Formulan nuevos cargos a Lavítola

El Ministerio Público italiano ordenó congelar cuentas y bienes inmuebles de Lavítola por la suma de 9 millones de dólares.

Juan Manuel Díaz C.

jdiaz@prensa.com   Valter Lavítola se encuentra detenido en una prisión italiana en espera de juicio. El cargo por extorsión se sumó al expediente seguido a Valter Lavítola por parte de los fiscales de Nápoles, en Italia, tras el análisis de nueva documentación. De acuerdo con un reporte de Joan Solé, corresponsal en Italia de Radio Panamá, la acusación se agrega a las formuladas previamente a Lavítola, que son de corrupción internacional en Panamá, apropiación indebida de fondos públicos en Italia e inducción al falso testimonio en relación a las fiestas eróticas del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Las autoridades acusan a Lavítola de exigir 5 millones de dólares al ex primer ministro italiano por guardar silencio sobre sus negocios, según Solé. Esta nueva imputación, añadió, puede dilatar la fecha del juicio que deberá enfrentar próximamente Lavítola. Los fiscales italianos han dado a Lavítola el beneficio de casa por cárcel por el delito de corrupción en Panamá, pero se le mantiene detenido por los otros cargos. Por la acusación de coimas en Panamá, los abogados de Lavítola intentan llegar a un acuerdo con la fiscalía, basados en que el Código Penal italiano estipula que la aceptación de un delito puede llevar a una reducción de un tercio de la pena, sostuvo el corresponsal. De llegar a este pacto, recalcó, evitaría que Lavítola fuera enjuiciado por este delito, pero no por lo otros tres.

Escándalos en grandes obras viales en Panamá

Alberto De León De Gracia

adeleon@laestrella.com.pa

Las denuncias de corrupción e irregularidades en grandes proyectos estatales forman parte de la historia del país. A medida que pasan los años las lesiones al erario cada vez son más costosas

El costo por kilometro de la carretera Transistmica es de 19.8 millones de dólares la mas cara de la historia. 

Tienen en común denuncias por pago de coimas, de sobreprecios, tráfico de influencias y, en un caso en particular, una obra millonaria inaugurada inconclusa ‘para satisfacer el ego’ de la gobernante del momento. Tal vez ese sea el caso más sonado, pero más distante en el tiempo: forma parte de los grandes escándalos del Siglo XX en nuestro país, según los sondeos de opinión pública realizados hace casi una década.

Un repaso de la historia de Panamá en materia vial nos regala ejemplos (ver el contenido del conversatorio con el ingeniero Gilberto Moncayo) dignos de Rypley’s por la agudeza de los cálculos de sus promotores a la hora de sacar las cuentas, todas pagadas con fondos públicos y que –en la gran mayoría de los casos- engrosan nuestra deuda pública internacional. Y, lo peor, sin mayores consecuencias. La plata se perdió y punto.

Y es en ese contexto sale a relucir que los panameños aún pagamos las consecuencias de decisiones tomadas al margen de lo que marcan los estándares internacionales de contratación pública y del manejo transparente de los fondos de todos.

Para muestra, un botón: corría el año 2003 y el gobierno de Mireya Moscoso pagó una penalización de $25 millones al consorcio venezolano panameño Vam Dam-Sosa y Barbero por una obra importante para el país que nunca se construyó (El reclamo original era por $65 millones). Se trata del segundo puente sobre el Canal de Panamá conocido como puente Vam Dam que se construiría por el sector de Cocolí, donde existe lesión patrimonial y no hay (por lo menos de manera pública) funcionarios sancionados.

El contrato original para la construcción del puente fue suscrito el 2 de octubre de 1980 por $100 millones, pero en 1983 el gobierno de la época le solicitó a la empresa venezolana-panameña, Van Dam-Sosa y Barbero, que suspendiera los trabajos, en medio de una serie de acusaciones de presunta malversación de fondos que formuló la oposición de turno a los gobernantes. En 1986, la empresa constructora presentó una solicitud de arbitraje y en mayo de 1999 un tribunal arbitral condenó a Panamá a pagar cerca de $25 millones en concepto de indemnización a la empresa.

Cuenta la historia que la Corte Suprema de Justicia determinó la nulidad del contrato de construcción del s egundo puente y en 1995 exoneró de responsabilidad al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, por aquellos días ministro de Hacienda y Tesoro, mientras que el ex presidente Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella, tras ser investigados, no fueron inculpados.

CAMBIO DEL VAM DAM

Hoy se le conoce por ser una especie de apaga fuegos en el siempre maltrecho Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), pero en el 2003, Abdiel Cano fungía como presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), uno de los gremios más críticos de lo que se venía haciendo respecto a la construcción del segundo puente sobre el Canal de Panamá. Para el hoy director ejecutivo del IDAAN era totalmente inverosímil que la presidenta Mireya Moscoso inaugurara, y así lo hizo, una obra a medio palo, en la cual se invirtieron $114 millones.

Fue inaugurado con bombos y platillos el 15 de agosto de 2004. Lo bautizaron con el nombre de Centenario y le colgaron una placa que decía: ‘Construido bajo la administración de Mireya Moscoso’. El evento realizado por todo lo alto y en medio de un lodazal histórico tuvo al expresidente colombiano Álvaro Uribe, como invitado de honor.

El imponente puente esperó más de un año hasta que se completaron sus autopistas de acceso (que también tienen su historia triste) para ponerse al servicio de miles de personas que a diario transitan por él.

Mientras esperaba su estreno, dicen los archivos, hubo denuncias por deficiencias como rajaduras y grietasen la losa, cambios por un material menos resistente, falta de iluminación en las vías del puente y de conexión en los accesos. La eliminación de tantos elementos técnicos debió reducir el costo de la obra en, por lo menos, 30%. Encima se redujo la fianza de cumplimiento de la empresa del 50% al 10% del valor del contrato.

En diciembre de 2010 el acceso este del Centenario, con fallas estructurales más que evidentes, sucumbió a los embates de la naturaleza, derrumbándose y ocasionando pérdidas de varias decenas de millones y aún no se conocen de reclamos legales a las personas o empresas vinculadas a la falla.

LOS PUENTES MABEY

Todo inicia en enero de 2008, cuando muchos en Panamá ni se acordaban que estos puentes metálicos comprados durante la gestión de Ernesto Pérez Balladares y diseminados por varios puntos críticos de la ciudad de Panamá, existían. La empresa Mabey & Johnson Limites, fabricantes de los puentes Mabey, involucrada en una escándalo en Gran Bretaña, pagó una suma de 5.2 millones dedoláres en ‘comisiones’ a una sociedad panameña.

Supuestamente, este dinero fue remitido a Rogelio Dumanoir, ex ministro de Obras Públicas durante la dictadura militar. Los pagos se realizaron en dos; el primero fue el 30 de septiembre de 1997 y el 19 de agosto de 1999 a favor de José Hidalgo, S.A. A su vez, el dinero era enviado a una cuenta a nombre de United Management Services en el Royal Bank of Canada, en Bahamas, según las investigaciones.

Dumanoir alega entonces que no manejaba cuentas bancarias en la isla del Caribe y no mantenía relación alguna con la compañía mencionada. Sin embargo, aceptó haber recibido comisiones de Mabey, pero dijo que por 750 mil dólares y no por 5.2 millones, como alega la empresa.

Curiosamente, el presidente del Partido Cambio Democrático, hoy jefe de Gobierno de Panamá, Ricardo Martinelli, opinaba que casos como el de los puentes Mabey y el elevado costo de la Cinta Costera, se deben a que ‘en todos los países roban, pero en algunos se castigan, y en otros no’.
‘En Panamá, la corrupción queda impune’, expresó el político, quien afirmó que ‘para detener la fuga de los fondos del Estado, hay que meter preso a los que roban, sin importar de qué partido político provengan’.

LA CINTA ‘COIMERA’

En mayo de 2011, y a pesar de ser uno de los más acérrimos críticos de la construcción de la primera fase de este proyecto, Ricardo Martinelli en compañía del ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, inauguró la segunda fase de la Cinta Costera. Durante el evento, indicó que continuarían con los estudios y consultas para analizar la viabilidad de la tercera fase de la Cinta Costera que conectará al Puente de Las Américas con el primer y segundo tramo. Martinelli, quien en su momento criticó la construcción de la Cinta Costera, a la que llamaron ‘cinta coimera’, dijo reconocer que el proyecto es beneficioso.

Martinelli no solo encontró fabuloso este proyecto. Fue de las palabras a los hechos y en un hecho sin precedente en materia de contratación pública, el Ministerio de Obras Pública licitó, adjudicó y dio orden de proceder por un monto total de $770 millones para la construcción de un túnel que debería conectar la segunda fase de esta Cinta Costera con la avenida de Los Poetas en El Chorrillo.

Pese a todo, la obra aún no se construye porque el MOP ‘estudia’ otras alternativas al túnel, entre ellas rodear con pedral en todo San Felipe o la construcción de un viaducto en medio de tira y jala con la sociedad civil que ve en peligro la condición de Patrimonio de la Humanidad. La ejecución de estas dos últimas ‘alternativas’ propuestas por el Gobierno luego de haber licitado y adjudicado el túnel a la brasileña Norberto Odebrecht.

DIVISA LAS TABLAS

La promesa de campaña era la de construir una carretera a cuatro carriles que conectara la región de Divisa con la apartada región de Tonosí, en la región de Azuero. La primera fase (Divisa-Chitré) se licitó y se adjudicó a la ítala-argentina Benito Roggio por $112 millones. Esta obra, cuya ejecución estaba pactada para 30 meses, debe ser entregada en febrero de 2013 y existen grandes dudas en la región de que este proyecto sea completado durante el próximo ‘verano’.

El diario El Panamá América publicó hace poco que: ‘Ninguna autoridad implicada en la construcción de la vía está dispuesta a decir ni un detalle al respecto. Este medio hizo una visita al lugar y detectó que solo en la avenida principal, en el distrito de Parita, hay unas 20 casas, el cuartel de bomberos y dos estaciones de combustible, que aún no las han evaluado ni considerado en la indemnización. Pero todos tienen que ser removidos para quela obra se termine’.

En Obras Públicas, mientras tanto, no hay respuestas relacionadas con la ejecución de esta obra que es uno de los ‘imperdonables’ del presidente Martinelli.

Lo cierto es que argentinos radicados en Panamá y que conocen los antecedentes de Benito Roggio en su país se aventuran a decir que este tipo de manejos es ‘normal cuando se trata de Benito Roggio’.

´Fue un acto de gobierno´

Diarios de varios países del mundo y agencias internacionales así como medios locales se hicieron eco del ataque contra ´La Prensa´ y ´Mi Diario´.

redacción de la prensa

panorama@prensa.com   Obreros de Transcaribe Trading sitiaron las instalaciones de Corporación La Prensa, en dos ocasiones, para protestar por las investigaciones publicadas en este medio sobre los millonarios contratos de la constructora con el MOP. LA PRENSA/Iván Uribe El arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, calificó de “muy doloroso”, el bloqueo y asedio que trabajadores de la empresa Transcaribe Trading (TCT) llevaron a cabo contra Corporación La Prensa (Corprensa) durante el jueves y viernes pasados. “El uso de la fuerza es lo malo y lo preocupante, porque ante cualquier dificultad que tengamos en la vida, jamás debemos buscar los medios de fuerza para hacer prevalecer, tal vez, según nuestro criterio, cuáles son nuestros derechos”, dijo el arzobispo. Indicó que las acciones contra La Prensa, son “un toque para decir que algo está fallando en la sociedad, por lo que se requiere un alto para reflexión de todos”. Obreros de TCT bloqueron, la noche del jueves, la sede de la Corporación, que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario, por más de tres horas y media, con más de 25 camiones remolque y articulados, en represalia por publicaciones sobre los millonarios contratos entre TCT y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Fue Acto de Gobierno, dice Eisenmann Como un “acto de gobierno orquestado a nivel del Presidente” tildó el empresario y fundador del diario La Prensa, I. Roberto Eisenmann, el bloqueo por parte de TCT, propiedad del empresario David Ochy. “Nadie cree que este haya sido solo un movimiento generado por los mismos obreros, ni que el MOP iba a comenzar a asfaltar la calle frente a La Prensa, que ya fue asfaltada; eso no lo cree nadie. Esto es un acto de gobierno, quién lo hizo... cómo lo hizo, con camiones de... es un acto de gobierno y eso no lo discute nadie”, indicó el empresario a Telemetro. Agregó que este “acto de gobierno” pone en peligro la libertad de expresión y plantea una situación de pelea y de batalla. Dijo, además, que “los periodistas en La Prensa son guerreros y heroicos, desde el día que abrió ese periódico. Estas cosas lo único que hacen es consolidar ese equipo y profundizar sus convicciones sobre la libertad, la justicia y la tarea que tienen que hacer todos los días”, manifestó. Sostuvo también que cuando hay gente que ataca desde el Estado, desde el Gobierno, a la prensa –en términos generales–, está atacando a todos los periodistas de todos los medios, y por eso es que la posición del periodismo que hoy se da en Panamá es tan admirable, porque estamos todos juntos y todos defendiendo el principio de la libertad de expresión que es la madre de todas las libertades, y “cuando la libertad de expresión está en peligro, está en peligro la libertad de la ciudadanía y está en peligro la democracia”. Agregó que estamos viviendo un Panamá distinto al Panamá que se vivió previo a los últimos reculazos del Presidente respecto a la Sala Quinta, el Tribunal Electoral, y todos los planes que tenían para descabezar la democracia. “La gente ya se dio cuenta de que con este gobierno no se puede dialogar, que con este gobierno hay que salir a las calles. El pueblo supo lo que era retomar su poder; las cosas han cambiado. El Presidente se ha quedado con credibilidad cero; el pueblo ya sabe que tiene que ir a la calle cada vez que hay una amenaza a la ciudadanía; el poder ya no lo tiene el gobierno, el gobierno tiene capacidad de mandar, pero no tiene capacidad de gobernar, eso ya lo perdió: él no gobierna”, indicó. En cuanto a la presencia del Presidente de la República en las inmediaciones de La Prensa, mientras los trabajadores de la empresa TCT tenían bloqueadas las entradas y salidas de la empresa periodística, Eisenmann manifestó que “todos los que estaban allí dicen que el tufo a aguardiente era una cosa horrorosa”. Vicepresidente de SIP repudia ataque Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo–La Estrella y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indicó que lo sucedido en las instalaciones de Corporación La Prensa “es una flagrante violación a la Declaración de Chapultepec. Es inaceptable la intromisión de un poder económico privado para presionar, censurar o impedir la circulación de un medio de comunicación, o tratar de influir en sus líneas informativas. Quirós denunció la actitud permisiva de la Policía Nacional ante los trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, que por más de tres horas violaron los derechos constitucionales en presencia de las autoridades. Quirós estuvo en las instalaciones de La Prensa durante todo el bloqueo de los trabajadores de TCT la noche del jueves y la madrugada del viernes. Se resquebraja la democracia Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, dijo que lo ocurrido no es más que el producto del resquebrajamiento y el debilitamiento de la institucionalidad democrática en Panamá, porque la libertad de expresión es el pilar fundamental sobre el cual se cimenta la democracia, y sin libertad de expresión no hay democracia. “Que haya personas que se sientan poderosas como para atentar con fuerza, con amenaza, con violencia a un medio de comunicación, evidencia que esas personas o consideran que tienen poder o un padrino detrás que los respalda”, sostuvo Solís. No peligran empleos El dirigente de la Central General Autónoma de Panamá (CGTP), Mariano Mena, aseguró que las publicaciones de La Prensa sobre los millonarios contratos entre TCT y el MOP no ponen en peligro la estabilidad laboral de los trabajadores. El viernes pasado, cerca de 200 obreros de TCT sitiaron el diario por segunda vez. En esa ocasión se manifestaron frente a sus instalaciones, manifestando que las publicaciones del medio afectan su estabilidad laboral. “Ese artilugio de intentar encubrir los actos que han cometido (los trabajadores de TCT) diciendo que es porque pierden la estabilidad laboral, es falso. Bajo ningún punto de vista allí la estabilidad laboral está en juego”, señaló Mena. Por su parte, Genaro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, consideró que “el gobierno está vinculado” a las acciones de los trabajadores de TCT. “Estuvieron cerrando la calle y no aparecía la policía, y cuando se da antenoche (jueves) aparece el Presidente. Esas acciones son acordadas, en su mayoría, por el gobierno; de eso no hay duda”, afirmó López. Manifestó que a los obreros los están utilizando. “Hay una conspiración del supuesto dirigente Marcos Allen, el gobierno y la empresa (TCT) para efectos de utilizar a los trabajadores”, advirtió. Según López, con las publicaciones de La Prensa no se está poniendo en peligro la estabilidad laboral, porque son publicaciones ciertas y ese es el trabajo de los medios, dar a conocer la realidad de lo que está sucediendo. Repercusión Mundial The New York Times, en Estados Unidos, y la agencia de noticias china Xinhua consignaron artículos sobre el bloqueo de trabajadores de TCT a Corprensa. “La Prensa tiene una larga historia de informes sobre la corrupción y se ha enfrentado con el presidente (Martinelli)”, comentó el influyente diario en su nota, en la que se destaca que fue necesaria la intervención del gobernante y del jefe de la Policía, Julio Moltó, para poner fin al asedio y que el diario pudiera circular. Radio Francia, la agencia alemana DPA, la española EFE y France Press reprodujeron la noticia del bloqueo con entrevista a directivos de La Prensa, así como el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenando la acción contra La Prensa. Igualmente, diversos periódicos latinoamericanos también publicaron la noticia (vea imágenes de portada). Los diarios locales Panamá América y La Estrella recogieron en sus primeras planas el repudio generalizado que generó la acción de TCT. La televisora TVN y los canales de Medcom y Radio Panamá apostaron unidades móviles para darle cobertura a los acontecimientos que se dieron en la avenida 12 de Octubre. La Estrella en su editorial abordó el hecho y dijo que: “los medios de comunicación social serios van a investigar más a fondo todos esos contratos (de TCT con el MOP). ¡Ojalá que el Ministerio Público, la Contraloría y el Órgano Judicial estén a la altura de lo que hacen los medios de comunicación, porque intentar acallar a un medio es más que un indicio de que estamos frente a un gigantesco caso de corrupción”. ( Con información de Irene Hernández, Gustavo Aparicio, Isidro Rodríguez y Carlos Alberto Vargas). Exsocios de Coosemupar no apoyan Los exsocios de la extinta Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar) y que optaron por tierras individuales en Barú, aseguraron que no apoyan al empresario David Ochy (gerente de Transcaribe Trading) por considerar que ingresó a las fincas con imposición y de manera ilegal. Elías González, vocero de los extrabajadores, dijo que ellos no pueden apoyar a Ochy, porque no están de acuerdo con las acciones que ha tomado el empresario en Barú, al apoderarse ilegalmente de tierras que aún pertenecen al Estado. Ochy persuadió a 706 exsocios de Coosemupar para que le brinden las hectáreas que les correspondían y los asoció a su empresa de exportación de plátanos. González dijo que los compañeros que han bloqueado calles en Puerto Armuelles en protesta por las publicaciones de La Prensa sobre TCT, lo hacen porque laboran para Ochy. El dirigente llamó a la cordura para que no sigan las protestas.

Huelga inminente en el sector docente, declaran gremios magisteriales

Redacción La Estrella

 

2012-08-04 — 3:47:00 PM — El Consejo Directivo Nacional de docentes se reunió este sábado, 4 de agosto, en la ciudad de Santiago, para tomar acciones ante situaciones que atraviesa la educación en el país.

La profesora Yadira Espino dijo en RPC Radio, que "a partir de este momento se inicia una huelga nacional" y que "lo único que puede detenerla es una mesa de negociación seria".

"No permitiremos que pisoteen nuentra dignidad" agregó Espino, quien también hizo un llamado a los padres de familia a hacerle frente a lo que ella denomina una "dictadura en la educacion", ya que la ministra, Lucy Molinar, según opina la profesora, solo quiere imponer su voluntad.

Yadira Espino reiteró que la huelga es por el bien de la educación, para lograr que esta sea de calidad.

Federico José Suarez un ministro que nada en billones

Alberto De León De Gracia

adeleon@laestrella.com.pa

 

Lidera la ejecución de las carreteras más caras de la historia vial de Panamá. Maneja contratos que superan los $3 mil millones

 

La vía Brasil, en pleno corazón de la capital del país, fue la escogida para conectar los corredores Norte y Sur. Forma parte del billonario proyecto de reordenamiento vial y ha sido objeto de la aprobación de varias adendas.

 

PANAMÁ. Una historia que se remonta a junio de 2009, cuando el entonces presidente electo, Ricardo Martinelli Berrocal, designa como su titular de Obras Pública a un empresario cuarentón, descendiente de un inmigrante gijonés radicados en La Chorrera, exfutbolista y vinculado al negocio de la construcción de viviendas y caminos.

Se trata, nada más y nada menos, que de Federico José Suárez, el gerente general de Constructora Suárez, S. A. desde 1989.

De Suárez, políticamente hablando, se pueden decir muy pocas cosas. Junto a Lucy Molinar y Rómulo Roux, intregran la bancada de ‘independientes’ en el Consejo de Gabinete.

Académicamente, se desconoce dónde cursó los estudios de ‘ingeniería industrial administrativa’ que reseña su perfil como ministro de Estado.

CON UNA MISIÓN EXPRESA

Llega al Ministerio de Obras Públicas en julio de 2009. Lo hizo para poner a punto los proyectos contenidos en el Plan de Gobierno que propuso el candidato de la llamada Alianza por el Cambio, aunque se desconoce si estuvo involucrado en la elaboración de este documento.

Su tarea primordial era ‘dotar al país de una buena y eficiente red vial, que satisfaga las necesidades de usuarios y contribuyentes’.

Esto significaba, según la promesa del candidato Martinelli, la construcción de una carretera para el desarrollo del Caribe panameño, desde Colón hasta Bocas del Toro (esta parece ser una de las promesas de campaña que no logra materializarse); la ampliación a cuatro carriles de las carreteras de Divisa hasta Tonosí (tres años más tarde este proyecto, que solo cubre hasta Las Tablas, y cuyo avance tiene serios cuestionamientos, fue adjudicado a la empresa ítalo-argentina C. Benito Roggio e Hijos por un valor de $112 millones) y la de Santiago-David (otra de las promesas que aún quedan entre la lista de pendientes).

También se prometía redes viales de circunvalación y acceso a las áreas comarcales (otra promesa que tampoco aterriza). Como dicen en el café Coca-Cola: ‘El papel lo aguanta todo’.

COMIENZAN LOS ENREDOS

Lo que no estaba plasmado en ese plan de gobierno eran los grandes proyectos que en materia de obras públicas figuraban entre los planes que no eran del dominio de las mayorías.

Suárez toma el control del MOP a mitad de 2009 y lo que encuentra es un ministerio sobregirado. Había —según dijo— un déficit de $100 millones que lo obligó a suspender hasta la ejecución del presupuesto del 2010, obras importantes que se venían ejecutando, como el paso elevado de acceso a la barriada Cerro Viento.

Entrado junio de 2010 y en función de ministro ‘aprendiz’, tenía una de las más anémicas ejecuciones en el Presupuesto General del Estado. A junio de ese año se le habían asignado $299 millones y de estos, solo logró utilizar $129 millones, lo que significaba una ejecución de 43%.

COMIENZA LA DANZA

Mientras se aprendía los tejemenejes de la administración pública, el ministro-futbolista concesiona las cuatro plantas de asfalto propiedad del MOP. Se trataba de las plantas en El Roble (Aguadulce), Los Algarrobos (Chiriquí) y las de El Centenario y Las Garzas (Panamá), que funcionan a toda su capacidad.

El gran ganador en este negocio floreciente fue la conocida Internacional Business and Trade (IBT), en conjunto con Constructor Consulting and Engineering Panamá, S. A. (CCE). Previamente introdujeron una cláusula al pliego de cargos mediante la cual se garantizaba la compra del 80% de la producción a la empresa que se hiciera con el contrato tras el acto público.

Este fue el primer paso para la materialización de las grandes obras, casi todas utilizando este tipo de material, pero a precio de concreto hidráulico, más costoso pero a la vez más resistente, como lo denunciaron en su momento especialistas en esta materia.

El segundo paso se dio en julio de 2010 con la asignación de $250 millones en la ejecución de un programa que identificaron como ‘‘Asfaltando tu ciudad’’. En ese proyecto se benefició un tío del ministro Suárez, Ricardo Suárez Sogo, propietario de Almacenadora Nacional, S. A. que se hizo con un contrato por $6. 47 millones para asfaltar las calles de La Chorrera, Capira y Coronado.

Pasan los meses y comienza a licitar obras en el interior del país, donde el asfalto es el principal ingrediente.

Llega julio de 2011 y Federico José Suárez anuncia con bombos y platillos que el Gobierno invertirá la friolera de $1,500 millones en el ambicioso proyecto Plan Maestro de Reordenamiento Vial para la ciudad de Panamá. La primera fase encaminada a ampliar las vías de acceso hacia el centro de la capital, ensanchando la autopista Arraiján-La Chorrera, evaluando, diagnosticando y rehabilitando el Puente de las Américas, activando la fase dos de la autopista Alberto Motta y la ampliación a seis carriles del Corredor Sur. La segunda llave del proyecto consiste en el polémico ensanche de la Domingo Díaz, la infraestructura para el Metrobús, corredor de la 12 de Octubre y viaductos en Avenida Fernández de Córdoba (que no se está haciendo), el corredor Vía Brasil (tramo unos Ricardo J Alfaro, Simón Bolívar; corredor Vía Brasil), tramo dos (vía España, calle 50, vía Israel) y la preservación del Patrimonio Histórico de Ciudad de Panamá: Panamá Viejo y Casco Antiguo, conexión y mejoramiento de avenida Balboa.

En todo este sainete, según publicó hace poco el diario La Prensa, hay unas 15 constructoras que dominan estos contratos que alcanzan a la fecha $3,400 millones.

Juez afirma tener suficientes pruebas

Adolfo Mejía llamó a juicio a María Cristina González y a otras cuatro personas acusadas por supuestos ilícitos en el otorgamiento de visas.

Rubén Polanco

ruben.polanco@prensa.com

ALEGATO. María Cristina González sostuvo su inocencia durante la audiencia preliminar del caso, el pasado 20 de julio, en el Palacio de Justicia. LA PRENSA/Archivo

En la supuesta comprobación de que los imputados obtuvieron beneficios económicos basó el juez tercero penal, Adolfo Mejía, su decisión de llamar a juicio a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración (SNM) María Cristina González y a otras cuatro personas acusadas de cometer los delitos de corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias y falsificación en el otorgamiento de visas a ciudadanos bangladesíes, chinos y cubanos.

“El delito de corrupción de servidores públicos se consumó, puesto que es un delito plurisubjetivo, en el que al menos dos personas se conciertan para realizar el ilícito”, dijo Mejía en el auto de llamamiento a juicio, fechado el 27 de julio pasado y al que este diario tuvo acceso.

Además de González, el juez llamó a juicio al exjefe de visas autorizadas del SNM Edy Sáez; a la exfuncionaria de Informática de esa entidad Walkiria Gallardo; y a los abogados Hildebrando Vallester y Julissa Carrizo.

Al mismo tiempo, sobreseyó definitivamente a los exfuncionarios de Informática del SNM David Concepción, Janeth Rodríguez, Ángel Paz y Juan Carlos Miranda, ya que, según aseguró, no estaban en la sede de la entidad, en avenida Cuba, el 3 de enero de 2011 cuando supuestamente se tramitaron las ocho visas falsas.

Pruebas

Según Mejía, en la investigación de la Fiscalía Segunda Anticorrupción se reunieron piezas probatorias suficientes para encausar criminalmente a los acusados, entre estas un informe del Departamento de Asuntos Internos del SNM y el resultado de una inspección ocular practicada en el Departamento de Informática de la entidad, según los cuales en dicha diligencia se comprobó la creación de un usuario ficticio en la plataforma del sistema de cómputo del SNM, “para registrar los pasaportes y visas falsas”.

Asimismo, figuran los testimonios de dos funcionarias del SNM que afirmaron haber recibido órdenes para tramitar de forma expedita las solicitudes de visas de algunas firmas de abogados cuyos integrantes eran amigos de González.

En el expediente también se incluyó la declaración de Manuel Rodríguez, un funcionario del SNM destituido por González, según el cual esta le dio $43 mil para devolverlos a Anwar Rahman, familiar de los ciudadanos bangladesíes relacionados con el caso, luego de que fuera descubierta la falsedad de las cuatro visas expedidas.

Estos documentos fueron retenidos en la Aduana de Miami, Estados Unidos, lo que destapó el caso.

Mientras tanto, Iván Chong, familiar de los tres ciudadanos chinos señalados en el expediente, declaró que se dio cuenta de la ilegalidad de las visas expedidas a sus parientes estando él en Panamá, aunque aquellos no vinieron al país.

En los casos de las visas de los bangladesíes y chinos no había expedientes físicos en los archivos del SNM, destacó Mejía en su llamamiento a juicio.

En el de la ciudadana cubana Isis Rodríguez, en cambio, se descubrió un registro de entrada al país el 3 de enero de 2011 (día en que se creó el usuario ficticio), pero ella misma aclaró haber llegado a Panamá el 15 de febrero de ese mismo año, como consta en su movimiento migratorio.

Descargos

Este diario llamó varias veces al celular y a la oficina de la abogada de González, María Eduarda Córdoba, pero no respondió.

En la audiencia preliminar del caso, practicada el 20 de julio pasado, Córdoba rechazó los cargos contra su clienta, en especial el de tráfico de influencias. Explicó que se trata de un hecho punible ejercido por una persona de igual o menor jerarquía y ella era la máxima autoridad del SNM.

Además, argumentó que no se hizo un peritaje para probar que los sellos de los pasaportes fueran falsos.

Hildebran

do Vallester es acusado por el trámite de las visas de los chinos. Aduce que solo continuó con el proceso iniciado por otro abogado y que no falsificó nada.

Carrizo, en tanto, es señalada por ser la que empezó los trámites de visa para los bangladesíes. Ella sostiene que desistió del proceso y devolvió el dinero.

Incidentes

En el mismo auto de llamamiento a juicio, el juez Mejía negó los tres incidentes de nulidad del proceso presentados en la audiencia preliminar por tres de los abogados defensores.

Dichos recursos pretendieron la nulidad de las sumarias por el supuesto uso de una traductora no idónea, la acumulación de tres casos en un solo expediente, y la supuesta comisión de los delitos en otro país (Bangladesh).

Martinelli arremete otra vez contra los medios de comunicación

Diómedes Sánchez S.    

internet@prensa.com   Los medios no dicen nada, ellos callan también', afirmó Martinelli. Nuevo San Juan, Colón. –El presidente de la República, Ricardo Martinelli, arremetió este miércoles, 1 de agosto, contra los medios de comunicación social, en el acto de la colocación de la primera piedra de la policlínica de Nuevo San Juan, en la provincia de Colón. “Los medios no dicen nada, ellos callan también”, al decir que los medios de comunicación social no divulgan la gestión positiva de su Gobierno. En un acto que se caracterizó por alabar la figura del mandatario y de las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y provinciales, Martinelli aseguró que al parecer existe una directriz para que las cosas no mejoren en Panamá. A pesar de esto, agregó que al final de su gestión gubernamental quedarán a lo largo del país distintas obras y proyectos en beneficio de los panameños. Mientras tanto, se informó que la nueva policlínica de la CSS tendrá un costo de 14 millones de dólares. No es la primera vez que Martinelli arremete contra los medios.