercial de Etesa.

Con la construcción de esta subestación, 10 proyectos hidroeléctricos podrán conectarse al Sistema Integrado Nacional, ya que actualmente están alejados de las subestaciones existentes.

Los beneficiados son: Santa Rosa, Santa María, El Remance, Los Estrechos, Cañazas, Cerro La Mina , Cerro Viejo, Las Cruces, San Bartolo y La Laguna, todos ubicados en Veraguas y que sumarán de forma combinada 109.7 MW al sistema.

Este último proyecto también usará el caudal del río San Pablo para generar electricidad (ver mapa).
En el Plan de Expansión de Transmisión 2012 de Etesa se menciona que esta obra tiene un costo calculado en 13 millones de dólares, unos 5 millones por debajo de lo proyectado en 2011.

Además, el citado plan establece que la subestación eléctrica de San Bartolo debe empezar operaciones el 31 de enero de 2015. Justo en esa fecha deben ingresar al Sistema Interconectado Nacional varios de los proyectos ya mencionados.

Este medio quiso conocer más sobre el estatus de esta obra, pero el gerente de Etesa, Francisco Marciscano, no respondió los mensajes.

Por tratarse de algunos proyectos que no superan los 10MW, sus promotores se beneficiarían de la Ley 45 del 4 de agosto de 2004, que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación hídrica y otras fuentes renovables.

Una de las ventajas es que no pagarán ningún cargo de distribución ni transmisión por los primeros 10 megavatios durante los primeros 10 años de operación.

Los planes para construir la nueva subestación en Veraguas se elaboraron después de que Martinelli designó en la directiva de Etesa a Cuevas y a Quintero, pasando por alto que ambos se beneficiarían directamente con la obra, ya que votaron a favor de este plan.

Más vinculaciones

En diciembre de 2010, la Asep le otorgó a Mifta Power Inc. derechos para aprovechar las aguas del río Santa María –ubicado en el corregimiento de Remance, distrito de San Francisco (Veraguas)– a fin de generar 26 MW. Este río es el de mayor caudal en la provincia.

El proyecto se denomina Santa María, y uno de sus directores es David Virzi Martinelli, sobrino del Presidente de la República.

Además, tiene como suscriptora a Georgina Lucero de Jordán, quien representa a la empresa Mifta 52, Inc., que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Cerro Gordo, con capacidad de 39 MW, en el río Santa María, en Veraguas. El proyecto está en el diseño final, según información de la Asep.

BTESH & VIRZI

En esa región del país también se halla, como ya se dijo, el Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, S.A., que tendrá una capacidad para generar 36 MW, y que es propiedad de Btesh y Virzi, a quienes se les vinculó con la adjudicación gratuita de un terreno de poco más de una hectárea en Paitilla.

El estudio ambiental fue aprobado por la Anam el 1 de febrero de 2000, durante la presidencia de Mireya Moscoso, cuando era administrador Ricardo Anguizola, y Silvano Vergara era director nacional de Evaluación y Protección Ambiental.

Vergara es hoy administrador de la Anam. La concesión hidroeléctrica fue otorgada en 2003, pero ha recibido varias prórrogas por parte de la Asep para entregar información.

Este proyecto es parte de las hidroeléctricas que se construyen en áreas aledañas a la comarca Ngäbe Buglé, que limita con las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

El primer diseño del proyecto planteaba inundar 514 hectáreas de tierras al represar el río Tabasará.

Martinelli y sus allegados prefieren guardar silencio

Tres cuestionarios fueron enviados por este diario –vía correo electrónico– al presidente, Ricardo Martinelli, para conocer su relación con las empresas que han solicitado a la Asep concesiones hidroeléctricas en su natal provincia de Veraguas. Las preguntas también se canalizaron a la Secretaría de Comunicación del Estado, a cargo de Luis Eduardo Camacho.

Ambos trámites fueron infructuosos, ya que no respondieron. En su lugar, el pasado 11 de mayo, después de ser enviados los correos, el gobernante publicó un mensaje en su cuenta de Twitter cuestionando a este diario (ver gráfico). Martinelli criticó al diario por indagar sobre los vínculos de empleados de su cadena de supermercados con los proyectos hídricos en trámite.

Una de las interrogantes formuladas al Presidente era por qué designó en la junta directiva de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) a Carlos Manuel Quintero, gerente de Electricidad de los supermercados 99, cuando él figura –junto con otro empleado del mandatario– en una sociedad interesada en desarrollar proyectos hidroeléctricos. Quintero, además, representó a los “grandes clientes” (supermercado 99) en Etesa.

Rolando Cuevas –también nombrado por Martinelli en la directiva de Etesa– tampoco respondió a las interrogantes que le envió este diario al Grupo ISC, S.A. que él preside, y que está vinculado con el tema. Además, dos de los hijos de Cuevas aparecen como promotores en seis proyectos hidroeléctricos.

En tanto, el director de Etesa, Fernando Marciscano, a quien se le ha visto muy activo en los medios debido a la crisis energética, tampoco quiso referirse al asunto de la construcción de una subestación en San Bartolo, con capacidad para 80 megavatios. Esta iniciativa la aprobó el Consejo de Gabinete hace apenas dos meses.