Empresarios de Sacyr y FCC investigados en España
Irene Larraz
La justicia española ha imputado a
los exdirectivos de las empresas encargadas de la construcción del
Canal y el Metro de Panamá por el pago de comisiones ilegales a cambio
de contratos públicos
PANAMÁ. La Audiencia Nacional
española ha imputado al expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del
Rivero, y al expresidente de FCC, José Mayor Oreja, cuyas empresas
desarrollan actualmente las dos obras más importantes de ingeniería en
Panamá: la ampliación del Canal y el Metro, respectivamente, la
acusación de haber cometido el delito de pago de comisiones ilegales a
cambio de obtener contratos públicos.
Según reportes de
medios españoles, ellos y 13 empresarios más aparecen en la lista de
donantes ocultos del extesorero del partido, Luis Bárcenas. Todos ellos
están citados a declarar ante la Audiencia Nacional de España este mes,
después de que se descubriera que Bárcenas había desviado $50 millones a
cuentas en Suiza a través de sociedades de papel con sede en Panamá.
El empresario de la construcción que dirigía Sacyr cuando el gobierno
panameño le otorgó la subcontratación para las obras del tercer juego de
esclusas de la ampliación del Canal, Luis del Rivero, está acusado del
pago de $493,000 en comisiones ilegales a las cuentas que gestionaba
Bárcenas, mientras que José Mayor Oreja, destituido como presidente de
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) al saltar el escándalo hace
tan sólo unos días, habría pagado $214,000 al extesorero. Esta última
es la empresa encargada de las obras de construcción del Metro de Panamá
desde 2010.
El juez advirtió también que el Partido Popular
(PP), actualmente en el gobierno, podría resultar responsable civil del
trasiego de donativos al haberse beneficiado ‘gratuitamente’ del delito.
En ese caso, el PP tendría que pagar ‘en la cuantía de su
participación’.
Es el último giro del caso Bárcenas, semanas
después de que la Audiencia Nacional recibiera una querella presentada
por el segundo partido de oposición, Izquierda Unida, en la que se
señala que los hechos ‘que resultan de las anteriores actuaciones
presentan características que hacen presumir la posible existencia de
una infracción penal’, según dicta la sentencia.
El juez Ruz
tomó las riendas de la investigación tras recibir un informe de la
policía que vincula los documentos del extesorero del Partido Popular
(PP), Luis Bárcenas, con la trama Gürtel, que envuelve el otro gran
escándalo de corrupción que azota al PP español.
QUERELLA JUDICIAL
El pago de Luis del Rivero al PP figura en las cuentas de Bárcenas en
tres ocasiones. La última de ellas es el 14 de diciembre de 2007, con
un pago de $260,000 que se realiza sólo unos meses antes de que Sacyr
presentara su propuesta para las obras de ampliación del Canal a la
baja, una apuesta que en Europa habría sido descalificada por
considerarse ‘baja temeraria’.
Los otros dos pagos que el
empresario realiza en septiembre de 2004 y noviembre de 2006 se
corresponden con la adjudicación de contratos de obras públicas en
España. Sin embargo, los pagos de 2007 no tienen correlación en España.
El 8 de julio de 2009, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC)
que conforma Sacyr gana la adjudicación de las obras por valor de $4,052
millones.
Lo mismo sucede con los dos pagos que realiza FCC
en 2008 de $117,000 y $97,000, para los que no se encuentra una
correlación en el Boletín Oficial español. FCC mantiene el segundo
mayor contrato con el gobierno de Panamá, la construcción del metro, por
valor de $1,446 millones, además de la excavación para la salida de la
ampliación del Canal hacia el Pacífico por $267. 8 millones y otras
obras.
La querella presentada por la oposición, según se
reportó en España, atribuye a los empresarios delitos de alteración de
precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de
capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos
contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento,
falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación
ilícita.
‘Todo apunta a que estaríamos ante una práctica
sistemática, organizada y coordinada, incrustada desde hace años en el
núcleo de la más alta dirección del Partido Popular convirtiendo a dicho
partido político en un instrumento y en una estructura de vocación
delictiva que, además, por su control mediato de los distintos resortes
del poder del Estado, permitiría asegurar a los responsables de dichas
actividades delictivas altos niveles de impunidad’, reza la denuncia.
UNA LEY A MEDIDA
Sacyr Vallehermoso tiene proyectos en el exterior por $5,100 millones,
en contraposición a los $1,473 del mercado doméstico, y Panamá es su
cuarto mayor mercado. Por su parte, FCC cuenta con una cartera en el
extranjero un 13% superior a las obras por acometer en España y que
alcanza los $6,567 millones.
En 2009, David Taguas, antiguo
responsable de la Oficina Económica del Presidente en Moncloa y actual
gerente de Seopán, la pa tronal de las grandes constructoras, desmintió
haber presionado al gobierno panameño en favor de Sacyr.
Pero
en su lugar, reconoció que ‘el objetivo era claro: los panameños
querían desyanquizar el Canal, porque todo allí es estadounidense, dando
la obra a una empresa europea, y las españolas son las mejores. Su
carta para presionarnos era que España seguía teniendo a Panamá en la
black list de los paraísos fiscales. Para remover ese obstáculo me he
empleado a fondo. Al final, se ha conocido la adjudicación sin que el
tema se haya resuelto, aunque con Panamá en una dark list desde la
cumbre de Londres del G-20. Y todo esto con incontables viajes,
llamadas y contactos, que me han permitido conocer a todo el mundo en
Panamá’, según reveló al periódico El Confidencial.
En
octubre del año siguiente, Panamá firmaba con España el convenio de
doble imposición. Eso significaba que Panamá dejaba de considerarse
paraíso fiscal y las empresas presentes en el país estarían exentas de
tributar sus beneficios evitando un doble pago fiscal.
Las
empresas españolas que generan ingresos en el país se pueden acoger al
régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, que les libera
de pagar impuestos en España. En teoría, presupone que ya han pagado en
origen y por eso no deben volver, aunque en la práctica Panamá ha
seguido sin cobrarles o cobrándoles un porcentaje mínimo.
