Piden a Anam otra consulta
La Federación de Áreas Revertidas teme que el promotor vuelva a someter su proyecto inmobiliario sin la participación pública ciudadana.
Mary Triny Zea
Los moradores de las áreas revertidas han quedado en alerta tras la presentación del proyecto residencial que se pretende construir en la calzada de Amador. Por lo tanto, han solicitado ser considerados –invocando un foro público– amparado en la Ley 6 de Transparencia.
Así
lo indicó la Federación de Comunidades de Áreas Revertidas, que
presentó una carta a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en días
pasados pidiendo los consideren como afectados.
Esta institución
no admitió –el pasado 28 de enero– un estudio de impacto ambiental (EIA)
de la empresa Maritime City, S.A. del proyecto Amador Ciudad Marina. La
Anam alegó que la categoría del EIA no era la apropiada por sus
impactos negativos en esa zona.
De ingresar nuevamente el estudio,
sería categoría III y la ley de Anam establece que en proyectos de esta
categoría deben realizarse foros públicos.
Amador Ciudad Marina
consiste en un relleno marino de 36.8 hectáreas en la calzada de Amador
que se construiría entre el museo de Gehry y la isla Naos.
Ahí se
levantarían, al menos, 19 rascacielos, así como residencias de lujo con
marina privada, lo cual riñe con los parámetros de turismo del área y el
Plan maestro de desarrollo de Amador.
“Intentan obviar la
consulta ciudadana. Queremos ser consultados porque estamos en la zona
de influencia, aunque afecta toda la ciudad”, dijo Aida Torres, de la
Federación de Comunidades de Áreas Revertidas.
Las encuestas
presentadas por el EIA de Maritime City, S.A. carecen de datos
demográficos que permitan saber si los entrevistados son residentes del
área de impacto del proyecto.
Plan maestro olvidado
Aunque
la Anam no admitió el EIA por incumplimiento de requisitos técnicos y
de forma, el promotor puede presentar otro estudio con las correcciones,
porque el contenido no se rechazó.
Esta sería la tercera vez que
Rafael Boli Bárcenas, empresario y amigo del presidente, Ricardo
Martinelli, intenta obtener el aval para este proyecto inmobiliario, a
través de su hijo Mario Bárcenas, representante legal de Maritime City,
S.A.
El residencial de lujo rompe con el uso turístico de la zona, que prohíbe rascacielos; contraviene la Constitución Política, que establece que el fondo de mar es inadjudicable, y además violaría el Plan maestro de desarrollo en Amador.
Este
plan “buscaba [...] convertir la calzada de Amador o vía costera en un
gran espacio público donde el pueblo panameño pudiese pasear, caminar,
disfrutar, observar y contemplar, tanto el paisaje de la ciudad de
Panamá como el paisaje de la entrada del Canal. Ese era el gran objetivo
y lo sigue siendo, lo dice el estudio”, indicó Gerónimo Espitia,
arquitecto que participó en la confección de la norma del uso de suelos
de Amador.
Con, al menos, 19 rascacielos sobre el relleno, se
bloquearía la vista a la ciudad y el residencial privatizaría el lugar
de acceso público mediante garitas de seguridad.
Luego que
consultores desarrollaron el plan para el desarrollo turístico de Amador
solicitado por la extinta Autoridad de la Región Interocéanica (ARI)
–por más de 2 millones de dólares–, se trabajó el uso del suelo.
El
plan de Amador “buscaba rescatar los recursos culturales y naturales
para convertirlo en un atractivo turístico”, agregó Espitia.
¿Qué decía el plan?
El
objetivo “fundamental” era “aprovechar al máximo el sitio existente, en
lugar de construir uno nuevo”, indica el documento, al que tuvo acceso
este diario.
Para respetar la filosofía del diseño se recomendó:
–“Evitar la construcción de parcelas costosas de bienes raíces en la bahía”.
–“Evitar el uso intensivo de las islas para minimizar el tránsito automovilístico a lo largo de la calzada”.
–“Evitar edificios altos”, proveyendo un diseño orientado a la movilización peatonal y “mantener el acceso público”.
–Para
conservar el bosque tropical, se decidió “no efectuar ningún tipo de
desarrollo en las laderas de las islas porque podría destruir los
elementos naturales más atractivos del sitio”.
–“Proveer un
ambiente para las oportunidades educacionales y de esparcimiento” y
“hacer de fuerte Amador el centro turístico de Panamá”, decía la
estrategia, entregada en 1997.
El proyecto Ciudad Marina plantea
crear costosas parcelas en la bahía, y Amador no se pensó para realizar
inversiones inmobiliarias, sino para el turismo, y por eso el plan
maestro definió las actividades económicas y el tipo de infraestructuras
requeridas, indicó Espitia.
También precisó que el proyecto viola
la arquitectura del plan, que indicaba que debía ser similar a la del
Casco Antiguo, con arcos y grandes ventanales abiertos.
Aunque
varios proyectos en Amador existentes violan esta normativa, es el de
Bárcenas el que crearía mayor conflicto con el plan de desarrollo de
Amador.
La razón de ello es que altera el fin turístico de la
calzada e incrementa en “exceso” la población, señala Nicolás Ardito
Barletta, exadministrador de la ARI.
Urbanistas, como Álvaro
Uribe, y representantes de la sociedad civil consideran que el
residencial privatizaría uno de los pocos y más pintorescos lugares de
recreo de los panameños.
El Plan de Amador fue modificado en 2012,
bajo la actual administración. Un cambio notable es permitir rellenos
para áreas verdes que concesionaría el Estado.
Además, se
permitirían edificaciones de hasta 12 pisos –si el Ministerio de
Vivienda autoriza el cambio de zonificación–, y ampliar la calzada a
cuatro carriles.
“Nosotros no hemos sido informados sobre
modificaciones, mucho menos consultados, y todos los que hemos invertido
en Amador somos afectados”, dijo Guillermo Quijano, vicepresidente de
la Unión Nacional de Empresas, que se quejó de que Maritime City, S.A.
tampoco los encuestó.
A este grupo pertenece la cadena Fridays y el hotel Country Inns & Suites, establecidos en Amador.
Dijo
que el plan original en su contrato fue violado por varias
administraciones de la ARI, que permitieron apartamentos en las islas.
La
Unidad de Bienes Revertidos (UABR), que reemplazó a la ARI, ha negado
en varias ocasiones a este diario que estos cambios sean para abrir la
puerta a proyectos como el de Bárcenas.
Se les solicitaron a la entidad –basados en la Ley de Transparencia– los cambios al plan de Amador, pero no han sido entregados.
Calzada no aguanta
Una
de las inquietudes del arquitecto Espitia es que, tras esbozar el Plan
maestro, se desarrolló la infraestructura, a fin de concretar el
mencionado plan.
La infraestructura le costó a la ARI 45 millones
de dólares, definió el tipo de vías a realizar, llevó el sistema de agua
potable, construyó una planta de aguas residuales, y sistemas de
telecomunicación y electricidad.
“El punto más importante es la
infraestructura en Amador, que fue diseñada para el plan original; ahí
está el problema”, dijo Quijano.
La infraestructura para dar
acceso al agua, manejo de desechos, electricidad y telefonía en Amador
no es la adecuada para el proyecto, subrayó Espitia.
Amador
depende de la producción de agua de la planta de Miraflores, que es de
45 millones de galones diarios, y no tiene capacidad para aumentar su
producción.
El proyecto de Bárcenas, con sus 19 rascacielos, las
residencias, hotel y comercios, incrementaría el consumo de agua en la
zona.
Además, la planta de tratamiento de aguas residuales en
Amador creada con el plan ya está al límite, y sumarle este proyecto
sería perjudicial, indicó la Sociedad Panameña de Ingenieros y
Arquitectos.
El exadministrador de la ARI Alfredo Arias, (2001-
2004) comentó que en esa época se presentó otro proyecto de ciudad
marina en un relleno de cuatro hectáreas, y un desarrollo urbanístico
que se rechazaron porque afectarían el paisaje.
Actualmente “hay muy poco control del paisaje” y se “desvirtuó” el concepto de la calzada, argumentó.
El
proyecto Maritime City, S.A. fue presentado por primera vez en 2011 a
la entonces administradora de la UABR, Liriola Pittí, pero fue rechazado
por violar el concepto turístico y por la altura de los edificios
propuestos.
El exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino
argumentó que el uso de fondo marino solicitado a la Autoridad Marítima
de Panamá (AMP) violaba la Constitución. Pero Roberto Linares,
administrador de la AMP, opinó que era “una belleza de proyecto”.
