"Cuando gastas en ron, no tienes para la comida"
Alberto De Leoón De Gracia
Analistas estiman que el Gobierno sobrepasó la línea del equilibrio fiscal. Necesita vender lo que tenga a su alcance
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| El Gobierno espera recibir por la venta de los terrenos de la Zona Libre unos mil millones de dólares. |
La palabra clave en todo este clima de tensión y enfrentamientos pareciera ser: derogatoria. Con el paso de las horas se suman las voces que piden la supresión de una ley aprobada por la Asamblea Nacional a tambor batiente, con el agravante de la sanción inmediata del presidente Ricardo Martinelli, el pasado viernes (como si se tratara de un asunto de vida o muerte). Sin duda la gran detonante de esta convulsión en un campo minado, porque se trata de una población a la que los beneficios del crecimiento económico y del pleno empleo llegan muy dosificados.
Hay quienes se aventuran a decir que Martinelli regresó de Alemania sólo cuando estuvo seguro de que la ley estaba próxima a ser aprobada, para sancionarla e inmediatamente ordenar a los pilotos del Embraer-Legacy 600 seguir la ruta hacia el llamado Imperio del Sol, donde hoy se encuentra ‘monitoreando’ cómo crecen las manifestaciones de rechazo al nuevo régimen impositivo de la Zona Libre de Colón.
DIÁLOGO SIN RESULTADOS
En la capital colonense, sus 16 adustas calles y varios de sus puntos periféricos —que se asemejan a estadios de guerra, represión y pánico— parece que si no se produce el ‘milagro’ de la derogación de la ley 72, la escalada de violencia registrada en las últimas fechas —que ya cobró la vida de un niño de nueve años, decenas de heridos (algunos de proyectiles producto de las detonaciones que salen de lado y lado) y casi un centenar de ciudadanos en presidio— tiende a aumentar.
Como es sabido, la respuesta del Gobierno ha sido un llamado al diálogo con ‘las fuerzas vivas de Colón’, pero este no ha sido efectivo, por lo menos hasta la hora de cierre de esta edición. Respecto a estas conversaciones, la tarde del pasado domingo la representación civil de la provincia se limitaba al obispo de Colón y Guna Yala, monseñor Audilio Aguilar Aguilar, quien ayer reiteraba un alto a la confrontación. Las reuniones, lideradas por el ministro Roberto Henríquez, secretario del Consejo de Ministros, tenían como sede el Palacio de las Garzas.
En medio de la polémica se hacía un llamado a la cordura que cayó en oídos sordos, pues coincidió con el anuncio de los gremios empresariales colonenses de convocar a un paro de 48 horas.
Por otra parte, el gobierno comunicó ayer que este martes se traslada al epicentro de los enfrentamientos una delegación oficial, compuesta por los ministros Henríquez, Jorge Fábrega (Gobierno), Frank De Lima (Economía y Finanzas), José Domingo Arias (Vivienda y Ordenamiento Territorial) y la viceministra de la Presidencia, Sygrid Barragán. La reunión, para lograr un punto final a las hostilidades, tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Colón (Camcolón).
NO SE HACEN ECO
Al respecto, el actual vicepresidente de Camcolón, Samyr Sayed, en conversaciones con La Estrella considera ‘positivo’ este diálogo que en teoría se inicia hoy en Colón, sobre todo porque se busca ‘soluciones de paz para el país’.
Su gremio, agrega, mantiene la misma posición que en abril pasado, cuando se presentó y rechazó por primera vez la iniciativa de vender los activos (en bienes raíces) de la Zona Libre de Colón y acciones estatales en las empresas de energía eléctrica y telecomunicaciones.
Los comerciantes de Colón no entienden, según el líder gremial, el porqué de la venta de activos que producen dinero. ‘Creemos en la modernización de la Zona Libre. No se necesita la venta de los activos y hacemos un fuerte llamado de paz a todas las fuerzas vivas de Panamá’, sentencia.
Por otro lado, Edgardo Voitier, vocero del llamado Frente Amplio de Colón, aseguró que ‘no nos sentaremos a dialogar con la delegación del Gobierno Nacional si primero no se deroga la Ley 72’.
Indicó que el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), los transportistas y el capítulo de Colón del Colegio Nacional de Abogados, entre otros grupos, han coordinado acciones para demostrarle al gobierno la oposición a la venta de la tierras en la zona franca.
UN MENSAJE MALSANO
Volviendo a Sayed, hermano del abogado y empresario de origen palestino Walid Sayed (señalado por el propio presidente Martinelli como el principal ‘instigador’ de las revueltas callejeras en Colón, según los organismos de seguridad nacional), al referirse a la situación de su padre revela que este se encuentra fuera del país y desvía hacia los abogados de su progenitor todos los cuestionamientos en torno a la seria acusación que le hace el jefe de Gobierno.
Horas previas, y en declaraciones a TVN, la abogada de Sayed y activista de los derechos humanos, Gilma Camargo, rechazó los cargos en contra de su patrocinado y destacó que resulta sospechoso que solo porque está en la agenda política del país la venta de los activos de la Zona Libre al presidente Martinelli trae a colación estas supuestas actividades desestabilizadoras de Walid Sayed. ‘Me parece que es un mensaje a todos los empresarios de la Zona Libre de Colón que están en las mismas condiciones, porque son extranjeros. No hay nada negativo en ser palestino. No había ningún cargo en contra de él y hasta ahora no sabemos si existe un cargo, así que lo primero que tuvimos que hacer es solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija medidas cautelares para que este señor (Sayed) tenga oportunidad de investigar qué está diciendo el Presidente y de dónde saca estas calumnias’, agregó la jurista
VIEJAS HERIDAS
La agencia noticiosa Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés) reportaba ayer que la aprobación de esta ley reactivó ‘el viejo resentimiento en una provincia que toda la vida ha visto crecer la actividad portuaria y comercial en sus narices, sin poder remediar añejos males como la pobreza y la inseguridad’.
Según la información, la pobreza en Colón (en teoría la segunda provincia en importancia en el país) afecta al 45% de los aproximadamente 245 mil habitantes, citando cifras independientes.
LO QUE NO SE HA DICHO
Economistas consultados por este diario aseguran que ‘el apuro del Gobierno’ respecto de esta ley se traduce en que ya traspasó la línea del equilibrio fiscal y necesitan conseguir dinero ‘urgente’ para cuadrar las finanzas del Estado. ‘Ya han separado del sector financiero a varias instituciones como la Empresa de Generación Eléctrica, S. A. , la Empresa Nacional de Autopistas y a Tocumen, S. A. y los préstamos que estas hagan los harán sin comprometer las finanzas del Estado; sin contar que la mayoría de las obras que licita lo hace a través de la modalidad de llave en mano’, advierten estas fuentes que piden reserva de la identidad para no enfrentar posteriores represalias. ‘El Gobierno sobrepasó su capacidad financiera y van a vender todo lo que esté al alcance y nadie sabe cómo va a terminar esta vaina’, anotan, no sin antes apuntar que ya hay sectores de la burocracia panameña donde hoy se producen recortes en áreas de inversión y de personal.
Agregan que el Gobierno acometió una política agresiva de inversión pública (que incluye sobreprecios en grandes proyectos de infraestructura) y ‘se quedaron sin gasolina’.
‘Cuando te gastas la plata en ron, no hay pa’ comida’, concluyen.
Hay quienes se aventuran a decir que Martinelli regresó de Alemania sólo cuando estuvo seguro de que la ley estaba próxima a ser aprobada, para sancionarla e inmediatamente ordenar a los pilotos del Embraer-Legacy 600 seguir la ruta hacia el llamado Imperio del Sol, donde hoy se encuentra ‘monitoreando’ cómo crecen las manifestaciones de rechazo al nuevo régimen impositivo de la Zona Libre de Colón.
DIÁLOGO SIN RESULTADOS
En la capital colonense, sus 16 adustas calles y varios de sus puntos periféricos —que se asemejan a estadios de guerra, represión y pánico— parece que si no se produce el ‘milagro’ de la derogación de la ley 72, la escalada de violencia registrada en las últimas fechas —que ya cobró la vida de un niño de nueve años, decenas de heridos (algunos de proyectiles producto de las detonaciones que salen de lado y lado) y casi un centenar de ciudadanos en presidio— tiende a aumentar.
Como es sabido, la respuesta del Gobierno ha sido un llamado al diálogo con ‘las fuerzas vivas de Colón’, pero este no ha sido efectivo, por lo menos hasta la hora de cierre de esta edición. Respecto a estas conversaciones, la tarde del pasado domingo la representación civil de la provincia se limitaba al obispo de Colón y Guna Yala, monseñor Audilio Aguilar Aguilar, quien ayer reiteraba un alto a la confrontación. Las reuniones, lideradas por el ministro Roberto Henríquez, secretario del Consejo de Ministros, tenían como sede el Palacio de las Garzas.
En medio de la polémica se hacía un llamado a la cordura que cayó en oídos sordos, pues coincidió con el anuncio de los gremios empresariales colonenses de convocar a un paro de 48 horas.
Por otra parte, el gobierno comunicó ayer que este martes se traslada al epicentro de los enfrentamientos una delegación oficial, compuesta por los ministros Henríquez, Jorge Fábrega (Gobierno), Frank De Lima (Economía y Finanzas), José Domingo Arias (Vivienda y Ordenamiento Territorial) y la viceministra de la Presidencia, Sygrid Barragán. La reunión, para lograr un punto final a las hostilidades, tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Colón (Camcolón).
NO SE HACEN ECO
Al respecto, el actual vicepresidente de Camcolón, Samyr Sayed, en conversaciones con La Estrella considera ‘positivo’ este diálogo que en teoría se inicia hoy en Colón, sobre todo porque se busca ‘soluciones de paz para el país’.
Su gremio, agrega, mantiene la misma posición que en abril pasado, cuando se presentó y rechazó por primera vez la iniciativa de vender los activos (en bienes raíces) de la Zona Libre de Colón y acciones estatales en las empresas de energía eléctrica y telecomunicaciones.
Los comerciantes de Colón no entienden, según el líder gremial, el porqué de la venta de activos que producen dinero. ‘Creemos en la modernización de la Zona Libre. No se necesita la venta de los activos y hacemos un fuerte llamado de paz a todas las fuerzas vivas de Panamá’, sentencia.
Por otro lado, Edgardo Voitier, vocero del llamado Frente Amplio de Colón, aseguró que ‘no nos sentaremos a dialogar con la delegación del Gobierno Nacional si primero no se deroga la Ley 72’.
Indicó que el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), los transportistas y el capítulo de Colón del Colegio Nacional de Abogados, entre otros grupos, han coordinado acciones para demostrarle al gobierno la oposición a la venta de la tierras en la zona franca.
UN MENSAJE MALSANO
Volviendo a Sayed, hermano del abogado y empresario de origen palestino Walid Sayed (señalado por el propio presidente Martinelli como el principal ‘instigador’ de las revueltas callejeras en Colón, según los organismos de seguridad nacional), al referirse a la situación de su padre revela que este se encuentra fuera del país y desvía hacia los abogados de su progenitor todos los cuestionamientos en torno a la seria acusación que le hace el jefe de Gobierno.
Horas previas, y en declaraciones a TVN, la abogada de Sayed y activista de los derechos humanos, Gilma Camargo, rechazó los cargos en contra de su patrocinado y destacó que resulta sospechoso que solo porque está en la agenda política del país la venta de los activos de la Zona Libre al presidente Martinelli trae a colación estas supuestas actividades desestabilizadoras de Walid Sayed. ‘Me parece que es un mensaje a todos los empresarios de la Zona Libre de Colón que están en las mismas condiciones, porque son extranjeros. No hay nada negativo en ser palestino. No había ningún cargo en contra de él y hasta ahora no sabemos si existe un cargo, así que lo primero que tuvimos que hacer es solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija medidas cautelares para que este señor (Sayed) tenga oportunidad de investigar qué está diciendo el Presidente y de dónde saca estas calumnias’, agregó la jurista
VIEJAS HERIDAS
La agencia noticiosa Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés) reportaba ayer que la aprobación de esta ley reactivó ‘el viejo resentimiento en una provincia que toda la vida ha visto crecer la actividad portuaria y comercial en sus narices, sin poder remediar añejos males como la pobreza y la inseguridad’.
Según la información, la pobreza en Colón (en teoría la segunda provincia en importancia en el país) afecta al 45% de los aproximadamente 245 mil habitantes, citando cifras independientes.
LO QUE NO SE HA DICHO
Economistas consultados por este diario aseguran que ‘el apuro del Gobierno’ respecto de esta ley se traduce en que ya traspasó la línea del equilibrio fiscal y necesitan conseguir dinero ‘urgente’ para cuadrar las finanzas del Estado. ‘Ya han separado del sector financiero a varias instituciones como la Empresa de Generación Eléctrica, S. A. , la Empresa Nacional de Autopistas y a Tocumen, S. A. y los préstamos que estas hagan los harán sin comprometer las finanzas del Estado; sin contar que la mayoría de las obras que licita lo hace a través de la modalidad de llave en mano’, advierten estas fuentes que piden reserva de la identidad para no enfrentar posteriores represalias. ‘El Gobierno sobrepasó su capacidad financiera y van a vender todo lo que esté al alcance y nadie sabe cómo va a terminar esta vaina’, anotan, no sin antes apuntar que ya hay sectores de la burocracia panameña donde hoy se producen recortes en áreas de inversión y de personal.
Agregan que el Gobierno acometió una política agresiva de inversión pública (que incluye sobreprecios en grandes proyectos de infraestructura) y ‘se quedaron sin gasolina’.
‘Cuando te gastas la plata en ron, no hay pa’ comida’, concluyen.
