Italia promete entregar pruebas a Panamá

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, estuvo la semana pasada en Italia y allí recibió información sobre la asistencia judicial solicitada por Panamá en abril.

Juan Manuel Díaz C.

jdiaz@prensa.com

La justicia de Italia aceptó remitir a Panamá las pruebas sobre el proceso que se le sigue al empresario de ese país Valter Lavítola por el delito de corrupción internacional, luego del supuesto pago de sobornos a servidores públicos panameños.

Así lo confirmaron las autoridades judiciales italianas al procurador de la Nación, José Ayú Prado, que realizó un viaje a ese país entre el 9 y el 13 de este mes.

Fuentes del Ministerio Público detallaron a este diario que la Procuraduría de Nápoles, que investiga a Lavítola, admitió la asistencia judicial presentada por su homóloga panameña el pasado mes de abril y con ello se comprometió a remitir al istmo las evidencias recopiladas dentro del proceso a Lavítola, que se inició en septiembre del año 2011.

Dicha solicitud de asistencia judicial forma parte de la investigación que abrió Ayú Prado en mayo pasado por el supuesto pago de los sobornos a los funcionarios panameños, que se habrían cometido durante 2010, en medio de una negociación entre el Ministerio de Gobierno y la empresa Svemark para la construcción de cárceles modulares en el país.

La entonces ministra de Gobierno y actual alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, y otros funcionarios del Gobierno, entre ellos, el presidente, Ricardo Martinelli, han negado el cobro de los referidos sobornos.

Lavítola, quien fue clave en la negociación entre Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica por $250 millones, está preso en Italia y en espera del juicio por este caso.

Presidente de Tribunal Electoral dice que diputados "hacen sentir su poder"

Redacción La Estrella Online

online@laestrella.com.pa
 

 "El poder está en la Asamblea. Nosotros eso lo respetamos". Así se expresó este jueves 19 de julio el presidente del Tribunal Electoral, magistrado Gerardo Solís, al ser consultado sobre la insistencia del Órgano Legislativo de discutir el proyecto 292 de reformas electorales.

"En efecto ellos entienden que ellos son los poderosos, ellos son los que tienen el poder, el Tribunal Electoral lo reconoce con humildad con sencillez, con franqueza. Nosotros no tenemos poder", agregó.

El magistrado Solís recordó que discutieron el tema de las reformas electorales con la sociedad civil y los partidos políticos y propusieron una "buena reforma electoral".

Explicó que el Legislativo usando el poder iniciará un proceso de discusión de cambios al Código Electoral, aunque acotó que "todo mundo le ha pedido que no discutan eso ahora".

"Nos están haciendo sentir ese Poder", enfatizó al tiempo que anunció que si la Asamblea lo llama para el debate, acudirán.

El tira y jala entre el Tribunal Electoral y los diputados de gobierno no termina. La noche del miércoles 4 de julio la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó, de forma unánime y con ausencia de representantes oficialistas, el retiro íntegro del proyecto de reformas electorales de la agenda de la Asamblea.

Encomendados por la CNRE, los magistrados enviaron una nota formal al jefe del Legislativo para que frenara el debate y sacara de agenda el proyecto.

No obstante, el presidente 'Chello' Gálvez dijo el jueves 12 de julio que 'es improcedente' la solicitud de retiro del proyecto que reforma el Código Electoral, porque tiene aprobaciones que impiden su retiro.

Ese mismo día los diputados de gobierno bajaron de segundo a primer debate el proyecto 292.

Incluso, Dana Castañeda, presidenta de la Comisión legislativa de Gobierno, instancia que discutirá el documento, señaló que existe tiempo suficiente para discutir las reformas antes de los comicios de 2014.

Costa Rica tiene el presupuesto más transparente en Latinoamérica, y desde luego Panamá brilla por su ausencia.

SAN JOSÉ, Costa Rica (ACAN-EFE).- Costa Rica es el país más transparente a nivel presupuestario en Latinoamérica, seguido por Ecuador y México, según el índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2011 (ILTP), dado a conocer hoy en San José.

A pesar de que el país se mantiene a la cabeza en cuanto a transparencia en su presupuesto, perdió 10 puntos con respecto al estudio realizado en 2009, lo que demuestra un deterioro en las condiciones internas, advirtieron los especialistas. Costa Rica quedó a la cabeza de la medición con 59% de transparencia.

Ecuador, en segundo lugar obtuvo 52%, mostrando un incremento de 9 puntos porcentuales entre el 2009 y 2011, mientras que en el tercer lugar se ubicó México (45%), luego Guatemala (44%).

El país con el presupuesto menos transparente en Latinoamérica, según el ILTP es Venezuela, con una calificación de 22%.

El estudio se basó en la percepción de 79 expertos y usuarios de información presupuestaria en la región, que evaluaron 16 variables como confianza en la información, capacidades del órgano de Control Externo (ContralorÍa General), participación ciudadana en el presupuesto, impacto del gasto y cambios del presupuestos.

El informe señala que algunos de los factores que hacen de Costa Rica el líder regional en transparencia presupuestaria es la existencia de "suficiente normativa para el cumplimiento de estándares internacionales en la materia, la cual incluye criterios de rendición de cuentas, lo que permite un control ciudadano, al menos parcial, sobre la actuación de los funcionarios públicos".

Sin embargo, el ILTP recomienda al país "mejorar los informes de evaluación y ejecución presupuestaria, facilitar a la ciudadanía el acceso a la información presupuestaria y mejorar el control ciudadano sobre los tomadores de decisión del presupuesto".

El índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP) se elabora cada dos años desde 2001, siendo esta su sexta edición, y la quinta ocasión en la que participa Costa Rica.

Los lazos entre la Mafia y el Estado italiano salpican al presidente

El caso del asesinato del juez Borsellino empaña la imagen de Giorgio Napolitano

Pablo Ordaz Roma18 JUL 2012 tomado de www.lanacion.com

Mario Monti y Giorgio Napolitano charlan durante la celebración de la fundación de la República el pasado 2 de junio. / Giorgio Cosulich (Getty Images)

Hace 20 años justos, la Cosa Nostra asesinó en Palermo al juez Paolo Borsellino, pero cada vez hay más indicios de que no lo hizo sola. Desde antes del atentado, el Estado italiano y la Mafia mantenían conversaciones para frenar las masacres a cambio de ciertas concesiones, sobre todo en materia penitenciaria. Tanto Borsellino como su amigo Giovanni Falcone —asesinado dos meses antes— se habían opuesto a tales canjes. Las últimas pesquisas de las fiscalías de Palermo, Caltanisetta y Florencia parecen indicar que sectores del Estado habrían traicionado a los jueces hasta el punto de permitir que la Cosa Nostra los asesinara. La policía ha grabado unas conversaciones telefónicas recientes en las que, al verse acorralado por los fiscales para que diga qué sabe sobre el asunto, el ministro del Interior entre 1992 y 1994, el democristiano Nicola Mancino, pide ayuda al presidente de la República, Giorgio Napolitano. El jefe del Estado exige que tales interceptaciones sean borradas. Pero la fiscalía de Palermo se niega.

Italia, que apenas puede soportar los problemas del presente, debe arrastrar también la oscura carga del pasado. Y la más vergonzosa sin duda es la que apunta a que Falcone y Borsellino, los dos héroes indiscutibles de la lucha contra la Mafia, pudieron ser traicionados por el propio Estado al que servían. Como ha dicho en más de una ocasión Attilio Bolzoni, el experto del diario La Repubblica, la Mafia, a través de los arrepentidos, ya ha hablado. Ahora falta la versión del Estado, cuyo comportamiento sigue siendo un misterio. Uno de los hombres que a buen seguro tiene mucho que contar es el exministro Nicola Mancino. Pero, a preguntas de los fiscales, titubea, entra en contradicciones, calla. En un intento desesperado por no ser cazado, descuelga el teléfono y llama al palacio del Quirinal para pedir ayuda. Pide consejo a los asesores del presidente de la República y, al final, logra hablar con el propio Giorgio Napolitano en dos ocasiones. Le pide que medie ante la fiscalía de Palermo para que rebajen la presión sobre él.

Si existe un personaje en la política italiana que todavía goza del respeto de la mayoría, ese es Napolitano. Pero el asunto de las escuchas amenaza con minar la credibilidad del viejo comunista convertido en jefe del Estado. Tras ser puesto en tela de juicio, sostiene —enarbolando la ley 219 del 2009— que las conversaciones del presidente de la República no pueden ser interceptadas ni siquiera de forma accidental. Tales conversaciones, añade, deben ser destruidas apenas se tenga consciencia de que existen, sin esperar siquiera a que un magistrado las escuche y decida si tienen o no valor. La fiscalía de Palermo tiene otra opinión. Dice que las intervenciones no buscaban grabar al presidente, pero sí a Mancino, objeto de la investigación, y por tanto debe ser el instructor quien decida sobre ellas. Ante esta divergencia, Napolitano ha decidido elevar a la Corte Constitucional un conflicto de atribuciones. Dice que no lo hace por defenderse a sí mismo, pero sí las prerrogativas de la institución. Quiere, en suma, evitar un precedente. El choque frontal entre los diversos poderes está servido, pero no es lo más grave. Lo peor es la sensación de que La Casta se sigue protegiendo para ocultar una verdad tanto tiempo buscada y con la que el propio Napolitano, durante el homenaje reciente en Palermo a la memoria de Giovanni Falcone, se comprometió pública y personalmente.

Paolo Borsellino fue asesinado el 19 de julio de 1992, a las puertas de la casa de su madre. La explosión de un coche con 100 kilos de explosivo acabó con su vida y con la de sus cinco guardaespaldas. El caso se resolvió en tres meses. Los presuntos culpables confesaron y fueron condenados a cadena perpetua. Pero, en 2008, un arrepentido admitió que todo aquello había sido un montaje para cerrar el caso. Los acusados habían sido obligados a confesar mediante torturas y promesas. En octubre de 2011, la fiscalía de Caltanisetta reabrió el caso y puso en libertad a siete de los condenados. Entre los misterios del asesinato del juez Borsellino está el destino de su agenda roja. Allí apuntaba todo y siempre la llevaba consigo, pero alguien la robó tras el atentado. El 1 de julio anterior a su muerte, Borsellino visitó a Nicola Mancino en su despacho, pero el exministro dice ahora que no lo recuerda, a pesar de que el juez era uno de los personajes más famosos de Italia. Cuatro días antes de ser asesinado, durante un paseo por la playa, el juez confió a Agnese, su esposa: “No será la Mafia quien me mate”.

Los intentos de censura ponen en riesgo la democracia, advierte Solís

Redacción de prensa.com

internet@prensa.com   Gerardo Solís, magistrado presidente del Tribunal Electoral   El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, señaló este jueves, 19 de julio, que “cualquier intento de censurar la libertad de expresión pone en peligro la democracia”. De esta manera se refirió Solís al debate público que surgió a raíz de que ayer el presidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestara su interés por regular internet. Para políticos, gremios de periodistas y de la sociedad civil organizada esto sería un ataque a la libertad de expresión. Solís aclaró que el TE, como tal, no puede estar emitiendo opiniones sobre actos del gobierno, “somos imparciales, no estamos ni con el gobierno ni contra el gobierno”. Sin embargo, el magistrado recordó que todo funcionario público tiene la obligación de tolerar las críticas y que no hay democracia sin el pilar fundamental de la libertar de expresión. (Con datos de María Carmen Fernández de Vega)

Tierras inadjudicables de Juan Hombrón, a la venta

Ereida Prieto-Barreiro

eprieto@prensa.com  Más de 54 hectáreas de zona costera en Juan Hombrón fueron adjudicadas gratuitamente por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte a los padres del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

Hace menos de una semana, el presidente, Ricardo Martinelli, ordenó expropiar a favor de la nación –y sin derecho a una indemnización– las 54.3 hectáreas de frente de mar en Juan Hombrón, alegando “motivos de interés social urgente”. Esta repentina decisión entra en contradicción con declaraciones que dio ayer, y otras que ha ofrecido en el pasado reciente.

“Ahora que entreguen [las playas de] Juan Hombrón, vamos a licitarlo para que el producto de esos fondos entren al Estado panameño”, declaró ayer Martinelli durante una gira por la provincia de Los Santos.

Pero eso no era lo que decía el Decreto Ejecutivo No. 425, publicado el pasado 12 de julio en la Gaceta Oficial y firmado por él. Este documento ordena “expropiar, por motivos de interés social urgente, a favor de la Nación” todas las fincas en Juan Hombrón que, tras un rápido proceso, fueron adjudicadas gratuitamente por la hoy exdirectora de Titulación Anabelle Villamonte a sociedades vinculadas a los padres de Demetrio Papadimitriu, quien renunció al cargo de ministro de la Presidencia el mismo día en que se promulgó este decreto.

La orden mediante la cual se expropiarán las tierras se promulgó a pesar de que el artículo 48 de la Constitución establece que los procesos de expropiación por utilidad pública o interés social implican el pago de indemnizaciones.

Sobre la venta de esas tierras, a través de una licitación, el citado documento no menciona una palabra.

Pero eso no fue óbice para que Martinelli exhortara a “los que dicen que estas tierras valen muchos millones” a participar en la licitación pública.

Asimismo, prometió cambiar el proceso mediante el cual se otorgan los derechos posesorios frente al mar: “Vamos a tener que hacerlo para que no haya dudas de que se está tratando de beneficiar o ayudar a alguien”, afirmó.

Insistió en que se deben respetar los derechos posesorios, pero que “antes [...] de dar un título, debe darse un proceso prístino (sic)”.

Promesas OLVIDADAS

Las nuevas declaraciones de Martinelli contradicen dos de sus promesas hechas hace ocho meses.

La primera fue el 9 de noviembre de 2011, en el programa televisivo “La Última Hora” de TVN, cuando anunció que esas fincas “volverían a ser tierras nacionales”.

14 días después, el 23 de noviembre, Martinelli volvió a TVN y prometió que “pasaría una ley” para declarar “inadjudicables” las tierras de Juan Hombrón para que “jamás sean de nadie, sino del Estado”.

En ese momento afirmó que quien compró las tierras en Juan Hombrón “estaba loco, porque no valen nada”.

Reacción

Para el excontralor Alvin Weeden, el decreto ejecutivo sobre la expropiación “legalizó los títulos de propiedad de las sociedades anónimas que adquirieron las hectáreas de tierras”.

A su juicio, con este nuevo anuncio, Martinelli se contradice al llamar ahora a una licitación, porque en el decreto establece que la expropiación es con fines de “interés social” para la nación.

“Ahora la familia Papadimitriu podrá participar en la licitación de las tierras y con la misma o menor plata que van a recibir por la indemnización se van a quedar con las tierras y algunos millones más”, afirmó.

Reclamaciones

El abogado de las sociedades de la familia Papadimitriu, Carlos Carrillo, dijo que aunque “las empresas no han decidido las acciones legales” a interponer, el nuevo anuncio “confirma que las tierras eran titulables”.

Carrillo señaló que han “conversado” con los representantes de los pescadores y poseedores de los títulos, algo que confirmó Raúl Mata, intermediario en la venta de los derechos posesorios, quien reveló que “los pescadores ya no tienen nada [de dinero] y que a ellos nunca se les terminó de pagar. Por eso, si se da algún resarcimiento de las tierras por expropiación, nosotros vamos a reclamar el resto del pago”.

Mata aseveró que los Papadimitriu aún deben “cientos de miles de dólares” a los pescadores por algunos de los títulos de derechos posesorios que no han cancelado.

Agregó que hay “preocupación” entre los vendedores de las tierras por la posible “responsabilidad civil” que deban afrontar, de no acogerse la titularidad de las sociedades de los Papadimitriu.

“Yo doy gracias a Dios que lo que se cuestiona no es el título de los pescadores, sino todo en el ámbito político”, comentó.

Mata ha dicho que los Papadimitriu han pagado más de $4 millones a los que alegan ser dueños de los derechos posesorios de las tierras en Juan Hombrón.

Añadió que se pagó a $10 dólares el metro cuadrado de tierra, de los cuales, $3 (30%) eran de comisión.

Sin embargo, el monto es muy inferior a lo que se cotiza en el mercado local: entre $150 y $250 el metro cuadrado. Es decir, las 54 hectáreas valdrían entre $81 millones y $135 millones.

Este diario habló ayer con el exministro Papadimitriu, pero no quiso opinar sobre el sorpresivo anuncio del Presidente de licitar las tierras de sus padres. Es un asunto de ellos en el que “no tengo nada que ver”, afirmó.

Inadjudicable

Aunque el artículo 10 de la Ley 80 de 2009 establece expresamente que no serán objeto de titulación las zonas de manglar, las 54 hectáreas en Juan Hombrón fueron tituladas por Villamonte (exempleada de la empresa Deli Fish, propiedad de la familia Papadimitriu).

Un informe de auditoría de la Contraloría confirma la posible irregularidad sobre el proceso de titulación, ya que tiene como principal conclusión que las tierras tituladas por Villamonte eran “inadjudicables” por ley al ser áreas protegidas, produciéndose, además, un “posible perjuicio económico por el uso inapropiado de tierras nacionales”, por $1.9 millón.

Para la ambientalista Raisa Banfield, las tierras de Juan Hombrón por ser inadjudicables “mal puede el Estado venderlas”. Citó el artículo 258 de la Constitución que ampara este tipo de tierras de la expropiación privada.

Destacó que cualquier particular que adquiera estas tierras en licitación tendrá una titularidad de la propiedad de un origen dudoso y podría ser demandado administrativamente.

Se intentó obtener la versión del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias –que también firmó el decreto ejecutivo de expropiación–, sobre la nueva decisión de Martinelli, pero no respondió.

Servidumbre

En el citado decreto ejecutivo también se establece que “se ha advertido de que tales áreas de terreno resultan necesarias para el desarrollo de la zona y, en consecuencia, hacen obligatoria constituir una servidumbre de paso sobre el área que ocupan las fincas adjudicadas”.

Al respecto, el abogado Ebrahim Asvat consideró que la licitación de las tierras podría dar luces para demostrar que el Estado no estaba expropiando para una servidumbre gratuita, sino para “vendérselas a un tercero”.

(Con información de Vielka Corro Ríos, Irene Hernández e Isidro Rodríguez).

Entrega de datos a terceros genera dudas constitucionales

El manejo de información confidencial por empresas privadas podría atentar contra los derechos consignados en la ´Constitución´.

ALFONSO ACOSTA p.

alfonso.acosta@prensa.com   Varios juristas expresan dudas sobre la constitucionalidad del contrato celebrado por Luis Cucalón, director general de Ingresos, con la empresa Cobranzas del Istmo, ya que delega funciones propias del Estado. La Dirección General de Ingresos (DGI) pactó con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. la recuperación de la cartera morosa de impuestos, mediante un contrato que varios juristas consideran contrario a las disposiciones constitucionales. Para abogados como Alvin Weeden se ha excedido la norma constitucional al ceder a terceros facultades que son propias del Órgano Ejecutivo. “Yo soy de la opinión de que esos contratos son inconstitucionales. Devienen de una ley que delega facultades que el Gobierno no podía ceder”, dijo Weeden. Contradicciones de una ley En la última reforma a la ley que reorganiza la Dirección de Ingresos, queda establecido que esta oficina está “facultada para solicitar y recabar toda clase de información necesaria e inherente a la determinación de las obligaciones tributarias, sus montos, fuentes de ingresos, remesas, retenciones, costos, reservas, gastos, así como información de los responsables de tales obligaciones o de los titulares de derechos de exenciones tributarias”. Termina agregando que “en todos los casos, esta información reviste carácter confidencial, secreto y de uso exclusivo o privativo de la DGI y, por ninguna circunstancia, podrá hacerla trascender”. No obstante, la reforma continúa diciendo, en supuesta contradicción, que la DGI podrá contratar gestores de cobro, los cuales podrán recibir esta información. El modelo de las comisiones Weeden también expreso su descontento sobre la cesión de comisiones a la empresa de cobranza en base a su ejecución, las cuales oscilan entre 15% y 30% dependiendo de la antigüedad de la cuenta por cobrar. “Me parece vicioso dar semejantes porcentajes para realizar actividades propias del Estado”. Básicamente, el Gobierno habría contratado con terceros para que estos gestionen el cobro de impuesto con individuos que estén morosos, y luego los compensa con parte de los fondos recolectados. Es decir, según el contrato, de un 15% a 30% de los fondos que originalmente estarían destinados al erario público en obras o el pago de la deuda externa, serían utilizados para pagar los servicios de una compañía privada. Para Ebrahim Asvat, este es un fenómeno visto ya varias veces y mencionó como ejemplo el uso de las cámaras de vigilancia de velocidad de la empresa Traffic Safety de Panamá, S.A., que recibía 65% del valor de cada multa cobrada y también disponía de información privilegiada. El abogado comentó que estas personas a las cuales se les ha delegado la función de cobrar no son “agentes con autoridad”, por lo cual no pueden compeler a ciudadanos a que realicen acciones que estos no desean hacer. Ya varios contribuyentes han expresado que han recibido llamadas que rayan en el hostigamiento para hacer efectivo el pago de cuentas morosas ante entidades públicas. De hecho, el artículo 16 de la norma que reorganiza la DGI establece que “el Director General de Ingresos y los funcionarios en quien este delegue, están investidos de jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos exigibles a favor del Tesoro Nacional”. La norma hace referencia únicamente a “funcionarios” y no menciona que terceros o compañías privadas puedan hacer cobros coactivos.