lunes, 10 de junio de 2013

Con Iglesia evaden impuestos

El jurista Carlos Jones importó tres autos a traves del Ministerio del Espíritu con Gloria para evitar el cobro de tributos.

Eduardo Mendoza  

Carlos Jones

Todo empezó con una carta cuyo mensaje expresaba un buen propósito.

El 3 de febrero de 2011, el abogado Carlos Jones le comunicó al Ministerio del Espíritu con Gloria que le donaría tres vehículos, tipo sedán, marca Toyota, que serían importados de Estados Unidos.

Días después, Manuel Ruiz González, representante legal de esa Iglesia evangélica, en una misiva dirigida a la entonces directora de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Gloria Moreno de López, solicitó la exoneración de los impuestos, amparándose en los beneficios fiscales que le conceden las leyes a organizaciones como las que dirige.

A la Iglesia se le exoneraron $3 mil 875, pero los carros no pasaron a manos del Ministerio del Espíritu con Gloria, sino que quedaron en poder de particulares.

Dos de ellos fueron a dar a manos de Roberto Jones Robinson, hermano de Carlos Jones, y el otro fue traspasado a nombre de Karen Elvira Jones Franco, su hija. (ver documentos).

Actualmente, el vehículo con placa 727266 sigue a nombre de su hermano y los otros dos, de Servicio de Transporte Kevin S.A.

Abogados consultados y sin conocer los nombres de los protagonistas de esta historia aseguran que se estaría frente a una modalidad poco conocida hasta ahora para evadir impuestos.

Al menos eso piensa el subsecretario general del Ministerio Público Ramiro Esquivel, quien manifestó que hay que ver si al presentar la documentación se dijo que los carros serían donados a una entidad eclesiástica mediante un documento público.

Destacó que si es así también se estaría cometiendo el presunto delito de falsedad contenida en un documento público.

Otro abogado que habló del caso y que prefirió la reserva de su nombre por seguridad, afirma que en este caso no importa el monto de la exoneración. “Aquí lo escandaloso es que se está ante una modalidad de evadir impuesto poco conocida”, informó.

Agregó que la técnica es similar a la que en el pasado han aplicado diputados de la Asamblea Nacional, que exoneraron vehículos costosos para luego venderlos.

Por su parte, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal señaló que es una práctica “indebida e inaceptable, venga de quien venga”.

“No se puede utilizar el paraguas de una organización, cualquiera que sea su carácter, para beneficiarse de exoneraciones que se le otorgan a la misma”, dijo.

Añadió que este caso no es ni ético ni legal y recomendó que se acaben con todos los privilegios, prebendas y exoneraciones, porque al final siempre se desvían.

“La misma Iglesia a la que pertenece este señor debería sancionarlo. Lo que cabe aquí es una sanción moral y pública”, afirmó.

LAS LEYES

Virna Luque, directora general de la ANA, explicó que las Iglesias de Panamá se encuentran amparadas en el beneficio de franquicia arancelaria, tal como lo dispone el artículo 81 numeral 7 del decreto Ley No. 1 del 13 de febrero de 2008.

Esta disposición reconoce los derechos de franquicia a los vehículos automotores, material didáctico, tecnológico “y otros artículos necesarios para el desarrollo de la acción pastoral que llevan a cabo las Iglesias católica, luterana, anglicana, evangélica, metodista, adventista, griega ortodoxa, bautista, judía, islámica, budista y los Testigos de Jehová”.

Luque destacó, en una carta remitida en abril pasado, que para obtener la exoneración el departamento de exenciones arancelarias de la entidad requiere un memorial de la solicitud presentado por un corredor de aduanas, una nota con la solicitud de la Iglesia, copia de las cédulas de identidad del representante legal de la organización religiosa, copia del certificado de registro público de la Iglesia, los documentos originales del embarque que respaldan la importación y la predeclaración de aduanas.

Entre 2010 y 2012, la ANA tramitó exoneraciones a diferentes comunidades eclesiásticas por el orden de $562 mil 509, de acuerdo con un informe de esa institución.

hablan LOS IMPLICADOS

¿Qué dice Manuel Ruiz sobre el tema?

A pesar de que La Prensa lo llamó en varias ocasiones para conocer su versión, el religioso evitó conversar con este medio.

Además y pese a no responder las llamadas telefónicas, un equipo periodístico se trasladó a las instalaciones de su comunidad religiosa en Juan Díaz y se le dejaron con su secretaria las generales de este periodista, pero Ruiz nunca se comunicó.

El pasado viernes se le envió un cuestionario a través de correo electrónico, pero tampoco respondió, a pesar de que su asistente confirmó el recibido.

Mientras que Carlos Jones, quien fue condenado por ocasionar un accidente automovilístico en el que fallecieron los esposos Toribio y Nicolasa Díaz, se defendió.

“Esos carros fueron declarados chatarras... tres chatarras. Allí están las fotos de las chatarras y tengo documentos donde se declaran chatarra. Se liquidaron como chatarras y fueron vendidos como chatarras”, aseguró.

Entonces, ¿por qué fueron traspasados a su hermano y su hija?

Porque eran chatarra y la Iglesia no los iba a aceptar así porque tenían que pagar un impuesto.

¿Sabe usted que estaría ante un delito de defraudación fiscal?

¿Por qué, si la chatarra no paga impuesto?

Dos vehículos ahora están registrados a nombre de Servicio de Transporte Kevin, ¿por qué?

Yo no sé nada de eso. La que se encargó totalmente de ese caso fue mi secretaria Blane Contreras de Guardia. Ella es la que está detrás de todo esto porque le tengo una denuncia penal por la que fue condenada por hurto y difamación.

OTRA VERSIÓN

La Prensa contactó a Contreras para que diera su versión e informó que los carros llegaron chocados, pero fueron reparados y vendidos.

“La idea era traer los vehículos chocados, repararlos y meterlos a taxi, pero al ver que le iban a cobrar mucho impuesto, investigó y le dijeron que si los traía a través de una entidad del Gobierno o religiosa, le exoneraban. De allí que recurrió a la Iglesia”, detalló.

Contreras denunció que todos los vehículos llegaron con sus piezas para ser reparados y al final Jones “se lo vendió a un chino”.

viernes, 7 de junio de 2013


‘No puedo ir más allá de lo que la Ley me permite’
 
Zelideth Cortez
 
Entre lo ético y los fundamentos que rigen las leyes del Derecho, Ana Belfon explica bajo cuáles fundamentos los recientes pinchazos pueden ser o no investigados por el Ministerio Público


PANAMÁ. Si bien las intervenciones telefónicas ilegales o pinchazos figuran entre los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el Ministerio Público ‘solo investigará cuando exista una denuncia interpuesta por la parte agraviada’. Así lo manifestó ayer alto y claro a La Estrella la procuradora de la Nación, Ana Belfon.

‘Yo no puedo investigar. Yo le hice la invitación para que viniera. Pero, ¿dónde está ‘Bobby’?, esa es la pregunta que hago, ¿dónde está ‘Bobby’?, si él es la víctima de este delito’, expresó la procuradora.

Esto quiere decir que Velásquez —siendo la víctima— es el único que tiene que acercarse a presentar la denuncia, ante el Ministerio Público, del supuesto pinchazo que le hicieron.

La autoridad competente no puede iniciar una investigación si antes la parte directamente afectada no presenta la denuncia de manera formal.

Por tal razón, la procuradora hizo especial énfasis en que ella ‘no puede ir más allá de lo que la Ley le permite’.

SIN SABOREAR ‘EL FRUTO DEL ÁRBOL PROHIBIDO’

Con un ejemplar de la Constitución Política de la República en la mano, en la comodidad de uno de los amplios despachos de la Procuraduría General de la Nación la exasesora del Ejecutivo brindó una detallada bibliografía que desde el punto de vista jurídico sustentan sus explicaciones.

Parte de sus planteamientos los fundamenta sobre una teoría que en derecho se denomina ‘el fruto del árbol prohibido’; es decir, que ‘no se puede utilizar una información ilícita para iniciar una investigación, porque entonces todo lo que vendría después también sería catalogado como ilícito’.

¿Por qué la información en el caso de la grabación de Velásquez es ilícita? En Derecho Procesal hay una expresión que se denomina iter criminis o ‘camino del delito’, que no son más que los pasos para llegar a la consumación de un delito.

ENTRE LO LEGAL Y LO ÉTICO

En el caso del contenido de la grabación de ‘Bobby’ Velásquez —que hace alusión a un supuesto plan para agredir físicamente a José Luis Fábrega— el acto se encontraba en la fase interna de planificación, por ende, según lo establece el Derecho Procesal, esta fase ‘no es sancionable por la Ley’, ya que no se materializó o ejecutó el hecho.

‘Por muy feo y espantoso que nos parezca esto no es un delito, pero por supuesto, esto es antiético, execrable’, precisó la autoridad judicial.

De manera que si José Luis Fábrega, siendo la otra parte afectada, presentase una denuncia ‘también quedaría en nada’.

¿Y LA DENUNCIA DE LOS ABOGADOS DEL PRD?

Con relación a la denuncia que interpuso el pasado miércoles el Frente Jurídico del PRD por filtrarse una supuesta conversación entre el secretario general de este partido, Juan Carlos Navarro, y el presidente del colectivo, Javier Martínez Acha, la procuradora adelantó que en este caso ‘sí se realizará una investigación’. Las partes afectadas se presentaron y además entregaron como prueba una grabación que es una evidencia.

Este expediente será remitido a Nayra Fernández, Fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, instancia judicial que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Y aunque el Sector Jurídico del PRD interpuso tres recursos legales en instancias diferentes (Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral y Procuraduría) con el propósito de denunciar a los funcionarios que resulten responsables por los pinchazos ilegales de conversaciones entre dirigentes de este colectivo político, ayer remitieron la queja a la Comisión de Justicia y Paz.

El fundamento de la denuncia presentada señala directamente como el responsable de estas escuchas ilegales al presidente de la República, Ricardo Martinelli.

La tercera subsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Doris Zapata, calificó como ‘inaceptables’ las amenazas, grabaciones ilegales y chantajes que realiza el mandatario de la Nación contra Juan Carlos Navarro y el PRD.

Sobre todo porque a inicios de esta semana el presidente Martinelli vaticinó que ‘pronto van a salir todas las bellezas, para que vean cómo el hombre más corrupto que tuvo la Alcaldía (Navarro) piensa ahora que puede ser presidente’.

Al igual que lo hizo el presidenciable Juan Carlos Navarro, el CEN del PRD invitó al jefe del Ejecutivo a que presente las pruebas de que Navarro incurrió en alguna falta durante los 10 años que estuvo frente a la Alcaldía capitalina.

GUERRA DE TUITERS

Pero los cruces de declaraciones entre Navarro y el presidente de la República llegaron ayer a la red social Twitter.

Desde muy temprano, Juan Carlos Navarro le envió tres tuits directos al presidente Ricardo Martinelli ‘Si @rmartinelli tiene pruebas de que he cometido alguna falta que las presente HOY. No hacerlo es apología del delito. JCN’.

Mientras que en los otros dos tuits Navarro responsabilizó al presidente de la campaña sucia que ha iniciado en su contra, quien está utilizando ilegalmente recursos y voceros del Estado para pinchar teléfonos y hacer política al margen de la ley.

Pero el mandatario no se quedó callado y también escribió: ‘dicen que hay mucho equipo pinchador en la opo y privados yo solo uso mis orejas para escuchar y el cerebro para grabar’.

En medio de este panorama, la Comisión de Justicia y Paz hizo un llamado a los partidos para promover un alto a la violencia.

Precisamente el Pacto Ético Electoral 2014: en el numeral dos de su capítulo segundo, ‘rechaza la violencia, las campañas sucias, los mecanismos intimidatorios o represivos y cualquier manifestación de hostilidad, que atente contra el libre y responsable ejercicio de los deberes y derechos políticos’.

jueves, 6 de junio de 2013

Concesión para Canal en Nicaragua se dará a empresa asiática
 



XINHUA. La concesión para la construcción del Gran Canal Interocéanico en Nicaragua se dará a una empresa asiática en la que hay inversores mundiales, entre ellos de países de América Latina, dijo hoy el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), René Núñez.

Núñez aclaró a periodistas que el anteproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo fue presentado este miércoles ante la primera secretaría del Congreso con carácter de urgencia.

"Para el próximo viernes la iniciativa de ley se presentará a los diputados en una sesión ordinaria", aseguró Núñez.

El dirigente legislativo agregó que, ese mismo viernes, la iniciativa de ley será enviada a la Comisión de Infraestructura para preparar el dictamen y proceder a debatirla en el plenario parlamentario.

Por su parte, el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro dijo a la prensa que los diputados fueron convocados para el plenario el viernes para conocer la iniciativa de ley donde se otorgará la concesión del Canal.

"A mi me gustaría que se resolviera el problema del desempleo en el país con la construcción del Gran Canal Interocéanico", subrayó Castro.

En tanto, el presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Legislativa, el diputado sandinista Jacinto Suárez, señaló a la prensa que no se deben asustar por la "urgencia" de la construcción del Gran Canal.

"Entre más rápido es mejor, porque (el Canal) es un proyecto muy importante a nivel político y social", enfatizó Suárez.

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas del gobierno, Paul Oquist, informó hoy que presentó ante la segunda secretaría de la Asamblea dos iniciativas de leyes relacionadas a la construcción del Gran Canal Interocéanico en Nicaragua.

Oquist agregó en declaraciones ante periodistas que una de las iniciativas presentadas se denomina Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente, el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados.

La segunda iniciativa se denomina Ley de Concesión a los Servicios de Inspección No Inclusiva a los Puestos de Controles y Fronteras para la Seguridad Nacional.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el 18 de mayo que la construcción del Gran Canal Interocéanico costará más de 40.000 millones de dólares, y que una empresa asiática invertirá en la megaobra.
Ortega invita a varios países a invertir en canal como el de Panamá
 


AFP. El presidente de Nicaragua Daniel Ortega invitó este miércoles a varios países a invertir en la construcción de un canal interoceánico cuya concesión le será dada a una firma de nacionalidad china.

Brasil, Canadá, Suiza, Arabia Saudita y Kuwait fueron invitados por Ortega a invertir en la construcción de un canal interoceánico.

El llamado a cofinanciar el proyecto lo hizo Ortega durante la presentación de cartas credenciales de los embajadores de estos países en ceremonias por separado en la Casa de los Pueblos. Ortega dio "la buena noticia" a los embajadores de que su gobierno esta dando los pasos necesarios con una iniciativa de ley que envió el miércoles al congreso en la que establece las bases y normas que regirán la construcción de la obracm

"Esta es una obra integral que lleva un canal húmedo, un canal seco, un ferrocarril, dos aeropuertos, una zona de libre comercio y un oleoducto para trasegar el petroleo del Caribe al Pacífico", expuso Ortega.

El mandatario informó a los embajadores que el proyecto será liderado por una empresa que se integró en Hong Kong -cuyo nombre no mencionó-con empresarios de China, y que este consorcio estaría comenzando las obras en mayo del 2014, tras efectuar estudios de factibilidad en los próximos meses.

El parlamento aprobó en junio del 2012 una ley que autoriza la construcción de un canal interoceánico, que estaría a cargo de una empresa público-privada en la que el estado0 tendría 51% de las acciones y los inversionistas extranjeros el 49% restante.

"Por fin nos vamos acercando a ese momento histórico (de construir un canal interoceánico) para bienestar del pueblo nicaragüense (...)estamos convencidos que llegó el momento de este sueño convertido en realidad", comentó Ortega.

Los embajadores por separado prometieron a Ortega hacer esfuerzos para interesar a las empresas de sus países a que vengan a Nicaragua a participar de ese proyecto.

El presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, reveló el miércoles que el proyecto de ley enviado por Ortega propone dar "una concesión de 100 años, igual que la que se le dio a los Estados Unidos(el siglo pasado en Panamá) y que los chinos iban a construir el canal con un valor de 40.000 millones de dólares".

La idea de construir un canal interoceánico por Nicaragua data del siglo pasado en el que estuvieron interesadas grandes potencias como Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

Finalmente el canal se construyó a través de Panamá por Estados Unidos, que estuvo a cargo de su administración hasta 1999.

miércoles, 5 de junio de 2013

Espionaje telefónico genera dudas y ‘recelo colectivo’ en la sociedad

Zelideth Cortez
 
La dirigencia del CEN advirtió que presentarán la denunciapor los pinchazos ante las instancias nacionales e internacionales
PANAMÁ. A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales, las escuchas telefónicas ilegales y grabaciones de procedencia sospechosa aparecen en el ciberespacio como por arte de magia y se multiplican como hierba mala.

Esta realidad ha vuelto a despertar las voces de alerta en la población. Al ser consultados, miembros de la sociedad civil advierten denuncian, aseguran o predicen —cada uno a su modo— cómo el uso de estas tácticas dibuja un mal rumbo de lo que será el desarrollo del proceso electoral del 2014.

Mientras, Maribel Jaén, del Pacto Ético Electoral, le pide a los políticos mantener un comportamiento en el marco del acuerdo que firmaron.

DESPERTANDO AL GIGANTE

‘Lo que está pasando ha despertado un gran escepticismo en los partidos políticos y además genera una histeria colectiva’, plantea el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Roberto Troncoso.

En medio de esta incertidumbre, al jurista no le cabe la menor duda de que ‘si las cosas siguen así, en el 2014 nos vamos a quedar sin candidatos’. Esta es una premisa que explica a raíz de que estas escuchas ‘han generado una lucha intestina entre políticos’.

Además, es preocupante el uso de tecnología de última generación. Troncoso proyecta este argumento desde una disyuntiva entre ‘el ser y el deber ser’, un debate que primero se enfoca en respetar los derechos a la privacidad de las personas y el segundo, el deber de infor mar sobre la realidad de nuestros políticos, porque ‘de no haber sido por esta intromisión, no hubiésemos sabido que esos políticos actuaban así’. Otro aspecto que según el abogado no podría obviarse es que ‘podría estar emergiendo un nuevo negocio de venta de grabaciones’.

EL LETARGO DE LAS MASAS

Más allá de la controversia por la apertura de un proceso judicial frente a los posibles gestores de estos pinchazos, el catedrático Miguel Antonio Bernal lamenta la falta de reacción de la población que ‘no ha sabido, querido o condenado este tipo de prácticas’.

El letargo apunta a que en un futuro no muy lejano estos actos van a generar violencia, porque Bernal lo ha venido advirtiendo y no se cansa de decirlo: ‘estas prácticas (los pinchazos) son deleznables, le rinden culto al morbo y pisotean la garantías de las personas involucradas’.

Por eso cree que ya es hora de decirle ‘basta ya al espionaje político’. De no ser así, y si no actuamos ‘en el cuarto de hora, ¡que Dios nos agarre confesados!’.

¿La razón? El veterano jurista vaticina que ya es tiempo de que el país se mire en el espejo de los hechos oscuros que ocurrieron en 1968, pero esta vez —recalca— serían ‘mucho peor’, porque se está generando un ambiente de descalificación donde ‘no habrá títere sin cabeza’.

EL MAL PRECEDENTE

Conocedora por experiencia de este tipo de interceptaciones telefónicas, la exprocuradora Ana Matilde Gómez ilustra que lo más preocupante es ‘que nos encontramos en los albores de una contienda plagada de un tono anticívico’.

Es que desde el punto de vista del Estado de derecho, además de vulnerarse el derecho a la privacidad, se está mostrando un nuevo rostro: ‘la otra cara de los políticos donde subyace un submundo plagado por la maleantería’. Esta situación debe instar a la población para que ‘toda la gente seria’ decida tomarse los espacios políticos, recalca Gómez.

Como estocada final, Aurelio Barría, de la extinta Cruzada Civilista, pronostica que tendremos una campaña política inmersa en ‘la falta de ética y violencia’.

El empresario agrega que no se podría esperar menos que esto, sobre todo porque ya hay un factor de violencia verbal que sienta un mal precedente, y se empeora tomando en cuenta que quien lo promueve o es partícipe es el presidente Ricardo Martinelli.

VIENEN MÁS GRABACIONES

La inquietud de la sociedad civil se agudiza más tomando en cuenta que podrían haber más pinchazos.

Desde la semana pasada, éstas penetraron las entrañas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y al parecer seguirán siendo la constante.

Primero una conversación de Roberto ‘Bobby’ Velásquez, que lo llevó a sepultar sus aspiraciones políticas por la comuna capitalina.

La tarde del lunes, apareció en el portal You Tube un audio de una conversación telefónica cuyo protagonista supuestamente es el diputado perredista Raúl Pineda, quien acordaba con desconocidos la compra de votos a cambio de dinero, tarjetas de celular y drogas.

‘ESE NO SOY YO’

Este pinchazo se hizo público 24 horas después de que el diputado del populoso distrito se alzara con el triunfo en las primarias PRD como el candidato más votado, con un margen de votos de 16. 85%.

Cuando en las redes se supo de la grabación, Pineda no aparecía. Minutos antes de la media noche, sus voceros de prensa negaban en las redes sociales la autenticidad del audio.

Pero la mañana de ayer, Pineda ‘se multiplicó’ y se dejó ver en los canales de televisión y emisoras de radio para dar su versión.

Categóricamente, el diputado negó tener vínculo con ese audio: ‘¡Ese no soy yo! Es una grabación que no tiene nada que ver conmigo, ni menciona mi nombre ni conozco a ninguna de las personas que allí aparecen’.

El perredista se puso a disposición de ‘una prueba de peritos’ para comprobar que la voz de esa conversación telefónica no es la suya.

Adelantó que su equipo legal investigará el IP (número o código de identificación) de la computadora de donde provino la supuesta grabación, para luego presentar una querella penal ante las instancias judiciales. Después de escuchar la conversación con un equipo técnico, se pudo percatar de que la supuesta grabación tenía más de siete cortes o ediciones.

Su vinculación a la grabación, la convirtió durante toda la mañana en una letanía. Al final tajantemente aseguró que ‘no renunciará a su postulación’.

Hoy, el Sector Jurídico del PRD interpondrá por lo menos tres denuncias por los supuestos pinchazos telefónicos ante la Fiscalía Electoral, Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Ayer, el candidato presidencial perredista, Juan Carlos Navarro, retó al presidente a que haga lo mismo si tiene pruebas.

Siete empresas y muchas preguntas

La presentación de propuestas está fijada para el 28 junio, según el calendario publicado en el pliego de condiciones PanamaCompra

Wilfredo Jordán S.
Yolanda Sandoval
economia@prensa.com

 

El 28 de marzo empezó un proceso de contratación estatal que en poco tiempo ha dejado una extensa lista de interrogantes entre las empresas que han mostrado interés en quedarse con una concesión por 10 años.

En juego está el negocio de operar y darle mantenimiento a los escáneres que la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) utiliza para monitorear la mercancía que entra al país.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli ­a través de una licitación por mejor valor­ ha propuesto concesionar el servicio que sería financiado con un nuevo impuesto de importación sobre el valor de la mercancía que ingrese al país.

La idea desató críticas entre las empresas que resultarían afectadas. Además del impuesto tasado sobre el valor de los artículos que importen, se tendrían que pagar cinco dólares por cada contenedor que entre a la Zona Libre de Colón.

En contravía, la idea del negocio sonó atractiva para siete compañías que se disputarían la concesión.
Los representantes de Sentinel HS Group, Technology Services Group, General Dynamics Information, Unisys Corporation, Mac Millan Comunicaciones, Gotecma Panamá y SGS Panama Control Services asistieron a la reunión de homologación el pasado 10 de mayo.

Pero en este encuentro, que básicamente sirve para plantear dudas y sugerir recomendaciones al pliego de condiciones, quedó en evidencia que la licitación estaba llena de vacíos.

Se activaron las firmas de abogados y asesores legales de las compañías interesadas para pedir prórrogas y solicitar cambios a las reglas de la licitación pactadas por la ANA.

Algunas modificaciones se acogieron, pero buena parte de las dudas originales siguen vigentes.
Se recibieron más de 15 solicitudes de aclaraciones y se aprobaron dos adendas al pliego de condiciones de la licitación.

Listado de dudas

Los empresarios consideran que el alcance del servicio a ser prestado no está totalmente definido.
El mecanismo de evaluación para hacerse del contrato es uno de los puntos que ha generado incertidumbre.

La ANA evaluará cuatro componentes a los cuales le ha otorgado un puntaje, según los entendidos, algo poco usual.

A la solvencia económica del proponente se le considerará con 20 puntos; a la experiencia, 40 puntos; a la calidad técnica del proponente y de la propuesta, 10 puntos; y al precio, 30 puntos.

“10 puntos para calificar la calidad técnica es muy bajo”, comentó uno de los proponentes en carta enviada a la Autoridad de Aduanas.

“¿Cuál es la responsabilidad del adjudicatario con respecto a la sustitución de ANA en la manipulación de los bienes y mercancías decomisados?”, preguntó uno de los interesados durante la reunión de homologación.

Además, advierten que se dejan fuera importantes aspectos referentes a la calidad del servicio a ser prestado: póliza de seguridad y manejo de riesgos operacionales; procedimientos de manejo y monitoreo de personal y capacitación (incluyendo personal de ANA cuando aplique).

Suspicacias en el proceso

Varios de los representantes de las empresas que asistieron al evento indicaron que la gran mayoría mostró inquietudes respecto a las reglas pautadas por la ANA, excepto los delegados de Technology Services Group.

Este diario intentó conocer la supuesta diferencia entre la postura de Technology Services Group y el resto de los interesados, pero no hubo forma de contactar a la empresa.

La compañía se creó en Panamá en 2005 y en ese momento el presidente de la junta directiva era Rogelio Oruña; empresario cubano-estadounidense que se describe como la persona encargada de IBT Group en Panamá, compañía que ha obtenido contratos con el Estado por $424.5 millones.

Se intentó contactar a Oruña para conocer de su participación en Technology Services Group y si se mantenía como socio activo en la empresa, pero al cierre de esta edición no contestó su teléfono móvil.

En IBT Group sí manifestaron que Technology Services Group ha hecho parte de su lista de proveedores, pero que no tenían forma de contactarles.

La firma de abogados Mihalitsianos Fábrega & Asociados, que bajo el nombre Valeiro, Mihalitsianos & de la Espriella (VM&E) representó a la empresa Technology Services Group, tampoco tiene idea de dónde localizar a sus antiguos clientes.

Indicaron que ya no representan a esta empresa y no saben cómo localizarles.
Bajo el mando de Miguel Mihalitsianos, Jesús Valeiro y Roberto de la Espriella, VM&E también actuó como agente residente en Panamá de varias de las empresas de IBT Group.

Este grupo de jóvenes abogados forma parte del cercano círculo de amigos de Ricardo y Luis Enrique Martinelli , hijos del mandatario Ricardo Martinelli.

Algunos abogados y empresarios han advertido, tras pedir la reserva de sus nombres, que la estructura de la licitación para operar los escáneres despierta suspicacias.

Indican que con tantas lagunas podrían terminar participando en la licitación muy pocas empresas, lo que limita la competencia y la posibilidad de recibir diversidad y buenas ofertas.

No descartan que la licitación se declare desierta y posteriormente se pacte la concesión por la vía directa.

SISTEMA DE MONITOREO

$24
Millones se invirtieron en la compra de nueve escáneres para Aduanas.
$300
Millones que facturaría la empresa en un periodo de 10 años.

Escáneres archivados en Howard

La historia de los escáneres instalados en los puestos aduaneros comenzó el 3 de diciembre de 2007, cuando la antigua Dirección General de Aduanas adjudicó de manera directa a la empresa china Nuctech Company Limited la compra de nueve equipos a un costo de 24 millones de dólares.

De los nueve aparatos solo se logró instalar el de Guabalá, Chiriquí, que nunca entró en operación pese a que fue inaugurado por el pasado gobierno de Martín Torrijos. El resto de los aparatos se envió a un depósito en Howard, donde fueron rescatados por la exadministradora de Aduanas, Gloria Moreno de López, quien ordenó instalarlos bajo la administración Martinelli. Entre 2007 y 2010, las autoridades aduaneras controlaron el paso de mercancía por Panamá por medio de la revisión intrusiva o método de revisión visual del personal de la institución hasta que se lograron instalar y operar los escáneres.

martes, 4 de junio de 2013

Comisiones por hacer compras fraccionadas

El exdirector de la PN Gustavo Pérez, además de fraccionar las compras, pagaba una comisión por manejors de fondos al PAN
 
Santiago Cumbrera
scumbrera@prensa.com
 

La Policía Nacional, durante la gestión de Gustavo Pérez, no solo fraccionó la compra de cientos de vehículos Ford modelo F150 para evadir la Ley 22 de Contratación Pública. El mismo patrón de evasión fue aplicado al momento de adquirir botas militares, varas policiales y hasta alimentos para los centros de formación policial por varios millones de dólares.

Las transacciones se hicieron amparadas en un convenio que firmó Pérez con Giacomo Tamburrelli –hoy exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN)– para realizar compras “expeditas” de equipos, y así “garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana”.

Pérez pagaba una “comisión” al PAN, equivalente al 3% del monto total de la compra cuando se adquirían equipos y alimentos.

En el caso de rehabilitación y construcción de instalaciones policiales, la “comisión” aumentaba hasta el 5%, porque el convenio incluía un pago adicional de 2% para sufragar los servicios de un inspector privado. Por ejemplo, una de las obras que emprendió Pérez fue la segunda etapa del proyecto de construcción de las instalaciones del Centro de Enseñanza Superior Justo Arosemena, a un costo de 13.7 millones de dólares.

Si se toma como referencia lo establecido en el convenio, Pérez pagó solo en este proyecto en comisiones unos 685 mil dólares, que se repartieron entre el PAN –en gastos de administración– y un inspector privado cuyo nombre se desconoce, que se habría quedado con unos 274 mil dólares, según el acuerdo firmado por Pérez.

Este proyecto se ejecuta actualmente a través del PAN, pese a que el propio Pérez se quejó previamente ante Tamburrelli por los trabajos de mala calidad que hizo una compañía contratada directamente para impermeabilizar la losa del techo de la sede de la PN, a un costo de más de 50 mil dólares.

Pérez se quejó de filtraciones de agua y que, pese a ello, los inspectores asignados al proyecto avalaron desembolsos significativos. Finalmente, la propia PN terminó realizando las reparaciones, según consta en notas que Pérez dirigió a Tamburrelli.

UNIFORMES Y BOTAS

El 22 de agosto de 2011, Pérez solicitó a Tamburrelli gestionar dos órdenes de compra de “camisas de asalto rápido, pantalón táctico y suéter manga larga”.

Cada orden fue por debajo de los 250 mil dólares, límite hasta el cual Pérez estaba autorizado a firmar, por instrucciones giradas por Mulino en una resolución emitida el 15 de febrero de 2011.

Al mes siguiente de esta solicitud –el 14 de septiembre de 2011–, Pérez volvió a pedirle a Tamburrelli que gestionara la compra de más de 2 mil pares de botas valoradas en 242 mil dólares. Es decir, por cada par de botas se pagarían 121 dólares, 27 dólares menos que los 148 dólares que pretendía pagar Mulino (ver nota relacionada).

Ese mismo día, Pérez también pidió tramitar la compra de mil 528 pares de botas color negro por un monto de 239 mil dólares. Además, ordenó gestionar una tercera orden de compra por la suma de 241 mil dólares mil para adquirir 2 mil pares de botas de selva.

La mayoría de estas compras las coordinó y ejecutó el teniente Jhonatan Alí, de la Dirección Nacional de Transporte y Mantenimiento, y Gladys Rodríguez, de la Dirección de Administración y Finanzas de la PN.

PRESUPUESTO Y RECHAZO

Pérez –elogiado por el presidente, Ricardo Martinelli, como el mejor director que ha tenido la PN– contó en su primer año como director de la entidad con un presupuesto de $382 millones (formulado en el último año de la administración pasada) informó en su momento su jefe y entonces ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

Cuatro meses después de que el presidente sacara a Pérez de la Policía, Mulino se enteró de la existencia del convenio entre Pérez y Tamburrelli. Al menos así consta en una carta fechada el 18 de julio de 2012, en la que el ministro de Seguridad Pública dejó sin efecto el pacto con el PAN (ver facsímil).

Para entonces, Pérez ya había evadido la aplicación de la Ley de Contratación Pública en la compra directa –en diciembre de 2011– de 110 vehículos Ford valorados en más de 4.4 millones de dólares, a través de 19 órdenes de compra fechadas el mismo día.

Se desconoce si el ministro Mulino presentó alguna denuncia por esta situación o si ordenó una auditoría a las compras realizadas en la administración de Pérez, puesto que no aceptó una entrevista con este diario.

A juicio del excontralor Alvin Weeden estas compras son ilegales y debieron ser denunciadas ante las autoridades por el propio Mulino que –según opinó– es ahora “cómplice” del hecho.

“El PAN siempre ha sido una entidad que se ha prestado para los chanchullos y lo critiqué durante el período de Mireya Moscoso”, comentó Weeden.

COMIDA REFRIGERADA

Pero hay más. A través del convenio, la Policía también compró comida refrigerada (productos cárnicos) para las escuelas y centros de formación policial. Estas adquisiciones también fueron fraccionadas, ya que cada orden de compra fue inferior a 250 mil dólares.

Cada vez que se tramitaban órdenes de compras de comida, Pérez dejaba claro que los montos incluían el porcentaje de la administración para el PAN.

Pérez –que también se negó a hablar del asunto con este medio– defendió en su momento la compra de alimentos: “un aumento considerable de cursos y promociones en las diferentes escuelas y centros de formación policial...”, justificaba.

“Para que estos [cadetes] respondan a las exigencias físicas del entrenamiento, requieren de un apoyo alimenticio apropiado para el rendimiento que se espera”, subrayó Pérez en las peticiones que hizo a Tamburrelli.